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Amazon Watch / Maíra Irigaray
La represa Belo Monte en el río Xingú: 10 años de impactos en la Amazonía y de búsqueda de reparación
La represa Belo Monte ha causado un desastre ambiental y social en plena Amazonía: uno de los ecosistemas más importantes del planeta.
Esta situación solo se ha profundizado luego de que la hidroeléctrica entrara en operación en 2016. También persiste hasta hoy la búsqueda de justicia y reparación de las comunidades indígenas, pesqueras y ribereñas afectadas.
En 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les otorgó medidas de protección que a la fecha no han sido cumplidas plenamente por el Estado brasileño.
Y, desde junio del mismo año, la CIDH tiene pendiente resolver una denuncia contra el Estado por su responsabilidad internacional en el caso.
La CIDH puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene la facultad de emitir un fallo que condene al Estado brasileño.
Tras 10 años de funcionamiento de la hidroeléctrica y más de 15 años de violaciones de derechos humanos documentadas, es tiempo de que la justicia llegue a las comunidades afectadas.
Lee la carta abierta de las organizaciones que llevan el caso ante la CIDH
Lee nuestro comunicado de prensa
Antecedentes
La hidroeléctrica Belo Monte —la cuarta más grande del mundo por su capacidad instalada (11,233 MW)— fue construida en el río Xingú, en el estado de Pará, al norte de Brasil.
Fue inaugurada el 5 de mayo de 2016 con una sola turbina. En ese momento se desvió el 80% del curso del río y se inundaron 516 km² de tierra, un área mayor que la ciudad de Chicago. De esa superficie, 400 km² eran bosque nativo. La represa comenzó a funcionar con toda su capacidad en noviembre de 2019.
Belo Monte fue construida y es operada por el consorcio Norte Energía S. A., formado en su mayoría por empresas estatales. Fue financiada por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), que dio al consorcio 25.400 millones de reales (unos 10.160 millones de dólares), la mayor inversión en su historia. Por tanto, el BNDES también es legalmente responsable de los impactos socioambientales asociados a la hidroeléctrica.
Décadas de daños al ambiente y a las personas
Las violaciones de derechos humanos y la degradación de la Amazonía se remontan a los inicios del proyecto. En marzo de 2011, Norte Energía empezó a construir la represa sin una consulta adecuada y sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas.
La construcción provocó el desplazamiento forzado de más de 40 mil personas, rompiendo lazos sociales y culturales. El plan de reasentamiento en Altamira —ciudad directamente afectada por la hidroeléctrica— se hizo con construcciones ubicadas en la periferia, sin servicios públicos adecuados, sin condiciones de vivienda digna para las familias relocalizadas ni diferenciadas para aquellas de comunidades indígenas.
La operación de Belo Monte impuso en la Volta Grande (o "Gran Recodo") del río Xingú una sequía permanente y artificial agravada por las sequías históricas de la Amazonía en 2023 y 2024. A raíz de esto, se documentó la muerte de millones de huevos de peces por cuatro años consecutivos (de 2021 a 2024) y, desde hace tres años, no existe migración de peces río arriba desovar y reproducirse. Así, la pesca artesanal, principal fuente de proteína para pueblos indígenas y comunidades ribereñas fue gravemente afectada: el pescado cayó del 50 al 30% en el total de proteína consumida, reemplazado por alimentos industrializados. En resumen, hubo un colapso ambiental y humanitario traducido en el derrumbe de la pesca como modo de vida tradicional, falta de seguridad alimentaria y de acceso a agua potable para miles de familias, empobrecimiento y enfermedades.
Además, la construcción de la represa incrementó la deforestación e intensificó la tala ilegal y la inseguridad para las tierras indígenas y tribales, poniendo en riesgo la supervivencia de estos pueblos. Otra consecuencia fue la profundización de la pobreza y de los conflictos sociales, además de la saturación de los sistemas de salud, educación y seguridad pública en Altamira, ciudad clasificada como la más violenta del país en 2017 y donde se incrementó el tráfico de personas y la violencia sexual. También se registró violencia contra las personas defensoras de los derechos humanos involucradas en el caso.
