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Luchando por justicia para víctimas de contaminación tóxica en La Oroya, Perú
Por más de 20 años, residentes de La Oroya buscan justicia y reparación por la violación de sus derechos fundamentales a causa de la contaminación con metales pesados de un complejo metalúrgico y de la falta de medidas adecuadas por parte del Estado.
El 22 de marzo de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer su fallo en el caso. Estableció la responsabilidad del Estado de Perú y le ordenó adoptar medidas de reparación integral. Esta decisión es una oportunidad histórica para restablecer los derechos de las víctimas, además de ser un precedente clave para la protección del derecho a un ambiente sano en América Latina y para la supervisión adecuada de las actividades empresariales por parte de los Estados.
Antecedentes
La Oroya es una ciudad ubicada en la cordillera central de Perú, en el departamento de Junín, a 176 km de Lima. Tiene una población aproximada de 30.533 habitantes.
Allí, en 1922, la empresa estadounidense Cerro de Pasco Cooper Corporation instaló el Complejo Metalúrgico de La Oroya para procesar concentrados de minerales con altos niveles de plomo, cobre, zinc, plata y oro, así como otros contaminantes como azufre, cadmio y arsénico.
El complejo fue nacionalizado en 1974 y operado por el Estado hasta 1997, cuando fue adquirido por la compañía estadounidense Doe Run Company a través de su filial Doe Run Perú. En 2009, debido a la crisis financiera de la empresa, las operaciones del complejo se suspendieron.
Décadas de daños a la salud pública
El Estado peruano —debido a la falta de sistemas adecuados de control, supervisión constante, imposición de sanciones y adopción de acciones inmediatas— ha permitido que el complejo metalúrgico genere durante décadas niveles de contaminación muy altos que han afectado gravemente la salud de residentes de La Oroya por generaciones.
Quienes viven en La Oroya tienen un mayor riesgo o propensión a desarrollar cáncer por la exposición histórica a metales pesados. Si bien los efectos de la contaminación tóxica en la salud no son inmediatamente perceptibles, pueden ser irreversibles o se evidencian a largo plazo, afectando a la población en diversos niveles. Además, los impactos han sido diferenciados —e incluso más graves— entre niños y niñas, mujeres y personas adultas mayores.
La mayoría de las personas afectadas presentó niveles de plomo superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud y, en algunos casos, niveles superiores de arsénico y cadmio; además de estrés, ansiedad, afectaciones en la piel, problemas gástricos, dolores de cabeza crónicos y problemas respiratorios o cardíacos, entre otros.
La búsqueda de justicia
Con el tiempo, se presentaron varias acciones a nivel nacional e internacional para lograr la fiscalización del complejo metalúrgico y de sus impactos, así como para obtener reparación ante la violación de los derechos de las personas afectadas.
AIDA se involucró con La Oroya en 1997 y desde entonces hemos empleado diversas estrategias para proteger la salud pública, el ambiente y los derechos de sus habitantes.
En 2002, nuestra publicación La Oroya No Puede Esperar ayudó a poner en marcha una campaña internacional de largo alcance para visibilizar la situación de La Oroya y exigir medidas para remediarla.
Ese mismo año, un grupo de pobladores de La Oroya presentó una acción de cumplimiento contra el Ministerio de Salud y la Dirección General de Salud Ambiental para la protección de sus derechos y los del resto de la población.
En 2006, obtuvieron una decisión parcialmente favorable del Tribunal Constitucional que ordenó medidas de protección. Pero, tras más de 14 años, no se tomaron medidas para implementar el fallo y el máximo tribunal no impulsó acciones para su cumplimiento.
Ante la falta de respuestas efectivas en el ámbito nacional, AIDA —junto con una coalición internacional de organizaciones— llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en noviembre de 2005 solicitó medidas cautelares para proteger el derecho a la vida, la integridad personal y la salud de las personas afectadas. Luego, en 2006, presentamos una denuncia ante la CIDH contra el Estado peruano por la violación de los derechos humanos de residentes de La Oroya.
En 2007, como respuesta a la petición, la CIDH otorgó medidas de protección a 65 personas de La Oroya y en 2016 las amplió a otras 15 personas.
Situación actual
Al día de hoy, las medidas de protección otorgadas por la CIDH siguen vigentes. Si bien el Estado ha emitido algunas decisiones para controlar de algún modo a la empresa y los niveles de contaminación en la zona, estas no han sido efectivas para proteger los derechos de la población ni para implementar con urgencia las acciones necesarias en La Oroya.
Esto se refleja en la falta de resultados concretos respecto de la contaminación. Desde la suspensión de operaciones del complejo en 2009, los niveles de plomo, cadmio, arsénico y dióxido de azufre no han bajado a niveles adecuados. Y la situación de las personas afectadas tampoco ha mejorado en los últimos 13 años. Hace falta un estudio epidemiológico y de sangre en los niños y las niñas de La Oroya que muestre el estado actual de la contaminación de la población y su comparación con los estudios iniciales realizados entre 1999 y 2005.
