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Luchando por justicia para víctimas de contaminación tóxica en La Oroya, Perú
Por más de 20 años, residentes de La Oroya buscan justicia y reparación por la violación de sus derechos fundamentales a causa de la contaminación con metales pesados de un complejo metalúrgico y de la falta de medidas adecuadas por parte del Estado.
El 22 de marzo de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer su fallo en el caso. Estableció la responsabilidad del Estado de Perú y le ordenó adoptar medidas de reparación integral. Esta decisión es una oportunidad histórica para restablecer los derechos de las víctimas, además de ser un precedente clave para la protección del derecho a un ambiente sano en América Latina y para la supervisión adecuada de las actividades empresariales por parte de los Estados.
Antecedentes
La Oroya es una ciudad ubicada en la cordillera central de Perú, en el departamento de Junín, a 176 km de Lima. Tiene una población aproximada de 30.533 habitantes.
Allí, en 1922, la empresa estadounidense Cerro de Pasco Cooper Corporation instaló el Complejo Metalúrgico de La Oroya para procesar concentrados de minerales con altos niveles de plomo, cobre, zinc, plata y oro, así como otros contaminantes como azufre, cadmio y arsénico.
El complejo fue nacionalizado en 1974 y operado por el Estado hasta 1997, cuando fue adquirido por la compañía estadounidense Doe Run Company a través de su filial Doe Run Perú. En 2009, debido a la crisis financiera de la empresa, las operaciones del complejo se suspendieron.
Décadas de daños a la salud pública
El Estado peruano —debido a la falta de sistemas adecuados de control, supervisión constante, imposición de sanciones y adopción de acciones inmediatas— ha permitido que el complejo metalúrgico genere durante décadas niveles de contaminación muy altos que han afectado gravemente la salud de residentes de La Oroya por generaciones.
Quienes viven en La Oroya tienen un mayor riesgo o propensión a desarrollar cáncer por la exposición histórica a metales pesados. Si bien los efectos de la contaminación tóxica en la salud no son inmediatamente perceptibles, pueden ser irreversibles o se evidencian a largo plazo, afectando a la población en diversos niveles. Además, los impactos han sido diferenciados —e incluso más graves— entre niños y niñas, mujeres y personas adultas mayores.
La mayoría de las personas afectadas presentó niveles de plomo superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud y, en algunos casos, niveles superiores de arsénico y cadmio; además de estrés, ansiedad, afectaciones en la piel, problemas gástricos, dolores de cabeza crónicos y problemas respiratorios o cardíacos, entre otros.
La búsqueda de justicia
Con el tiempo, se presentaron varias acciones a nivel nacional e internacional para lograr la fiscalización del complejo metalúrgico y de sus impactos, así como para obtener reparación ante la violación de los derechos de las personas afectadas.
AIDA se involucró con La Oroya en 1997 y desde entonces hemos empleado diversas estrategias para proteger la salud pública, el ambiente y los derechos de sus habitantes.
En 2002, nuestra publicación La Oroya No Puede Esperar ayudó a poner en marcha una campaña internacional de largo alcance para visibilizar la situación de La Oroya y exigir medidas para remediarla.
Ese mismo año, un grupo de pobladores de La Oroya presentó una acción de cumplimiento contra el Ministerio de Salud y la Dirección General de Salud Ambiental para la protección de sus derechos y los del resto de la población.
En 2006, obtuvieron una decisión parcialmente favorable del Tribunal Constitucional que ordenó medidas de protección. Pero, tras más de 14 años, no se tomaron medidas para implementar el fallo y el máximo tribunal no impulsó acciones para su cumplimiento.
Ante la falta de respuestas efectivas en el ámbito nacional, AIDA —junto con una coalición internacional de organizaciones— llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en noviembre de 2005 solicitó medidas cautelares para proteger el derecho a la vida, la integridad personal y la salud de las personas afectadas. Luego, en 2006, presentamos una denuncia ante la CIDH contra el Estado peruano por la violación de los derechos humanos de residentes de La Oroya.
En 2007, como respuesta a la petición, la CIDH otorgó medidas de protección a 65 personas de La Oroya y en 2016 las amplió a otras 15 personas.
