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Luchando por justicia para víctimas de contaminación tóxica en La Oroya, Perú
Por más de 20 años, residentes de La Oroya buscan justicia y reparación por la violación de sus derechos fundamentales a causa de la contaminación con metales pesados de un complejo metalúrgico y de la falta de medidas adecuadas por parte del Estado.
El 22 de marzo de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer su fallo en el caso. Estableció la responsabilidad del Estado de Perú y le ordenó adoptar medidas de reparación integral. Esta decisión es una oportunidad histórica para restablecer los derechos de las víctimas, además de ser un precedente clave para la protección del derecho a un ambiente sano en América Latina y para la supervisión adecuada de las actividades empresariales por parte de los Estados.
Antecedentes
La Oroya es una ciudad ubicada en la cordillera central de Perú, en el departamento de Junín, a 176 km de Lima. Tiene una población aproximada de 30.533 habitantes.
Allí, en 1922, la empresa estadounidense Cerro de Pasco Cooper Corporation instaló el Complejo Metalúrgico de La Oroya para procesar concentrados de minerales con altos niveles de plomo, cobre, zinc, plata y oro, así como otros contaminantes como azufre, cadmio y arsénico.
El complejo fue nacionalizado en 1974 y operado por el Estado hasta 1997, cuando fue adquirido por la compañía estadounidense Doe Run Company a través de su filial Doe Run Perú. En 2009, debido a la crisis financiera de la empresa, las operaciones del complejo se suspendieron.
Décadas de daños a la salud pública
El Estado peruano —debido a la falta de sistemas adecuados de control, supervisión constante, imposición de sanciones y adopción de acciones inmediatas— ha permitido que el complejo metalúrgico genere durante décadas niveles de contaminación muy altos que han afectado gravemente la salud de residentes de La Oroya por generaciones.
Quienes viven en La Oroya tienen un mayor riesgo o propensión a desarrollar cáncer por la exposición histórica a metales pesados. Si bien los efectos de la contaminación tóxica en la salud no son inmediatamente perceptibles, pueden ser irreversibles o se evidencian a largo plazo, afectando a la población en diversos niveles. Además, los impactos han sido diferenciados —e incluso más graves— entre niños y niñas, mujeres y personas adultas mayores.
La mayoría de las personas afectadas presentó niveles de plomo superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud y, en algunos casos, niveles superiores de arsénico y cadmio; además de estrés, ansiedad, afectaciones en la piel, problemas gástricos, dolores de cabeza crónicos y problemas respiratorios o cardíacos, entre otros.
La búsqueda de justicia
Con el tiempo, se presentaron varias acciones a nivel nacional e internacional para lograr la fiscalización del complejo metalúrgico y de sus impactos, así como para obtener reparación ante la violación de los derechos de las personas afectadas.
AIDA se involucró con La Oroya en 1997 y desde entonces hemos empleado diversas estrategias para proteger la salud pública, el ambiente y los derechos de sus habitantes.
En 2002, nuestra publicación La Oroya No Puede Esperar ayudó a poner en marcha una campaña internacional de largo alcance para visibilizar la situación de La Oroya y exigir medidas para remediarla.
Ese mismo año, un grupo de pobladores de La Oroya presentó una acción de cumplimiento contra el Ministerio de Salud y la Dirección General de Salud Ambiental para la protección de sus derechos y los del resto de la población.
En 2006, obtuvieron una decisión parcialmente favorable del Tribunal Constitucional que ordenó medidas de protección. Pero, tras más de 14 años, no se tomaron medidas para implementar el fallo y el máximo tribunal no impulsó acciones para su cumplimiento.
Ante la falta de respuestas efectivas en el ámbito nacional, AIDA —junto con una coalición internacional de organizaciones— llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en noviembre de 2005 solicitó medidas cautelares para proteger el derecho a la vida, la integridad personal y la salud de las personas afectadas. Luego, en 2006, presentamos una denuncia ante la CIDH contra el Estado peruano por la violación de los derechos humanos de residentes de La Oroya.
En 2007, como respuesta a la petición, la CIDH otorgó medidas de protección a 65 personas de La Oroya y en 2016 las amplió a otras 15 personas.
Situación actual
Al día de hoy, las medidas de protección otorgadas por la CIDH siguen vigentes. Si bien el Estado ha emitido algunas decisiones para controlar de algún modo a la empresa y los niveles de contaminación en la zona, estas no han sido efectivas para proteger los derechos de la población ni para implementar con urgencia las acciones necesarias en La Oroya.
Esto se refleja en la falta de resultados concretos respecto de la contaminación. Desde la suspensión de operaciones del complejo en 2009, los niveles de plomo, cadmio, arsénico y dióxido de azufre no han bajado a niveles adecuados. Y la situación de las personas afectadas tampoco ha mejorado en los últimos 13 años. Hace falta un estudio epidemiológico y de sangre en los niños y las niñas de La Oroya que muestre el estado actual de la contaminación de la población y su comparación con los estudios iniciales realizados entre 1999 y 2005.
