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Luchando por justicia para víctimas de contaminación tóxica en La Oroya, Perú
Por más de 20 años, residentes de La Oroya buscan justicia y reparación por la violación de sus derechos fundamentales a causa de la contaminación con metales pesados de un complejo metalúrgico y de la falta de medidas adecuadas por parte del Estado.
El 22 de marzo de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer su fallo en el caso. Estableció la responsabilidad del Estado de Perú y le ordenó adoptar medidas de reparación integral. Esta decisión es una oportunidad histórica para restablecer los derechos de las víctimas, además de ser un precedente clave para la protección del derecho a un ambiente sano en América Latina y para la supervisión adecuada de las actividades empresariales por parte de los Estados.
Antecedentes
La Oroya es una ciudad ubicada en la cordillera central de Perú, en el departamento de Junín, a 176 km de Lima. Tiene una población aproximada de 30.533 habitantes.
Allí, en 1922, la empresa estadounidense Cerro de Pasco Cooper Corporation instaló el Complejo Metalúrgico de La Oroya para procesar concentrados de minerales con altos niveles de plomo, cobre, zinc, plata y oro, así como otros contaminantes como azufre, cadmio y arsénico.
El complejo fue nacionalizado en 1974 y operado por el Estado hasta 1997, cuando fue adquirido por la compañía estadounidense Doe Run Company a través de su filial Doe Run Perú. En 2009, debido a la crisis financiera de la empresa, las operaciones del complejo se suspendieron.
Décadas de daños a la salud pública
El Estado peruano —debido a la falta de sistemas adecuados de control, supervisión constante, imposición de sanciones y adopción de acciones inmediatas— ha permitido que el complejo metalúrgico genere durante décadas niveles de contaminación muy altos que han afectado gravemente la salud de residentes de La Oroya por generaciones.
Quienes viven en La Oroya tienen un mayor riesgo o propensión a desarrollar cáncer por la exposición histórica a metales pesados. Si bien los efectos de la contaminación tóxica en la salud no son inmediatamente perceptibles, pueden ser irreversibles o se evidencian a largo plazo, afectando a la población en diversos niveles. Además, los impactos han sido diferenciados —e incluso más graves— entre niños y niñas, mujeres y personas adultas mayores.
La mayoría de las personas afectadas presentó niveles de plomo superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud y, en algunos casos, niveles superiores de arsénico y cadmio; además de estrés, ansiedad, afectaciones en la piel, problemas gástricos, dolores de cabeza crónicos y problemas respiratorios o cardíacos, entre otros.
La búsqueda de justicia
Con el tiempo, se presentaron varias acciones a nivel nacional e internacional para lograr la fiscalización del complejo metalúrgico y de sus impactos, así como para obtener reparación ante la violación de los derechos de las personas afectadas.
AIDA se involucró con La Oroya en 1997 y desde entonces hemos empleado diversas estrategias para proteger la salud pública, el ambiente y los derechos de sus habitantes.
En 2002, nuestra publicación La Oroya No Puede Esperar ayudó a poner en marcha una campaña internacional de largo alcance para visibilizar la situación de La Oroya y exigir medidas para remediarla.
Ese mismo año, un grupo de pobladores de La Oroya presentó una acción de cumplimiento contra el Ministerio de Salud y la Dirección General de Salud Ambiental para la protección de sus derechos y los del resto de la población.
En 2006, obtuvieron una decisión parcialmente favorable del Tribunal Constitucional que ordenó medidas de protección. Pero, tras más de 14 años, no se tomaron medidas para implementar el fallo y el máximo tribunal no impulsó acciones para su cumplimiento.
Ante la falta de respuestas efectivas en el ámbito nacional, AIDA —junto con una coalición internacional de organizaciones— llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en noviembre de 2005 solicitó medidas cautelares para proteger el derecho a la vida, la integridad personal y la salud de las personas afectadas. Luego, en 2006, presentamos una denuncia ante la CIDH contra el Estado peruano por la violación de los derechos humanos de residentes de La Oroya.
