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Luchando por justicia para víctimas de contaminación tóxica en La Oroya, Perú

Por más de 20 años, residentes de La Oroya buscan justicia y reparación por la violación de sus derechos fundamentales a causa de la contaminación con metales pesados de un complejo metalúrgico y de la falta de medidas adecuadas por parte del Estado. 

El 22 de marzo de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer su fallo en el caso. Estableció la responsabilidad del Estado de Perú y le ordenó adoptar medidas de reparación integral. Esta decisión es una oportunidad histórica para restablecer los derechos de las víctimas, además de ser un precedente clave para la protección del derecho a un ambiente sano en América Latina y para la supervisión adecuada de las actividades empresariales por parte de los Estados.

 

Antecedentes

La Oroya es una ciudad ubicada en la cordillera central de Perú, en el departamento de Junín, a 176 km de Lima. Tiene una población aproximada de 30.533 habitantes.

Allí, en 1922, la empresa estadounidense Cerro de Pasco Cooper Corporation instaló el Complejo Metalúrgico de La Oroya para procesar concentrados de minerales con altos niveles de plomo, cobre, zinc, plata y oro, así como otros contaminantes como azufre, cadmio y arsénico. 

El complejo fue nacionalizado en 1974 y operado por el Estado hasta 1997, cuando fue adquirido por la compañía estadounidense Doe Run Company a través de su filial Doe Run Perú. En 2009, debido a la crisis financiera de la empresa, las operaciones del complejo se suspendieron.

Décadas de daños a la salud pública

El Estado peruano —debido a la falta de sistemas adecuados de control, supervisión constante, imposición de sanciones y adopción de acciones inmediatas— ha permitido que el complejo metalúrgico genere durante décadas niveles de contaminación muy altos que han afectado gravemente la salud de residentes de La Oroya por generaciones. 

Quienes viven en La Oroya tienen un mayor riesgo o propensión a desarrollar cáncer por la exposición histórica a metales pesados. Si bien los efectos de la contaminación tóxica en la salud no son inmediatamente perceptibles, pueden ser irreversibles o se evidencian a largo plazo, afectando a la población en diversos niveles. Además, los impactos han sido diferenciados —e incluso más graves— entre niños y niñas, mujeres y personas adultas mayores.

La mayoría de las personas afectadas presentó niveles de plomo superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud y, en algunos casos, niveles superiores de arsénico y cadmio; además de estrés, ansiedad, afectaciones en la piel, problemas gástricos, dolores de cabeza crónicos y problemas respiratorios o cardíacos, entre otros.

La búsqueda de justicia

Con el tiempo, se presentaron varias acciones a nivel nacional e internacional para lograr la fiscalización del complejo metalúrgico y de sus impactos, así como para obtener reparación ante la violación de los derechos de las personas afectadas. 

AIDA se involucró con La Oroya en 1997 y desde entonces hemos empleado diversas estrategias para proteger la salud pública, el ambiente y los derechos de sus habitantes. 

En 2002, nuestra publicación La Oroya No Puede Esperar ayudó a poner en marcha una campaña internacional de largo alcance para visibilizar la situación de La Oroya y exigir medidas para remediarla.

Ese mismo año, un grupo de pobladores de La Oroya presentó una acción de cumplimiento contra el Ministerio de Salud y la Dirección General de Salud Ambiental para la protección de sus derechos y los del resto de la población. 

En 2006, obtuvieron una decisión parcialmente favorable del Tribunal Constitucional que ordenó medidas de protección. Pero, tras más de 14 años, no se tomaron medidas para implementar el fallo y el máximo tribunal no impulsó acciones para su cumplimiento.

Ante la falta de respuestas efectivas en el ámbito nacional, AIDA —junto con una coalición internacional de organizaciones— llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en noviembre de 2005 solicitó medidas cautelares para proteger el derecho a la vida, la integridad personal y la salud de las personas afectadas. Luego, en 2006, presentamos una denuncia ante la CIDH contra el Estado peruano por la violación de los derechos humanos de residentes de La Oroya.

En 2007, como respuesta a la petición, la CIDH otorgó medidas de protección a 65 personas de La Oroya y en 2016 las amplió a otras 15 personas.