En cuanto a la denuncia internacional, en octubre de 2021 —15 años después de iniciado el proceso—, la CIDH adoptó una decisión de fondo en el caso y lo presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras establecer la responsabilidad internacional del Estado peruano en la violación de derechos humanos de residentes de La Oroya.
La Corte escuchó el caso en una audiencia pública en octubre de 2022. Más de un año después, el 22 de marzo de 2024, el tribunal internacional dio a conocer la sentencia del caso. En su fallo, el primero en su tipo, responsabiliza al Estado peruano por violar los derechos humanos de residentes de La Oroya y le ordena la adopción de medidas de reparación integral que incluyen remediación ambiental, reducción y mitigación de emisiones contaminantes, monitoreo de la calidad del aire, atención médica gratuita y especializada, indemnizaciones y un plan de reubicación para las personas afectadas.
Conoce los aportes jurídicos de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso de La Oroya
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Poniendo el corazón en la protección de los humedales
Los arrecifes de coral son mis humedales favoritos. Son ecosistemas llenos de color, llenos de formas y llenos de vida. Debajo del agua, mi corazón se llena de paz y de emoción al verme rodeada de tantas formas de vida y tantas especies conviviendo. Como bióloga marina, he tenido la oportunidad de bucear en varios países y verlos de cerca. De todas esas inmersiones, las que más disfruté fue las que hice —por trabajo y por placer— en las Islas de la Bahía en Honduras, particularmente en Roatán, Utila y Cayos Cochinos. Recuerdo mucho mis buceos en las islas Cayos Cochinos. Estaba recién graduada de la universidad y era voluntaria en el Programa de Evaluación Rápida de Arrecifes del Atlántico y Golfo (AGRRA por sus siglas en inglés). Estaba a cargo de monitorear a los numerosos organismos que viven en o sobre los arrecifes: algas, erizos, langostas y caracoles reina, entre otros. Esa experiencia marcó sin duda mi vida personal y profesional. Desde entonces me propuse proteger estos ecosistemas tan mágicos e importantes para toda la vida en el planeta. Mi contribución actual, como asesora científica de AIDA, es fortalecer desde la ciencia los argumentos legales empleados para proteger éstos y otros sitios en América Latina. Humedales, entornos vitales en riesgo Además de los arrecifes de coral, los humedales —que se caracterizan por la presencia de agua— incluyen lagos y ríos, acuíferos subterráneos, pantanos y marismas, pastizales húmedos; turberas, estuarios y deltas; manglares y pastos marinos. Los humedales son los “riñones” del planeta porque reciclan agua y desechos, retienen sedimentos y nutrientes, reducen la erosión y absorben dióxido de carbono de la atmósfera, mitigando el cambio climático. Sin embargo, se estima que desde 1700 hemos perdido casi el 87% de nuestros humedales y a una velocidad tres veces más rápida que la pérdida de bosques naturales. Esto ha ocasionado una reducción de la biodiversidad, afectando al 81% de las especies continentales y a un 36% de las especies marinas y costeras. Entre las mayores amenazas está la contaminación por basura, aguas residuales e industriales; el cambio de uso de suelo; la escorrentía agrícola; la erosión y el cambio climático. El calentamiento global está incrementando la temperatura de los océanos, elevando el nivel del mar y derritiendo los polos. Y según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), un incremento del 1.5°C en la temperatura global podría acabar con casi el 90% de los arrecifes coralinos del mundo, una pérdida irreversible. Actuando para salvar a los humedales Ante este escenario, se requieren acciones urgentes en diferentes ámbitos, como: Realizar campañas de restauración. Algunos ejemplos incluyen campañas de reforestación de los bosques de manglar y restauración de arrecifes de coral. Declarar áreas protegidas para conservar los humedales y las especies que dependen de ellos. Desarrollar políticas que permitan el uso racional de los humedales, en donde se priorice la conservación. Prohibir la destrucción de estos ecosistemas en cualquier tipo de proyecto, turístico, de infraestructura o de desarrollo. Tener plantas de tratamiento de agua y evitar que los drenajes contaminen los humedales. Cada 2 de febrero se celebra el Día Mundial de los Humedales, conmemorando la firma del Convención Ramsar, el único tratado intergubernamental para su conservación y uso racional. Este año la celebración está enfocada en los humedales frente al cambio climático, una cuestión que nos invita a reflexionar sobre el verdadero valor de los humedales, los servicios críticos que nos brindan y la urgencia de preservarlos. Somos capaces de hacerle frente al ante el cambio climático. Y salvar nuestros humedales puede ser el primer paso para salvar nuestro planeta y a nosotros mismos.
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