Project
Luchando por justicia para víctimas de contaminación tóxica en La Oroya, Perú
Por más de 20 años, residentes de La Oroya buscan justicia y reparación por la violación de sus derechos fundamentales a causa de la contaminación con metales pesados de un complejo metalúrgico y de la falta de medidas adecuadas por parte del Estado.
El 22 de marzo de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer su fallo en el caso. Estableció la responsabilidad del Estado de Perú y le ordenó adoptar medidas de reparación integral. Esta decisión es una oportunidad histórica para restablecer los derechos de las víctimas, además de ser un precedente clave para la protección del derecho a un ambiente sano en América Latina y para la supervisión adecuada de las actividades empresariales por parte de los Estados.
Antecedentes
La Oroya es una ciudad ubicada en la cordillera central de Perú, en el departamento de Junín, a 176 km de Lima. Tiene una población aproximada de 30.533 habitantes.
Allí, en 1922, la empresa estadounidense Cerro de Pasco Cooper Corporation instaló el Complejo Metalúrgico de La Oroya para procesar concentrados de minerales con altos niveles de plomo, cobre, zinc, plata y oro, así como otros contaminantes como azufre, cadmio y arsénico.
El complejo fue nacionalizado en 1974 y operado por el Estado hasta 1997, cuando fue adquirido por la compañía estadounidense Doe Run Company a través de su filial Doe Run Perú. En 2009, debido a la crisis financiera de la empresa, las operaciones del complejo se suspendieron.
Décadas de daños a la salud pública
El Estado peruano —debido a la falta de sistemas adecuados de control, supervisión constante, imposición de sanciones y adopción de acciones inmediatas— ha permitido que el complejo metalúrgico genere durante décadas niveles de contaminación muy altos que han afectado gravemente la salud de residentes de La Oroya por generaciones.
Quienes viven en La Oroya tienen un mayor riesgo o propensión a desarrollar cáncer por la exposición histórica a metales pesados. Si bien los efectos de la contaminación tóxica en la salud no son inmediatamente perceptibles, pueden ser irreversibles o se evidencian a largo plazo, afectando a la población en diversos niveles. Además, los impactos han sido diferenciados —e incluso más graves— entre niños y niñas, mujeres y personas adultas mayores.
La mayoría de las personas afectadas presentó niveles de plomo superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud y, en algunos casos, niveles superiores de arsénico y cadmio; además de estrés, ansiedad, afectaciones en la piel, problemas gástricos, dolores de cabeza crónicos y problemas respiratorios o cardíacos, entre otros.
La búsqueda de justicia
Con el tiempo, se presentaron varias acciones a nivel nacional e internacional para lograr la fiscalización del complejo metalúrgico y de sus impactos, así como para obtener reparación ante la violación de los derechos de las personas afectadas.
AIDA se involucró con La Oroya en 1997 y desde entonces hemos empleado diversas estrategias para proteger la salud pública, el ambiente y los derechos de sus habitantes.
En 2002, nuestra publicación La Oroya No Puede Esperar ayudó a poner en marcha una campaña internacional de largo alcance para visibilizar la situación de La Oroya y exigir medidas para remediarla.
Ese mismo año, un grupo de pobladores de La Oroya presentó una acción de cumplimiento contra el Ministerio de Salud y la Dirección General de Salud Ambiental para la protección de sus derechos y los del resto de la población.
En 2006, obtuvieron una decisión parcialmente favorable del Tribunal Constitucional que ordenó medidas de protección. Pero, tras más de 14 años, no se tomaron medidas para implementar el fallo y el máximo tribunal no impulsó acciones para su cumplimiento.
Ante la falta de respuestas efectivas en el ámbito nacional, AIDA —junto con una coalición internacional de organizaciones— llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en noviembre de 2005 solicitó medidas cautelares para proteger el derecho a la vida, la integridad personal y la salud de las personas afectadas. Luego, en 2006, presentamos una denuncia ante la CIDH contra el Estado peruano por la violación de los derechos humanos de residentes de La Oroya.
En 2007, como respuesta a la petición, la CIDH otorgó medidas de protección a 65 personas de La Oroya y en 2016 las amplió a otras 15 personas.
Situación actual
Al día de hoy, las medidas de protección otorgadas por la CIDH siguen vigentes. Si bien el Estado ha emitido algunas decisiones para controlar de algún modo a la empresa y los niveles de contaminación en la zona, estas no han sido efectivas para proteger los derechos de la población ni para implementar con urgencia las acciones necesarias en La Oroya.