En 2007, como respuesta a la petición, la CIDH otorgó medidas de protección a 65 personas de La Oroya y en 2016 las amplió a otras 15 personas.
Situación actual
Al día de hoy, las medidas de protección otorgadas por la CIDH siguen vigentes. Si bien el Estado ha emitido algunas decisiones para controlar de algún modo a la empresa y los niveles de contaminación en la zona, estas no han sido efectivas para proteger los derechos de la población ni para implementar con urgencia las acciones necesarias en La Oroya.
Esto se refleja en la falta de resultados concretos respecto de la contaminación. Desde la suspensión de operaciones del complejo en 2009, los niveles de plomo, cadmio, arsénico y dióxido de azufre no han bajado a niveles adecuados. Y la situación de las personas afectadas tampoco ha mejorado en los últimos 13 años. Hace falta un estudio epidemiológico y de sangre en los niños y las niñas de La Oroya que muestre el estado actual de la contaminación de la población y su comparación con los estudios iniciales realizados entre 1999 y 2005.
En cuanto a la denuncia internacional, en octubre de 2021 —15 años después de iniciado el proceso—, la CIDH adoptó una decisión de fondo en el caso y lo presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras establecer la responsabilidad internacional del Estado peruano en la violación de derechos humanos de residentes de La Oroya.
La Corte escuchó el caso en una audiencia pública en octubre de 2022. Más de un año después, el 22 de marzo de 2024, el tribunal internacional dio a conocer la sentencia del caso. En su fallo, el primero en su tipo, responsabiliza al Estado peruano por violar los derechos humanos de residentes de La Oroya y le ordena la adopción de medidas de reparación integral que incluyen remediación ambiental, reducción y mitigación de emisiones contaminantes, monitoreo de la calidad del aire, atención médica gratuita y especializada, indemnizaciones y un plan de reubicación para las personas afectadas.
Conoce los aportes jurídicos de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso de La Oroya
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Declaración: Cumbre de los Pueblos sobre el Clima, los Derechos y la Supervivencia Humana
Para lograr justicia climática, quienes firmamos esta declaración acordamos lo siguiente:Intensificaremos nuestros esfuerzos para que los derechos humanos ocupen un lugar primordial en el activismo climático. Lo haremos siguiendo el ejemplo de pueblos indígenas, jóvenes, mujeres, personas que viven en la pobreza, personas con discapacidad, personas dedicadas a la pesca, la agricultura y la ganadería, comunidades locales, personas trabajadoras y otros grupos afectados de manera desproporcionada que lideran la lucha contra las actividades que destruyen el planeta y en favor de la justicia climática.Exigiremos una actuación inmediata, audaz, impulsada por las personas y respetuosa con los derechos humanos de magnitud sin precedentes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y proteger así a las personas, los ecosistemas y la biodiversidad frente al colapso climático. Esta actuación requiere una transformación de nuestros sistemas económicos, sociales y políticos para abordar las desigualdades existentes en todos los aspectos de la vida, que incluye la distribución equitativa de los recursos, en particular mediante la reducción del consumo innecesario por grupos privilegiados. Es fundamental que logremos una importante y rápida reducción de las emisiones globales y un futuro sin combustibles fósiles para limitar el aumento de la temperatura lo más posible, y en todo caso a 1,5 °C como máximo, pues los actuales niveles de calentamiento ya están causando violaciones de derechos humanos.Exigiremos que todas las políticas, medidas y acciones climáticas de los gobiernos respeten, protejan y hagan efectivos los derechos humanos, incluido el derecho de las personas a ser plenamente informadas y empoderadas para participar de forma significativa en la toma de decisiones relacionadas con el clima, y que las empresas cumplan con su responsabilidad de respetar los derechos humanos en sus cadenas de suministro. Nos opondremos a toda política o acción destinada a combatir el cambio climático o a facilitar la adaptación