Project
Luchando por justicia para víctimas de contaminación tóxica en La Oroya, Perú
Por más de 20 años, residentes de La Oroya buscan justicia y reparación por la violación de sus derechos fundamentales a causa de la contaminación con metales pesados de un complejo metalúrgico y de la falta de medidas adecuadas por parte del Estado.
El 22 de marzo de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer su fallo en el caso. Estableció la responsabilidad del Estado de Perú y le ordenó adoptar medidas de reparación integral. Esta decisión es una oportunidad histórica para restablecer los derechos de las víctimas, además de ser un precedente clave para la protección del derecho a un ambiente sano en América Latina y para la supervisión adecuada de las actividades empresariales por parte de los Estados.
Antecedentes
La Oroya es una ciudad ubicada en la cordillera central de Perú, en el departamento de Junín, a 176 km de Lima. Tiene una población aproximada de 30.533 habitantes.
Allí, en 1922, la empresa estadounidense Cerro de Pasco Cooper Corporation instaló el Complejo Metalúrgico de La Oroya para procesar concentrados de minerales con altos niveles de plomo, cobre, zinc, plata y oro, así como otros contaminantes como azufre, cadmio y arsénico.
El complejo fue nacionalizado en 1974 y operado por el Estado hasta 1997, cuando fue adquirido por la compañía estadounidense Doe Run Company a través de su filial Doe Run Perú. En 2009, debido a la crisis financiera de la empresa, las operaciones del complejo se suspendieron.
Décadas de daños a la salud pública
El Estado peruano —debido a la falta de sistemas adecuados de control, supervisión constante, imposición de sanciones y adopción de acciones inmediatas— ha permitido que el complejo metalúrgico genere durante décadas niveles de contaminación muy altos que han afectado gravemente la salud de residentes de La Oroya por generaciones.
Quienes viven en La Oroya tienen un mayor riesgo o propensión a desarrollar cáncer por la exposición histórica a metales pesados. Si bien los efectos de la contaminación tóxica en la salud no son inmediatamente perceptibles, pueden ser irreversibles o se evidencian a largo plazo, afectando a la población en diversos niveles. Además, los impactos han sido diferenciados —e incluso más graves— entre niños y niñas, mujeres y personas adultas mayores.
La mayoría de las personas afectadas presentó niveles de plomo superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud y, en algunos casos, niveles superiores de arsénico y cadmio; además de estrés, ansiedad, afectaciones en la piel, problemas gástricos, dolores de cabeza crónicos y problemas respiratorios o cardíacos, entre otros.
La búsqueda de justicia
Con el tiempo, se presentaron varias acciones a nivel nacional e internacional para lograr la fiscalización del complejo metalúrgico y de sus impactos, así como para obtener reparación ante la violación de los derechos de las personas afectadas.
AIDA se involucró con La Oroya en 1997 y desde entonces hemos empleado diversas estrategias para proteger la salud pública, el ambiente y los derechos de sus habitantes.
En 2002, nuestra publicación La Oroya No Puede Esperar ayudó a poner en marcha una campaña internacional de largo alcance para visibilizar la situación de La Oroya y exigir medidas para remediarla.
Ese mismo año, un grupo de pobladores de La Oroya presentó una acción de cumplimiento contra el Ministerio de Salud y la Dirección General de Salud Ambiental para la protección de sus derechos y los del resto de la población.
En 2006, obtuvieron una decisión parcialmente favorable del Tribunal Constitucional que ordenó medidas de protección. Pero, tras más de 14 años, no se tomaron medidas para implementar el fallo y el máximo tribunal no impulsó acciones para su cumplimiento.
Ante la falta de respuestas efectivas en el ámbito nacional, AIDA —junto con una coalición internacional de organizaciones— llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en noviembre de 2005 solicitó medidas cautelares para proteger el derecho a la vida, la integridad personal y la salud de las personas afectadas. Luego, en 2006, presentamos una denuncia ante la CIDH contra el Estado peruano por la violación de los derechos humanos de residentes de La Oroya.