En 2025, durante la 30.ª Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP30), realizada en Brasil, el Ministerio Público Federal tildó de ecocidio el daño ocasionado por Belo Monte.
Foto: Amazon Watch / Maíra Irigaray.
La búsqueda de justicia y reparación
Con los años, el Ministerio Público Federal de Pará, la Defensoría Pública y organizaciones de la sociedad civil presentaron decenas de acciones judiciales ante tribunales brasileños para cuestionar las diversas irregularidades del proyecto, así como sus impactos. La mayoría de las demandas sigue pendiente de resolución, algunas desde hace más de 10 años.
Estas acciones no han prosperado porque el gobierno nacional neutralizó en varias ocasiones fallos favorables a las comunidades afectadas recurriendo a un mecanismo mediante el cual el presidente de un tribunal podía detener una decisión judicial basándose únicamente en argumentos genéricos como el "interés nacional" o el "orden económico".
Frente a la falta de respuestas efectivas a nivel nacional, AIDA —junto a una coalición de organizaciones aliadas— llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en 2010 solicitó medidas cautelares para para proteger la vida, integridad y salud de las comunidades indígenas afectadas.
El 1 abril de 2011, la CIDH otorgó estas medidas y solicitó al Estado brasileño suspender los permisos ambientales y cualquier obra de construcción hasta que se cumplan las condiciones relacionadas con la consulta previa y la protección de la salud e integridad de las comunidades.
Y, el 16 de junio de 2011, presentamos ante la CIDH —junto con el Movimiento Xingú Vivo Para Siempre, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña, la Diócesis de Altamira, el Consejo Indigenista Misionero, la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos y Justicia Global— una denuncia formal contra el Estado brasileño por su responsabilidad internacional en la violación de derechos humanos de las personas afectadas en el caso. La denuncia se abrió a trámite en diciembre de 2015.
El 3 de agosto de 2011, la CIDH modificó las medidas cautelares para solicitar —en vez de la suspensión de permisos y obras— la protección de pueblos en aislamiento voluntario, de la salud de las comunidades indígenas, además de la regularización y protección de tierras ancestrales.
Foto: Amazon Watch / Maíra Irigaray.
Situación actual
Las medidas de protección otorgadas por la CIDH continúan vigentes, pero el Estado brasileño no las ha cumplido plenamente, informando solo de acciones genéricas. Las comunidades han documentado la continuidad de las violaciones a sus derechos. La situación que motivo la solicitud de estas medidas —el riesgo para la vida, integridad y los modos de vida de las comunidades— se mantiene y se ha agravado con la operación a plena capacidad de la hidroeléctrica y con las recientes sequías extremas en la Amazonía.
A lo sucedido con Belo Monte se suma el riesgo de mayores afectaciones sociales y ambientales por la implementación de otro megaproyecto minero en la Volta Grande del Xingú. Allí la empresa canadiense Belo Sun pretende construir la mayor mina de oro a cielo abierto de Brasil.
Los impactos sinérgicos y acumulativos de la central y de la mina no fueron evaluados. El Estado excluyó a pueblos indígenas, comunidades ribereñas y campesinas del proceso de autorización ambiental del proyecto. Pese a esto, a protestas indígenas y a otras irregularidades en torno al proyecto, el gobierno de Pará autorizó formalmente la mina en abril de 2026.
Belo Monte, como otras hidroeléctricas, agrava la emergencia climática al generar emisiones de gases de efecto invernadero en su embalse. Y es ineficiente ante las sequías más prolongadas e intensas que la crisis provoca pues pierde capacidad de generar energía.
El caso ante la Comisión Interamericana
En octubre de 2017, la CIDH comunicó que decidiría de manera conjunta sobre la admisibilidad (si el caso cumple los requisitos para ser admitido) y el fondo (si en efecto hubo violaciones de derechos humanos) de la denuncia internacional contra el Estado brasileño.
Tras 15 años de presentada la denuncia, las comunidades afectadas y las organizaciones que las representan aún esperan esta decisión. Si la CIDH concluye que hubo violaciones de derechos humanos y emite recomendaciones que el Estado brasileño no cumple, puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas sentencias son vinculantes.