Esto se refleja en la falta de resultados concretos respecto de la contaminación. Desde la suspensión de operaciones del complejo en 2009, los niveles de plomo, cadmio, arsénico y dióxido de azufre no han bajado a niveles adecuados. Y la situación de las personas afectadas tampoco ha mejorado en los últimos 13 años. Hace falta un estudio epidemiológico y de sangre en los niños y las niñas de La Oroya que muestre el estado actual de la contaminación de la población y su comparación con los estudios iniciales realizados entre 1999 y 2005.
En cuanto a la denuncia internacional, en octubre de 2021 —15 años después de iniciado el proceso—, la CIDH adoptó una decisión de fondo en el caso y lo presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras establecer la responsabilidad internacional del Estado peruano en la violación de derechos humanos de residentes de La Oroya.
La Corte escuchó el caso en una audiencia pública en octubre de 2022. Más de un año después, el 22 de marzo de 2024, el tribunal internacional dio a conocer la sentencia del caso. En su fallo, el primero en su tipo, responsabiliza al Estado peruano por violar los derechos humanos de residentes de La Oroya y le ordena la adopción de medidas de reparación integral que incluyen remediación ambiental, reducción y mitigación de emisiones contaminantes, monitoreo de la calidad del aire, atención médica gratuita y especializada, indemnizaciones y un plan de reubicación para las personas afectadas.
Conoce los aportes jurídicos de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso de La Oroya
Partners:
Proyectos relacionados
Producción masiva de carne: ¿Qué implica un bistec de supermercado?
Por Florencia Ortúzar, asesora legal de AIDA El tema de la ganadería industrial empezó a llamar mi atención hace ya algún tiempo. Elegí por fin sapr de la cómoda ignorancia para indagar en las imppcaciones que conlleva la carne que llevamos a nuestros platos. Personalmente, me conmueve sobre todo lo que la industria cárnica significa en términos de maltrato y absoluta carencia de respeto hacia los animales, situación inaceptable bajo cualquier punto de vista. Sin embargo, no me dedicaré a tan doloroso aspecto en esta ocasión, sino a algo mucho más práctico. De lo aprendido me sorprendió saber que los impactos ambientales de las granjas industriales que funcionan en Estados Unidos y en todos los países que han industriapzado la forma de producir carne, compiten en igualdad de condiciones con muchas de las actividades humanas que más nos preocupan por la degradación ambiental y la contaminación que producen. Al respecto, me parece importante el aporte de Jonathan Safran Foer, quien reapzó una minuciosa investigación para Comer Animales, su pbro de no ficción pubpcado en 2009.Este autor usó los datos estadísticos más fiables (casi siempre del gobierno, fuentes académicas y de la industria, información que goza de amppo consenso) y además contrató a dos asesores externos para corroborarlos. En términos estadísticos, estudios recientes reapzados por Naciones Unidas y por la Comisión Pew demuestran de manera concluyente que el sector ganadero produce másgases de efecto invernadero que todo el sector de transporte: incluidos vehículos, camiones, aviones, trenes y barcos. La Comisión Pew sobre Producción Industrial Animal fue financiada a través de una beca de The Pew Charitable Trusts al Johns Hopkins Bloomberg School of Pubpc Health para investigar los problemas asociados con la producción industrial de animales de granja, y para hacer recomendaciones que ayuden a resolverlos. Quince miembros de la Comisión, de persos sectores, comenzaron a reunirse a principios del 2006 para iniciar una investigación basada en la evidencia de los perjuicios causados por la industria cárnica, llegando a resultados altamente preocupantes (ver el reporte en la parte final del texto). Además, el método industrial de producción de carne provoca otros gravísimos problemas como: Aumento de la resistencia de las bacterias a los antibióticos debido al uso excesivo; Generación de potenciales pandemias en razón de las nefastas condiciones en que mantienen a los animales (ver un post pubpcado en la web del Programa de las Américas sobre el origen de la influenza porcina); Contaminación del aire, aguas y tierra con residuos animales concentrados; y Desperdicio de vaposos recursos como tierra, comida, agua y energía por la forma desmedida en que son requeridos por este rubro. Los perjuicios derivados de estas granjas no han pasado desapercibidos. Comunidades de todo el mundo han luchado para protegerse de la contaminación y los problemas que ocasionan. En Chile, por ejemplo, tenemos el caso de Freirina, locapdad ubicada en la nortina Región de Atacama, cuyos habitantes se vieron afectados por una planta faenadora de cerdos de la industria Agrosuper, el mayor grupo agroindustrial de Chile. Además de pestilencias insoportables que no dejaron dormir a los vecinos por meses, se sumaron problemas sanitarios que aún continúan impactando directamente en la salud de las personas y en el medio ambiente (ver un recuento del caso en la revista Somos). El grave daño ambiental asociado a estas industrias se exppca