Project
Amazon Watch / Maíra Irigaray
La represa Belo Monte en el río Xingú: 10 años de impactos en la Amazonía y de búsqueda de reparación
La represa Belo Monte ha causado un desastre ambiental y social en plena Amazonía: uno de los ecosistemas más importantes del planeta.
Esta situación solo se ha profundizado luego de que la hidroeléctrica entrara en operación en 2016. También persiste hasta hoy la búsqueda de justicia y reparación de las comunidades indígenas, pesqueras y ribereñas afectadas.
En 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les otorgó medidas de protección que a la fecha no han sido cumplidas plenamente por el Estado brasileño.
Y, desde junio del mismo año, la CIDH tiene pendiente resolver una denuncia contra el Estado por su responsabilidad internacional en el caso.
La CIDH puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene la facultad de emitir un fallo que condene al Estado brasileño.
Tras 10 años de funcionamiento de la hidroeléctrica y más de 15 años de violaciones de derechos humanos documentadas, es tiempo de que la justicia llegue a las comunidades afectadas.
Lee la carta abierta de las organizaciones que llevan el caso ante la CIDH
Antecedentes
La hidroeléctrica Belo Monte —la cuarta más grande del mundo por su capacidad instalada (11,233 MW)— fue construida en el río Xingú, en el estado de Pará, al norte de Brasil.
Fue inaugurada el 5 de mayo de 2016 con una sola turbina. En ese momento se desvió el 80% del curso del río y se inundaron 516 km² de tierra, un área mayor que la ciudad de Chicago. De esa superficie, 400 km² eran bosque nativo. La represa comenzó a funcionar con toda su capacidad en noviembre de 2019.
Belo Monte fue construida y es operada por el consorcio Norte Energía S. A., formado en su mayoría por empresas estatales. Fue financiada por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), que dio al consorcio 25.400 millones de reales (unos 10.160 millones de dólares), la mayor inversión en su historia. Por tanto, el BNDES también es legalmente responsable de los impactos socioambientales asociados a la hidroeléctrica.
Décadas de daños al ambiente y a las personas
Las violaciones de derechos humanos y la degradación de la Amazonía se remontan a los inicios del proyecto. En marzo de 2011, Norte Energía empezó a construir la represa sin una consulta adecuada y sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas.
La construcción provocó el desplazamiento forzado de más de 40 mil personas, rompiendo lazos sociales y culturales. El plan de reasentamiento en Altamira —ciudad directamente afectada por la hidroeléctrica— se hizo con construcciones ubicadas en la periferia, sin servicios públicos adecuados, sin condiciones de vivienda digna para las familias relocalizadas ni diferenciadas para aquellas de comunidades indígenas.
La operación de Belo Monte impuso en la Volta Grande (o "Gran Recodo") del río Xingú una sequía permanente y artificial agravada por las sequías históricas de la Amazonía en 2023 y 2024. A raíz de esto, se documentó la muerte de millones de huevos de peces por cuatro años consecutivos (de 2021 a 2024) y, desde hace tres años, no existe migración de peces río arriba desovar y reproducirse. Así, la pesca artesanal, principal fuente de proteína para pueblos indígenas y comunidades ribereñas fue gravemente afectada: el pescado cayó del 50 al 30% en el total de proteína consumida, reemplazado por alimentos industrializados. En resumen, hubo un colapso ambiental y humanitario traducido en el derrumbe de la pesca como modo de vida tradicional, falta de seguridad alimentaria y de acceso a agua potable para miles de familias, empobrecimiento y enfermedades.
Además, la construcción de la represa incrementó la deforestación e intensificó la tala ilegal y la inseguridad para las tierras indígenas y tribales, poniendo en riesgo la supervivencia de estos pueblos. Otra consecuencia fue la profundización de la pobreza y de los conflictos sociales, además de la saturación de los sistemas de salud, educación y seguridad pública en Altamira, ciudad clasificada como la más violenta del país en 2017 y donde se incrementó el tráfico de personas y la violencia sexual. También se registró violencia contra las personas defensoras de los derechos humanos involucradas en el caso.
