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Amazon Watch / Maíra Irigaray
La represa Belo Monte en el río Xingú: 10 años de impactos en la Amazonía y de búsqueda de reparación
La represa Belo Monte ha causado un desastre ambiental y social en plena Amazonía: uno de los ecosistemas más importantes del planeta.
Esta situación solo se ha profundizado luego de que la hidroeléctrica entrara en operación en 2016. También persiste hasta hoy la búsqueda de justicia y reparación de las comunidades indígenas, pesqueras y ribereñas afectadas.
En 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les otorgó medidas de protección que a la fecha no han sido cumplidas plenamente por el Estado brasileño.
Y, desde junio del mismo año, la CIDH tiene pendiente resolver una denuncia contra el Estado por su responsabilidad internacional en el caso.
La CIDH puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene la facultad de emitir un fallo que condene al Estado brasileño.
Tras 10 años de funcionamiento de la hidroeléctrica y más de 15 años de violaciones de derechos humanos documentadas, es tiempo de que la justicia llegue a las comunidades afectadas.
Lee la carta abierta de las organizaciones que llevan el caso ante la CIDH
Antecedentes
La hidroeléctrica Belo Monte —la cuarta más grande del mundo por su capacidad instalada (11,233 MW)— fue construida en el río Xingú, en el estado de Pará, al norte de Brasil.
Fue inaugurada el 5 de mayo de 2016 con una sola turbina. En ese momento se desvió el 80% del curso del río y se inundaron 516 km² de tierra, un área mayor que la ciudad de Chicago. De esa superficie, 400 km² eran bosque nativo. La represa comenzó a funcionar con toda su capacidad en noviembre de 2019.
Belo Monte fue construida y es operada por el consorcio Norte Energía S. A., formado en su mayoría por empresas estatales. Fue financiada por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), que dio al consorcio 25.400 millones de reales (unos 10.160 millones de dólares), la mayor inversión en su historia. Por tanto, el BNDES también es legalmente responsable de los impactos socioambientales asociados a la hidroeléctrica.
Décadas de daños al ambiente y a las personas
Las violaciones de derechos humanos y la degradación de la Amazonía se remontan a los inicios del proyecto. En marzo de 2011, Norte Energía empezó a construir la represa sin una consulta adecuada y sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas.
La construcción provocó el desplazamiento forzado de más de 40 mil personas, rompiendo lazos sociales y culturales. El plan de reasentamiento en Altamira —ciudad directamente afectada por la hidroeléctrica— se hizo con construcciones ubicadas en la periferia, sin servicios públicos adecuados, sin condiciones de vivienda digna para las familias relocalizadas ni diferenciadas para aquellas de comunidades indígenas.
La operación de Belo Monte impuso en la Volta Grande (o "Gran Recodo") del río Xingú una sequía permanente y artificial agravada por las sequías históricas de la Amazonía en 2023 y 2024. A raíz de esto, se documentó la muerte de millones de huevos de peces por cuatro años consecutivos (de 2021 a 2024) y, desde hace tres años, no existe migración de peces río arriba desovar y reproducirse. Así, la pesca artesanal, principal fuente de proteína para pueblos indígenas y comunidades ribereñas fue gravemente afectada: el pescado cayó del 50 al 30% en el total de proteína consumida, reemplazado por alimentos industrializados. En resumen, hubo un colapso ambiental y humanitario traducido en el derrumbe de la pesca como modo de vida tradicional, falta de seguridad alimentaria y de acceso a agua potable para miles de familias, empobrecimiento y enfermedades.
Además, la construcción de la represa incrementó la deforestación e intensificó la tala ilegal y la inseguridad para las tierras indígenas y tribales, poniendo en riesgo la supervivencia de estos pueblos. Otra consecuencia fue la profundización de la pobreza y de los conflictos sociales, además de la saturación de los sistemas de salud, educación y seguridad pública en Altamira, ciudad clasificada como la más violenta del país en 2017 y donde se incrementó el tráfico de personas y la violencia sexual. También se registró violencia contra las personas defensoras de los derechos humanos involucradas en el caso.
En 2025, durante la 30.ª Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP30), realizada en Brasil, el Ministerio Público Federal tildó de ecocidio el daño ocasionado por Belo Monte.