Situación actual
Al día de hoy, las medidas de protección otorgadas por la CIDH siguen vigentes. Si bien el Estado ha emitido algunas decisiones para controlar de algún modo a la empresa y los niveles de contaminación en la zona, estas no han sido efectivas para proteger los derechos de la población ni para implementar con urgencia las acciones necesarias en La Oroya.
Esto se refleja en la falta de resultados concretos respecto de la contaminación. Desde la suspensión de operaciones del complejo en 2009, los niveles de plomo, cadmio, arsénico y dióxido de azufre no han bajado a niveles adecuados. Y la situación de las personas afectadas tampoco ha mejorado en los últimos 13 años. Hace falta un estudio epidemiológico y de sangre en los niños y las niñas de La Oroya que muestre el estado actual de la contaminación de la población y su comparación con los estudios iniciales realizados entre 1999 y 2005.
En cuanto a la denuncia internacional, en octubre de 2021 —15 años después de iniciado el proceso—, la CIDH adoptó una decisión de fondo en el caso y lo presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras establecer la responsabilidad internacional del Estado peruano en la violación de derechos humanos de residentes de La Oroya.
La Corte escuchó el caso en una audiencia pública en octubre de 2022. Más de un año después, el 22 de marzo de 2024, el tribunal internacional dio a conocer la sentencia del caso. En su fallo, el primero en su tipo, responsabiliza al Estado peruano por violar los derechos humanos de residentes de La Oroya y le ordena la adopción de medidas de reparación integral que incluyen remediación ambiental, reducción y mitigación de emisiones contaminantes, monitoreo de la calidad del aire, atención médica gratuita y especializada, indemnizaciones y un plan de reubicación para las personas afectadas.
Conoce los aportes jurídicos de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso de La Oroya
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No es un instrumento "taquillero" como el de cambio climático, pero es importante por su carácter especializado, por su relación con otros acuerdos ambientales y porque es el único que se ocupa de un tipo de ecosistema en particular. El tratado se propone conservar y promover el uso racional de los humedales por medio de acciones nacionales y de cooperación internacional. Sus estrategias incluyen la planificación de usos, el desarrollo normativo, la educación, la designación de sitios para su "gestión eficaz" y el intercambio de experiencias frente a ecosistemas transfronterizos. La Estrella Fluvial del Inírida es reconocida como un "ecosistema estratégico" para Colombia. En realidad, se trata de un espacio biogeográfico con varios tipos de ecosistemas conectados de diversas formas entre sí y con un alto nivel de endemismo, es decir, de especies que solo se encuentran allí. Se ubica entre los departamentos de Guainía y Vichada. Hace parte del Escudo Guayanés y constituye un complejo de fuentes de agua dulce muy frágil y de importancia vital para la conservación, la mitigación del cambio climático y el sustento de comunidades en cuencas relacionadas. Este ecosistema pasa a ser el sexto sitio Ramsar del país. Es una cifra modesta, teniendo en cuenta la enorme riqueza hídrica colombiana y, por ende, la cantidad de sistemas naturales que podrían ser incluidos en esta clasificación. Según el Ministerio de Ambiente, Colombia tiene alrededor de tres millones de hectáreas de humedales. Si se compara con otros países, algunos de ellos han avanzado mucho más en la identificación de estos sitios, así: SITIOS DESIGNADOS RAMSAR País No. de sitios Ramsar Hectáreas protegidas Algeria 50 2.991.013 Argentina 21 5.382.521 Australia 65 8.319.886 Bolivia 11 14.842.405 Brasil 12 7.225.687 Canadá 37 13.086.771 Colombia (sin la Estrella Fluvial) 5 458.525 Francia 43 3.557.820 Perú 13 6.784.042 Perspectivas de la protección de los humedales La declaratoria es un avance importante que debe ser reconocido por varias razones: por el tamaño de la Estrella (alrededor de 253 mil hectáreas, lo que incrementaría casi en una tercera parte el área de ese tipo protegida en el país), también por la utilidad del tratado que la protege, y especialmente por la envergadura de los riesgos que enfrenta. Como contó La Silla Vacía, este sitio fue objeto de un duro pulso entre las carteras de Ambiente y Minas por la definición de si puede permitirse o no minería en esa zona, que concluyó con la declaración de reservas temporales de recursos naturales. En teoría, las reservas temporales decretadas por el gobierno frenaron la expedición de nuevos títulos