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Luchando por justicia para víctimas de contaminación tóxica en La Oroya, Perú
Por más de 20 años, residentes de La Oroya buscan justicia y reparación por la violación de sus derechos fundamentales a causa de la contaminación con metales pesados de un complejo metalúrgico y de la falta de medidas adecuadas por parte del Estado.
El 22 de marzo de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer su fallo en el caso. Estableció la responsabilidad del Estado de Perú y le ordenó adoptar medidas de reparación integral. Esta decisión es una oportunidad histórica para restablecer los derechos de las víctimas, además de ser un precedente clave para la protección del derecho a un ambiente sano en América Latina y para la supervisión adecuada de las actividades empresariales por parte de los Estados.
Antecedentes
La Oroya es una ciudad ubicada en la cordillera central de Perú, en el departamento de Junín, a 176 km de Lima. Tiene una población aproximada de 30.533 habitantes.
Allí, en 1922, la empresa estadounidense Cerro de Pasco Cooper Corporation instaló el Complejo Metalúrgico de La Oroya para procesar concentrados de minerales con altos niveles de plomo, cobre, zinc, plata y oro, así como otros contaminantes como azufre, cadmio y arsénico.
El complejo fue nacionalizado en 1974 y operado por el Estado hasta 1997, cuando fue adquirido por la compañía estadounidense Doe Run Company a través de su filial Doe Run Perú. En 2009, debido a la crisis financiera de la empresa, las operaciones del complejo se suspendieron.
Décadas de daños a la salud pública
El Estado peruano —debido a la falta de sistemas adecuados de control, supervisión constante, imposición de sanciones y adopción de acciones inmediatas— ha permitido que el complejo metalúrgico genere durante décadas niveles de contaminación muy altos que han afectado gravemente la salud de residentes de La Oroya por generaciones.
Quienes viven en La Oroya tienen un mayor riesgo o propensión a desarrollar cáncer por la exposición histórica a metales pesados. Si bien los efectos de la contaminación tóxica en la salud no son inmediatamente perceptibles, pueden ser irreversibles o se evidencian a largo plazo, afectando a la población en diversos niveles. Además, los impactos han sido diferenciados —e incluso más graves— entre niños y niñas, mujeres y personas adultas mayores.
La mayoría de las personas afectadas presentó niveles de plomo superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud y, en algunos casos, niveles superiores de arsénico y cadmio; además de estrés, ansiedad, afectaciones en la piel, problemas gástricos, dolores de cabeza crónicos y problemas respiratorios o cardíacos, entre otros.
La búsqueda de justicia
Con el tiempo, se presentaron varias acciones a nivel nacional e internacional para lograr la fiscalización del complejo metalúrgico y de sus impactos, así como para obtener reparación ante la violación de los derechos de las personas afectadas.
AIDA se involucró con La Oroya en 1997 y desde entonces hemos empleado diversas estrategias para proteger la salud pública, el ambiente y los derechos de sus habitantes.
En 2002, nuestra publicación La Oroya No Puede Esperar ayudó a poner en marcha una campaña internacional de largo alcance para visibilizar la situación de La Oroya y exigir medidas para remediarla.
Ese mismo año, un grupo de pobladores de La Oroya presentó una acción de cumplimiento contra el Ministerio de Salud y la Dirección General de Salud Ambiental para la protección de sus derechos y los del resto de la población.
En 2006, obtuvieron una decisión parcialmente favorable del Tribunal Constitucional que ordenó medidas de protección. Pero, tras más de 14 años, no se tomaron medidas para implementar el fallo y el máximo tribunal no impulsó acciones para su cumplimiento.
Ante la falta de respuestas efectivas en el ámbito nacional, AIDA —junto con una coalición internacional de organizaciones— llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en noviembre de 2005 solicitó medidas cautelares para proteger el derecho a la vida, la integridad personal y la salud de las personas afectadas. Luego, en 2006, presentamos una denuncia ante la CIDH contra el Estado peruano por la violación de los derechos humanos de residentes de La Oroya.
En 2007, como respuesta a la petición, la CIDH otorgó medidas de protección a 65 personas de La Oroya y en 2016 las amplió a otras 15 personas.
Situación actual
Al día de hoy, las medidas de protección otorgadas por la CIDH siguen vigentes. Si bien el Estado ha emitido algunas decisiones para controlar de algún modo a la empresa y los niveles de contaminación en la zona, estas no han sido efectivas para proteger los derechos de la población ni para implementar con urgencia las acciones necesarias en La Oroya.
