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Amazon Watch / Maíra Irigaray
La represa Belo Monte en el río Xingú: 10 años de impactos en la Amazonía y de búsqueda de reparación
La represa Belo Monte ha causado un desastre ambiental y social en plena Amazonía: uno de los ecosistemas más importantes del planeta.
Esta situación solo se ha profundizado luego de que la hidroeléctrica entrara en operación en 2016. También persiste hasta hoy la búsqueda de justicia y reparación de las comunidades indígenas, pesqueras y ribereñas afectadas.
En 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les otorgó medidas de protección que a la fecha no han sido cumplidas plenamente por el Estado brasileño.
Y, desde junio del mismo año, la CIDH tiene pendiente resolver una denuncia contra el Estado por su responsabilidad internacional en el caso.
La CIDH puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene la facultad de emitir un fallo que condene al Estado brasileño.
Tras 10 años de funcionamiento de la hidroeléctrica y más de 15 años de violaciones de derechos humanos documentadas, es tiempo de que la justicia llegue a las comunidades afectadas.
Lee la carta abierta de las organizaciones que llevan el caso ante la CIDH
Antecedentes
La hidroeléctrica Belo Monte —la cuarta más grande del mundo por su capacidad instalada (11,233 MW)— fue construida en el río Xingú, en el estado de Pará, al norte de Brasil.
Fue inaugurada el 5 de mayo de 2016 con una sola turbina. En ese momento se desvió el 80% del curso del río y se inundaron 516 km² de tierra, un área mayor que la ciudad de Chicago. De esa superficie, 400 km² eran bosque nativo. La represa comenzó a funcionar con toda su capacidad en noviembre de 2019.
Belo Monte fue construida y es operada por el consorcio Norte Energía S. A., formado en su mayoría por empresas estatales. Fue financiada por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), que dio al consorcio 25.400 millones de reales (unos 10.160 millones de dólares), la mayor inversión en su historia. Por tanto, el BNDES también es legalmente responsable de los impactos socioambientales asociados a la hidroeléctrica.
Décadas de daños al ambiente y a las personas
Las violaciones de derechos humanos y la degradación de la Amazonía se remontan a los inicios del proyecto. En marzo de 2011, Norte Energía empezó a construir la represa sin una consulta adecuada y sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas.
La construcción provocó el desplazamiento forzado de más de 40 mil personas, rompiendo lazos sociales y culturales. El plan de reasentamiento en Altamira —ciudad directamente afectada por la hidroeléctrica— se hizo con construcciones ubicadas en la periferia, sin servicios públicos adecuados, sin condiciones de vivienda digna para las familias relocalizadas ni diferenciadas para aquellas de comunidades indígenas.
La operación de Belo Monte impuso en la Volta Grande (o "Gran Recodo") del río Xingú una sequía permanente y artificial agravada por las sequías históricas de la Amazonía en 2023 y 2024. A raíz de esto, se documentó la muerte de millones de huevos de peces por cuatro años consecutivos (de 2021 a 2024) y, desde hace tres años, no existe migración de peces río arriba desovar y reproducirse. Así, la pesca artesanal, principal fuente de proteína para pueblos indígenas y comunidades ribereñas fue gravemente afectada: el pescado cayó del 50 al 30% en el total de proteína consumida, reemplazado por alimentos industrializados. En resumen, hubo un colapso ambiental y humanitario traducido en el derrumbe de la pesca como modo de vida tradicional, falta de seguridad alimentaria y de acceso a agua potable para miles de familias, empobrecimiento y enfermedades.
Además, la construcción de la represa incrementó la deforestación e intensificó la tala ilegal y la inseguridad para las tierras indígenas y tribales, poniendo en riesgo la supervivencia de estos pueblos. Otra consecuencia fue la profundización de la pobreza y de los conflictos sociales, además de la saturación de los sistemas de salud, educación y seguridad pública en Altamira, ciudad clasificada como la más violenta del país en 2017 y donde se incrementó el tráfico de personas y la violencia sexual. También se registró violencia contra las personas defensoras de los derechos humanos involucradas en el caso.
En 2025, durante la 30.ª Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP30), realizada en Brasil, el Ministerio Público Federal tildó de ecocidio el daño ocasionado por Belo Monte.
La búsqueda de justicia y reparación
Con los años, el Ministerio Público Federal de Pará, la Defensoría Pública y organizaciones de la sociedad civil presentaron decenas de acciones judiciales ante tribunales brasileños para cuestionar las diversas irregularidades del proyecto, así como sus impactos. La mayoría de las demandas sigue pendiente de resolución, algunas desde hace más de 10 años.
