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Luchando por justicia para víctimas de contaminación tóxica en La Oroya, Perú
Por más de 20 años, residentes de La Oroya buscan justicia y reparación por la violación de sus derechos fundamentales a causa de la contaminación con metales pesados de un complejo metalúrgico y de la falta de medidas adecuadas por parte del Estado.
El 22 de marzo de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer su fallo en el caso. Estableció la responsabilidad del Estado de Perú y le ordenó adoptar medidas de reparación integral. Esta decisión es una oportunidad histórica para restablecer los derechos de las víctimas, además de ser un precedente clave para la protección del derecho a un ambiente sano en América Latina y para la supervisión adecuada de las actividades empresariales por parte de los Estados.
Antecedentes
La Oroya es una ciudad ubicada en la cordillera central de Perú, en el departamento de Junín, a 176 km de Lima. Tiene una población aproximada de 30.533 habitantes.
Allí, en 1922, la empresa estadounidense Cerro de Pasco Cooper Corporation instaló el Complejo Metalúrgico de La Oroya para procesar concentrados de minerales con altos niveles de plomo, cobre, zinc, plata y oro, así como otros contaminantes como azufre, cadmio y arsénico.
El complejo fue nacionalizado en 1974 y operado por el Estado hasta 1997, cuando fue adquirido por la compañía estadounidense Doe Run Company a través de su filial Doe Run Perú. En 2009, debido a la crisis financiera de la empresa, las operaciones del complejo se suspendieron.
Décadas de daños a la salud pública
El Estado peruano —debido a la falta de sistemas adecuados de control, supervisión constante, imposición de sanciones y adopción de acciones inmediatas— ha permitido que el complejo metalúrgico genere durante décadas niveles de contaminación muy altos que han afectado gravemente la salud de residentes de La Oroya por generaciones.
Quienes viven en La Oroya tienen un mayor riesgo o propensión a desarrollar cáncer por la exposición histórica a metales pesados. Si bien los efectos de la contaminación tóxica en la salud no son inmediatamente perceptibles, pueden ser irreversibles o se evidencian a largo plazo, afectando a la población en diversos niveles. Además, los impactos han sido diferenciados —e incluso más graves— entre niños y niñas, mujeres y personas adultas mayores.
La mayoría de las personas afectadas presentó niveles de plomo superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud y, en algunos casos, niveles superiores de arsénico y cadmio; además de estrés, ansiedad, afectaciones en la piel, problemas gástricos, dolores de cabeza crónicos y problemas respiratorios o cardíacos, entre otros.
La búsqueda de justicia
Con el tiempo, se presentaron varias acciones a nivel nacional e internacional para lograr la fiscalización del complejo metalúrgico y de sus impactos, así como para obtener reparación ante la violación de los derechos de las personas afectadas.
AIDA se involucró con La Oroya en 1997 y desde entonces hemos empleado diversas estrategias para proteger la salud pública, el ambiente y los derechos de sus habitantes.
En 2002, nuestra publicación La Oroya No Puede Esperar ayudó a poner en marcha una campaña internacional de largo alcance para visibilizar la situación de La Oroya y exigir medidas para remediarla.
Ese mismo año, un grupo de pobladores de La Oroya presentó una acción de cumplimiento contra el Ministerio de Salud y la Dirección General de Salud Ambiental para la protección de sus derechos y los del resto de la población.
En 2006, obtuvieron una decisión parcialmente favorable del Tribunal Constitucional que ordenó medidas de protección. Pero, tras más de 14 años, no se tomaron medidas para implementar el fallo y el máximo tribunal no impulsó acciones para su cumplimiento.
Ante la falta de respuestas efectivas en el ámbito nacional, AIDA —junto con una coalición internacional de organizaciones— llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en noviembre de 2005 solicitó medidas cautelares para proteger el derecho a la vida, la integridad personal y la salud de las personas afectadas. Luego, en 2006, presentamos una denuncia ante la CIDH contra el Estado peruano por la violación de los derechos humanos de residentes de La Oroya.