Situación actual

Al día de hoy, las medidas de protección otorgadas por la CIDH siguen vigentes. Si bien el Estado ha emitido algunas decisiones para controlar de algún modo a la empresa y los niveles de contaminación en la zona, estas no han sido efectivas para proteger los derechos de la población ni para implementar con urgencia las acciones necesarias en La Oroya. 

Esto se refleja en la falta de resultados concretos respecto de la contaminación. Desde la suspensión de operaciones del complejo en 2009, los niveles de plomo, cadmio, arsénico y dióxido de azufre no han bajado a niveles adecuados. Y la situación de las personas afectadas tampoco ha mejorado en los últimos 13 años. Hace falta un estudio epidemiológico y de sangre en los niños y las niñas de La Oroya que muestre el estado actual de la contaminación de la población y su comparación con los estudios iniciales realizados entre 1999 y 2005.

En cuanto a la denuncia internacional, en octubre de 2021 —15 años después de iniciado el proceso—, la CIDH adoptó una decisión de fondo en el caso y lo presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras establecer la responsabilidad internacional del Estado peruano en la violación de derechos humanos de residentes de La Oroya.

La Corte escuchó el caso en una audiencia pública en octubre de 2022. Más de un año después, el 22 de marzo de 2024, el tribunal internacional dio a conocer la sentencia del caso. En su fallo, el primero en su tipo, responsabiliza al Estado peruano por violar los derechos humanos de residentes de La Oroya y le ordena la adopción de medidas de reparación integral que incluyen remediación ambiental, reducción y mitigación de emisiones contaminantes, monitoreo de la calidad del aire, atención médica gratuita y especializada, indemnizaciones y un plan de reubicación para las personas afectadas.


Conoce los aportes jurídicos de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso de La Oroya

 

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Reducir los contaminantes climáticos de vida corta: Salvavidas en tiempos de cambio climático

Están a tu alrededor: el aire acondicionado colgado en la ventana de tu vecino, el carbón alimentando tu parrilla, el humo negro saliendo del camión que pasa, e incluso las vacas disperas en los campos fuera de la ciudad. Estos aspectos de tu vida diaria son solo algunas de las fuentes de los contaminantes climáticos de vida corta (CCVC). Al ser emitidos, los CCVC calientan la atmósfera. Pero, comparados con el dióxido de carbono, tienen una vida útil relativamente corta. En consecuencia, su mitigación efectiva podría brindar un chaleco salvavidas en las aguas turbulentas del cambio climático. Es por ello que vale la pena considerar a los CCVC cuando el mundo se mueve rápidamente hacia un nuevo acuerdo climático global, el cual será firmado en la 21ª Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). La reunión en París este diciembre será la cita más importante de las negociaciones climáticas globales desarrolladas hasta ahora, ya que el nuevo acuerdo que saldrá de ella nos podría ayudar a salir del dilema planetario en el que estamos metidos. La tarea es difícil. Llevamos 20 Conferencias y ninguna ha logrado avances sustanciales. Las emisiones contaminantes suben cada año, salvo por la radiante excepción de los años 2008 y 2009, cuando las emisiones bajaron