Project
Luchando por justicia para víctimas de contaminación tóxica en La Oroya, Perú
Por más de 20 años, residentes de La Oroya buscan justicia y reparación por la violación de sus derechos fundamentales a causa de la contaminación con metales pesados de un complejo metalúrgico y de la falta de medidas adecuadas por parte del Estado.
El 22 de marzo de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer su fallo en el caso. Estableció la responsabilidad del Estado de Perú y le ordenó adoptar medidas de reparación integral. Esta decisión es una oportunidad histórica para restablecer los derechos de las víctimas, además de ser un precedente clave para la protección del derecho a un ambiente sano en América Latina y para la supervisión adecuada de las actividades empresariales por parte de los Estados.
Antecedentes
La Oroya es una ciudad ubicada en la cordillera central de Perú, en el departamento de Junín, a 176 km de Lima. Tiene una población aproximada de 30.533 habitantes.
Allí, en 1922, la empresa estadounidense Cerro de Pasco Cooper Corporation instaló el Complejo Metalúrgico de La Oroya para procesar concentrados de minerales con altos niveles de plomo, cobre, zinc, plata y oro, así como otros contaminantes como azufre, cadmio y arsénico.
El complejo fue nacionalizado en 1974 y operado por el Estado hasta 1997, cuando fue adquirido por la compañía estadounidense Doe Run Company a través de su filial Doe Run Perú. En 2009, debido a la crisis financiera de la empresa, las operaciones del complejo se suspendieron.
Décadas de daños a la salud pública
El Estado peruano —debido a la falta de sistemas adecuados de control, supervisión constante, imposición de sanciones y adopción de acciones inmediatas— ha permitido que el complejo metalúrgico genere durante décadas niveles de contaminación muy altos que han afectado gravemente la salud de residentes de La Oroya por generaciones.
Quienes viven en La Oroya tienen un mayor riesgo o propensión a desarrollar cáncer por la exposición histórica a metales pesados. Si bien los efectos de la contaminación tóxica en la salud no son inmediatamente perceptibles, pueden ser irreversibles o se evidencian a largo plazo, afectando a la población en diversos niveles. Además, los impactos han sido diferenciados —e incluso más graves— entre niños y niñas, mujeres y personas adultas mayores.
La mayoría de las personas afectadas presentó niveles de plomo superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud y, en algunos casos, niveles superiores de arsénico y cadmio; además de estrés, ansiedad, afectaciones en la piel, problemas gástricos, dolores de cabeza crónicos y problemas respiratorios o cardíacos, entre otros.
La búsqueda de justicia
Con el tiempo, se presentaron varias acciones a nivel nacional e internacional para lograr la fiscalización del complejo metalúrgico y de sus impactos, así como para obtener reparación ante la violación de los derechos de las personas afectadas.
AIDA se involucró con La Oroya en 1997 y desde entonces hemos empleado diversas estrategias para proteger la salud pública, el ambiente y los derechos de sus habitantes.
En 2002, nuestra publicación La Oroya No Puede Esperar ayudó a poner en marcha una campaña internacional de largo alcance para visibilizar la situación de La Oroya y exigir medidas para remediarla.
Ese mismo año, un grupo de pobladores de La Oroya presentó una acción de cumplimiento contra el Ministerio de Salud y la Dirección General de Salud Ambiental para la protección de sus derechos y los del resto de la población.
En 2006, obtuvieron una decisión parcialmente favorable del Tribunal Constitucional que ordenó medidas de protección. Pero, tras más de 14 años, no se tomaron medidas para implementar el fallo y el máximo tribunal no impulsó acciones para su cumplimiento.
Ante la falta de respuestas efectivas en el ámbito nacional, AIDA —junto con una coalición internacional de organizaciones— llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en noviembre de 2005 solicitó medidas cautelares para proteger el derecho a la vida, la integridad personal y la salud de las personas afectadas. Luego, en 2006, presentamos una denuncia ante la CIDH contra el Estado peruano por la violación de los derechos humanos de residentes de La Oroya.
En 2007, como respuesta a la petición, la CIDH otorgó medidas de protección a 65 personas de La Oroya y en 2016 las amplió a otras 15 personas.