En 2007, como respuesta a la petición, la CIDH otorgó medidas de protección a 65 personas de La Oroya y en 2016 las amplió a otras 15 personas.
Situación actual
Al día de hoy, las medidas de protección otorgadas por la CIDH siguen vigentes. Si bien el Estado ha emitido algunas decisiones para controlar de algún modo a la empresa y los niveles de contaminación en la zona, estas no han sido efectivas para proteger los derechos de la población ni para implementar con urgencia las acciones necesarias en La Oroya.
Esto se refleja en la falta de resultados concretos respecto de la contaminación. Desde la suspensión de operaciones del complejo en 2009, los niveles de plomo, cadmio, arsénico y dióxido de azufre no han bajado a niveles adecuados. Y la situación de las personas afectadas tampoco ha mejorado en los últimos 13 años. Hace falta un estudio epidemiológico y de sangre en los niños y las niñas de La Oroya que muestre el estado actual de la contaminación de la población y su comparación con los estudios iniciales realizados entre 1999 y 2005.
En cuanto a la denuncia internacional, en octubre de 2021 —15 años después de iniciado el proceso—, la CIDH adoptó una decisión de fondo en el caso y lo presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras establecer la responsabilidad internacional del Estado peruano en la violación de derechos humanos de residentes de La Oroya.
La Corte escuchó el caso en una audiencia pública en octubre de 2022. Más de un año después, el 22 de marzo de 2024, el tribunal internacional dio a conocer la sentencia del caso. En su fallo, el primero en su tipo, responsabiliza al Estado peruano por violar los derechos humanos de residentes de La Oroya y le ordena la adopción de medidas de reparación integral que incluyen remediación ambiental, reducción y mitigación de emisiones contaminantes, monitoreo de la calidad del aire, atención médica gratuita y especializada, indemnizaciones y un plan de reubicación para las personas afectadas.
Conoce los aportes jurídicos de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso de La Oroya
Partners:
Proyectos relacionados
Seis victorias para los arrecifes de América Latina en 2018
En 2018, nos unimos a organizaciones y personas de todo el mundo para celebrar el Año Internacional de los Arrecifes. AIDA fue parte de un movimiento mundial para generar mayor conciencia sobre el valor de los arrecifes y las amenazas que enfrentan. Para avanzar en la conservación de los arrecifes en América Latina, participamos en varias acciones legales para proteger arrecifes en México y el Caribe. Estamos orgullosos de celebrar las pequeñas victorias que hemos logrado rumbo a ese objetivo. Junto con sus aliados, AIDA: Apoyó la defensa legal del Arrecife Veracruzano En febrero, presentamos un escrito para apoyar la demanda de amparo interpuesta por pobladores del lugar contra la ampliación del puerto de Veracruz. Evidenciamos cómo el gobierno mexicano incumplió compromisos internacionales en materia ambiental y de derechos humanos al autorizar el proyecto en 2013. Justo un año antes, el gobierno había reducido el área del Sistema Arrecifal Veracruzano para viabilizar el proyecto. La autorización no se basó en la información científica adecuada y disponible para entender cómo evitar daños a los arrecifes y cómo preservar los servicios que brindan a la población de Veracruz. Para generar conciencia sobre el tema, coproducimos el documental La Batalla por los Arrecifes Veracruzanos. Alertó a la Convención Ramsar de amenazas al Arrecife de Puerto Morelos Enviamos una alerta urgente ante el Secretariado de la Convención Ramsar sobre las amenazas al Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos, área natural protegida y Humedal de Importancia Prioritaria Internacional. Junto a una coalición de organizaciones de la sociedad civil, solicitamos una visita de expertos internacionales para evaluar los riesgos que el sitio enfrenta, particularmente cambios en el uso de tierra en ecosistemas