Esto se refleja en la falta de resultados concretos respecto de la contaminación. Desde la suspensión de operaciones del complejo en 2009, los niveles de plomo, cadmio, arsénico y dióxido de azufre no han bajado a niveles adecuados. Y la situación de las personas afectadas tampoco ha mejorado en los últimos 13 años. Hace falta un estudio epidemiológico y de sangre en los niños y las niñas de La Oroya que muestre el estado actual de la contaminación de la población y su comparación con los estudios iniciales realizados entre 1999 y 2005.
En cuanto a la denuncia internacional, en octubre de 2021 —15 años después de iniciado el proceso—, la CIDH adoptó una decisión de fondo en el caso y lo presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras establecer la responsabilidad internacional del Estado peruano en la violación de derechos humanos de residentes de La Oroya.
La Corte escuchó el caso en una audiencia pública en octubre de 2022. Más de un año después, el 22 de marzo de 2024, el tribunal internacional dio a conocer la sentencia del caso. En su fallo, el primero en su tipo, responsabiliza al Estado peruano por violar los derechos humanos de residentes de La Oroya y le ordena la adopción de medidas de reparación integral que incluyen remediación ambiental, reducción y mitigación de emisiones contaminantes, monitoreo de la calidad del aire, atención médica gratuita y especializada, indemnizaciones y un plan de reubicación para las personas afectadas.
Conoce los aportes jurídicos de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso de La Oroya
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Razones y acciones para brindar protección especial a pueblos indígenas y afrodescendientes ante la pandemia COVID-19
Los pueblos indígenas y afrodescendientes de América Latina y el Caribe han sido actores esenciales en la protección de la naturaleza, de ecosistemas clave y, en suma, de la vida de todos los seres que habitamos el planeta. Al mismo tiempo, han sufrido históricamente discriminación, exclusión y la violación de sus derechos, viendo amenazada su supervivencia. Según el informe Hacia un futuro Inclusivo, sostenible y justo, elaborado por la Organización Internacional del Trabajo, América Latina es la región con mayor proporción de grupos indígenas y tribales en pobreza extrema. En el contexto actual de crisis sanitaria global por la pandemia COVID-19, la vulnerabilidad de los pueblos indígenas y afrodescendientes en la región se ha incrementado de manera preocupante por al menos tres razones: 1. La pandemia agrava la falta de acceso de comunidades étnicas a sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales Tanto Naciones Unidas como el Sistema Interamericano de Derechos Humanos han llamado la atención sobre al indivisibilidad e interdependencia de todos los derechos humanos. Sin embargo, las comunidades étnicas han enfrentado históricamente la ausencia de garantías para el goce de sus derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Muchos de estos pueblos no tienen acceso efectivo a servicios de salud, saneamiento y seguridad social. Y debido a la deforestación y el avance de la frontera agrícola en sus territorios, enfrentan cada vez más desafíos para asegurar su soberanía alimentaria, enfrentar nuevas enfermedades y ajustar sus sistemas de medicina tradicional. Además, varios de ellos tienen graves problemas para acceder a bienes indispensables como el agua y la alimentación. Las barreras para el acceso a estos servicios en condiciones de calidad se han hecho más grandes con la crisis sanitaria actual, haciendo más vulnerables a estas poblaciones y poniendo en riesgo su supervivencia misma como pueblos. Es una realidad abrumadora para la región. En un pronunciamiento reciente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su preocupación al respecto afirmando que, a nivel local, los “procesos pandémicos producen impactos desproporcionados sobre poblaciones con mayores dificultades de acceso a estructuras sanitarias y tecnologías de atención a la salud dentro de los países, como pueblos indígenas…” A nivel regional, la COICA (Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica), se declaró en emergencia ante la crisis sanitaria. En Guatemala, la Comisión Internacional de Juristas denunció que los pueblos indígenas “enfrentan el riesgo de sufrir los efectos destructivos de la pandemia COVID-19, debido a la discriminación histórica y sistemática en su contra” y que en la crisis actual “no tienen acceso a información clara y sencilla para saber cómo protegerse de la pandemia y cómo ser protegidos