principalmente por la cantidad abismal de desechos que producen los millones de animales hacinados, la cual es además tan mal manejada que se vuelve letal para la salud humana y el ambiente. En las granjas tradicionales del pasado, los desechos animales se usaban para fertipzar los campos, que a su vez eran fuente de apmento para los animales, generando así un círculo virtuoso de producción. Pero este equipbrio no puede darse cuando la acumulación de desechos resulta tan gigantesca. La Oficina de Contabipdad General de Estados Unidos ha informado que las granjas industriales pueden generar más residuos que las poblaciones de ciudades completas. De este modo, la fuerza contaminadora de estos residuos es 160 veces mayor que la de los vertederos municipales, y sin que exista la infraestructura para su tratamiento. Lo que sucede es que las fosas donde los depositan —que tienen la extensión de campos de fútbol y profundidades de alrededor de 10 metros— terminan por saturarse y, cuando ello ocurre, rebalsan, contaminando cuerpos de agua y tierra; o bien son esparcidos en los campos como estiércol líquido o se pulverizan al aire. Los beneficios económicos que estas fábricas de carne reportan son enormes, pero sólo porque los costos son externapzados a la población. La contaminación, las dolencias de las personas y la degradación del valor de las propiedades vecinas son aspectos asumidos por todos, menos por quienes se llevan el crédito económico de esta industria. Sin desplazar estos costos al púbpco, Agrosuper y todas las mega agroindustrias que funcionan bajo los parámetros mencionados serían incapaces de producir carne a los bajos precios que lo hacen sin caer en quiebra. El método de la producción industrial de carne, además de aberrante éticamente, no es sostenible en el tiempo. No me siento cómoda dándole lecciones a la gente sobre lo que debería o no poner en sus platos de comida, pero me parece que al menos es justo que salgamos de la cómoda ignorancia sobre lo que imppcan nuestros hábitos apmentarios. Como bien dijo Paul McCartney, quizás con ese despertar llegaríamos más lejos. “A menudo he dicho que si los mataderos tuvieran paredes de cristal, todos seríamos vegetarianos. Los animales criados en granjas modernas y muertos en mataderos tienen que soportar sufrimiento casi inimaginable”. (Paul McCartney) Conoce el documento completo de la Comisión Pew Comission Pew Report: Putting Meaton the Table:Industrial Farm Animal Productionin America by Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA)
Leer más
El mar es de todos/as: Cuando la playa es fuente de discriminación
By María José Veramendi Villa, legal adviser AIDA, @MaJoVeramendi "... It is my beach just for my family, out of here, this is restricted area, a whole beach just for my friends, only people like me will be welcome. " (Fragment is my beach , lyrics and music of Chabelos) Every December, when to start the summer in the southern hemisphere, the inhabitants of Lima (Peru) are prepared for the heat and enjoy the cold sea in the South Pacific. Once the first rays of sun, many / as undertake course to the beaches north and south coast of Lima. Unfortunately, the summer also a story that repeats itself every year is given discrimination on the beaches , stark reality reflected, mockingly, in the song of the Chabelos. The Law 26856 , enacted by the Peruvian Congress in December 1997, provides that the coastal beaches are public property, inalienable and use and establishes areas restricted domain. This means that in Peru THERE private beaches . While developments adjacent to the beach are allowed, there must be, at least a thousand yards away a path to free entry to it. Unfortunately, on the beaches of Lima we see many resorts, housing developments and clubs under a slogan of reserve and exclusivity intended to privatize a natural resource which is for use and enjoyment of all / as: the sea . Some social clubs and buildings surround the entire perimeter of access to the beaches by the arrival of the sea is an almost impossible task. As this could cite a whole list of obstacles to reach vacationers enjoy the long - awaited sea in some areas a privileged social class has decided to reserve for personal use . Unfortunately, the situation does not end there. Who actually manage to overcome the obstacles and reach the sea, they encounter security guards who care revenue "private" beaches. Deny access by their standards, color of "suitable" skin or who do not appear to be a "wealthy" social class under the excuse that they are not residents of the resort or club members. Discrimination in Lima society reaches its highest point in spas where domestic workers can only swim in the sea at certain times, usually from five in the afternoon. In addition, employers are forced to wear uniforms on the beach and in social clubs. The Supreme Decree 004-2009-TR established that constitutes an act of discrimination to domestic workers required to wear the aprons, aprons or any other distinctive garment spaces or public places such as parks, plazas, beaches, restaurants, hotels, shops , social and similar clubs. However, it appears that the law does not apply to certain beaches. In 2007, in