costeros debido a desarrollos turísticos masivos y no sostenibles. Creó un Grupo de Trabajo sobre Amenazas a humedales de México En mayo se creó, dentro del Comité Nacional de Humedales, el Grupo de Trabajo sobre Amenazas, el cual fue propuesto por AIDA a fin de motivar a que México cumpla con sus obligaciones para proteger humedales de importancia internacional, sitios Ramsar, que están en riesgo. En el marco del Grupo, se están realizando esfuerzos para fortalecer acciones nacionales orientadas a proteger esos ecosistemas, que incluyen arrecifes y a los peces herbívoros que viven en ellos. Apoyó la protección de 10 especies de pez loro en el Caribe mexicano En octubre enviamos una carta con argumentos de derecho internacional, ambientales y de derechos humanos, para la inclusión de 10 especies de pez loro en la lista mexicana de especies protegidas. La solicitud ha sido reconocida y aceptada, pero se espera una confirmación oficial a comienzos de este año. Nuestros esfuerzos apoyaron una propuesta de la Iniciativa Arrecifes Saludables para Gente Saludable que busca proteger legalmente a especies de pez loro, fundamentales para mantener saludables a los ecosistemas de arrecifes de coral. Los peces loro y otros peces herbívoros se alimentan de las algas que compiten con los corales por luz y oxígeno, permitiendo por tanto la conservación de los arrecifes. Ayudó a establecer un Grupo de Trabajo sobre corales en Costa Rica En coordinación con el Ministerio de Ambiente de Costa Rica, ayudamos a crear un grupo de trabajo de expertos académicos, miembros de la sociedad civil y autoridades gubernamentales competentes que plantearán soluciones integrales a los problemas que enfrentan los arrecifes de coral en el país. Trabaremos junto a ellos para asegurar la protección de esos ecosistemas. Apoyó al Grupo de Trabajo sobre peces herbívoros en Guatemala En coordinación con la Iniciativa Arrecifes Saludables para Gente Saludable, académicos de la Universidad de San Carlos y miembros del gobierno, apoyamos la creación de un grupo de trabajo que elaborará un documento científico-técnico con la información necesaria para la emisión de un decreto ministerial que prohíba la pesca de peces herbívoros en el Caribe guatemalteco, protegiendo con ello los arrecifes del país.
Leer más
Pronunciamiento ante situación de riesgo de las comunidades de la Microrregión de Ixquisis, Guatemala
Las organizaciones, colectivos y personas firmantes manifestamos nuestra profunda preocupación por la situación de riesgo que enfrentan las comunidades y personas defensoras de derechos humanos de la Microrregión de Ixquisis, San Mateo Ixtatán, Huehuetenango, Guatemala. Las personas defensoras del territorio y del medio ambiente de la Microrregión de Ixquisis enfrentan desde el año 2009 violaciones de derechos humanos en el marco de su oposición a los proyectos hidroeléctricos San Andrés, Pojom I, Pojom II. Los tres proyectos son promovidos por la empresa Energía y Renovación S.A. (antes PDH S.A.), que es propiedad actualmente de las familias Mata Monteros y Mata Castillo, vinculadas al grupo empresarial corporativo The Central America Bottling Corporation (CABCORP), y cuentan con financiamiento del brazo privado del Banco Interamericano de Desarrollo, BID Invest, del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y de Cordiant Cap, un intermediario financiero canadiense que dispone entre otros de fondos del banco alemán KfW. Desde mayo del presente año, la Resistencia Pacífica de Ixquisis ha realizado una serie de acciones públicas, manifestaciones y plantones para expresar y reiterar su oposición a los proyectos hidroeléctricos en su territorio. Actualmente, tres acciones de amparo en contra de las licencias de operación de la hidroeléctrica Pojom II se encuentran a la espera de resolución en las cortes nacionales. En junio, las comunidades de Ixquisis recibieron el premio Front Line Defenders en reconocimiento a su esfuerzo colectivo y su lucha pacífica. En