durante la emergencia por el Sistema de Salud”. Líderes indígenas en Perú denunciaron escasez de alimentos y deficiencias en la atención de salud, solicitando el abastecimiento de artículos de primera necesidad en las comunidades y la definición de protocolos para llevar insumos. En Colombia, la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC) denunció que más de 191.000 familias indígenas están en riesgo de contagio y que para cerca de 513.000 familias la crisis humanitaria debido a la pandemia es inminente. Además, la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas aseguró que esa población está en alto riesgo y que “los territorios mayoritariamente afrodescendientes no cuentan con una red de equipamientos y personal que le permita atender debidamente las posibles personas afectadas” La situación en Brasil es la misma. De 471 tierras indígenas, 13 tienen índices de vulnerabilidad crítica respecto de la pandemia. En los estados de la Amazonia Legal, 239 tierras indígenas tienen índices de vulnerabilidad intensos o altos. En general, el índice varía entre moderado, alto, intenso y crítico. Además, menos del 10% de los municipios brasileños con tierras indígenas tienen camas disponibles en la Unidad de Cuidados Intensivos y el sistema de salud indígena sólo atiende enfermedades comunes. Sin la orientación de los departamentos de salud, muchos grupos indígenas están tomando medidas preventivas por su cuenta para evitar que la pandemia llegue a sus territorios. Esas medidas incluyen el aislamiento voluntario, campañas de higiene, la suspensión de grandes movilizaciones, eventos y viajes; e incluso el cierre del tráfico entre pueblos para evitar el avance de la enfermedad. 2. Las comunidades étnicas requieren medidas diferenciadas, pero la respuesta de los Estados aún es insuficiente En distintos países de la región, comunidades indígenas están denunciando que las medidas adoptadas por autoridades frente a la pandemia han sido precarias y culturalmente inadecuadas porque no consideran los usos y costumbres de esos pueblos. La CIDH y la Relatoría para los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales han reiterado que los Estados deben adoptar respuestas culturalmente adecuadas, oportunas y efectivas para garantizar los derechos de los pueblos indígenas ante la pandemia. La CIDH recordó a los Estados su obligación de otorgar “protección especial” a la población indígena, así como “la importancia de proporcionarle información sobre la pandemia de forma sencilla y, en lo posible, en su idioma tradicional”. También se refirió a las comunidades afrodescendientes y tribales, instando a “visibilizar” su situación y “especialmente a incluir una perspectiva étnico-racial con un enfoque interseccional en todas las medidas de respuesta implementadas tanto en el ámbito nacional, como en las respuestas regionales que se puedan articular”. En México, el Colectivo de Comunidades Mayas de Hopelchén hizo una denuncia pública al gobierno mexicano por la falta de implementación de una estrategia oficial para informar a los pueblos indígenas mayas sobre los riesgos que enfrentan ante la crisis sanitaria. En Ecuador, la OMS advirtió la falta de protocolos para pueblos y nacionalidades indígenas frente a la pandemia. Señaló que es fundamental que los programas sociales de alimentación lleguen a estas comunidades y al sector rural, y que las campañas de prevención lleguen en sus idiomas propios. La situación se agrava por la poca conectividad de muchos de estos pueblos, que carecen de vías terrestres, aéreas y/o fluviales. Esto obstaculiza su movilidad y su acceso a servicios sociales, a internet y a información sobre la pandemia, las medidas estatales adoptadas y acerca de las acciones de autocuidado a implementar. 3. Los derechos territoriales de comunidades indígenas y afrodescendientes siguen siendo vulnerados En medio de la emergencia sanitaria y del confinamiento decretado en varios países de la región, gobiernos y otros actores han adoptado medidas o promovido iniciativas que desconocen el derecho a la consulta previa, ocasionan la flexibilización de requisitos ambientales para proyectos de desarrollo de alto impacto y favorecen la falta de garantía efectiva para la participación ciudadana en asuntos ambientales. En Colombia, el gobierno nacional promovió la realización de consultas previas de manera virtual. La Comisión Nacional de Territorios Indígenas y varias organizaciones de derechos humanos rechazaron la iniciativa que finalmente fue derogada. Sin embargo, la preocupación persiste por la solicitud de empresarios al