En 2025, durante la 30.ª Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP30), realizada en Brasil, el Ministerio Público Federal tildó de ecocidio el daño ocasionado por Belo Monte.
La búsqueda de justicia y reparación
Con los años, el Ministerio Público Federal de Pará, la Defensoría Pública y organizaciones de la sociedad civil presentaron decenas de acciones judiciales ante tribunales brasileños para cuestionar las diversas irregularidades del proyecto, así como sus impactos. La mayoría de las demandas sigue pendiente de resolución, algunas desde hace más de 10 años.
Estas acciones no han prosperado porque el gobierno nacional neutralizó en varias ocasiones fallos favorables a las comunidades afectadas recurriendo a un mecanismo mediante el cual el presidente de un tribunal podía detener una decisión judicial basándose únicamente en argumentos genéricos como el "interés nacional" o el "orden económico".
Frente a la falta de respuestas efectivas a nivel nacional, AIDA —junto a una coalición de organizaciones aliadas— llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en 2010 solicitó medidas cautelares para para proteger la vida, integridad y salud de las comunidades indígenas afectadas.
El 1 abril de 2011, la CIDH otorgó estas medidas y solicitó al Estado brasileño suspender los permisos ambientales y cualquier obra de construcción hasta que se cumplan las condiciones relacionadas con la consulta previa y la protección de la salud e integridad de las comunidades.
Y, el 16 de junio de 2011, presentamos ante la CIDH —junto con el Movimiento Xingú Vivo Para Siempre, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña, la Diócesis de Altamira, el Consejo Indigenista Misionero, la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos y Justicia Global— una denuncia formal contra el Estado brasileño por su responsabilidad internacional en la violación de derechos humanos de las personas afectadas en el caso. La denuncia se abrió a trámite en diciembre de 2015.
El 3 de agosto de 2011, la CIDH modificó las medidas cautelares para solicitar —en vez de la suspensión de permisos y obras— la protección de pueblos en aislamiento voluntario, de la salud de las comunidades indígenas, además de la regularización y protección de tierras ancestrales.
Situación actual
Las medidas de protección otorgadas por la CIDH continúan vigentes, pero el Estado brasileño no las ha cumplido plenamente, informando solo de acciones genéricas. Las comunidades han documentado la continuidad de las violaciones a sus derechos. La situación que motivo la solicitud de estas medidas —el riesgo para la vida, integridad y los modos de vida de las comunidades— se mantiene y se ha agravado con la operación a plena capacidad de la hidroeléctrica y con las recientes sequías extremas en la Amazonía.
A lo sucedido con Belo Monte se suma el riesgo de mayores afectaciones sociales y ambientales por la implementación de otro megaproyecto minero en la Volta Grande del Xingú. Allí la empresa canadiense Belo Sun pretende construir la mayor mina de oro a cielo abierto de Brasil.
Los impactos sinérgicos y acumulativos de la central y de la mina no fueron evaluados. El Estado excluyó a pueblos indígenas, comunidades ribereñas y campesinas del proceso de autorización ambiental del proyecto. Pese a esto, a protestas indígenas y a otras irregularidades en torno al proyecto, el gobierno de Pará autorizó formalmente la mina en abril de 2026.
Belo Monte, como otras hidroeléctricas, agrava la emergencia climática al generar emisiones de gases de efecto invernadero en su embalse. Y es ineficiente ante las sequías más prolongadas e intensas que la crisis provoca pues pierde capacidad de generar energía.
El caso ante la Comisión Interamericana
En octubre de 2017, la CIDH comunicó que decidiría de manera conjunta sobre la admisibilidad (si el caso cumple los requisitos para ser admitido) y el fondo (si en efecto hubo una violación de derechos humanos) de la denuncia internacional contra el Estado brasileño.