en ecosistemas sensibles, incluyendo humedales clave, pero la vigencia de esta decisión es de corto plazo y está sujeta a prórrogas. Aunque por la naturaleza de las obligaciones del tratado, la declaración como sitio Ramsar debería bastar para blindar La Estrella Fluvial, el riesgo de daños por minería sigue vigente mientras no haya una decisión definitiva del gobierno sobre dichas reservas temporales, y a pesar de la claridad de las normas ambientales. Colombia tiene una tradición donde esas normas, que en general son buenas, a veces no son observadas por autoridades distintas del propio ministerio del ramo. Esta tendencia se refuerza con decisiones provisionales sobre protección. Otra arista del problema es la minería ilegal. En ella hay que distinguir entre aquella de subsistencia, que podría considerarse informal, y la que realizan grupos armados u otro tipo de organizaciones al margen de la ley. Si bien la minería criminal es más difícil de controlar, es importante entender que ello obedece a que no es objeto de regulación sino de persecución penal. Por otro lado, la minería legal en sitios Ramsar no debería ser considerada una herramienta para desestimular la ilegal. En cualquier caso, ambos tipos de actividades deben ser prohibidas, aunque se deben ofrecer alternativas laborales a las comunidades. Finalmente, los humedales no son ni tienen por qué ser territorios deshabitados. Así lo reconoce la propia Convención, que introduce la noción de "uso racional" y alienta la participación en los esfuerzos de cada país para proteger sus humedales, así como la articulación intersectorial. La protección del patrimonio cultural asociado con estos ecosistemas también es objeto de interés por parte del tratado Ramsar, lo cual da cuenta de la importancia que tienen las comunidades para su aplicación. Lo que viene La Convención de Ramsar celebra una Conferencia de Estados Partes (COP) cada tres años. Es el órgano encargado de trazar las políticas y de evaluar la evolución de los esfuerzos por aplicar el tratado, y adopta decisiones para mejorar su funcionamiento. Durante la COP, los Estados partes presentan informes donde rinden cuentas y señalan los desafíos futuros. Como en todas las conferencias multilaterales, suelen conformarse bloques de países en función de sus posturas frente al tema, de su política exterior y de los acuerdos a los que se puedan llegar. La COP de 2015 será en Uruguay y sin duda el Gobierno colombiano tendrá un nuevo avance para mostrar. Sin embargo, además de la extensión de áreas protegidas, el indicador más importante será la conservación de las características ecológicas de los humedales que ya han sido declarados sitios Ramsar. Dicha conservación es el concepto utilizado para definir el uso racional. Sin ella no hay cumplimiento apropiado de las obligaciones del tratado. El informe de cada país debe incluir datos sobre la articulación entre Ramsar y las demás políticas nacionales (minería, por ejemplo), si el inventario nacional de humedales está completo y si la información sobre ellos es accesible. Asimismo, Colombia tendrá que dar cuenta sobre la inclusión de cuestiones relativas a humedales en los planes agrícolas, de diversidad biológica, forestales y de recursos hídricos. Igual ocurrirá con temas como los esfuerzos por restaurar humedales deteriorados (cruciales para la Costa Caribe), especies invasoras, diseño de incentivos y manejo intersectorial. Por otro lado, los retrasos en delimitar los humedales son un obstáculo serio para su protección y con toda probabilidad ello llamará la atención de la Conferencia. En todos estos aspectos, los retos siguen siendo enormes. Con todo, seguramente la experiencia del distrito de Bogotá y los esfuerzos del Instituto Humboldt serán presentados por el gobierno nacional para mostrar resultados. Como dice el lema de la secretaría de Ramsar, "Los humedales nos conectan a todos", la clave para salvar la Estrella Fluvial del Inírida está en su consolidación como área protegida, con todo lo que ello implica: regulación apropiada, planta de funcionarios, control político y participación ciudadana, entre otros aspectos. La Convención requiere que, además de la declaración, los sitios protegidos cuenten con comités intersectoriales de gestión y planes de manejo. En suma, se necesitan voluntad institucional y recursos suficientes. La protección de la Estrella apenas comienza. Las medidas temporales ayudan, pero no son políticas estables y pueden verse afectadas por los cambios electorales. De eso depende que muchas otras generaciones tengan la oportunidad de apreciar su abrumadora belleza desde los cerros de Mavecure.