La búsqueda de justicia y reparación
Con los años, el Ministerio Público Federal de Pará, la Defensoría Pública y organizaciones de la sociedad civil presentaron decenas de acciones judiciales ante tribunales brasileños para cuestionar las diversas irregularidades del proyecto, así como sus impactos. La mayoría de las demandas sigue pendiente de resolución, algunas desde hace más de 10 años.
Estas acciones no han prosperado porque el gobierno nacional neutralizó en varias ocasiones fallos favorables a las comunidades afectadas recurriendo a un mecanismo mediante el cual el presidente de un tribunal podía detener una decisión judicial basándose únicamente en argumentos genéricos como el "interés nacional" o el "orden económico".
Frente a la falta de respuestas efectivas a nivel nacional, AIDA —junto a una coalición de organizaciones aliadas— llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en 2010 solicitó medidas cautelares para para proteger la vida, integridad y salud de las comunidades indígenas afectadas.
El 1 abril de 2011, la CIDH otorgó estas medidas y solicitó al Estado brasileño suspender los permisos ambientales y cualquier obra de construcción hasta que se cumplan las condiciones relacionadas con la consulta previa y la protección de la salud e integridad de las comunidades.
Y, el 16 de junio de 2011, presentamos ante la CIDH —junto con el Movimiento Xingú Vivo Para Siempre, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña, la Diócesis de Altamira, el Consejo Indigenista Misionero, la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos y Justicia Global— una denuncia formal contra el Estado brasileño por su responsabilidad internacional en la violación de derechos humanos de las personas afectadas en el caso. La denuncia se abrió a trámite en diciembre de 2015.
El 3 de agosto de 2011, la CIDH modificó las medidas cautelares para solicitar —en vez de la suspensión de permisos y obras— la protección de pueblos en aislamiento voluntario, de la salud de las comunidades indígenas, además de la regularización y protección de tierras ancestrales.
Situación actual
Las medidas de protección otorgadas por la CIDH continúan vigentes, pero el Estado brasileño no las ha cumplido plenamente, informando solo de acciones genéricas. Las comunidades han documentado la continuidad de las violaciones a sus derechos. La situación que motivo la solicitud de estas medidas —el riesgo para la vida, integridad y los modos de vida de las comunidades— se mantiene y se ha agravado con la operación a plena capacidad de la hidroeléctrica y con las recientes sequías extremas en la Amazonía.
A lo sucedido con Belo Monte se suma el riesgo de mayores afectaciones sociales y ambientales por la implementación de otro megaproyecto minero en la Volta Grande del Xingú. Allí la empresa canadiense Belo Sun pretende construir la mayor mina de oro a cielo abierto de Brasil.
Los impactos sinérgicos y acumulativos de la central y de la mina no fueron evaluados. El Estado excluyó a pueblos indígenas, comunidades ribereñas y campesinas del proceso de autorización ambiental del proyecto. Pese a esto, a protestas indígenas y a otras irregularidades en torno al proyecto, el gobierno de Pará autorizó formalmente la mina en abril de 2026.
Belo Monte, como otras hidroeléctricas, agrava la emergencia climática al generar emisiones de gases de efecto invernadero en su embalse. Y es ineficiente ante las sequías más prolongadas e intensas que la crisis provoca pues pierde capacidad de generar energía.
El caso ante la Comisión Interamericana
En octubre de 2017, la CIDH comunicó que decidiría de manera conjunta sobre la admisibilidad (si el caso cumple los requisitos para ser admitido) y el fondo (si en efecto hubo una violación de derechos humanos) de la denuncia internacional contra el Estado brasileño.
Tras 15 años de presentada la denuncia, las comunidades afectadas y las organizaciones que las representan aún esperan esta decisión. Si la CIDH concluye que hubo violaciones de derechos humanos y emite recomendaciones que el Estado brasileño no cumple, puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas sentencias son vinculantes.
Un eventual fallo del tribunal internacional en el caso sentaría un precedente jurídico regional sobre los derechos de los pueblos indígenas y ribereños, la participación pública en megaproyectos y la responsabilidad estatal en contextos de crisis climática, relevante a la luz de la Opinión Consultiva 32 de la Corte, que reafirmó las obligaciones de los Estados para proteger a personas y comunidades del continente frente a la emergencia climática.