Estas acciones no han prosperado porque el gobierno nacional neutralizó en varias ocasiones fallos favorables a las comunidades afectadas recurriendo a un mecanismo mediante el cual el presidente de un tribunal podía detener una decisión judicial basándose únicamente en argumentos genéricos como el "interés nacional" o el "orden económico".
Frente a la falta de respuestas efectivas a nivel nacional, AIDA —junto a una coalición de organizaciones aliadas— llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en 2010 solicitó medidas cautelares para para proteger la vida, integridad y salud de las comunidades indígenas afectadas.
El 1 abril de 2011, la CIDH otorgó estas medidas y solicitó al Estado brasileño suspender los permisos ambientales y cualquier obra de construcción hasta que se cumplan las condiciones relacionadas con la consulta previa y la protección de la salud e integridad de las comunidades.
Y, el 16 de junio de 2011, presentamos ante la CIDH —junto con el Movimiento Xingú Vivo Para Siempre, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña, la Diócesis de Altamira, el Consejo Indigenista Misionero, la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos y Justicia Global— una denuncia formal contra el Estado brasileño por su responsabilidad internacional en la violación de derechos humanos de las personas afectadas en el caso. La denuncia se abrió a trámite en diciembre de 2015.
El 3 de agosto de 2011, la CIDH modificó las medidas cautelares para solicitar —en vez de la suspensión de permisos y obras— la protección de pueblos en aislamiento voluntario, de la salud de las comunidades indígenas, además de la regularización y protección de tierras ancestrales.
Situación actual
Las medidas de protección otorgadas por la CIDH continúan vigentes, pero el Estado brasileño no las ha cumplido plenamente, informando solo de acciones genéricas. Las comunidades han documentado la continuidad de las violaciones a sus derechos. La situación que motivo la solicitud de estas medidas —el riesgo para la vida, integridad y los modos de vida de las comunidades— se mantiene y se ha agravado con la operación a plena capacidad de la hidroeléctrica y con las recientes sequías extremas en la Amazonía.
A lo sucedido con Belo Monte se suma el riesgo de mayores afectaciones sociales y ambientales por la implementación de otro megaproyecto minero en la Volta Grande del Xingú. Allí la empresa canadiense Belo Sun pretende construir la mayor mina de oro a cielo abierto de Brasil.
Los impactos sinérgicos y acumulativos de la central y de la mina no fueron evaluados. El Estado excluyó a pueblos indígenas, comunidades ribereñas y campesinas del proceso de autorización ambiental del proyecto. Pese a esto, a protestas indígenas y a otras irregularidades en torno al proyecto, el gobierno de Pará autorizó formalmente la mina en abril de 2026.
Belo Monte, como otras hidroeléctricas, agrava la emergencia climática al generar emisiones de gases de efecto invernadero en su embalse. Y es ineficiente ante las sequías más prolongadas e intensas que la crisis provoca pues pierde capacidad de generar energía.
El caso ante la Comisión Interamericana
En octubre de 2017, la CIDH comunicó que decidiría de manera conjunta sobre la admisibilidad (si el caso cumple los requisitos para ser admitido) y el fondo (si en efecto hubo una violación de derechos humanos) de la denuncia internacional contra el Estado brasileño.
Tras 15 años de presentada la denuncia, las comunidades afectadas y las organizaciones que las representan aún esperan esta decisión. Si la CIDH concluye que hubo violaciones de derechos humanos y emite recomendaciones que el Estado brasileño no cumple, puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas sentencias son vinculantes.
Un eventual fallo del tribunal internacional en el caso sentaría un precedente jurídico regional sobre los derechos de los pueblos indígenas y ribereños, la participación pública en megaproyectos y la responsabilidad estatal en contextos de crisis climática, relevante a la luz de la Opinión Consultiva 32 de la Corte, que reafirmó las obligaciones de los Estados para proteger a personas y comunidades del continente frente a la emergencia climática.
