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Amazon Watch / Maíra Irigaray
La represa Belo Monte en el río Xingú: 10 años de impactos en la Amazonía y de búsqueda de reparación
La represa Belo Monte ha causado un desastre ambiental y social en plena Amazonía: uno de los ecosistemas más importantes del planeta.
Esta situación solo se ha profundizado luego de que la hidroeléctrica entrara en operación en 2016. También persiste hasta hoy la búsqueda de justicia y reparación de las comunidades indígenas, pesqueras y ribereñas afectadas.
En 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les otorgó medidas de protección que a la fecha no han sido cumplidas plenamente por el Estado brasileño.
Y, desde junio del mismo año, la CIDH tiene pendiente resolver una denuncia contra el Estado por su responsabilidad internacional en el caso.
La CIDH puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene la facultad de emitir un fallo que condene al Estado brasileño.
Tras 10 años de funcionamiento de la hidroeléctrica y más de 15 años de violaciones de derechos humanos documentadas, es tiempo de que la justicia llegue a las comunidades afectadas.
Lee la carta abierta de las organizaciones que llevan el caso ante la CIDH
Antecedentes
La hidroeléctrica Belo Monte —la cuarta más grande del mundo por su capacidad instalada (11,233 MW)— fue construida en el río Xingú, en el estado de Pará, al norte de Brasil.
Fue inaugurada el 5 de mayo de 2016 con una sola turbina. En ese momento se desvió el 80% del curso del río y se inundaron 516 km² de tierra, un área mayor que la ciudad de Chicago. De esa superficie, 400 km² eran bosque nativo. La represa comenzó a funcionar con toda su capacidad en noviembre de 2019.
Belo Monte fue construida y es operada por el consorcio Norte Energía S. A., formado en su mayoría por empresas estatales. Fue financiada por el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), que dio al consorcio 25.400 millones de reales (unos 10.160 millones de dólares), la mayor inversión en su historia. Por tanto, el BNDES también es legalmente responsable de los impactos socioambientales asociados a la hidroeléctrica.
Décadas de daños al ambiente y a las personas
Las violaciones de derechos humanos y la degradación de la Amazonía se remontan a los inicios del proyecto. En marzo de 2011, Norte Energía empezó a construir la represa sin una consulta adecuada y sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades afectadas.
La construcción provocó el desplazamiento forzado de más de 40 mil personas, rompiendo lazos sociales y culturales. El plan de reasentamiento en Altamira —ciudad directamente afectada por la hidroeléctrica— se hizo con construcciones ubicadas en la periferia, sin servicios públicos adecuados, sin condiciones de vivienda digna para las familias relocalizadas ni diferenciadas para aquellas de comunidades indígenas.
La operación de Belo Monte impuso en la Volta Grande (o "Gran Recodo") del río Xingú una sequía permanente y artificial agravada por las sequías históricas de la Amazonía en 2023 y 2024. A raíz de esto, se documentó la muerte de millones de huevos de peces por cuatro años consecutivos (de 2021 a 2024) y, desde hace tres años, no existe migración de peces río arriba desovar y reproducirse. Así, la pesca artesanal, principal fuente de proteína para pueblos indígenas y comunidades ribereñas fue gravemente afectada: el pescado cayó del 50 al 30% en el total de proteína consumida, reemplazado por alimentos industrializados. En resumen, hubo un colapso ambiental y humanitario traducido en el derrumbe de la pesca como modo de vida tradicional, falta de seguridad alimentaria y de acceso a agua potable para miles de familias, empobrecimiento y enfermedades.
Además, la construcción de la represa incrementó la deforestación e intensificó la tala ilegal y la inseguridad para las tierras indígenas y tribales, poniendo en riesgo la supervivencia de estos pueblos. Otra consecuencia fue la profundización de la pobreza y de los conflictos sociales, además de la saturación de los sistemas de salud, educación y seguridad pública en Altamira, ciudad clasificada como la más violenta del país en 2017 y donde se incrementó el tráfico de personas y la violencia sexual. También se registró violencia contra las personas defensoras de los derechos humanos involucradas en el caso.
En 2025, durante la 30.ª Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP30), realizada en Brasil, el Ministerio Público Federal tildó de ecocidio el daño ocasionado por Belo Monte.
La búsqueda de justicia y reparación
Con los años, el Ministerio Público Federal de Pará, la Defensoría Pública y organizaciones de la sociedad civil presentaron decenas de acciones judiciales ante tribunales brasileños para cuestionar las diversas irregularidades del proyecto, así como sus impactos. La mayoría de las demandas sigue pendiente de resolución, algunas desde hace más de 10 años.
Estas acciones no han prosperado porque el gobierno nacional neutralizó en varias ocasiones fallos favorables a las comunidades afectadas recurriendo a un mecanismo mediante el cual el presidente de un tribunal podía detener una decisión judicial basándose únicamente en argumentos genéricos como el "interés nacional" o el "orden económico".