Leer másSEMARNAT autoriza mina que pone en grave riesgo de contaminación a la Sierra La Laguna y a las comunidades aledañas
La autoridad ambiental aprobó el proyecto Los Cardones, una mina de oro a cielo abierto que amenaza seriamente con llenar de químicos tóxicos el agua que consumen las personas y la vida silvestre de la zona. Baja California Sur, México. La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) aprobó la construcción de la mina de oro a cielo abierto Los Cardones en el área natural protegida (ANP) Sierra La Laguna. El proyecto incumple la legislación vigente sobre protección del ambiente y de la salud humana debido a que pone en grave riesgo de contaminación tóxica a la zona y a las comunidades aledañas. La empresa a cargo del proyecto busca desarrollar Los Cardones en parte del ANP para explotar oro de la cadena montañosa. Para lograrlo, pretende extraer grandes cantidades de roca hasta convertirlas en polvo, aunque cada tonelada de roca contiene solo un gramo de oro. La mezcla de lodo resultante será tratada luego con cianuro. El proceso implica la producción de enormes volúmenes de residuos tóxicos en el lugar. La mina plantea otro riesgo denominado drenaje ácido, el cual consiste en la filtración de metales tóxicos a la cuenca hídrica de la zona. “Cientos de miles de personas e incontable vida silvestre dependen del agua de la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna para su supervivencia”, advirtió Haydée Rodríguez, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). El decreto que declara ANP al sitio prohíbe verter o descargar contaminantes en el suelo, subsuelo y en cualquier clase de corriente o depósito de agua, y desarrollar actividades contaminantes. Aun así, “el proyecto pretende abandonar para siempre casi 180,000 millones de kg de material potencialmente tóxico, y más de 56,000 millones de kg de jales altamente tóxicos en un dique de piedra y tierra, recubierto solo con un plástico, ubicado sobre la cabecera de la cuenca de El Carrizal, acuífero que abastece a la ciudad de La Paz”, señaló Irina Trasviña, vocera del Frente Ciudadano en Defensa del Agua y la Vida en BCS. El agua en la Sierra La Laguna, parte de la red mundial de reservas protegidas por la UNESCO, es de por sí escasa. En general las minas emplean ingentes cantidades de agua y Los Cardones no es la excepción. Por ello la empresa plantea extraer y desalar agua de la costa del Pacífico en una planta que consumirá mucha energía y pondrá en riesgo a la tortuga laúd (Dermochelys coriacea), especie en peligro de extinción. Pero la desaladora solo es una pantalla para esconder sus verdaderas intenciones, ya que la Ley Minera le autoriza a usar de manera gratuita toda el agua que surja del enorme cráter. La desaladora también afectará al acuífero y a sus usuarios porque la empresa no planea hacer una toma directa de agua de mar, sino pozos playeros. De ese modo, succionarían una enorme cantidad de agua dulce mezclada con agua de mar, según un estudio elaborado por expertos de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS). "México está pasando por alto sus obligaciones nacionales e internacionales de proteger la Sierra La Laguna. Con diferentes nombres, ésta es la cuarta vez que se propone este proyecto minero. Su Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) aún es incompleta pues no detalla cómo se manejará el drenaje ácido y otros posibles problemas que atentan contra el ambiente y las personas", añadió Rodríguez. Legisladores, ayuntamientos, organizaciones de la sociedad civil, colegios de profesionales, empresarios, científicos y representantes de diversos sectores locales se han opuesto al proyecto Los Cardones. A ellos se suman los más de 4,000 ciudadanos que solicitaron a SEMARNAT una reunión pública de información sobre el proyecto para expresar su rechazo al mismo, así como las más de 60,000 firmas pidiendo la cancelación de éste y otros mega proyectos mineros.
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