gobierno para la flexibilización de permisos ambientales en el país, un instrumento vital para proteger el ambiente y los territorios indígenas. En Brasil, las amenazas de la pandemia a las comunidades indígenas se agravan con la invasión de territorios indígenas y con el aumento de la violencia y amenazas a sus dirigentes. En Roraima, Mato Grosso y Bahía, los pueblos indígenas bloquearon carreteras y construyeron barreras para impedir que invasores entren en sus tierras. Estos riesgos también vienen del Estado. La Fundación Nacional del Indio (FUNAI) publicó un acto administrativo para la emisión de una declaración de reconocimiento de límites en relación con las propiedades privadas en tierras indígenas. Con ello pretende permitir la emisión de títulos de propiedad para una parte de los invasores de tierras indígenas, legitimando sus acciones. En México, organizaciones y comunidades denunciaron que el gobierno federal mantendrá en curso las actividades del denominado “tren maya” pese a que su construcción no es esencial en el contexto de la pandemia, poniendo en riesgo a la población encargada de su construcción e impidiendo el acceso a información y justicia de comunidades dada la suspensión de plazos en instituciones estatales y la imposibilidad de recurrir a mecanismos judiciales idóneos. En Bolivia, la Coordinadora Nacional en Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas manifestó que los pueblos indígenas son vulnerables no sólo al coronavirus, sino también a lo que vendrá después: “un hueco grande en la economía global” y, por tanto, “una excusa para que se arremeta más contra la naturaleza, los territorios indígenas y las áreas naturales protegidas donde ellos están”. En este tema, la CIDH reiteró a los Estados “la importancia de reconocer los derechos territoriales de propiedad colectiva a las comunidades afrodescendientes y garantizarles el derecho efectivo de consulta y consentimiento previo, libre e informado, respetando su libre autodeterminación”. Asimismo, instó a los Estados a “abstenerse de promover iniciativas legislativas o proyectos que afecten territorios étnicos durante el tiempo en que dure esta pandemia, en virtud de la imposibilidad de llevar adelante dichos procesos de consulta”. Hacia una atención de la emergencia sanitaria que respete los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes Los pueblos indígenas y afrodescendientes representan una de las riquezas más importantes del continente. Su residencia milenaria y su cosmovisión —que respeta la naturaleza y las vidas que habitan en ella— han sido y son un legado invaluable y serán un elemento indispensable para promover reflexiones sobre la crisis sanitaria y la crisis ecológica que enfrentamos globalmente. Los aportes de las comunidades étnicas y sus saberes ancestrales, que han trascendido el tiempo y contribuido a la supervivencia del planeta, son esenciales en la implementación de medidas de prevención y atención de la pandemia. Así lo enfatizó la Presidenta del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas: “Los pueblos indígenas pueden contribuir a buscar soluciones. Sus buenas prácticas de curación y conocimiento tradicional, como el cercamiento de sus comunidades para prevenir la propagación de enfermedades y el aislamiento voluntario, se observan con atención en todo el mundo hoy en día”. Proteger a estos pueblos para que la pandemia no amenaza su vida e integridad es un deber moral e histórico y una obligación internacional de todos los Estados. Por los mismo es imprescindible que los Estados: Promuevan planes de atención y protocolos de emergencia especiales para comunidades étnicas y otras poblaciones en condición de vulnerabilidad, con un enfoque de derechos humanos y desde una mirada diferencial. Apoyen las iniciativas que, desde el autogobierno y la autonomía, algunos pueblos afrodescendientes y comunidades indígenas han tomado para enfrentar la crisis de la pandemia, entre ellas estrategias de aislamiento voluntario, el uso de medicina tradicional y la realización de campañas internas de información y comunicación. Se abstengan de promover medidas que desconozcan los derechos territoriales de los pueblos indígenas y afrodescendientes. AIDA urgió a los Estados a suspender la aprobación de licencias ambientales y de otro tipo de permisos oficiales para proyectos sensibles y que no tengan relación con la respuesta a la crisis sanitaria, hasta tanto se puedan garantizar adecuadamente los derechos humanos. Suspendan las consultas previas hasta que exista condiciones para garantizar los derechos de los pueblos indígenas.