climática que sacrifique los derechos humanos, o que tenga como resultado el agravamiento de las desigualdades, el empobrecimiento, el hambre, la desposesión y la exclusión económica, social y política.Incrementaremos la presión sobre los países y empresas con mayor responsabilidad en el cambio climático y con más recursos. Exigimos que todos los países establezcan y cumplan con urgencia objetivos de reducción de las emisiones basados en datos científicos y compatibles con la protección de los derechos humanos, ajustándose a los plazos para su cumplimiento o adelantándose a ellos. Nos opondremos a los intentos de trasladar la carga y la responsabilidad que conlleva esta transformación de los países con elevadas emisiones a aquellos que tienen menos recursos y un historial de emisiones más bajo, y de empresas y grupos privilegiados a grupos menos privilegiados. Obligaremos a quienes tienen más responsabilidad en la crisis a reconocer sus propios actos y tomar medidas en consecuencia.Instaremos a los Estados con más recursos y responsabilidad en el cambio climático a proporcionar los medios económicos y tecnológicos necesarios a los países del Sur global para facilitar sus ambiciosos planes de mitigación del cambio climático y adaptación a él. Exigimos que esos Estados también proporcionen los medios adecuados —indemnizaciones incluidas— a las comunidades y particulares afectados para hacer frente a las pérdidas y los daños causados por la crisis climática, consultándolos siempre y respetando sus costumbres y derechos individuales y colectivos. Fomentaremos la transparencia y el uso adecuado de esos recursos y nos opondremos a la creación de cargas económicas y deudas adicionales como consecuencia de este apoyo.Combatiremos sin descanso el control empresarial de las políticas y las instituciones, y exigiremos rendición de cuentas a los sectores que destruyen el clima y a quienes los financian.Exigiremos una transición justa, equitativa e inclusiva en el proceso de abandonar los combustibles fósiles e ir hacia una agricultura sostenible y una energía renovable que empodere a pueblos indígenas, personas trabajadoras, personas dedicadas a la pesca, la agricultura y la ganadería y comunidades locales, en lugar de privarlos de sus derechos. Reclamaremos medidas que garanticen que todas las personas, especialmente las que sufren discriminación, tienen acceso a educación en asuntos relacionados con el clima y a los recursos, la formación, el conocimiento y los empleos dignos que son necesarios para una transición impulsada por las personas hacia una sociedad sin emisiones de carbono y resiliente.Trabajaremos para conseguir la protección, el respeto y el cumplimiento de los derechos de los pueblos indígenas, incluido el derecho a sus tierras y territorios ancestrales. Reclamaremos la protección, el reconocimiento y la promoción de los conocimientos locales y tradicionales que han demostrado ser eficaces y adecuados para abordar la crisis climática y para hacer posible la transición y la resiliencia tan necesarias en nuestros sistemas de alimentación, siempre con el consentimiento de los pueblos indígenas y en su beneficio.Exigiremos un acceso efectivo y adecuado a la justicia de aquellas personas y comunidades cuyos derechos se vean afectados por la crisis climática o la falta de acción climática, incluidas las afectadas por pérdidas y daños de origen climático y aquéllas cuyos derechos están amenazados debido a los desplazamientos relacionados con el clima. Trabajaremos para garantizar que pueden disfrutar del acceso a la justicia y a recursos efectivos y que se piden cuentas a los responsables de los daños relacionados con el cambio climático. 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Organizaciones y jóvenes de huelga climática suman esfuerzos