En cuanto a la denuncia internacional, en octubre de 2021 —15 años después de iniciado el proceso—, la CIDH adoptó una decisión de fondo en el caso y lo presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras establecer la responsabilidad internacional del Estado peruano en la violación de derechos humanos de residentes de La Oroya.
La Corte escuchó el caso en una audiencia pública en octubre de 2022. Más de un año después, el 22 de marzo de 2024, el tribunal internacional dio a conocer la sentencia del caso. En su fallo, el primero en su tipo, responsabiliza al Estado peruano por violar los derechos humanos de residentes de La Oroya y le ordena la adopción de medidas de reparación integral que incluyen remediación ambiental, reducción y mitigación de emisiones contaminantes, monitoreo de la calidad del aire, atención médica gratuita y especializada, indemnizaciones y un plan de reubicación para las personas afectadas.
Conoce los aportes jurídicos de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso de La Oroya
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La decisión da la razón a denunciantes que afirman que la Corporación Financiera Internacional no evaluó adecuadamente los impactos ambientales y sociales del proyecto en Colombia. Washington/Bogotá/Ottawa. La Oficina del Asesor en Cumplimiento (CAO, por sus siglas en inglés), mecanismo de rendición de cuentas de la Corporación Financiera Internacional (CFI), realizará una auditoría a la compra de acciones de la CFI en Eco Oro Minerals (antes Greystar Resources Ltd.) por US$18.2 millones. Dicha empresa canadiense pretende ejecutar un proyecto minero de oro llamado Angostura en el páramo de Santurbán, ubicado entre los departamentos colombianos de Santander y Norte de Santander. La decisión responde a la queja presentada en junio de 2012 por el Comité por la Defensa del Agua y el Páramo de Santurbán con apoyo de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL) y MiningWatch Canadá. Los peticionarios argumentaron que la inversión no cumplió con las políticas de sostenibilidad social y ambiental de la CFI, entidad parte del Grupo del Banco Mundial. “Celebramos la decisión de la CAO de avanzar la queja a una auditoría. Esto se suma a nuestros argumentos sobre la inviabilidad de la mina Angostura en Santurbán”, sostuvo Miguel Ramos, abogado miembro del Comité. “Si la CAO concluye que el proyecto no está cumpliendo y no va a cumplir con sus estándares, la CFI debería vender sus acciones”. Los páramos, humedales de gran altitud, son fuente de agua dulce y refugio para especies endémicas y amenazadas como el oso de anteojos y el cóndor andino. Así lo reconoce incluso la CFI. Además son ecosistemas esenciales para la mitigación del cambio climático. Las normas colombianas e internacionales prohíben la minería en páramos. Por ello, en mayo de 2011, el Ministerio de Ambiente de ese país negó la licencia ambiental al proyecto, propuesto inicialmente como mina a cielo abierto y ahora como mina subterránea. “Consideramos que una mina a cielo abierto o subterránea causaría daños irremediables a un ecosistema esencial para Colombia y para la región por su alta biodiversidad, su importancia para mitigar el cambio climático y por ser fuente de agua dulce para dos millones de personas. Por lo tanto y en cumplimiento de las normas, no debería implementarse”, indicó Astrid Puentes, co-directora ejecutiva de AIDA. La investigación de la CAO se enfocará en conocer si la evaluación de los riesgos sociales y ambientales se realizó de manera adecuada, en especial de aquellos acumulativos y de largo plazo. “La CFI invirtió para impulsar el sector minero en Colombia sin tener la información necesaria de los impactos, tanto del proyecto como del posible desarrollo de un distrito minero en la zona de Santurbán, una región que ha sido afectada por el conflicto armado y donde 70,000 hectáreas han sido concesionadas a varias empresas desde que Eco Oro llegó”, afirmó Jennifer Moore, coordinadora del Programa para América Latina de MiningWatch Canadá. “Esto demuestra que es una política irresponsable e inmanejable". La decisión de la CAO llega dos semanas después de otra similar, la de hacer una auditoría a una mina de cobre en Perú. En ese caso, la CFI compró acciones en un proyecto en etapa preliminar sin evaluar los impactos. “Desde nuestra perspectiva, de continuar aceptando este tipo de inversiones, la CFI podría incumplir con sus estándares. Es un patrón sumamente preocupante”, manifestó Kristen Genovese, abogada de CIEL. Las organizaciones que presentaron la queja esperan que el resultado de la investigación que realizará la CAO sea comprehensivo y que cuestione en profundidad la política actual de la CFI de impulsar la minería a gran escala a través de la compra de acciones en empresas mineras de exploración llamadas "junior". Vea la versión en PDF del informe de la CAO (sólo en inglés). Consulta la traducción no oficial a español del resumen del informe.
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