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Aplaudimos la exclusión de Eletrobras del fondo petrolero noruego
El Consejo de Ética que rige al mayor fondo soberano del mundo recomendó la medida debido a la participación de la empresa estatal brasileña en el proyecto hidroeléctrico Belo Monte, asociado con graves violaciones a los derechos humanos de pueblos indígenas. El pasado 13 de mayo, el fondo petrolero noruego, considerado el mayor fondo soberano del mundo, excluyó de su cartera de inversiones a doce compañías por razones éticas, entre ellas a la brasileña Eletrobras por su participación en el proyecto hidroeléctrico Belo Monte. El fondo es gestionado por el banco público Norges Bank Investment Management, que sigue las recomendaciones que cada año hace el Consejo Ético para que las inversiones se ajusten a criterios determinados. El Consejo señaló que el proyecto Belo Monte, a cargo del consorcio Norte Energía —del cual Eletrobras es parte—, provocó “una mayor presión sobre tierras indígenas, la desintegración de las estructuras sociales de los pueblos indígenas y el deterioro de sus modos de vida” con el desplazamiento forzado de unas 20 mil personas. AIDA —como parte de un esfuerzo conjunto de la sociedad civil— informó al Consejo de la situación de la población indígena y ribereña afectada por el proyecto, de los impactos sociales y ambientales del mismo, de la situación operativa de la represa y de la situación actual de las acciones judiciales nacionales e internacionales interpuestas contra el proyecto. Consideramos que la decisión del Consejo debe ser aplaudida ya que desincentiva la continuidad de proyectos no sostenibles y mal llamados de desarrollo, que amenazan la supervivencia de pueblos indígenas y tradicionales, como es el caso de Belo Monte. Creemos fundamental que los bancos, instituciones financieras internacionales y fondos monetarios tengan en cuenta los impactos probables de los proyectos que financian. Apoyar a proyectos social y ambientalmente sostenibles por encima de iniciativas que priorizan el beneficio económico y no la protección de los derechos humanos y el ambiente demuestra una inversión responsable y ética. Contacto de prensa Victor Quintanilla, [email protected], +5215570522107
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México: CENACE obstaculiza transición energética necesaria para combatir el cambio climático
El Acuerdo emitido por CENACE no tiene justificación técnica ni jurídica y tiene implicaciones muy severas en cuestiones de salud y emisiones de gases efecto invernadero. El Acuerdo beneficia la generación de electricidad sucia, cara y obsoleta a partir de combustóleo resultante de procesos de refinación. Las modificaciones realizadas atentan contra el cumplimiento de los objetivos climáticos establecidos en la Ley General de Cambio Climático y a lo comprometido por México en el Acuerdo de París. Ciudad de México. El Acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional y emitido por el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) el pasado 29 de abril, justificado absurdamente y sin sentido por la crisis sanitaria del COVID-19, representa un obstáculo y una amenaza a la ya insuficiente política climática y a la consecución de las Contribuciones Nacionalmente Determinadas que el Estado mexicano presentó en cumplimiento al Acuerdo de París y que están estipuladas en la Ley General de Cambio Climático y la Ley de Transición Energética, limitando la operación de las plantas de generación renovable y frenando, sin justificación técnica ni jurídica, la entrada en operación de las nuevas plantas que ganaron las subastas de energía. Las energías renovables, lejos de poner en riesgo el sistema eléctrico nacional, pueden construir un sistema más resiliente, justo y accesible. En un país en el que más del 30% de los hogares sufren algún tipo de pobreza energética, está claro que el sistema eléctrico basado en proyectos fósiles centralizados no ha sido efectivo en generar acceso; las energías renovables, además de coadyuvar a la consecución de las metas climáticas de México, combaten la pobreza energética, generan empleos y fomentan el ahorro y eficiencia en el consumo de energía. El reciente Acuerdo emitido por el CENACE abre la oportunidad de poner en marcha plantas de generación eléctricas a base de combustóleo (combustible residual de los procesos de refinación de petróleo) que estaban en desuso y programadas para ser retiradas del sistema eléctrico debido a su ineficiencia, altos costos económicos, de salud, ambientales y por sus emisiones de gases efecto invernadero. Recordemos que tan sólo por la contaminación por material particulado en México el Instituto de Evaluación y Métricas en Salud (IHME) de la Universidad de Washington estima que en 2017 murieron al menos 36 mil personas. Este Acuerdo se une al resto de medidas, cambios en las leyes y políticas realizadas durante la presente administración que han dado marcha atrás a los mecanismos de acción climática que se habían desarrollado en nuestro país, han frenado el desarrollo de energías renovables y ponen en riesgo el cumplimiento de leyes y compromisos internacionales que mandatan la