Un eventual fallo del tribunal internacional en el caso sentaría un precedente jurídico regional sobre los derechos de los pueblos indígenas y ribereños, la participación pública en megaproyectos y la responsabilidad estatal en contextos de crisis climática, relevante a la luz de la Opinión Consultiva 32 de la Corte, que reafirmó las obligaciones de los Estados para proteger a personas y comunidades del continente frente a la emergencia climática.
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Respecto de las estrategias futuras de la CCAC, adelantó que en 2014 se discutirá acerca de sociedades de metano, gas natural y petróleo; se harán estudios sobre las posibilidades financieras del carbono negro; y, junto al Banco Mundial, se establecerá un mecanismo para facilitar un mercado para los CCCV. Nathaniel Keohane, del Fondo para la Defensa Ambiental, señaló que a la organización le preocupa la producción de metano proveniente de la producción de gas natural y petróleo, pues es la segunda fuente de emisiones de metano a nivel global después del sector agrícola. En el cierre del evento, la delegada de Nigeria, afirmó que para su país y las naciones en desarrollo, unirse a la CCAC es algo natural si lo que se ambiciona es el desarrollo sustentable. Para Nigeria, la contaminación atmosférica se traduce en miles de mujeres que mueren al año por usar leña para cocinar, y comunidades que pierden sus medios de supervivencia por la deforestación, añadió. Por ello, subrayó, la reducción de los CCCV no implica sólo eliminar un problema ambiental, sino también generar empleo y crecimiento económico. Beneficios para la agricultura, la salud y el clima En un evento organizado por Earthjustice, Molin Valdéz remarcó que la CCAC representa la necesidad de actuar en este momento para combatir el cambio climático y que fue gracias a los avances científicos que la Coalición surgió. Lo hizo para dar una rápida respuesta a la urgencia de reducir los CCCV, un objetivo que es mejor conseguirlo de forma colectiva, acotó. Diramid Campbell-Lendrum, de la OMS, informó que cerca de 3.3 millones de personas mueren al año en el mundo por contaminación atmosférica externa, y 3.5 millones por contaminación dentro del hogar, sobre todo la que proviene de estufas que funcionan con leña y producen carbono negro. La reducción de CCCV es también un problema de salud pública, remarcó. Es oportuno entonces atacarlo con programas para el uso eficiente del transporte público, generando áreas seguras para caminar y ciclovías, complementó. Los asistentes expresaron ideas persas sobre el tema: Canadá. Según el delegado de ese país, numerosas acciones nacionales y locales están en proceso de implementación en el marco de la CCAC. Entre ellas destacó regulaciones para el sector industrial y automotriz que usa combustibles fósiles, y la implementación de nuevos estándares de calidad para las emisiones industriales. Colombia. Rodrigo Suárez Castaño, director del Ministerio de Ambiente de Colombia, contó que la experiencia colombiana en la reducción de CCCV inició incluso antes de que el país se uniera a la Coalición, con temas de transporte público, algo prioritario en la agenda de salud nacional. Entre las acciones gubernamentales mencionó los estándares de emisión para la producción de ladrillos y la reconversión de infraestructura para los productores a gran escala. En materia de desechos sólidos, destacó que se redujo el número de tiraderos de basura y se aumentó el de vertederos para desechos finales, los cuales funcionan de forma sustentable. Adelantó que se aprovechará al apoyo en capacitación y consultoría de la CCAC para ejecutar proyectos de reciclaje con el sector privado, para el desarrollo y establecimiento de un inventario actualizado de HFCs, y para publicar el primer borrador del Plan Nacional de Acción para los CCCV. México. Su delegado se refirió a un plan a futuro para la reducción de emisiones en fuentes móviles y fijas que funcionan con diésel para generar beneficios en áreas urbanas con índices de contaminación atmosférica altos. La propuesta consiste en fijar estándares de calidad más altos y sustituir combustibles. A finales del 2013 habrá un Plan de Acción Nacional sobre los CCCV, adelantó. Suecia. 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Leer másGobierno de México debe rendir cuentas ante organismo internacional por la autorización de infraestructura turística en el Golfo de California