En 2007, como respuesta a la petición, la CIDH otorgó medidas de protección a 65 personas de La Oroya y en 2016 las amplió a otras 15 personas.
Situación actual
Al día de hoy, las medidas de protección otorgadas por la CIDH siguen vigentes. Si bien el Estado ha emitido algunas decisiones para controlar de algún modo a la empresa y los niveles de contaminación en la zona, estas no han sido efectivas para proteger los derechos de la población ni para implementar con urgencia las acciones necesarias en La Oroya.
Esto se refleja en la falta de resultados concretos respecto de la contaminación. Desde la suspensión de operaciones del complejo en 2009, los niveles de plomo, cadmio, arsénico y dióxido de azufre no han bajado a niveles adecuados. Y la situación de las personas afectadas tampoco ha mejorado en los últimos 13 años. Hace falta un estudio epidemiológico y de sangre en los niños y las niñas de La Oroya que muestre el estado actual de la contaminación de la población y su comparación con los estudios iniciales realizados entre 1999 y 2005.
En cuanto a la denuncia internacional, en octubre de 2021 —15 años después de iniciado el proceso—, la CIDH adoptó una decisión de fondo en el caso y lo presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras establecer la responsabilidad internacional del Estado peruano en la violación de derechos humanos de residentes de La Oroya.
La Corte escuchó el caso en una audiencia pública en octubre de 2022. Más de un año después, el 22 de marzo de 2024, el tribunal internacional dio a conocer la sentencia del caso. En su fallo, el primero en su tipo, responsabiliza al Estado peruano por violar los derechos humanos de residentes de La Oroya y le ordena la adopción de medidas de reparación integral que incluyen remediación ambiental, reducción y mitigación de emisiones contaminantes, monitoreo de la calidad del aire, atención médica gratuita y especializada, indemnizaciones y un plan de reubicación para las personas afectadas.
Conoce los aportes jurídicos de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso de La Oroya
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Papacek, GegenStrömung – CounterCurrent / Forum Umwelt und Entwicklung, [email protected] (alemán, portugués, español, inglés), ++49 151 412 145 19 Eugene Simonov, Rivers without Boundaries, [email protected] (ruso, inglés, chino), +79 (0) 165 491 22 Recursos: Más información sobre el evento paralelo del 13 de mayo: http://www.transrivers.org/2019/2634/ El pronunciamiento conjunto, disponible en chino, inglés, portugués, ruso y español, puede ser descargado aquí: https://drive.google.com/open?id=1pgS3YHm4zy5_LFSSjRe0KH-DMK773DQI Enlace a la carta de protesta de los Munduruku a EDF Électricité de France (portugués e inglés):https://drive.google.com/file/d/1TxqIiOuJDxNUI2YKPtUBrE_wucJLFl-E/view?usp=sharing Fotos para prensa disponibles y de uso libre (Crédito: Todd Southgate): https://tinyurl.com/y34b2g7u Video de la protesta en la inauguración del congreso de la IHA y del intento de los Munduruku de entregar su carta en la sede principal de EDF: https://youtu.be/9BrI3AqVnXE Video en alta resolución para descarga: https://wetransfer.com/downloads/fe60045d490c765f5065ed5df79603b520190514195535/83e07e8328e0515a52c9a64eb42a69ff20190514195535/855f89 Hoja informativa de CounterCurrent sobre las represas hidroeléctricas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU: tinyurl.com/y6mbjqj2
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Leer másAs Falsas Promessas da Hidroenergia
Como as barragens não cumprem o Acordo Climático de Paris e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU Uma declaração conjunta de organizações da sociedade civil na ocasião do2019 World Hydropower Congress em Paris, França Nós vivemos em uma era de urgência. Os cientistas alertaram que temos pouco tempo para agir no controle das mudanças climáticas e proteger a integridade da vida em nosso planeta. Confrontar a crise climática requer soluções criativas que protejam a natureza e respeitem os direitos humanos. Diante desses desafios, nós não podemos permanecer silenciosos enquanto corporações lucrativas, financidores e seus aliados vendem falsas soluções para lidar com as mudanças climáticas e implementar o desenvolvimento sustentável. Um