reducción de emisiones de GEI en nuestro país. Las políticas de SENER harán que México sea el primer país del G20 que, en los hechos, incumpla los compromisos del Acuerdo de París. Ejemplos de estas políticas regresivas que ya hemos abordado desde el OCCA son: La negativa de la Secretaría de Energía para que México ratifique el Anexo VI del Convenio MARPOL, el cual reduciría para 2030 la siguientes emisiones del transporte marítimo: el 71% del material particulado, el 71% de carbono negro, 80% de emisiones de dióxido de azufre, 81% de emisiones de óxidos de nitrógeno; La postergación de la cobertura nacional de diésel de ultra bajo azufre hasta 2024; La cancelación de subastas de energía limpia; La publicación, en octubre de 2019, del Acuerdo por el que se Modifican los lineamientos que establecen los criterios para el otorgamiento de Certificados de Energía Limpia; La Resolución de la CRE para autorizar a Pemex el suministro temporal de diésel de 500 partes por millón (ppm) en algunas regiones de Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz, que están definidas dentro de las zonas de suministro de diésel de Ultra Bajo Azufre (UBA, menos de 15 ppm). De acuerdo con la Prospectiva de Energías Renovables 2018-2032 de México, entre 2007 y 2017 la capacidad instalada de generación eléctrica con energías renovables venía creciendo a una tasa media anual de 4.5% y fueron las energías eólica y solar las que presentaron la mayor tasa de crecimiento promedio con el 47.6% y 43.2% respectivamente. En tanto el Renewables 2019, Global Status Report destacaba que México había entrado a la lista de los diez países con mayores adiciones de energía solar fotovoltaica. Sin embargo, en lo que se refiere a la generación de energía eólica, el Global Wind Report 2019 hace mención que la voluntad política vacilante de México ha creado un ritmo debilitante de estancamiento para el desarrollo de la industria eólica. Cabe señalar que el Global Trends in Renewable Energy Investment 2019 indica que la inversión en capacidad instalada renovable cayó 38% en 2018 y que debido a la incertidumbre en el marco regulatorio es muy probable que la inversión se reduzca aún más. Por su parte, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) reporta que México es el segundo país latinoamericano con menor proporción de energías renovables en la oferta energética total, solamente detrás de Barbados. Lo anterior es sumamente grave y preocupante en el contexto actual pues, además de los retos en materia de salud que nos ha dejado ver la pandemia del COVID-19, existe la necesidad de reconstruir las economías de los países a partir de medidas y políticas más sostenibles que fortalezcan la resiliencia de las poblaciones en el mediano y largo plazo. En ese sentido, precisamente la generación de energía a partir de fuentes renovables y limpias es una solución clave para esta recuperación, y desde ya los gobiernos habrían de estar generando las condiciones y los incentivos apropiados para que suceda esta transición energética. Sin embargo, el multicitado Acuerdo nos lleva en sentido opuesto a dicha reconstrucción. 1- Villarreal J. Tornel C. La Transición Energética en México: retos y oportunidades para una política ambientalmente sustentable y socialmente justa, Friedrich Ebert Stiftung (FST), México, 2017. Disponible en: https://bit.ly/3dlV82d 2. International Energy Transition (IET), Making Societies More Resilient! The role of renewables in COVID-19 recovery packages, Hamburg, 2020. 3. Secretaría de Energía (SENER), Prospectiva del sector eléctrico, 2018-2032, México, 2018. Disponible en: https://bit.ly/2SGWfSt 4. PEMEX produce aproximadamente un 33% de gasolinas, 20% diésel y entre 24% a 29% de combustóleo, y que de éste último ha sufrido una caída de casi 60% en sus ventas en los últimos cuatro años. 5. Disponible en: https://bit.ly/359RoOw 6. United Nations Environment Programme (2019). Emissions Gap Report 2019. UNEP, Nairobi. Disponible en: https://bit.ly/2YLiJ8J 7. Secretaría de Energía, Prospectiva de Energías Renovables 2018-2032, México, 2018. Disponible en: https://bit.ly/3cmh3qd 8. Ren21,.Renewables 2019 Global Status Report. París, 2019. Disponible en: https://bit.ly/2L6lmcZ 9. GWEC, Global Wind Report 2019. Brussels, 2020. Disponible en: https://bit.ly/2ypD3Sl 10. UN Environment, Global Trends in Renewable Energy Investment 2019, Frankfurt, 2019. Disponible en: https://bit.ly/3caCMBf 11. Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe, 2019 (LC/PUB.2020/2-P), Santiago, 2020. Disponible en: https://bit.ly/35CbIIr Integrantes del Observatorio Ciudadano de Calidad del Aire: Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, Bicitekas, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, El Poder del Consumidor, FOTCA, Fundación Tláloc, Greenpeace México, ICCT, ICM, ITDP México, REDIM, Redspira, Transita Seguro, WWF. Contactos de prensa: AIDA, 5570522107 (móvil), [email protected] El Poder del Consumidor, 55 12 98 99 28 (móvil), [email protected] Greenpeace México, 55 3431 3544 (móvil), [email protected] Centro Mexicano de Derecho Ambiental, 5559644162 (móvil), [email protected]
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