the exclusive resort of Asia (south of Lima), an operation called "Employee Daring" was performed. In it, nearly 700 people , including domestic workers, journalists, human rights activists and artists, among others banded together to form a human chain in front of the sea and claim the end of racism at the spa. Five years of operating, would give the impression that little has changed and that despite having legal protection and ratifying international instruments of human rights protection prohibiting discrimination, it washes the shores of Lima same way as its cold water. That part of Lima society that encourages or is indifferent to such acts of discrimination requires lose its exclusivity cloud; You need strong authorities to require the strict compliance with the law and a dose of reality and humility to recognize your neighbor as a person with the same rights . Only in this way it will be possible to live in an egalitarian society where the unquestionable fact of nature that respects the sea is all / as . Video Operation "Employee Audacious" (2007). Source: YouTube / Kinuatv
Leer másCaminemos hacia un desarrollo sostenible de frente al mar
Por Haydée Rodríguez, asesora legal de AIDA El territorio marino de Costa Rica, que abarca 580,000 km2, es 11 veces más grande que su territorio terrestre: 51,100 km2. Sin embargo, a pesar de la relevancia que debería darse a los océanos en ese país, éste se ha desarrollado de espaldas al mar. No existen datos oficiales que reflejen el valor económico total de los océanos en Costa Rica. Sin embargo, se estima que tan sólo la pesca turística genera cerca de un 2% del PIB, equivalente a US$1.1 miles de millones. El pasado 21 de enero, 280 tortugas lora y verde fueron encontradas muertas en el Golfo Dulce (Pacífico sur de Costa Rica), según información publicada por el diario La Nación. A casi 2 meses después de lo ocurrido, el Gobierno no ha hecho nada para evitar que situaciones de ese tipo se repitan. Barcos de mediana y avanzada escala buscan peces vela y dorado en las afueras del Golfo Dulce. Usan como arte de pesca el palangre (cordel largo y grueso que se extiende por kilómetros del que cuelgan a ramales con anzuelos en sus extremos), que ha sido reconocido a nivel internacional como causa de muerte incidental de tortugas. En Hawái, por ejemplo, se ha logrado prohibir el uso de palangre en una determinada época del año y a cierta distancia de la costa, lo que ha reducido el número de especies atrapadas incidentalmente. Un primer informe realizado por la organización WideCast señaló que la causa de la muerte de las tortugas halladas en el Golfo Dulce está relacionada directamente con la actividad pesquera, ya sea por enredamiento en líneas de pesca o por traumatismos con anzuelos. El informe del Gobierno, emitido algunos días después, menciona como la principal causa la presencia de parásitos intestinales producto de la marea roja y las fuertes lluvias en la zona. Tras conocerse esta versión oficial, el seguimiento de los medios de prensa al caso desapareció y los informes relativos al mismo se encuentran ahora archivados en algún escritorio. Cuando algo sucede en tierra, en nuestra ciudad o vecindario, parece que nos sentimos más identificados, parece que lo recordamos más y que es más difícil darle la espalda. La historia es distinta cuando la tragedia tiene lugar en el mar. Es cierto que existe una conciencia y sensibilidad emergentes hacia la conservación de los espacios marinos en Costa Rica. Ello se refleja en los esfuerzos por crear áreas marinas protegidas y áreas marinas de pesca responsable. Lo anterior ha generado un debate sobre los temas marinos, algo relegado años atrás y que ahora se convierte en un reto vigente. Sin embargo, esto no es suficiente. Las políticas públicas y el actuar del Estado deberían desarrollarse siempre de frente al mar. ¿Qué hacer? Pese a que de forma aislada no constituye una solución a todos los problemas, considero que la mejor opción es iniciar un proceso de ordenamiento especial marino que permita coordinar acciones, realizar zonificaciones y plantear estrategias claras sobre el manejo de los recursos marinos en Costa Rica. De manera complementaria, deben realizarse reformas a la ley para prohibir del todo o para al menos regular efectivamente el uso de palangres. Esto puede hacerse especificando tiempos máximos de remojo de las artes de pesca (por cuánto tiempo y a qué hora es posible dejar el palangre en el mar), eliminando el uso de carnada viva y permitiendo únicamente el uso de anzuelos grandes que permitan la liberación de especies no objeto de pesca. Está claro que ni el ordenamiento espacial marino ni las reformas legales serán mecanismos efectivos sin instrumentos que permitan llevarlos a la práctica. Deberíamos considerar la obligatoriedad de llevar observadores a bordo de las embarcaciones que den fe del manejo adecuado de las artes de pesca y de la liberación de la pesca incidental. Escribo estas líneas con la esperanza de que el olvido quede atrás. La única forma de recordar y actuar es comprendiendo nuestro vínculo con el océano en todas nuestras acciones. No le demos más la espalda. Vivamos de frente al mar.
Leer más