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Para publicación inmediata 4 de noviembre, 2010 Para mayor información contactar: Claudia Gómez-Portugal M., Sakbe Comunicación Ambiental, Tel. (55) 5525 6136 / Cel. (55) 1850 6827, [email protected] Enviarán a la Cámara de Diputados propuesta de modificación al PEF 2011, basada en los objetivos de reducción efecitva de emisiones de gases de efecto invernadero para el combate al cambio climático en sectores estratégicos como energía, agricultura, transporte y bosques Ciudad de México, México – El cambio climático es el reto más grande que enfrenta la humanidad y sus impactos traerán severos costos económicos y sociales a México. Por ello y con el objetivo de lograr una asignación, manejo y distribución adecuada y transparente de los recursos federales para la adaptación y mitigación al problema, más de 10 organizaciones de la sociedad civil y diversos actores independientes lanzan una iniciativa de construcción y diálogo para una política efectiva de financiamiento en materia de cambio climático. De acuerdo con las organizaciones que conforman este esfuerzo, un primer paso elemental en la consecución de los compromisos internacionales que México ha asumido en la materia1, es modificar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2011, para dar prioridad y redireccionar recursos a aquellos sectores considerados clave para el cumplimiento de las metas nacionales de reducción de emisiones en el corto, mediano y largo plazo1, tales como el transporte, forestal, energético y agropecuario. “Como ciudadanas y ciudadanos activos, con experiencia en presupuestos sectoriales e investigación y análisis sobre la situación de los sectores energía, agricultura, transporte, bosques y protección ambiental, hemos adoptado el tema de financiamiento como articulador de sinergias. Es así que hemos venido trabajando en la conformación de propuestas de financiamiento posibles, inmediatas y efectivas, para el cumplimiento de objetivos concretos en materia de cambio climático para los sectores señalados, mismas que consideramos fundamentales para modificar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, PEF 2011, basadas en la premisa de que el cambio climático es un tema transversal cuya atención depende de la participación de todos los sectores causantes del problema así como de aquellos que padecen sus consecuencias”, dijo Dolores Rojas de Oxfam, México. Las organizaciones presentarán al Congreso una serie de recomendaciones sectoriales, mismas que esperan sean tomadas en cuenta por la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, no sólo para su trabajo durante la presente negociación presupuestaria, sino también como una oportunidad para que México, sede de la COP16 a celebrarse en unas cuantas semanas, presente al mundo acciones concretas e inmediatas. “Las organizaciones impulsoras de esta iniciativa consideramos que el Poder Legislativo puede hacer la diferencia en la política climática, para que la actuación de nuestro país sea consistente con las metas propuestas en el marco de las negociaciones internacionales, reflejadas no sólo en su Programa Especial de Cambio Climático (PECC), sino también de otras medidas que pueden ayudar a cumplir con dichas metas. Lo anterior es importante porque México ha sido uno de los principales impulsores de la creación de una arquitectura financiera internacional y si bien, contar con más recursos provenientes de otros países es necesario, es más urgente hacer un uso efectivo y transparente de los recursos que actualmente tiene el Gobierno, para promover medidas efectivas de combate y adaptación al problema”, afirmó Jorge Villareal de la Fundación Heinrich Böll. Entre las recomendaciones de las organizaciones, para el Sector Energía se señala la necesidad de reasignar más recursos para la eficiencia energética a través del fortalecimiento de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE) y sus programas de ahorro energético; así como el impulso al aprovechamiento de energías renovables, para lo cual se le deben destinar al menos 3 mil millones de pesos anuales al Fondo para la Transición Energética. Al respecto, Sandra Guzmán del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, señaló que estas medidas son posibles si se priorizan aquellos programas y acciones dirigidas a promover la eficiencia energética en todos los sectores económicos y sociales, en vez de contemplar la construcción de nuevas centrales de generación eléctrica para cubrir la demanda creciente y evitar la construcción de más proyectos que utilizan combustibles fósiles como los que aparecen en el presupuesto. Respecto al Sector Transporte, Gabriela Niño del Centro de Transporte Sustentable resaltó que es necesario destinar más recursos a la reactivación de las vías férreas por ser una alternativa eficiente e inmediata para reducir emisiones y restar recursos al sistema carretero que contribuye con la mayor parte de las emisiones del sector; y asegurar la continuidad y los recursos del programa de transporte masivo (PROTRAM) –parte del Fondo Nacional de Infraestructura - con el cual se promueve la implantación de