agosto, las comunidades afectadas presentaron una queja formal ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación del BID, solicitando la investigación y el retiro de su inversión debido al incumplimiento de las propias políticas operativas del banco. En este contexto, organizaciones de derechos humanos que acompañan el caso han observado un aumento significativo de las difamaciones y agresiones en contra de la población que participa en la Resistencia Pacífica y de la población de la microrregión, que culminaron en el asesinato de dos pobladores de la comunidad de Ixquisis, los hermanos Neri Esteban Pedro y Domingo Esteban Pedro, el pasado 16 de diciembre. Sus cuerpos fueron encontrados a la orilla del Río Yal Witz, cerca de la hidroeléctrica San Andrés en la carretera de la Franja Transversal del Norte con impactos de bala en la cabeza. Este hecho hace recordar el asesinato del defensor Sebastián Alonso Juan, quien falleció a causa de disparos en el marco de una manifestación pacífica en enero del 2017, asesinato que sigue sin esclarecerse. Además de este doble asesinato, se destacan los siguientes hechos acaecidos en 2018: Julio y octubre: Violación del derecho de manifestación y del derecho de libre locomoción por parte de la PNC; y uso desmedido de la fuerza en contra de manifestantes, resultando en seis (6) personas heridas, tres de ellas con necesidad de ser hospitalizadas. 12 de octubre: En el transcurso del día, dos integrantes de la Resistencia Pacífica sufrieron ataques armados; Alfonso Miguel Francisco Pedro, de la aldea Pojom tuvo que ser hospitalizado durante siete (7) días. 20 de octubre y 7 de noviembre: Hostigamiento y uso de gas lacrimógeno en contra de comunitarios, provocando intoxicación en niños y en una mujer embarazada. 9 de diciembre: Agresión física en contra de Lucas Jorge García, presidente del Consejo de Desarrollo de Segundo Nivel de la Microrregión de Ixquisis y dos mujeres de su familia, una de ellas en estado de embarazo. Dos hombres atacaron al defensor en su casa, golpeándolo en la cabeza con piedras y palos. Al querer defenderlo, su hija María Jorge Gómez y su nuera Ana Gómez Domingo también fueron golpeadas. La constante campaña de difamación y desprestigio emprendida en contra de la Resistencia Pacífica desde hace más de un año nuevamente ha aumentado de intensidad, impactando además a organizaciones aliadas como el Gobierno Ancestral Maya Plurinacional de las naciones Akateko Chuj, Popti’, Q’anjob’al y pueblo mestizo, y en particular en uno de sus coordinadores, Rigoberto Juárez. A principios de noviembre de 2018, fue anunciado en los diferentes medios de comunicación la firma de un “Acuerdo para la Paz y el Desarrollo” en el municipio de San Mateo Ixtatán, acuerdo que concluye como el principal resultado de una mesa de diálogo en la que participaron únicamente actores que están a favor de las hidroeléctricas y con vínculos directos con la empresa Energía y Renovación, S.A. La legitimidad de este acuerdo y representatividad de las personas que en nombre de la Microrregión de Ixquisis firmaron dicho acuerdo, ha sido cuestionada en repetidas ocasiones por la Resistencia Pacífica de esta Microrregión, que desde el inicio de este proceso de diálogo han registrado un aumento de ataques en su contra. Ante esta grave situación de riesgo las organizaciones, colectivos y personas abajo firmantes expresamos nuestra solidaridad con las personas defensoras de la Microrregión de Ixquisis, y solicitamos: Al Ministerio Público que investigue y procese a los responsables materiales e intelectuales de todos los ataques cometidos en contra de la Resistencia Pacífica de Ixquisis, incluyendo las agresiones físicas en contra de Lucas Jorge García, Presidente del Consejo de Desarrollo de Segundo Nivel de la Microrregión de Ixquisis, así como los asesinatos de los hermanos Nery y Domingo Pedro Esteban y Sebastián Alonso Juan. Al Estado de Guatemala que adopte todas las medidas necesarias para garantizar la vida e