Tras 15 años de presentada la denuncia, las comunidades afectadas y las organizaciones que las representan aún esperan esta decisión. Si la CIDH concluye que hubo violaciones de derechos humanos y emite recomendaciones que el Estado brasileño no cumple, puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas sentencias son vinculantes.
Un eventual fallo del tribunal internacional en el caso sentaría un precedente jurídico regional sobre los derechos de los pueblos indígenas y ribereños, la participación pública en megaproyectos y la responsabilidad estatal en contextos de crisis climática, relevante a la luz de la Opinión Consultiva 32 de la Corte, que reafirmó las obligaciones de los Estados para proteger a personas y comunidades del continente frente a la emergencia climática.
Partners:
Proyectos relacionados
México actúa para proteger sus humedales del desarrollo no sostenible
AIDA y los miembros del Comité Nacional de Humedales han obtenido una gran victoria tras años de trabajo para proteger legalmente a los humedales —zonas terrestres inundables de manera permanente o intermitente como esteros (desembocaduras de ríos en el mar), arrecifes, manglares, entre otras— de México. El 4 de febrero de 2014, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) presentó la nueva Política Nacional de Humedales, un marco legal que nosotros habíamos estado pidiendo desde 2009. “No es la panacea, pero es un buen comienzo”, dice Sandra Moguel, abogada de AIDA que participó en el Comité Nacional de Humedales, un grupo liderado por la CONANP que ayudó a desarrollar la política. México es rico en humedales. El país ocupa el segundo lugar, después del Reino Unido, en el número de zonas de humedales protegidas bajo la Convención Ramsar, un tratado internacional para la conservación y el uso sostenible de esos ecosistemas. Los arrecifes de coral, con siglos de antigüedad, sirven como áreas de reproducción para peces que alimentan a la población y deleitan a los buzos. Los bosques de manglar albergan especies en peligro de extinción y brindan servicios ambientales cada vez más importantes: absorben las emisiones de carbono, y protegen a las costas de tormentas, mismas que son más severas debido al cambio climático. Pero muchos arrecifes, manglares, esteros y ríos han sido víctimas de desarrollos pobremente planeados. En el Golfo de California, por ejemplo, planes de mega resorts nos han mantenido ocupados defendiendo el arrecife de coral Cabo Pulmo y, ahora, una propuesta de expansión portuaria está amenazando los arrecifes de Veracruz. Para defender estos y otros humedales, hemos tenido que recurrir a una maraña de leyes y políticas. Pero ya no más. Ahora contamos con un instrumento específico y además acorde a las leyes y políticas referidas a la protección de humedales. La nueva política establece acciones, metas y prioridades para el manejo y protección de los humedales. Es un gran avance. Si bien una política nacional de humedales es un requisito para Ramsar, la de México se distingue de muchas otras en el mundo por establecer no sólo principios y lineamientos, sino también un plan de acción para llevarlos a cabo. Por ejemplo, el gobierno pronto establecerá y mantendrá niveles mínimos de agua para preservar los manglares. Otras acciones garantizarán el uso razonable de los humedales. La pesca, el turismo y otras actividades que dependen de los manglares deben realizarse de manera sostenible. Si se producen daños, el Estado debe garantizar la restauración de estos ecosistemas. Un elemento clave que AIDA impulsó es el principio de progresividad ambiental. La nueva política impide al gobierno continuar modificando y reduciendo áreas naturales protegidas para dar paso a grandes proyectos de infraestructura, o beneficiar intereses privados. Ahora las autoridades deben preservar y promover la progresividad ambiental respetando los estatus de áreas protegidas y mejorando las salvaguardas. Estamos emocionados. Este principio podría ayudar a AIDA en su batalla legal para detener la construcción del proyecto hidroeléctrico Las Cruces en el río San Pedro Mezquital. La hidroeléctrica reduciría el flujo de agua y los sedimentos que alimentan y sostienen a los manglares de Marismas Nacionales, una zona protegida de humedales en el Golfo de California. La construcción de la hidroeléctrica revertiría claramente el progreso ambiental. La nueva política tiene puntos débiles. Por ejemplo, no establece fechas para revisar el progreso del plan de acción, y las acciones podrían complementarse para que sean más efectivas, pero, comparativamente, está a la vanguardia de las políticas de humedales en América Latina. “México está poniendo el ejemplo”, dice Moguel. “Esperemos que esto aliente a otros países a hacer lo mismo”. Tus contribuciones nos han ayudado a presionar para el desarrollo de esta nueva política, y a realizar aportes a la misma. Y con tu apoyo constante seremos capaces de ayudar a México en sus esfuerzos por proteger sus vitales humedales.