por la crisis económica mundial (y no por voluntad humana de sobrevivencia). A veces cuesta mantener la esperanza, pero en AIDA no la perdemos. ¿Qué son los CCVC? Estos contaminantes son el carbono negro, el ozono troposférico, el metano y los hidrofluorocarbonos (HFC). Cada uno de ellos es diferente, pero comparten dos características principales: son contribuyentes importantes al calentamiento global; y, una vez emitidos, permanecen muy poco tiempo en la atmósfera. El segundo rasgo es el que nos debe llamar la atención si buscamos mitigar el cambio climático en el corto plazo. A diferencia de los CCVC, el dióxido de carbono (CO2) puede permanecer en el aire por siglos. Ello significa que incluso si hoy detuviéramos todas sus fuentes de emisión, el CO2 ya emitido seguiría calentando la atmósfera por muchísimo tiempo.    ¿De cuánto estamos hablando? El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (PICC) estima que los CCVC son responsables de más del 30% del calentamiento global. Estudios más recientes dan cuenta que ese porcentaje ronda entre el  40 y 45%. Mitigar el CO2,, responsable de la mayor parte del efecto invernadero, es esencial para mantener el equilibrio climático de la tierra en el largo plazo. Pero la oportunidad que ofrece la mitigación de los CCVC es mucho más inmediata. Ventajas de reducir los CCVC La conveniencia de reducir los CCVC es mayor si tenemos en cuenta que además de calentar la atmósfera, estos contaminantes causan otros problemas que afectan directamente a los entornos naturales y a la salud humana. El carbono negro y el ozono troposférico, por ejemplo, son la causa detrás de millones de muertes prematuras cada año, al aumentar el riesgo de males respiratorios y cardiacos. También dañan el rendimiento de los cultivos, por lo que su control ayudaría a mejorar la seguridad alimentaria a nivel mundial. ¿Y qué dice la Convención? La Convención y su Protocolo de Kioto no reconocen a los CCVC como concepto, aunque el Protocolo sí incluye al metano y a los HFC dentro de los gases de efecto invernadero que busca combatir. Pero esa falta de reconocimiento podría cambiar con el nuevo acuerdo climático que se prevé adoptar en la COP21 de París en diciembre. El acuerdo vigente incluye una lista de gases contaminantes específicos que los Estados deben reducir. Con el nuevo acuerdo, en cambio, los países decidirán libremente qué gases incluir en sus metas de mitigación. México ha dado un ejemplo notable en ese sentido al comprometerse, mediante sus Contribuciones Nacionales Previstas y Determinadas (INDCs por sus siglas en inglés), a reducir de manera no condicionada 51% del carbono negro hasta el 2030. Dicho porcentaje podría subir al 70% con ayuda internacional. Manos a la obra En AIDA trabajamos para informar a los gobiernos de las medidas que pueden tomar para reducir efectivamente los contaminantes climáticos de vida corta en sus países. Abogamos por la adopción de soluciones cuya eficiencia ya ha sido probada en varios lugares del mundo. Para ello, estamos elaborando un informe que revisará la situación actual de la regulación referente a esos contaminantes en tres países de América Latina: Brasil, Chile y México. Esperamos que ello permita avanzar hacia un mejor abordaje de los CCVC en estos países para luego continuar trabajando en toda la región. ¡Encuentra AQUÍ mayor información sobre los CCVC!