sistemas de transporte urbano masivo, como catalizador de calidad de vida, salud y reducción de emisiones. “En el Sector Forestal se deben redireccionar al menos 600 millones hacia programas que promuevan el manejo forestal sostenible para lograr la conservación activa de los ecosistemas forestales terrestres, los manglares y los almacenes de carbono”, afirmó Iván Zúñiga del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS). Para el Sector Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación2, es necesario asignar recursos para la constitución urgente del fondo de agua y energía el cual deberá convertirse en el instrumento para la recarga, conservación y mantenimiento de los mantos acuíferos, la reducción de la energía para el bombeo de agua y la tecnificación del riego agrícola. “Este fondo será la base para llevar acabo acciones de mitigación y adaptación en la agricultura ante el cambio climático, mediante un esquema de acceso al financiamiento para el ordenamiento sustentable de acuíferos y tecnologías para el ahorro de agua y energía”, señaló Alfonso Cuellar del Barzón. Las organizaciones abajo firmantes confían en que el Poder Legislativo,en respuesta a esta iniciativa ciudadana sobre ajustes estructurales, fortalecimiento de capacidades, establecimiento de mecanismos económicos y la respectiva asignación de presupuesto; acoja estas recomendaciones y sea un actor decisivo para comenzar a crear una estructura financiera que permita a nuestro país hacer frente de manera contundente al cambio climático. Dichas recomendaciones serán enviadas en los próximos días a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados sobre el proyecto PEF 2011. Organizaciones firmantes: El Barzón, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro de Diálogo y Análisis sobre América del Norte del Tecnológico de Monterrey (CEDAN), el Centro de Transporte Sustentable (CTS), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Clima Integral, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), la Fundación Heinrich Bell, Greenpeace México y Oxfam México. Notas: El Gobierno Federal ha establecido metas a nivel internacional para combatir el fenómeno tales como la reducción de 50 millones de toneladas de CO2 en 2012, la reducción de 30% de las emisiones en 2020 y 50% en 2050 De acuerdo con el Inventario Nacional de Emisiones al 2006, la categoría de agricultura, bosques y otros usos del suelo contribuyó con casi 19 por ciento de las emisiones totales del país. Por su parte, el sector transporte es responsable del 34 por ciento de las emisiones de CO2e en nuestro país, mientras que la generación de energía representa el 27.3 por ciento de las emisiones GEI totales del país. El sector forestal es responsable del 12.4% de las emisiones del país por la deforestación, la degradación y el cambio de uso de suelo.
Leer másOrganizaciones ciudadanas inician proceso de construcción y diálogo hacia una política efectiva de financiamiento en materia de cambio climático
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Por ello y con el objetivo de lograr una asignación, manejo y distribución adecuada y transparente de los recursos federales para la adaptación y mitigación al problema, más de 10 organizaciones de la sociedad civil y diversos actores independientes lanzan una iniciativa de construcción y diálogo para una política efectiva de financiamiento en materia de cambio climático. De acuerdo con las organizaciones que conforman este esfuerzo, un primer paso elemental en la consecución de los compromisos internacionales que México ha asumido en la materia1, es modificar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2011, para dar prioridad y redireccionar recursos a aquellos sectores considerados clave para el cumplimiento de las metas nacionales de reducción de emisiones en el corto, mediano y largo plazo1, tales como el transporte, forestal, energético y agropecuario. “Como ciudadanas y ciudadanos activos, con experiencia en presupuestos sectoriales e investigación y análisis sobre la situación de los sectores energía, agricultura, transporte, bosques y protección ambiental, hemos adoptado el tema de financiamiento como articulador de sinergias. Es así que hemos venido trabajando en la conformación de propuestas de financiamiento posibles, inmediatas y efectivas, para el cumplimiento de objetivos concretos en materia de cambio climático para los sectores señalados, mismas que consideramos fundamentales para modificar el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, PEF 2011, basadas en la premisa de que el cambio climático es un tema transversal cuya atención depende de la participación de todos los sectores causantes del problema así como de aquellos que padecen sus consecuencias”, dijo Dolores Rojas de Oxfam, México. 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AIDA busca que instituciones financieras se unan a la lucha contra el cambio climático