integridad de los miembros de las comunidades de Ixquisis y el derecho de manifestación y de defender derechos. Al Estado de Guatemala que tome todas las medidas para garantizar que las mujeres tengan una vida libre de violencia y que tome medidas de protección específicas para las mujeres y lideresas de las comunidades de la Microrregión de Ixquisis. Al Ministerio de Defensa y al Ministerio de Gobernación que se cumpla con el retiro de las fuerzas de seguridad estatales, Policía Nacional Civil y Ejército de Guatemala, de las instalaciones privadas donde funciona la empresa Energía y Renovación, propietaria de los proyectos hidroeléctricos que se construyen en esta Microrregión, para garantizar la independencia de las fuerzas públicas en la Microrregión de Ixquisis. A la comunidad internacional presente en Guatemala, que observe de cerca la situación de las personas defensoras de derechos humanos, realizando visitas el territorio referido. A las instituciones financieras internacionales involucradas en el financiamiento de estos proyectos hidroeléctricos, que adopten medidas para que sus inversiones se den bajo condiciones de pleno respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Descarga el pronunciamiento completo para ver las organizaciones firmantes
Leer más
10 buenas noticias ambientales para América Latina en 2018
Este año se caracterizó por triunfos en la creación de protecciones legales y en el establecimiento de políticas favorables al ambiente y los derechos humanos en la región. Pocas veces existen, en un solo año, tantos avances institucionales que sientan precedentes. Aquí te presentamos diez ejemplos: 1. Por primera vez, la Corte Interamericana reconoció el ambiente sano como derecho “fundamental” La Corte concluyó que el ambiente sano es un derecho autónomo, “fundamental para la existencia de la humanidad”, y se pronunció por primera vez respecto del contenido del mismo. La relación entre ambiente y derechos humanos puede sonar obvia, pero hasta febrero de este año, cuando la decisión de la Corte se dio a conocer públicamente, no había precedentes de esta magnitud en el reconocimiento de ese vínculo. La decisión es una opinión que responde a una consulta hecha por Colombia. En ella, la Corte reconoció además que el cambio climático impacta en el goce de los derechos humanos, en especial en las poblaciones más vulnerables. La OC-23, como se le conoce, estableció un precedente histórico para la protección de los derechos humanos en el continente y será una herramienta importante para lograr justicia ambiental en la región. CONOCE MÁS 2. Se aprueba el primer tratado sobre asuntos ambientales de la región Hasta finales de este año, 16 países han firmado el Acuerdo de Escazú, único en su tipo. No sólo es el primer tratado sobre asuntos ambientales de América Latina y el Caribe, es también el primero en el mundo que incluye disposiciones sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. Su objetivo principal es garantizar los derechos al acceso a la información ambiental, a la participación pública en procesos de toma de decisiones ambientales y a la justicia en asuntos ambientales. CONOCE MÁS 3. Peces loro reciben protección especial en México Los peculiares y coloridos peces loro se alimentan de las macroalgas que crecen sobre los corales quitándoles luz y oxígeno. Debido a la sobrepesca y otros factores, las poblaciones de peces loro han disminuido y, por lo tanto, los corales están en mayor riesgo. Por ello, diez especies de este pez están en proceso de ser incluidas por el gobierno en la lista mexicana de fauna protegida. CONOCE MÁS 4. Pueblos indígenas reconocidos en el financiamiento climático Tras años de trabajo por parte de organizaciones indígenas alrededor del mundo, el Fondo Verde del Clima aprobó una Política de Pueblos Indígenas con el objetivo de proteger, reconocer, respetar y promover sus derechos dentro del financiamiento de proyectos climáticos. La decisión fue recibida con esperanza en un mundo