Situación actual
Al día de hoy, las medidas de protección otorgadas por la CIDH siguen vigentes. Si bien el Estado ha emitido algunas decisiones para controlar de algún modo a la empresa y los niveles de contaminación en la zona, estas no han sido efectivas para proteger los derechos de la población ni para implementar con urgencia las acciones necesarias en La Oroya.
Esto se refleja en la falta de resultados concretos respecto de la contaminación. Desde la suspensión de operaciones del complejo en 2009, los niveles de plomo, cadmio, arsénico y dióxido de azufre no han bajado a niveles adecuados. Y la situación de las personas afectadas tampoco ha mejorado en los últimos 13 años. Hace falta un estudio epidemiológico y de sangre en los niños y las niñas de La Oroya que muestre el estado actual de la contaminación de la población y su comparación con los estudios iniciales realizados entre 1999 y 2005.
En cuanto a la denuncia internacional, en octubre de 2021 —15 años después de iniciado el proceso—, la CIDH adoptó una decisión de fondo en el caso y lo presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras establecer la responsabilidad internacional del Estado peruano en la violación de derechos humanos de residentes de La Oroya.
La Corte escuchó el caso en una audiencia pública en octubre de 2022. Más de un año después, el 22 de marzo de 2024, el tribunal internacional dio a conocer la sentencia del caso. En su fallo, el primero en su tipo, responsabiliza al Estado peruano por violar los derechos humanos de residentes de La Oroya y le ordena la adopción de medidas de reparación integral que incluyen remediación ambiental, reducción y mitigación de emisiones contaminantes, monitoreo de la calidad del aire, atención médica gratuita y especializada, indemnizaciones y un plan de reubicación para las personas afectadas.
Conoce los aportes jurídicos de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso de La Oroya
Partners:
Proyectos relacionados
Tajamar: Destrucción de manglares en Cancún
Por Jennifer Roberti Tuve la fortuna de haber crecido en la ciudad de Cancún, ubicada al sureste de México y bendecida con playas paradisiacas y vegetación exuberante. Al haber estado rodeada de naturaleza, aprendí a quererla y a reconocer su importancia para la existencia del ser humano. Por ello veo con preocupación la destrucción de uno de los tesoros naturales de Cancún: sus manglares. Ecosistemas vitales Los manglares son humedales que se desarrollan en regiones costeras tropicales o subtropicales, en zonas donde la tierra está cubierta por aguas poco profundas (no más de seis metros). El mangle, la principal especie vegetal que conforma estos entornos, es tolerante a la sal y a las inundaciones. Los manglares son de mucha utilidad para el hombre debido, entre otras cosas, a que: Son barreras naturales que nos protegen de tormentas, ciclones y huracanes. Al haber vivido el paso del huracán Wilma por Cancún, sé de primera mano que la ciudad requiere de esta protección. Ayudan a combatir el cambio climático ya que son sumideros de carbono. En consecuencia, al ser destruidos, liberan el carbono acumulado a lo largo de los años, contribuyendo a las emisiones contaminantes. Son hábitat de una gran diversidad de fauna como cocodrilos, peces, camarones y aves. Filtran contaminantes, evitando que éstos lleguen a los mares. Pese a su importancia y a ser un ecosistema protegido desde 2007 por el artículo 60 ter de la Ley General de Vida Silvestre, la destrucción de manglares en México continúa. El caso más reciente es el de la zona de Tajamar, en Cancún. ¿Que está pasando? En 2005, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) aprobó la autorización de impacto ambiental (AIA) para que el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) construya un centro urbano-turístico con oficinas, comercios, departamentos y un hotel en el predio conocido como el Manglar Tajamar en Cancún. FONATUR vendió luego el predio a la empresa BI & DI Real Estate de México, la cual inició recientemente el desmonte y tala del manglar para dar paso a la construcción. La principal preocupación sobre el desarrollo en Tajamar es el incumplimiento de las condicionantes de la autorización. La SEMARNAT obligó al titular de la