Frente a la falta de respuestas efectivas a nivel nacional, AIDA —junto a una coalición de organizaciones aliadas— llevó el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en 2010 solicitó medidas cautelares para para proteger la vida, integridad y salud de las comunidades indígenas afectadas.
El 1 abril de 2011, la CIDH otorgó estas medidas y solicitó al Estado brasileño suspender los permisos ambientales y cualquier obra de construcción hasta que se cumplan las condiciones relacionadas con la consulta previa y la protección de la salud e integridad de las comunidades.
Y, el 16 de junio de 2011, presentamos ante la CIDH —junto con el Movimiento Xingú Vivo Para Siempre, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña, la Diócesis de Altamira, el Consejo Indigenista Misionero, la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos y Justicia Global— una denuncia formal contra el Estado brasileño por su responsabilidad internacional en la violación de derechos humanos de las personas afectadas en el caso. La denuncia se abrió a trámite en diciembre de 2015.
El 3 de agosto de 2011, la CIDH modificó las medidas cautelares para solicitar —en vez de la suspensión de permisos y obras— la protección de pueblos en aislamiento voluntario, de la salud de las comunidades indígenas, además de la regularización y protección de tierras ancestrales.
Situación actual
Las medidas de protección otorgadas por la CIDH continúan vigentes, pero el Estado brasileño no las ha cumplido plenamente, informando solo de acciones genéricas. Las comunidades han documentado la continuidad de las violaciones a sus derechos. La situación que motivo la solicitud de estas medidas —el riesgo para la vida, integridad y los modos de vida de las comunidades— se mantiene y se ha agravado con la operación a plena capacidad de la hidroeléctrica y con las recientes sequías extremas en la Amazonía.
A lo sucedido con Belo Monte se suma el riesgo de mayores afectaciones sociales y ambientales por la implementación de otro megaproyecto minero en la Volta Grande del Xingú. Allí la empresa canadiense Belo Sun pretende construir la mayor mina de oro a cielo abierto de Brasil.
Los impactos sinérgicos y acumulativos de la central y de la mina no fueron evaluados. El Estado excluyó a pueblos indígenas, comunidades ribereñas y campesinas del proceso de autorización ambiental del proyecto. Pese a esto, a protestas indígenas y a otras irregularidades en torno al proyecto, el gobierno de Pará autorizó formalmente la mina en abril de 2026.
Belo Monte, como otras hidroeléctricas, agrava la emergencia climática al generar emisiones de gases de efecto invernadero en su embalse. Y es ineficiente ante las sequías más prolongadas e intensas que la crisis provoca pues pierde capacidad de generar energía.
El caso ante la Comisión Interamericana
En octubre de 2017, la CIDH comunicó que decidiría de manera conjunta sobre la admisibilidad (si el caso cumple los requisitos para ser admitido) y el fondo (si en efecto hubo una violación de derechos humanos) de la denuncia internacional contra el Estado brasileño.
Tras 15 años de presentada la denuncia, las comunidades afectadas y las organizaciones que las representan aún esperan esta decisión. Si la CIDH concluye que hubo violaciones de derechos humanos y emite recomendaciones que el Estado brasileño no cumple, puede remitir el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas sentencias son vinculantes.
Un eventual fallo del tribunal internacional en el caso sentaría un precedente jurídico regional sobre los derechos de los pueblos indígenas y ribereños, la participación pública en megaproyectos y la responsabilidad estatal en contextos de crisis climática, relevante a la luz de la Opinión Consultiva 32 de la Corte, que reafirmó las obligaciones de los Estados para proteger a personas y comunidades del continente frente a la emergencia climática.