Leer más
Sobre los glaciares y su incipiente protección legal
Sobre los glaciares y su incipiente protección legal Por Florencia Ortúzar, asesora legal de AIDA Además de gigantes y majestuosos, los glaciares son cruciales para la supervivencia de nuestra especie, al ser la reserva de agua dulce más importante del planeta. Sólo 3% del agua en el mundo es dulce y de ese porcentaje, más del 70% está congelada en glaciares[1]. También son nuestro seguro frente a sequías. Cuanto menos lluvia y nieve caiga en invierno, los glaciares entregarán más agua a los ríos, manteniendo los caudales en verano y épocas secas. Su derretimiento implica no sólo problemas por falta de agua, sino también un aumento en los niveles del mar. De hecho, si todo el hielo glaciar se derritiese, los mares subirían 70 metros en promedio, ocasionando catástrofes inimaginables para la humanidad[2]. Parece increíble entonces que, aún siendo los guardianes del líquido más preciado para los seres humanos, la protección de los glaciares sea casi inexistente en el mundo. Pero ¿qué son exactamente? Los glaciares son enormes cuerpos de hielo formados lentamente por la caída de nieve que se comprime en grandes masas congeladas. Para que se forme un glaciar, es necesario que pasen cientos de años y que las temperaturas se mantengan durante un tiempo suficiente para que la nieve se acumule y se transforme en hielo. Inventariar los glaciares del mundo es una tarea considerada inconclusa. Pero según aproximaciones, los glaciares ocupan hoy unos 33 millones de km2 (10%) de la superficie terrestre. Aunque hay glaciares en todos los continentes, excepto Australia, el 90% está distribuido entre la Antártida y Groenlandia. En Sudamérica, los glaciares cubren 25.500 km2. De esa superficie, 75% está en Chile y 15% en Argentina[3]. Gigantes amenazados Las amenazas más peligrosas que los glaciares enfrentan actualmente son el cambio climático y las actividades industriales que el ser humano realiza cerca de ellos, en especial la minería. El cambio climático ha generado la disminución de nieve y de precipitaciones, así como el aumento de la temperatura, algo que reduce la acumulación de hielo e incrementa el derretimiento de los glaciares. La minería —en sus fases de exploración y explotación— afecta a los glaciares con la construcción de caminos, la perforación y uso de explosivos, el levantamiento de polvo que se deposita sobre ellos y acelera su derretimiento, y con el empleo de materiales tóxicos o de descarte que provocan su remoción. Según datos de la organización Chile Sustentable, que dedica grandes esfuerzos a protegerlos, desde principios del siglo XX y con pocas excepciones, los glaciares de todo el mundo han estado retrocediendo a un ritmo sin precedentes. Algunos han desaparecido durante este siglo y muchos lo harán en cuestión de décadas. Vea impactantes imágenes del derretimiento de glaciares, extractos del documental Chasing Ice, un proyecto que comprimió años de filmación en segundos, capturando el derretimiento de enormes montañas de hielo. ¿Quién los protege? No existe a la fecha un tratado internacional referido específicamente a la preservación de los glaciares, ni un proyecto que lo esté considerando. Aquellos que podría decirse que los protegen tangencialmente son el Tratado Antártico y la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y su Protocolo de Kioto. Dentro del llamado “Sistema del Tratado Antártico”, especial mención merece el “Protocolo sobre Protección del Medio Ambiente del Tratado Antártico” que, acordado en 1991, busca la protección integral del medio ambiente antártico y sus ecosistemas, regulando las actividades que se lleven a cabo en la zona para evitar impactos en el clima y en el entorno glacial. Aunque la CMNUCC (1992) y su Protocolo de Kioto (1997) no mencionan directamente a los glaciares, hielos marinos, plataformas, ni capas de hielo, intentan controlar