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ONG alertan a la CIDH sobre la vulneración del derecho al agua por proyectos extractivos e hidroeléctricos

En audiencia ante la Comisión, evidenciaron que actividades extractivas, en especial las minero-energéticas, restringen el uso del agua del que subsisten personas y comunidades. Documentaron además la omisión de los Estados para proteger el derecho al agua y controlar efectivamente a las empresas y proyectos que lo afectan. Washington, Estados Unidos. Organizaciones de la sociedad civil[i] llamaron la atención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la creciente presión sobre los recursos naturales para el desarrollo de actividades extractivas, entre las que se destaca la construcción de represas y la explotación minera en las Américas. Lo hicieron en una audiencia en la que evidenciaron que dicha situación ha tenido como consecuencia la sistemática violación del derecho al agua en la región. “Hemos identificado cuatro patrones que caracterizan esta problemática: el uso de marcos jurídicos que favorecen la apropiación del recurso hídrico para proyectos extractivos, la apropiación del recurso que favorece su empleo para proyectos extractivos por encima del uso y consumo humano, la contaminación y deterioro de las fuentes hídricas, y la ausencia de consulta y consentimiento previos, libres e informados en la implementación de esos proyectos”, explicó al iniciar la audiencia María José Veramendi Villa, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Las organizaciones presentaron casos de apropiación, contaminación y daño irreversible de fuentes hídricas a causa de la implementación de proyectos extractivos. Esta situación además de afectar el derecho al agua, vulnera otros derechos como la salud, la vida digna, la integridad, el medio ambiente sano, la alimentación y la cultura, tanto de personas y comunidades que se encuentran en el área de influencia directa de los proyectos y que no fueron consultadas, como de aquellas que se encuentran distantes y que dependen de dichas fuentes para su subsistencia. Dichos casos han sido documentados extensamente en un informe que fue entregado a la Comisión. “En Argentina, la explotación de la mina Alumbrera ha causado la filtración de desechos tóxicos en tres ríos y, aunque hay una causa judicial abierta por contaminación, aún se han adoptado medidas efectivas para remediar el daño. Nos preocupa que en ninguno de nuestros países se estén implementado medidas de prevención para nuevos daños, ni medidas de remediación ante el cúmulo de daños derivados de la contaminación”, señaló Johana Rocha, del Centro de Estudios para la Justicia Social “Tierra Digna” de Colombia.   En la audiencia, se informó a la Comisión sobre la ausencia de medidas efectivas para que los Estados de la región garanticen el derecho al agua y por el contrario sobre la existencia de marcos jurídicos que favorecen la apropiación del agua para proyectos extractivos sobre el uso y consumo humano. Las organizaciones ejemplificaron la insuficiencia de los mecanismos nacionales para controlar y supervisar la actuación de las empresas a cargo de proyectos  extractivos, situación de la que derivan graves violaciones de derechos humanos. “Hemos constatado la contradicción de los Estados en su obligación de proteger y garantizar el derecho al agua, el cual ha sido incorporado en sus Constituciones y legislación. Sin embargo, entregan preferentemente ese recurso a las empresas, negándole el derecho al agua a las comunidades”, afirmó Pedro Landa, del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ) de Honduras. Por su lado, Raphaela Lopes, de Justiça Global, se refirió en la audiencia a la flexibilización de marcos jurídicos, la cual vulnera derechos humanos. “Con la reforma energética aprobada en México, por ejemplo, el derecho al agua es menoscabado en favor de los hidrocarburos y la energía eléctrica”. Finalmente, las organizaciones solicitaron a la Comisión, entre otros, que: reafirme a nivel regional el reconocimiento del agua como un derecho humano; considere la importancia del agua como elemento fundamental del derecho al ambiente sano, reconocido en los instrumentos interamericanos; recuerde la obligaciones de los Estados de proteger los derechos al agua y a un ambiente sano ante cualquier actividad extractiva o de infraestructura, resalte la obligación de los Estados de controlar efectivamente las actividades que puedan afectar el derecho al agua, incluyendo las de empresas que operan dentro de su territorio y las de empresas nacionales que operan en el extranjero, y recuerde a los Estados la importancia de la consulta y consentimiento previo, libre e informado ante la implementación de cualquier proyecto. [i] Acción Solidaria para el Desarrollo (COOPERACCIÓN) – Perú, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) – Regional, Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) – Perú, Bienaventurados los Pobres (BePe) - Colectivo SumajKawsay – Argentina, Centro de Acción Legal Ambiental y Social (CALAS) – Guatemala, Centro de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño A.C.” (BARCA-DH) – México, Centro de Estudios para la Justicia Social ‘Tierra Digna’ – Colombia, Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) – Panamá, Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio (CEICOM) – El Salvador, Comité de Unidad Campesina (CUC) – Guatemala, Comitê Nacional em Defesa dos Territórios frente a Mineração – Brasil; Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ) – Honduras, Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF) – Regional, Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA) – Regional, Justiça Global – Brasil, Observatorio Ciudadano – Chile, Pensamiento y Acción Social (PAS) – Colombia, y Pax Christi – Internacional.  

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Cambio Climático

El Fondo Verde del Clima: Resumen de las Decisiones de la Junta Directiva

El presente informe ofrece un panorama general del desarrollo, evolución y situación actual del Fondo Verde del Clima. En él se hace una revisión de las decisiones que hasta ahora ha tomado la Junta Directiva de la entidad. También se resaltan los avances conseguidos a la fecha por el Fondo, así como los desafíos que aún debe encarar para el logro de sus objetivos.  En 2010, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático creó el Fondo Verde del Clima (FVC) con la finalidad de contribuir de manera significativa y ambiciosa al logro de las metas impuestas por la comunidad internacional para combatir el cambio climático.  Se espera que el Fondo se convierta en el mecanismo principal por el cual los países en desarrollo reciban recursos financieros de lo países desarrollados para llevar adelante actividades de adaptación y mitigación de los impactos causados por los cambios extremos en el clima. Los países de América Latina que son miembros de la Convención serán beneficiarios del financiamiento. Por ello, un entendimiento claro de los objetivos y funcionamiento de esta institución puede contribuir a un mejor aprovechamiento de esos recursos en la región.  Descarga el informe  

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