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Leer másDenuncian violaciones al derecho a un ambiente sano en Panamá ante las Naciones Unidas
"Informe EPU Panamá 2010" / "UPR Report Panama 2010" Ciudad de Panamá, Panamá – Una coalición de catorce organizaciones ambientales y de derechos humanos denunció problemas graves para la protección de los derechos humanos, vinculados con afectaciones al ambiente en Panamá, ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el marco del mecanismo del Examen Periódico Universal (EPU). Las organizaciones formularon recomendaciones que deberían implementarse para atender esta situación. “El gobierno panameño está promoviendo un aumento escalofriante en el número de grandes proyectos en el país sin respetar los derechos humanos o el ambiente, especialmente los derechos de las comunidades afectadas,” dijo Félix Wing, Director Legal del Centro de Incidencia Ambiental (CIAM). CIAM y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) lideraron una coalición de 14 organizaciones de la sociedad civil en la presentación del informe. El informe señala tendencias alarmantes que amenazan la protección del ambiente a tal punto que están agravando la situación de derechos humanos en el país. Dentro de los problemas más graves que se identificaron están la existencia de cientos de nuevas concesiones mineras, otorgadas o en trámite, que cubren el 35% del territorio panameño; el desarrollo de más de ochenta nuevos proyectos hidroeléctricos; y varios nuevos proyectos turísticos que afectarían los recursos hídricos y costeros del país. “Nos preocupa especialmente la falta de aplicación de normas nacionales e internacionales obligatorias en la planeación y desarrollo de estos proyectos”, señala Astrid Puentes Riaño, co directora de AIDA. “De continuar esta situación, podrían violarse varios derechos humanos vinculados con el desplazamiento de poblaciones, la devastación irreversible del ambiente y el empeoramiento de la calidad de vida; con pérdidas económicas y sociales incalculables”. Entre los mayores problemas presentados en Panamá, el informe destaca los impedimentos a la participación ciudadana y la falta de consulta a los pueblos indígenas y comunidades locales. Además, han surgido nuevas barreras legales para acceder a la información pública que impiden conocer los impactos reales de un proyecto. “La participación pública y el acceso a la información son derechos humanos esenciales para proteger a las personas y al ambiente”, aclaró Félix Wing de CIAM. El informe también denuncia hostigamientos hacia defensores ambientales y el incumplimiento de recomendaciones de organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos y libertades fundamentales de los indígenas, James Anaya. El próximo 23 de noviembre, el Estado panameño será objeto del Examen Periódico Universal (EPU) ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra. Durante el Examen se evaluará información sometida por organizaciones de la sociedad civil y por el gobierno y se plantearán recomendaciones para que Panamá mejore la protección de derechos humanos. A través de estos esfuerzos, las organizaciones de la sociedad civil buscan aportar su experiencia directa respecto a las violaciones a derechos humanos, como parte del diagnóstico de la situación de Panamá frente a sus obligaciones internacionales en esta materia, con el objeto de lograr una protección más efectiva de los derechos humanos. PARA MAYOR INFORMACIÓN CONTACTAR: Félix Wing, Director Legal de CIAM, Tel. 236-0866/236-0868, [email protected] Jacob Kopas, Asesor Legal de AIDA (Colombia), Tel. (+57-1) 338-1277, [email protected] INFORMACIÓN ADICIONAL: Para bajar una copia del informe y más información: http://www.aida-americas.org/sites/default/files/refDocuments/UPRjointsub_envhrgroups_Panama.pdf El informe establece que, para garantizar la efectiva protección de los derechos humanos en Panamá, particularmente los derechos a un ambiente sano, a la vida, la salud, la integridad y la participación pública, así como el acceso a la justicia y a la información, se hace necesario que el Estado: Reconozca efectivamente el derecho a un ambiente sano, de conformidad con los estándares internacionales; Adopte las recomendaciones anteriormente emitidas por órganos internacionales de derechos humanos; Ratifique el Convenio 169 de la OIT e incorpore la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas en la legislación interna; Atienda las limitaciones al acceso a la justicia en casos de protección del derecho a un ambiente sano mediante modificaciones constitucionales y legales necesarias, la implementación de medidas para mejorar los tiempos y calidad de respuesta del sistema judicial, y la adopción de estándares proteccionistas de los derechos humanos, entre otros. Reconozca la importancia de la labor de las personas que defienden los derechos humanos e implemente medidas para garantizar la protección integral de sus derechos humanos; Elimine cualquier obstáculo a la participación pública y el acceso a la información en la práctica. Las conclusiones de este informe fueron incluidas también en un documento presentado por otra decena de organizaciones dedicadas a la promoción y defensa de distintos derechos humanos, que incluyó, además, el planteamiento de violaciones al derecho a la justicia, de los privados de libertad, de la mujer, a la no discriminación racial y al trabajo. El Examen Periódico Universal (EPU) es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para evaluar la situación de todos los derechos humanos en todos los países del mundo. En el proceso, el Consejo de Derechos Humanos examinará información proporcionado por el Estado panameño, la Oficina del Alto Comisionado sobre Derechos Humanos de las Naciones Unidas y organizaciones de la sociedad civil. ## El Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) (http://www.ciampanama.org) es una organización no gubernamental que defiende activamente los invaluables recursos naturales de Panamá ante las graves amenazas que representan las actividades incompatibles con el desarrollo sostenible. Su misión es promover la protección del ambiente, motivando la participación ciudadana, a través de la difusión del conocimiento, la construcción de redes, y la rendición de cuentas, para incidir en las decisiones y políticas relevantes. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) (http://www.aida-americas.org) es una organización de carácter hemisférico que trabaja con organizaciones no gubernamentales de derecho ambiental de Estados Unidos, Canadá, México, Costa Rica, Ecuador, Perú, Argentina y Chile, cuya misión es fortalecer la capacidad de las personas para garantizar su derecho individual y colectivo a un ambiente sano por medio del desarrollo, aplicación y cumplimiento efectivo de la legislación nacional e internacional.
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