un calentamiento global que claramente los afecta. A nivel regional, una iniciativa interesante fue la Ley Marco de Protección a los Glaciares, aprobada unánimemente en 2011 por el Parlamento Latinoamericano (Parlatino), organismo regional integrado por los Parlamentos nacionales de América Latina. En el artículo primero se señala que “los Estados latinoamericanos deben proteger y conservar las áreas y ecosistemas de glaciares, nevados y de los denominados hielos eternos para garantizar la regulación hídrica y las reservas de agua dulce”. Aunque la iniciativa no es vinculante, otorga sugerencias a los estados miembros para que sus principios sean armonizados con las respectivas legislaciones nacionales. Argentina, ¡a la vanguardia! El 30 de septiembre de 2010, Argentina se convirtió en el primer país del mundo en promulgar una ley para proteger sus glaciares. Se trata del “Régimen de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial”, una norma constitucional con jerarquía superior al resto de la legislación nacional y provincial. Entre sus principales puntos, la ley dispone la elaboración de un inventario nacional de glaciares, y establece una serie de actividades prohibidas que afectan a los glaciares (entre ellas la minería), así como la obligación de realizar Evaluaciones de Impacto Ambiental y Auditorías Ambientales para evitar el daño a glaciares. El logro no fue fácil. En 2008, una primera versión de la ley fue aprobada por unanimidad y sin mayores debates en el Congreso argentino. Pero su vigencia duró poco tiempo, ya que la empresa canadiense Barrick Gold, al enterarse que su proyecto Pascua-Lama (emplazado cerca de tres glaciares) tendría irreconciliables problemas con la norma, consiguió un veto de la presidenta argentina Cristina Fernández argumentando la afectación al desarrollo económico por minería de ciertas provincias. El veto derivó en la renuncia de Romina Picolotti, Secretaria de Ambiente de la Nación, quien había apoyado la ley; y detonó además un movimiento social nacional para defender los glaciares argentinos. Dos años de amplio debate en el Congreso dieron paso a la promulgación de una nueva y mejorada ley de protección a los glaciares en septiembre de 2010. Chile promete ser el siguiente Chile posee la mayor superficie de glaciares de Sudamérica con un área aproximada de 21,000 km2, distribuidos en miles de glaciares que van desde las cumbres del Altiplano hasta el extremo austral del continente. El país carece de un marco jurídico vinculante que los proteja, pero no está del todo dormido: existe un proyecto de ley que se cocina hace años y que podría concretarse pronto. El primer intento por promulgar una ley para protección de glaciares fue en 2006. Estuvo impulsado por la aprobación del proyecto minero Pascua-Lama, que amenaza a los glaciares montañosos del norte del país. La iniciativa no prosperó y fue archivada en 2007. El proyecto fue reactivado en 2013 y el Senado se encuentra hoy en proceso de perfeccionar el texto para avanzar en su promulgación. En cumplimiento de esa tarea, los senadores de la Comisión de Medio Ambiente han escuchado a las partes interesadas, incluidas organizaciones ambientalistas, mineras y representantes del sector público. En enero de este año, la Comisión recibió al glaciólogo Alexander Brenning, académico de la Universidad de Waterloo, Canadá. El experto les presentó su ponencia La criósfera de Chile central bajo la influencia del cambio climático y de las actividades mineras, la cual aborda la forma en la que los glaciares de Chile y el mundo están siendo afectados por el cambio climático y por la actividad minera. Pascua-Lama, el proyecto que puso el tema sobre la mesa El polémico proyecto bi-nacional Pascua-Lama, ubicado entre Chile y Argentina, sirvió como detonador de los avances legislativos que ambos países han realizado en materia de glaciares. El proyecto está actualmente