que requiere acciones inmediatas de mitigación y adaptación al cambio climático. Políticas como ésta contribuyen a evitar que el financiamiento climático vulnere los derechos de las personas más afectadas. CONOCE MÁS 5. Un plan regional para proteger a los jaguares Catorce países y organizaciones conservacionistas lanzaron el Plan Jaguar 2030, con la intención de proteger los corredores o rutas naturales de vinculación de las poblaciones de esta especie, el carnívoro más grande de América Latina sin depredadores naturales. Las poblaciones del jaguar se extienden por 18 países, pero disminuyen aceleradamente por la caza furtiva, la fragmentación de su hábitat y los conflictos con actividades humanas. En El Salvador y Uruguay, se ha declarado extinto. El el plan es una esperanza para su protección a nivel internacional y entre fronteras. CONOCE MÁS 6. Colombia le dice no a pruebas piloto de fracking La Autoridad de Licencias Ambientales de Colombia (ANLA) negó el permiso para que la empresa ConocoPhillips realizara las primeras pruebas piloto de fractura hidráulica para la extracción de hidrocarburos en San Martin y Aguachica, Cesar. La ANLA argumentó que la información presentada por la empresa era “insuficiente” para conocer el manejo y disposición del agua, también cuestionó su evaluación ambiental y su plan de contingencia. Por lo pronto, la iniciativa está archivada. Continuar apostando por los combustibles fósiles nos aleja de las metas climáticas, es importante apostar por una transición energética. CONOCE MÁS 7. Una lucha regional ante el fracking llega a la CIDH Organizaciones y comunidades de toda la región unieron esfuerzos para llevar por primera vez ante la Comisión Interamericana casos de violaciones de derechos humanos y amenazas al ambiente provocados por la extracción de hidrocarburos mediante fracturación hidráulica. Después de varias luchas locales, éste fue el primer momento en que se evidenció ante un organismo regional los daños documentados en varios países, desde Estados Unidos hasta Argentina. La información presentada llamó el interés de la Comisión. ¡La unión hace la fuerza! A propósito de este tema, el nuevo presidente de México dijo que no se hará más fracking. CONOCE MÁS 8. Un tratado para proteger dos terceras partes de los océanos Tras una década de debates, este año inició la negociación en la ONU de un tratado jurídicamente vinculante para proteger la biodiversidad en alta mar, como se conoce a las áreas marinas que están fuera de jurisdicciones nacionales. Las negociaciones se llevarán a cabo hasta 2020. Pese a que alta mar representa el 64% de la superficie total de los océanos y a que los mares absorban el 90% del calor provocado por el calentamiento global, no existe un tratado que proteja este ecosistema, solo regulaciones fragmentadas. CONOCE MÁS 9. Chile clausura definitivamente la mina Pascua Lama En octubre de este año, autoridades chilenas confirmaron la clausura definitiva de Pascua Lama, un proyecto minero de explotación de oro en la frontera entre Chile y Argentina. Barrick Gold, la empresa a cargo del proyecto, fue multada por 33 violaciones a la normativa ambiental chilena. Pascua Lama generó daños a fauna y flora nativa. Pueblos indígenas de la región, que documentaron la contaminación de un río y afectaciones a los glaciares, fuente importante de agua, celebraron la decisión. Ahora se busca detener el proyecto en el lado argentino. CONOCE MÁS 10. Argentina rompe récord de creación de parques nacionales Antes de terminar el año, Argentina anunció la creación de dos áreas marinas protegidas: Estricta y Namuncurá-Banco Burdwood II, importantes para la cría y desove de peces con alto valor comercial. Con este par, el país suma seis áreas naturales declaradas como parques nacionales solo en 2018, algo histórico. Los otros parques son: Traslasierra, Aconquija, Ciervo de los pantanos e Iguerá. Argentina se ha propuesto lograr para 2020 la protección del 10% de sus mares. CONOCE MÁS
Leer más