exemplo flagrante de tal engano é a tentativa de retratar grandes hidrelétricas enquanto fontes “limpas e verdes” de energia, como pode ser visto no 2019 World Congress Hydropower. Organizado em Paris pelo lobby industrial da Associação Internacional de Hidreletricidade (IHA), em parceria com a UNESCO, o título da conferência diz “Cumprindo o Acordo Climático de Paris e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável." Tais retratos brilhantes de projetos de barragens hidrelétricas – com pretenções de captar incentivos financeiros através de mecanismos como Climate Bonds e do Fundo Verde para o Clima – convenientemente ignoram um longo legado de catastrofes sociais e ambientas, desperdícios econômicos e, muitas vezes, esquemas maciços de corrupção que são a antítese do desenvolvimento verdadeiramente sustentável. ... Um convite à ação As organizações da sociedade civil neste abaixo-assinado convocam os membros da International Hydropower Association (IHA), governos e instituições financeiras internacionais para implementar as seguintes ações urgentes: Direcionar prioridades, investimentos e incentivos financeiros para projetos hidrelétricos adicionais, para eficiência energética e opções verdadeiramente sustentáveis de energia renovável (solar, eólica e biomassa e, quando apropriado, micro-hidro). Uma atenção especial deve ser dada a oportunidades de inovação tecnológica, geração descentralizada e melhoria do acesso à energia entre comunidades isoladas e fora da rede. Eliminar incentivos financeiros para novos projetos hidrelétricos dentro de mecanismos de mudança climática, como o Fundo Verde para o Clima e Contribuições Nacionalmente Determinadas (iNDC), e dentro de programas para promover a implementação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU (com a possível exceção de projetos micro-hídricos). Comissão de auditorias independentes para projetos controversos de barragens e cascatas localizadas na bacia, em termos das suas consequências sociais e ambientais, identificando medidas para mitigar impactos e garantir reparações para comunidades afetadas com base em consultas diretas. Quando tais medidas são proibitivamente caras ou inviáveis, o descomissionamento de projetos de barragens deve ser promovido. Assegurar a harmonização de procedimentos operacionais para hidriprojetos já existentes com planos territoriais relevantes ao nível da bacia, como a gestão integrada dos recursos hídricos e áreas protegidas que garantem processos ecológicos essenciais e os direitos das comunidades locais, tendo por base os conceitos e ferramentas da gestão participative e adaptativa. Garantir que as políticas e projetos de energias renováveis adotados, de maneira geral, tenham diretrizes robustas para salvaguardar os direitos humanos e proteção ambiental, seguindo a Convenção 169 da OIT e os Princípios das Nações Unidas sobre Empresas e Direitos Humanos. Nenhuma instalação de energia que potencialmente cause impacto nos territórios e meios de subsistência dos povos indígenas e outras comunidades tradicionais deve ser autorizada sem obter o consentimento livre, prévio e informado da comunidade, sendo assegurado o desenho cooperativo das estratégias de co-manejo. Entre os benefícios de tal mudança de paradigma nas estratégias de energia e planejamento de desenvolvimento estarão contribuições importantes para a proteção dos últimos rios de fluxo livre do mundo, vitais para a resiliência climática, conservação da biodiversidade e meios de subsistência sustentáveis. As empresas de energia e os governos devem suspender todos os esforços para represar os rios de fluxo livre remanescentes do mundo e se concentrar em: i) melhorar a eficiência e a sustentabilidade dos projetos hidrelétricos e cascatas existentes; e ii) investir em eficiência energética e energias renováveis verdadeiramente sustentáveis. Além disso, os governos devem promover urgentemente a proteção legal e permanente dos últimos rios de fluxo livre do mundo, incluindo cursos de água transfronteiriços, com o devido respeito pelos direitos territoriais dos povos indígenas e outras comunidades tradicionais, que desempenham papéis fundamentais como os guardiões dos rios saudáveis. Leia a declaração completa aqui
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