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Esa es la única manera de garantizar que los fondos de los contribuyentes sean usados correctamente”. En Noviembre de 2011, el Congreso brasilero aprobó una ley sobre acceso a la información pública (Ley Federal 12.527/2011) en el contexto de una iniciativa voluntaria conocida como Colaboración para un Gobierno Abierto[1], que permite a los individuos solicitar información a las instituciones gubernamentales, la cual debe ser revelada a menos que exista una justificación sobre la necesidad de mantener confidencialidad. Desde hace mucho tiempo, las organizaciones de la sociedad civil han abogado por la transparencia en los préstamos otorgados por el BNDES en Brasil y en otros lugares, reclamando que el público tiene el derecho de monitorear el uso del capital obtenido de los contribuyentes brasileros. 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La multa, en apelación ante el IBAMA, aparentemente no generó ninguna acción concreta por parte del BNDES para abordar el incumplimiento de la legislación ambiental. Durante la implementación de los proyectos financiados por el BNDES, el monitoreo de la legislación ambiental y de derechos humanos, incluyendo el cumplimiento con otras condiciones específicas para los préstamos, ha sido notoriamente deficiente, señalan los críticos. Cuando las violaciones han sido documentadas el BNDES ha fallado en tomar acciones correctivas, incluyendo la suspensión de los desembolsos de los préstamos, a menos que las licencias ambientales sean suspendidas por el IBAMA o una decisión judicial. De acuerdo con Brent Millikan de International Rivers, la suspensión de las licencias ambientales es poco probable, dado el alto nivel de intervención al interior del IBAMA y el poder judicial. El número de acciones públicas impetradas contra los proyectos financiados por el BNDES por violaciones de los derechos de las comunidades afectadas, de los derechos laborales en los sitios de construcción y de la legislación ambiental se ha vuelto un foco de atención en Brasil. Un estudio publicado recientemente por las revistas de investigación Agência Pública y O ECO identificó un total de 80 acciones presentadas por Procuradores Públicos estatales y federales contra 17 de 20 grandes proyectos de infraestructura financiados por BNDES en la Amazonía brasileña entre el 2008 y el 2012. De acuerdo con el informe las motivaciones más comunes para las demandas incluyen evaluaciones de impacto ambiental defectuosas, ausencia de consulta previa con las comunidades afectadas, ausencia de cumplimiento con las condicionantes de las licencias ambientales y violaciones de los derechos de los trabajadores en los sitios de construcción, incluyendo condiciones inseguras de trabajo que contribuyen a muertes accidentales. El “campeón” entre los proyectos de infraestructura bajo litigio es Belo Monte, con 21 demandas presentadas por más de una década. En septiembre el Ministerio Público Federal (MPF) presentó una demanda que incluía al BNDES como co-demandado con Norte Energia y el IBAMA, alegando una falencia crónica de evaluar y mitigar los impactos ambientales sobre el pueblo indígena Xikrin que vive cerca del sitio de construcción de la represa en el río Xingu. Para mayor información: Leer el comunicado de prensa del Ministerio Público Federal (en portugués) Leer el artículo en Folha de São Paulo sobre la demanda (en portugués) Artículo relacionado con la decisión del TRF-2 (en portugués) Leer el artículo de Bloomberg “Batista Collapse Has Prosecutors at BNDES's Door” (en inglés) Ver el artículo de los periodistas de investigación sobre las acciones civiles contra los proyectos de infraestructura en la Amazonía brasileña financiados por el BNDES (en portugués) Ver el comunicado de prensa del MPF sobre la nueva demanda por las violaciones a los derechos del pueblo indígena Xikrin y la legislación ambiental en Belo Monte, incluyendo al BNDES como demandado (en portugués): [1] http://www.opengovpartnership.org/
Leer másRepresas y minas amenazan derechos indígenas: Recomendaciones de un experto en derechos humanos de la ONU
Por Jessica Lawrence, anapsta investigadora de Earthjustice Una de las metas constantes de Earthjustice y de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) ha sido alertar a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en tribunales nacionales y foros internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sobre violaciones ambientales y de derechos humanos asociadas con minas y represas. Los pueblos indígenas son particularmente vulnerables a los efectos nocivos que las industrias extractivas y energéticas tienen en sus territorios. El pasado abril, Earthjustice y AIDA proporcionaron evidencia de esos daños, así como recomendaciones acerca sobre cómo evitarlos, al experto en derechos indígenas de la ONU James Anaya, quien recientemente pubpcó un informe sobre las industrias extractivas y energéticas y los pueblos indígenas. Los comentarios (en inglés)de Earthjustice y AIDA se enfocaron en el cierre de minas, describiendo cómo el inadecuado cierre, restauración o monitoreo puede causar una contaminación ambiental severa y de largo plazo, y violar derechos humanos e indígenas. Identificamos las medidas que los países pueden adoptar para prevenir esos problemas, incluyendo la promulgación de leyes