paralizado y la firma a cargo del mismo, la canadiense Barrick Gold, enfrenta costos ambientales gigantescos: ni la inmensa riqueza de la que quería echar mano fue suficiente para sobrellevar el daño ambiental inherente. En Chile, la autoridad ambiental y la justicia ordenaron la suspensión del proyecto debido a los impactos en los glaciares. El fallo se mantendrá hasta que no se hagan las reparaciones y obras necesarias para proteger las aguas y glaciares. En Argentina, Pascua-Lama no fue suspendido. Las autoridades de ese país han ignorado los riesgos e impactos en glaciares y se resisten a implementar la ley. Sin embargo, lo ocurrido en Chile implica que el proyecto no puede avanzar tampoco en Argentina, por lo que la empresa decidió suspenderlo indefinidamente. Lea sobre los traspiés ambientales del proyecto en Chile en un post anterior de este blog y consulte Los Glaciares de Barrick Gold, un informe completo y detallado del caso (hasta mayo de 2013) elaborado por la ONG argentina CEDHA. En las conclusiones del informe de CEDHA, surge la siguiente interrogante: ¿por qué Barrick Gold no tomó las medidas necesarias para evitar el impacto en los glaciares? Es posible, por un lado, que las multas que enfrenta la empresa sean inferiores al valor del oro que yace debajo de los glaciares, y que no esperaba una clausura total de su proyecto. La otra explicación es que simplemente no se pueda evitar la contaminación en los glaciares, que ésta sea inseparable de la forma de explotación del mineral. La organización concluye que, al final de cuentas, la minería a gran escala es incompatible con la presencia de glaciares. El futuro de estos gigantes y sensibles guardianes del agua del mundo aún está por verse. Lo que está claro es que la tarea de reconocerlos, valorarlos y protegerlos tiene años de retraso. El que las primeras iniciativas legales en su defensa vengan de nuestra parte del planeta es razón para enorgullecernos, pero también nos obliga a implementar efectivamente esos escudos y a seguir trabajando para extender la preservación de los glaciares a todo el planeta. [1] Según datos del Global Water Partnership: http://www.gwp.org/ [2] Según datos del US Geological Survey: http://www.usgs.gov/ [3] http://www.glaciares.org.ar/paginas/index/inventario
Leer más
Lideresa indígena condena violaciones de derechos por parte de Brasil ante las Naciones Unidas
Ponentes destacan violaciones derivadas de la construcción de represas en la Amazonía en el Consejo de Derechos Humanos. Ginebra, Suiza. En un innovador evento realizado durante el 25º periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, la Coordinadora Nacional de la Asociación de Pueblos Indígenas del Brasil (APIB), Sônia Guajajara, denunció la alarmante indiferencia del Gobierno brasileño frente a los derechos de los pueblos indígenas, al mismo tiempo que se apresura en promover una ola de construcción de grandes represas sin precedentes en la cuenca del Amazonas con efectos devastadores sobre sus territorios y medios de vida. En su testimonio, Guajajara afirmó que la violación del derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa con relación a los planes de construcción de represas del gobierno federal, ha sentado un precedente problemático para el Estado de Derecho y el futuro de los pueblos indígenas de Brasil. En el evento paralelo denominado “El derecho a la consulta de los pueblos indígenas frente a proyectos de grandes represas en Brasil”, también participó el abogado brasileño de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Alexandre Andrade Sampaio, quien criticó el uso del mecanismo legal conocido como “Suspensión de Seguridad” (Suspensão de Segurança), el cual permite a los administradores de justicia, por solicitud del gobierno, suspender indefinidamente decisiones en favor de los derechos de los pueblos indígenas. Entre los usos más escandalosos de este artificio