autorización a presentar un programa de rescate de vegetación y traslado de fauna como paso previo al inicio de obras. No obstante, especies de fauna protegidas por la legislación mexicana y la Norma Oficial Mexicana de especies en riesgo o peligro de extinción, como los cocodrilos, estaban presentes cuando comenzó el desmonte del manglar, lo cual provocó su muerte. Acción ciudadana Ante lo ocurrido en Tajamar, se presentó ante la Procuraduría Federal para la Protección del Ambiente (PROFEPA) una denuncia ciudadana y una colectiva (respaldada por 4,333 firmas ciudadanas) por el incumplimiento de las condicionantes de la autorización de impacto ambiental del proyecto. Después de realizar varias inspecciones, la PROFEPA ordenó la suspensión total y temporal de las actividades y la realización de medidas correctivas en el lugar. El caso sigue siendo procesado por la Procuraduría, entidad que deberá tomar una decisión definitiva después de considerar las pruebas y alegatos de la empresa. Por otro lado, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) presentó una acción legal para combatir la autorización del centro urbano-turístico en Tajamar. Lo hizo bajo el argumento de que la empresa omitió mencionar que el predio es 65% manglar. Ello quiere decir que la empresa presentó información falsa para obtener el permiso, el cual afecta además al interés colectivo. Si CEMDA gana el juicio, la autorización será anulada, así como cualquier otro permiso derivado de la misma, y se ordenará la restauración del sitio. Este caso es un buen ejemplo del rol crucial que la sociedad civil tiene en el cumplimiento efectivo de las leyes y regulaciones. Gracias a la movilización social, el tema recibió atención nacional, y se están empleando las herramientas disponibles para exigir la implementación de las leyes. En AIDA trabajamos para lograr la protección efectiva de los manglares a nivel nacional e internacional. Por ejemplo, contribuimos a la defensa del estatus de protección legal del Humedal Bahía de Panamá y también participamos en la 12ª Conferencia de las Partes de la Convención de Ramsar (tratado internacional para la protección de humedales) como organización observadora de la sociedad civil.
Leer más
Seminario Virtual "Minería marina y evaluación de impacto ambiental: El proyecto Don Diego en México"
La Bahía de Ulloa, ubicada en Baja California Sur, México, es hogar de especies vulnerables y de interés pesquero como tiburones, rayas, almejas, langostas, camarones, aves y mamíferos. También es un área importante para el tránsito, alimentación y refugio de la tortuga Caguama, la Ballena Azul, la Ballena Jorobada y la Ballena Gris. Allí se propone realizar el primer desarrollo de minería marina de fosfato de la región: el “Proyecto de Dragado de Arenas Fosfáticas Negras en el Yacimiento Don Diego”. La Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto está siendo analizada por la autoridad ambiental mexicana y el proceso de consulta pública ha comenzado. Es el momento de informarnos sobre los posibles impactos del proyecto Don Diego y conocer los requisitos mínimos que la MIA de una iniciativa como ésta debería tener para permitir una decisión adecuada acerca de si debe o no ser autorizada. En este seminario virtual, la discusión de los panelistas giró en torno a esos temas. Programa (presentaciones disponibles): Características y situación actual del proyecto Don Diego: Agustín Bravo, Centro Mexicano de Derecho Ambiental, CEMDA. ¿Qué es la minería marina y cuáles son sus posibles impacto?: Heidi Weiskel, científica de Environmental Law Alliance Worldwide, ELAW. Lineamientos mínimos para la evaluación ambiental del proyecto Don Diego: Anna Cederstav, codirectora de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA. Oportunidades de participación en el proceso de evaluación ambiental del proyecto minero Don Diego: Maria Llano, abogada de Defensa Ambiental del Noroeste, DAN. Los posibles impactos ambientales del proyecto Don Diego: Haydée Rodríguez, abogada de AIDA. Moderó: Aída Navarro, AIDA. Notas Consúltelas aquí. Video: Encuentra aquí más información sobre el proyecto Don Diego y consulta nuestra guía sobre lineamientos básicos para la evaluación de impactos ambientales de proyectos mineros.