estrictas sobre la responsabipdad de los operadores mineros, y la exigencia de que éstos brinden garantías financieras para asegurar una adecuada pmpieza durante y después del cierre de una mina. Dichas medidas pueden ayudar a proteger los derechos humanos a la salud, al agua potable y a un ambiente sano, así como los derechos indígenas a la cultura, apmentación y medios de subsistencia, sus tierras y recursos naturales. El informe de Anaya incluye una serie de recomendaciones que tienen imppcaciones ambientales y de salud. Las recomendaciones clave incluyen: Garantizar el derecho de las comunidades indígenas a oponerse a proyectos extractivos y energéticos sin miedo a represapas, violencia o consultas coercitivas. Si un gobierno decide continuar un proyecto sin su consentimiento, las comunidades indígenas deben ser capaces de impugnar esa decisión ante las cortes. Las Evaluaciones de impacto ambiental rigurosas deben ser una precondición. Las comunidades indígenas deben tener la oportunidad de participar en esas evaluaciones, y tener acceso total a la información recabada. Los gobiernos deben garantizar la objetividad de las evaluaciones de impacto, ya sea a través de revisiones independientes o asegurando que las evaluaciones no son controladas por los promotores del proyecto. Las medidas para prevenir los impactos ambientales, particularmente aquellas que impactan en la salud o la subsistencia, deben incluir monitoreos con la participación del púbpco, así como medidas que aborden el cierre del proyecto. Si los gobiernos y los operadores de los proyectos siguieran las recomendaciones de Anaya, se reducirían sustancialmente los daños ocasionados a pueblos indígenas por la conducta frecuentemente vergonzosa e irresponsable de las industrias extractivas y energéticas. AIDA, a quien Earthjustice brinda apoyo significativo, trabaja con comunidades locales para responder ante violaciones a derechos humanos derivadas de las industrias extractivas en todo el hemisferio, incluyendo los casos de la represa Barro Blanco en Panamá, la represa Belo Monte en Brasil, la represa La Parota en México, y las minas en ecosistemas andinos de Colombia.
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Carta de AIDA al Presidente del Grupo del Banco Mundial (en inglés)
DR. JIM YONG KIM PRESIDENT THE WORLD BANK GROUP Dear Dr. Kim: We are writing to express our deepest concern regarding the World Bank Group decision to start financing and promoting large hydroelectric projects as “sustainable energy.” We urge you to review the information about negative impacts that large dams have had on the environment and human rights in the Americas, and to reconsider that decision. Large dams commonly cause severe harm to the environment. Underwater decomposition of trees and plants releases major quantities of methane, contributing to climate change. Large dams degrade water quality and sanitation both upstream and downstream from the artificial modification of river systems. Degradation of aquatic ecosystems leads to loss of biodiversity. Seismic instability is another common consequence of dam construction. These environmental harms often violate human rights protected by international legal instruments. These projects repeatedly generate health risks, block access to traditional food sources, and interfere with the ability to earn a livelihood. They displace entire communities, interfering with the human rights to freedom of movement, property, housing, and just compensation. State sponsors of large dams routinely fail to produce comprehensive environmental and social impact assessments, which are required by international law. Access to the information that should be provided by such an assessment is essential to ensuring the human rights to informed consent and prior consultation. Specific international laws and standards that apply to indigenous, afro-descendant and tribal peoples are routinely ignored. In some cases, public protest to ill-considered dam projects is criminalized, contrary to international human rights law. Many organizations and institutions, including the World Commission on Dams, have identified these negative consequences. AIDA has also produced a report analyzing the effects of large dams on the environment and human rights, “Large Dams in the Americas.” The executive summary of the report (in English) and the full version (in Spanish) are attached to this letter. AIDA stands with the World Bank Group in supporting development in Latin America. But that development should be sustainable. It should not come at the expense of the environment and human rights. Promotion of truly renewable resources, including wind, solar, and geothermal energy, can also encourage development that sustains growing economies, thriving environments, and respect for human rights. We insist that the World Bank Group finance only projects that abide by international law and standards, and give due and full consideration to alternative energy sources and efficiency measures. We would be more than happy to help the World Bank Group to drive true, sustainable development and to promote projects that increase human well-being while also protecting the environment and human rights. We hope you find this information useful and incorporate it into World Bank policy.
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