legal que originalmente fue creado durante la dictadura militar, es la suspensión de decisiones judiciales que declaran la ilegalidad de grandes proyectos hidroeléctricos, como Belo Monte, donde el gobierno federal ha fallado en garantizar los derechos de los pueblos indígenas a la consulta previa, tal como lo estipula la Constitución brasileña. De acuerdo con Sampaio, la Suspensión de Seguridad también constituye un obstáculo para que Brasil cumpla efectivamente con sus obligaciones internacionales en materia de consulta y consentimiento libre, previo e informado, incluyendo el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por el Congreso brasileño en 2002, y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de 2007. “La alianza entre intereses económicos y poder político representa una fuerte crisis para la implementación de los derechos de los pueblos indígenas en el Brasil de hoy en día”, dijo Guajajara. “Sin embargo, incluso si el gobierno negara nuestros derechos, no puede negar su responsabilidad frente a este Convenio”. “La Suspensión de Seguridad viola derechos humanos. Las mismas personas que pueden desestimarla son aquellas que se benefician de su existencia”, señaló Sampaio. “Por eso es importante que la comunidad internacional centre su atención en este asunto e inste al Gobierno brasileño a adoptar medidas efectivas que conduzcan al respeto de los derechos humanos”. Declaraciones conjuntas fueron remitidas a la Asamblea General de las Naciones Unidas por parte de una coalición de organizaciones brasileñas e internacionales, incluyendo la ONG francesa France Libertés. Al discutir las crecientes amenazas a los derechos de los pueblos indígenas, esos documentos destacan que el Gobierno brasileño planea construir un complejo masivo de más de 29 grandes represas a lo largo del río amazónico Tapajós y de sus afluentes en los próximos diez años. Menos conocido que el controversial proyecto Belo Monte en el río vecino Xingú, el complejo Tapajós provocaría la inundación y consecuencias devastadoras para pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales tanto río arriba como abajo de las represas planeadas, incluyendo la eliminación de peces migratorios que constituyen la base de la dieta de las comunidades y de las economías locales. La prisa del gobierno federal para construir la serie de grandes represas en la región del Tapajós sin llevar a cabo consultas previas con los pueblos indígenas, ha ocasionado crecientes protestas por parte de tribus locales, tales como los Mundurukú, Kayabi and Apiaká. “Estamos presenciando la repetición de una oscura historia en los ríos del Amazonas donde la tragedia de Belo Monte amenaza con reproducirse en el Tapajós”, dijo Christian Poirier de Amazon Watch. “Mientras el Gobierno brasileño afirma respetar a sus pueblos indígenas, en realidad está trabajando por desmantelar sus derechos para poner sus tierras y ríos a disposición de la explotación sin restricciones”. Antes del evento paralelo, delegados se reunieron con la Embajadora de la Misión Permanente de Brasil ante las Naciones Unidas, Regina Dunlop, con el fin de presentar sus preocupaciones. Mientras que la Embajadora afirmó que dicha información sería más relevante si se presentara a los representantes del gobierno en Brasilia, Guajajara y Sampaio respondieron que estas críticas son ignoradas frecuentemente por tomadores de decisiones gubernamentales hasta que los problemas son expuestos en foros internacionales como las Naciones Unidas. “La reputación de Brasil está en juego ante este escenario internacional”, señaló Sônia Guajajara. “Estamos aquí para dar visibilidad al inaceptable perjuicio y a la discriminación sufrida por los pueblos indígenas y para exigir que se detenga”. El evento paralelo en Ginebra fue organizado por France Liberté (Fundación Danielle Mitterand) con el apoyo de Amazon Watch e International Rivers.
Leer más