Las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs) tienen una influencia significativa en los proyectos de gran infraestructura y desarrollo energético en el hemisferio. Muchas de ellas financian proyectos que aceleran el cambio climático: grandes represas que emiten gas metano, minas que perturban sumideros de carbono, y plantas energéticas que usan de forma ineficiente y altamente contaminante tecnologías basadas en carbón y aceite. Ese financiamiento está, por ejemplo, detrás del enorme proyecto de la mina de oro “La Colosa” en Colombia, el cual podría afectar a páramos de gran altitud, liberando tremendas cantidades de dióxido de carbono retenidas gracias a esos ecosistemas El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Grupo del Banco Mundial (GBM) y su institución miembro, la Corporación Financiera Internacional, llevaron a cabo un proceso de investigación para rediseñar sus estrategias de inversión energética. AIDA participó del mismo y presionó a estas IFIs para que priorizaran el desarrollo limpio y sostenible de las fuentes de energía. Les exhortó a: Considerar el cambio climático y los derechos humanos en cada etapa del proceso; Incorporar las normas más estrictas sobre derechos humanos, equidad social, eficiencia energética y planeación de recursos naturales en la toma de decisiones; Establecer objetivos agresivos pero alcanzables de reducción de las emisiones de dióxido de carbono permitidas para los proyectos con los que trabajan; y Priorizar la eficiencia energética y de las fuentes de energía renovables mientras se desalienta la continua fiabilidad en el uso de combustibles fósiles. Asimismo, AIDA participó en la consulta pública a la que llamó el BID para hacer comentarios a la actual política del Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICI). Pese a que el MICI no es perfecto, es el único sistema de quejas disponible para las personas perjudicadas por las actividades financiadas por la institución. AIDA, junto con otras organizaciones de la región, enviaron una carta con dichos comentarios, lo que significó una gran oportunidad para aumentar la transparencia, rendición de cuentas y eficacia del mecanismo. A la par del BID y las instituciones que son parte del GBM, está el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil (BNDES) que, aunque no es oficialmente una IFI, se comporta como tal y ejerce una enorme influencia en la región. La entidad se ha consolidado con una fuerza financiera que le ha permitido salir de su país y participar en grandes proyectos de inversión en más de 11 países de América Latina. Lo preocupante es que el BNDES no cuenta con salvaguardas socioambientales y políticas de transparencia y participación acordes a su tamaño e influencia, sino que se rige por estándares mucho más bajos que las IFIs que actúan en la zona. No tiene mecanismos que aseguren la protección del ambiente y de las comunidades afectadas por los proyectos que financia, ni un sistema efectivo para atender quejas o reclamos. De hecho, los proyectos apoyados por el BNDES han estado llamando la atención de ambientalistas y defensores de derechos humanos en la región desde hace años. Por ello hemos enfocado parte de nuestro trabajo en influir en esta entidad y lograr en ella la pronta implementación de políticas socioambientales adecuadas. Lo interesante y esperanzador es que no estamos solos en esta tarea. En noviembre de 2012, creamos una coalición llamada “BNDES na Mira”, que reúne a más de 90 personas de más de 25 organizaciones de la región. El grupo es el reflejo de la necesidad que existe de trabajar unidos para lograr resultados ambiciosos, pero necesarios. Al mismo tiempo y como parte de una capacitación constante a nuestro equipo y al grupo en general, estamos elaborando un documento que explicará los mecanismos internos del BNDES y permitirá entender su proceso de toma de decisiones y los puntos de presión, así como generar los posibles contactos que nos ayuden a incidir dentro y fuera del Banco. Finalmente, y para combatir la falta de reconocimiento de que el BNDES es una IFI y que por tanto debe cumplir con las responsabilidades que ello implica, AIDA está trabajando en un tercer documento que desarrollará ese argumento y ofrecerá una comparación entre las políticas de salvaguardas y transparencia del BNDES y las de otras IFIs que operan en la región, como el Banco Mundial y el BID. Además, como parte del grupo, participamos de diversos talleres y seminarios para continuar fortaleciendo el trabajo conjunto, el intercambio de información, la elaboración de estrategias comunes para el futuro y un posible canal de comunicación a largo plazo con representantes del Banco. Al mover enormes cantidades de dinero para proyectos y programas en el continente, la influencia que podemos ejercer a través de las IFIs y el BNDES puede derivar en importantes reducciones de las emisiones que causan el cambio climático. Estas instituciones tienen la posibilidad de optar por nuevas herramientas para reorientar su camino hacia un desarrollo verdaderamente sostenible, y así ayudar a proteger nuestra salud y el ambiente del cambio climático. AIDA continuará examinando e incidiendo en las IFIs y en el BNDES, como una IFI más, de manera constante y en especial durante sus procesos de reformulación de políticas internas.
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