Diversas organizaciones de la sociedad civil anuncian su participación en la semana de acción global por el futuro del 20 al 27 de septiembre. Demandan que México declare Emergencia Climática y tome acción inmediata correspondiente. Ciudad de México. Por este medio, queremos informarles que 39 organizaciones de la sociedad civil trabajando temas diversos nos sumamos a la iniciativa de jóvenes de Fridays For Future Ciudad de México para llamar la atención sobre la grave crisis climática global y la urgente necesidad de tomar acciones sin precedentes para evitar peores escenarios en el futuro. Las consecuencias sociales, ambientales y económicas de mantener los modelos de producción y de consumo actuales serán sufridas en mayor medida por las personas jóvenes, niños, niñas y por quienes aún no nacen. Debido a lo anterior, la legítima demanda de acción y justicia climática de jóvenes alrededor del mundo cada vez suma más voces. Hoy, México ocupa el puesto número 13 de países con mayores emisiones de contaminantes a la atmósfera, esto quiere decir que somos corresponsables de todas las consecuencias, impactos y cambios que vemos actualmente en el planeta. Nuestro país tiene la oportunidad de tomar acciones inmediatas y efectivas para reducir sus emisiones, eliminar el uso de combustibles fósiles y adoptar un modelo basado en energías renovables y asegurar la distribución equitativa de recursos, así como buscar sistemas sustentables de producción de alimentos. No podemos seguir otorgando permisos, tiempo y concesiones a las empresas para que continúen con sus prácticas contaminantes. En México, el 69% de la población y 71% de las actividades económicas son vulnerables a los efectos del cambio climático, lo cual contribuye a exacerbar las crisis y desigualdades sociales. El incremento de la temperatura tendrá una consecuencia directa en la pérdida de especies, contaminación local, mala calidad del aire, agua y suelo, así como en la ya reducida disponibilidad de agua dulce. Será también un factor que agravará las tendencias migratorias, acelerando y generando conflictos geopolíticos en la región, atentando directamente contra los derechos humanos, especialmente de los grupos más vulnerables. Por todo lo expuesto anteriormente, nuestras demandas son las siguientes: Declaración de emergencia climática nacional. Que el Gobierno de México reconozca la crisis ambiental que vivimos y emita una declaratoria de “Emergencia climática” que establezca como prioridad nacional la integración de políticas y esfuerzos climáticos con mecanismos claros y verificables, así como presupuesto suficiente y metas anuales para cumplir con las Contribuciones Previstas y Determinadas a Nivel Nacional que limiten el aumento de la temperatura global a 1.5°C. Compromiso nacional e internacional con un plan detallado. Que el gobierno de México presente ante la Cumbre sobre la Acción Climática de Naciones Unidas (que se llevará a cabo en Nueva York el próximo 23 de septiembre) un plan detallado en donde se comprometa a incrementar sustancialmente sus acciones actuales para poner el país en la trayectoria identificada por el IPCC. Reducción de las emisiones de GEI al 50% en 2030 y alcanzar cero emisiones en 2050. Que se tomen todas las medidas necesarias incluyendo el abandono gradual pero acelerado del uso de combustibles fósiles impulsando una transición energética justa hacia energías renovables. Enfoque de derechos humanos en las acciones por el clima. Que el gobierno de México garantice acciones climáticas que respeten y protejan los derechos humanos de todas y todos los mexicanos, apelando a medidas efectivas de reparación y que garanticen un futuro sostenible para la presente y futuras generaciones. Empezando por la ratificación y establecimiento del marco legal necesario para cumplir con el Acuerdo de Escazú sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales. Agricultura sostenible. Que se prohíba el uso de químicos, pesticidas y productos genéticamente modificados, con el fin de rescatar las formas de producción de alimentos tradicionales y locales; y que al mismo tiempo se diseñe una política de adaptación que parta de la contribución que la siembra y cultivo agroecológicos tienen para el enfriamiento del planeta. De igual manera, establecer políticas que disminuyan el enorme impacto negativo que tienen las técnicas de agricultura predominantes. Como organizaciones preocupadas por la emergencia climática a nivel global, nos sumaremos a la semana de acción global por el futuro del 20 al 27 de septiembre para demandar acción inmediata por la crisis climática organizando, difundiendo y participando en las actividades cuyo calendario se anexa. Organizaciones convocantes: Fridays For Future CDMX Alianza Internacional de Habitantes Alianza Mexicana contra el Fracking Asamblea Ciudadana del Pueblo de Xoco Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán Asociación de Consumidores Orgánicos Asociación de Usuarios del Agua de Saltillo AUAS, A.C. Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Bicitekas Bike Recycling México CCL (Ciudadn@s por un Clima Vivible) Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (CEMDA) Centro para la Diversidad Biológica Colectivo E3 Contaminantes Anónimus Coordinadora Nacional de Usuarios en Resistencia - CONUR Coordinadora Socialista Revolucionaria - CSR El Poder del Consumidor Extinction Rebellion - México Food & Water Watch Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua, Morelos, Puebla, Tlaxcala Fundar – Centro de Análisis e Investigación Greenpeace México Grupo de Estudios Ambientales GEA Huerto Roma Verde La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (La Vida) Llamado Mundial para Frenar el Cambio Climático Misión Planeta A.C. Pobladores A.C. Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e Investigación (PODER) Raké (Sociedad de alumnos de Relaciones Internacionales de la Ibero) Reacción por el Planeta Red por los Derechos de la Infancia en México Regeneration International Ruta Cívica Servicios y Asesoría para la Paz A.C. Taller13 Contacto de prensa: [email protected]
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Celebramos que el Consejo de Estado mantenga la suspensión del fracking en Colombia
Nos sentimos orgullosos de ser parte del litigio en el que esta decisión ocurre y esperamos que el alto tribunal siga priorizando el principio de precaución y considerando los riesgos de daños que el fracking implica para el ambiente y la salud humana. Bogotá, Colombia. En el marco de la demanda de nulidad interpuesta por la Clínica Jurídica de Interés Público de la Universidad del Norte, el Consejo de Estado se abstuvo de revertir la suspensión provisional de la reglamentación para la exploración y explotación de yacimientos no convencionales de hidrocarburos mediante fracturación hidráulica. Ello significa que esa técnica continúa suspendida, que actualmente no es legal llevarla a cabo y que Colombia vive una moratoria al frackingpor orden judicial. Con su decisión, el Consejo de Estado, alto tribunal colombiano, desestimó la solicitud presentada por el gobierno, que buscaba levantar la suspensión vigente desde noviembre del año pasado y dar vía libre al fracking en el país. Desde AIDA celebramos la decisión adoptada por el Consejo de Estado y nos sentimos muy honrados de ser parte de este litigio. Se trata sin duda de un paso en la dirección correcta ante el alto grado de incertidumbre sobre los riesgos asociados al fracking. Entre ellos están la contaminación del aire y de fuentes de agua superficiales y subterráneas, daños a la salud humana y emisiones de metano a la atmósfera, potente gas de efecto invernadero y una de las causas principales de la crisis climática que el mundo enfrenta. En ese escenario, la urgencia de transitar hacia energías limpias es evidente. El alto tribunal concluyó que se debía aplicar el principio de precaución ya que, incluso sin certeza científica absoluta, hay pruebas mínimas de daños potenciales derivadas de una aparente deficiencia en las medidas contempladas en la reglamentación del fracking. Colombia apunta hoy a ser un ejemplo para América Latina. La suspensión provisional de la reglamentación corresponde a una medida cautelar mientras se resuelve definitivamente el caso. Es fundamental que el Consejo de Estado continúe dando prioridad al principio de precaución, teniendo en cuenta la falta de certeza plena sobre los riesgos de daños irreversibles que el fracking implica para el ambiente, el clima y para las personas. En AIDA saludamos la independencia judicial, pues es fundamental para la protección del ambiente por medio del derecho. Esperamos que el proceso judicial en curso considere apropiadamente las pruebas y argumentos presentados, incluidos los relacionados con una tarea cada vez más urgente: la lucha contra la emergencia climática. Contacto de prensa: Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +5215570522107
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