La Comisión de Cooperación Ambiental (CCA) pide que, hasta el 8 de enero de 2014, autoridades mexicanas respondan a la denuncia sobre incumplimiento de la legislación ambiental en los permisos otorgados a cuatro mega resorts. Distrito Federal, México. La Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) pide una explicación del Gobierno mexicano por la autorización de proyectos turísticos en el Golfo de California. El organismo internacional, establecido bajo el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica, tomó esa determinación tras la petición ciudadana presentada por organizaciones de México y Estados Unidos[i], quienes denunciaron la violación sistemática de la legislación ambiental mexicana en los permisos otorgados a cuatro mega resorts que ponen en riesgo ecosistemas frágiles: humedales, manglares y arrecifes de coral. La petición[ii] fue presentada a la CCA en abril por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y Earthjustice a nombre de 11 organizaciones locales e internacionales. En ella se presentan cuatro proyectos como ejemplo de la actuación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) de México al avalar infraestructura turística masiva en el Golfo de California pese a que viola las normas sobre evaluación de impacto ambiental, protección de especies en peligro y conservación de ecosistemas costeros. El Secretariado de la CCA dispuso que el Gobierno de México debe dar, hasta el 8 de enero de 2014, una respuesta sobre los permisos otorgados, abordando específicamente los siguientes aspectos: el uso de la mejor información disponible, la evaluación de impactos acumulativos y fragmentación de ecosistemas, la falta de inclusión de medidas precautorias y preventivas, y la omisión en el ejercicio de facultades para suspender obras. La CCA requirió también información acerca de la aplicación de las resoluciones y recomendaciones de la Convención Ramsar: un tratado intergubernamental para la protección de humedales de importancia internacional como los que alberga el Golfo de California. “Es un gran avance en el derecho nacional e internacional pues se reconoce a esas disposiciones como parte de la implementación de las obligaciones contenidas en tratados internacionales ratificados por México”, dijo Sandra Moguel, asesora legal de AIDA. El Secretariado reconoció en particular las resoluciones adoptadas por las partes contratantes de la Convención Ramsar que establecen estándares de evaluación de impacto ambiental y protección de humedales. Reconoció además las recomendaciones de las Misiones de Ramsar que visitaron Marismas Nacionales y Cabo Pulmo, concluyendo que desarrollos turísticos de la magnitud planteada no eran apropiados por la vulnerabilidad de dichos ecosistemas[iii]. Por ello solicitó que México explique la omisión de realizar la evaluación de impacto ambiental de acuerdo con esas disposiciones. “La CCA solicitó la rendición de cuentas del Gobierno mexicano respecto al abuso de la discrecionalidad al considerar opiniones técnicas, tal es el caso de Playa Espíritu, proyecto que carecía de viabilidad ambiental según la CONANP (Comisión Nacional de Áreas Protegidas)”, detalló Eduardo Nájera, director de COSTASALVAjE, una de las organizaciones peticionarias. “Es urgente que la nueva administración de la Semarnat no cometa los mismos errores que sus antecesores y realice una evaluación de impacto ambiental transparente y sin arbitrariedades, sobre todo cuando se trate de proyectos que puedan poner en peligro humedales de importancia prioritaria internacional como Marismas Nacionales, Cabo Pulmo y la Bahía de la Paz”, manifestó Carlos Eduardo Simental, director de la Red Ecologista por el Desarrollo de Escuinapa (REDES), también peticionaria. Finalmente, Carolina Herrera, especialista para Latinoamérica del Consejo para la Defensa de Recursos Naturales (NRDC por sus siglas en inglés), señaló que espera que, una vez recibida la respuesta de México, “la CCA desarrolle una investigación detallada de los hechos para que presione a México a no relajar sus propias medidas de protección ambiental en favor de desarrollos costernos no sostenibles”. Consulte la determinación de la CCA. [ii] Para mayor información sobre el mecanismo de petición ciudadana consulte este enlace. [iii] Estas misiones son un mecanismo de asistencia técnica contenido en Ramsar cuyo principal objetivo es prestar asistencia a las Partes que tienen humedales que ameritan atención prioritaria debido al cambio de sus características ecológicas.
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