Leer más
Un mundo sin capa de ozono
En México, cada 16 de septiembre, las personas descansan de una noche de fiesta y también lo hace el cielo. En ese país, el Día de la Independencia inicia contaminado por la excesiva pirotecnia utilizada en los festejos patrios. Lo irónico es que, mundialmente, ese día se celebra la protección de la capa de ozono. ¿Qué habría pasado si no hubiéramos decidido cuidar la capa de ozono? Los 16 de septiembre, la Ciudad de México amanece con un aire espeso y sucio. Aunque sus calles estén casi vacías, el gobierno de la capital mantiene su programa “Hoy no circula” y sancionar a los conductores distraídos que sacan automóviles cuyo número de matrícula tiene prohibido circular ese día. Digo “distraídos” porque en días de asueto, el gobierno a veces suspende la regla del “Hoy no circula”, pero ello no ocurre los 16 de septiembre. Ese día todos tienen que recuperarse de la resaca, incluido el cielo. México festeja su “noche patria” el 15 de septiembre. En todas las ciudades del país, miles de cartuchos de pirotecnia son lanzados desde plazas atestadas de gente. Y, al día siguiente, el cielo es más gris que de costumbre. Lo irónico es que el 16 de septiembre es el Día Internacional de Protección de la Capa de Ozono. Más irónico aún es que un mexicano, Mario Molina, fue parte del grupo de científicos que descubrió lo que estaba provocando el hoyo en la capa de ozono: químicos arrojados al aire por los seres humanos. El hallazgo fue tal que se convirtió en un parteaguas en la guerra contra los gases que dañan la atmósfera. El descubrimiento derivó en acciones diplomáticas a nivel mundial: Se firmó el Protocolo de Montreal con el objetivo concreto de proteger la capa de ozono, prohibiendo el uso de clorofluorocarbonos (CFC, comúnmente conocidos como Freon) y proyectando la eliminación de otras sustancias nocivas. “Mi primer pánico ambiental”, así califica a ese momento Florencia Ortúzar, abogada del Programa de Cambio Climático de AIDA. ¿Y cómo no? Destruir la capa de ozono implica debilitar la protección contra los rayos ultravioleta que provocan cáncer en la piel y cataratas, sin mencionar que la radiación extremadamente peligrosa podría causar cambios drásticos en los ecosistemas de los que depende nuestra propia vida. A 40 años de las investigaciones científicas sobre los efectos de los químicos en la capa de ozono y 30 años de haber iniciado la acción global y política para hacerles frente, ¿sirvió de algo? Sí. El mundo que evitamos La NASA publicó una simulación en la que explica el mundo que evitamos gracias a la pronta acción para proteger la capa de ozono: En 2020, el 17% de toda el ozono habría desaparecido a nivel global. En 2040, la radiación ultravioleta habría alcanzado un índice 15 a nivel global en latitudes medias. A fin de ilustrar lo anterior, tengamos en cuenta que el índice 10 es considerado extremo y puede causar quemaduras en 10 minutos. En 2065, habríamos perdido dos terceras partes del ozono, provocando niveles de radiación ultravioleta nunca antes vistos, que podrían causar quemaduras en sólo cinco minutos. ¿Habríamos llegado a 2100? La NASA no lo dice. La esperanza: Lo que podemos hacer Richard Stolarski, científico pionero en los estudios de la capa ozono y coautor de la simulación de la NASA, expresó así su admiración por el trabajo global: “No pensé que el Protocolo de Montreal funcionara, era muy ingenuo ante la política. Es un acuerdo internacional notable y debería ser estudiado por aquellos involucrados que buscan un acuerdo acerca del calentamiento global”. Ciertamente, lo que se logró fue esperanzador pues el mundo catastrófico no llegó. Pero, no podemos bajar la guardia. Aún hay acciones globales e individuales que pueden acelerar la recuperación de la capa de ozono. Cuando el Protocolo de Montreal prohibió los clorofluorocarbonos, la industria los reemplazó con los hidrofluorocarbonos (HFC). Al igual que los CFC, los HFC son potentes gases de efecto invernadero. Como parte de nuestro programa de Cambio Climático, en AIDA trabajamos para reducir las emisiones de contaminantes climáticos de vida corta (CCVC), los cuales incluyen a los hidrofluorocarbonos. Aunque esos contaminantes representan sólo un pequeño porcentaje de los gases de efecto invernadero, su producción y uso están creciendo y seguirán en aumento si no se toman medidas. Es por ello que en AIDA estamos trabajando para identificar formas de fortalecer las regulaciones que reduzcan las emisiones de CCVC. Debido a que los mismos permanecen en la atmósfera brevemente, reducir sus concentraciones puede brindar beneficios climáticos en el corto plazo, lo que nos da más tiempo para implementar programas de eficiencia energética y energía renovable que aminoren la severidad del cambio climático. ¿Estás con nosotros?
Leer más