Project

Luchando por justicia para víctimas de contaminación tóxica en La Oroya, Perú

Por más de 20 años, residentes de La Oroya buscan justicia y reparación por la violación de sus derechos fundamentales a causa de la contaminación con metales pesados de un complejo metalúrgico y de la falta de medidas adecuadas por parte del Estado. 

El 22 de marzo de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer su fallo en el caso. Estableció la responsabilidad del Estado de Perú y le ordenó adoptar medidas de reparación integral. Esta decisión es una oportunidad histórica para restablecer los derechos de las víctimas, además de ser un precedente clave para la protección del derecho a un ambiente sano en América Latina y para la supervisión adecuada de las actividades empresariales por parte de los Estados.

 

Antecedentes

La Oroya es una ciudad ubicada en la cordillera central de Perú, en el departamento de Junín, a 176 km de Lima. Tiene una población aproximada de 30.533 habitantes.

Allí, en 1922, la empresa estadounidense Cerro de Pasco Cooper Corporation instaló el Complejo Metalúrgico de La Oroya para procesar concentrados de minerales con altos niveles de plomo, cobre, zinc, plata y oro, así como otros contaminantes como azufre, cadmio y arsénico. 

El complejo fue nacionalizado en 1974 y operado por el Estado hasta 1997, cuando fue adquirido por la compañía estadounidense Doe Run Company a través de su filial Doe Run Perú. En 2009, debido a la crisis financiera de la empresa, las operaciones del complejo se suspendieron.

Décadas de daños a la salud pública

El Estado peruano —debido a la falta de sistemas adecuados de control, supervisión constante, imposición de sanciones y adopción de acciones inmediatas— ha permitido que el complejo metalúrgico genere durante décadas niveles de contaminación muy altos que han afectado gravemente la salud de residentes de La Oroya por generaciones. 

Quienes viven en La Oroya tienen un mayor riesgo o propensión a desarrollar cáncer por la exposición histórica a metales pesados. Si bien los efectos de la contaminación tóxica en la salud no son inmediatamente perceptibles, pueden ser irreversibles o se evidencian a largo plazo, afectando a la población en diversos niveles. Además, los impactos han sido diferenciados —e incluso más graves— entre niños y niñas, mujeres y personas adultas mayores.

La mayoría de las personas afectadas presentó niveles de plomo superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud y, en algunos casos, niveles superiores de arsénico y cadmio; además de estrés, ansiedad, afectaciones en la piel, problemas gástricos, dolores de cabeza crónicos y problemas respiratorios o cardíacos, entre otros.

La búsqueda de justicia

Con el tiempo, se presentaron varias acciones a nivel nacional e internacional para lograr la fiscalización del complejo metalúrgico y de sus impactos, así como para obtener reparación ante la violación de los derechos de las personas afectadas. 

AIDA se involucró con La Oroya en 1997 y desde entonces hemos empleado diversas estrategias para proteger la salud pública, el ambiente y los derechos de sus habitantes. 

En 2002, nuestra publicación La Oroya No Puede Esperar ayudó a poner en marcha una campaña internacional de largo alcance para visibilizar la situación de La Oroya y exigir medidas para remediarla.

Ese mismo año, un grupo de pobladores de La Oroya presentó una acción de cumplimiento contra el Ministerio de Salud y la Dirección General de Salud Ambiental para la protección de sus derechos y los del resto de la población. 

En 2006, obtuvieron una decisión parcialmente favorable del Tribunal Constitucional que ordenó medidas de protección. Pero, tras más de 14 años, no se tomaron medidas para implementar el fallo y el máximo tribunal no impulsó acciones para su cumplimiento.

Ante la falta de respuestas efectivas en el ámbito nacional, AIDA —junto con una coalición internacional de organizaciones— llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en noviembre de 2005 solicitó medidas cautelares para proteger el derecho a la vida, la integridad personal y la salud de las personas afectadas. Luego, en 2006, presentamos una denuncia ante la CIDH contra el Estado peruano por la violación de los derechos humanos de residentes de La Oroya.

En 2007, como respuesta a la petición, la CIDH otorgó medidas de protección a 65 personas de La Oroya y en 2016 las amplió a otras 15 personas.

Situación actual

Al día de hoy, las medidas de protección otorgadas por la CIDH siguen vigentes. Si bien el Estado ha emitido algunas decisiones para controlar de algún modo a la empresa y los niveles de contaminación en la zona, estas no han sido efectivas para proteger los derechos de la población ni para implementar con urgencia las acciones necesarias en La Oroya. 

Esto se refleja en la falta de resultados concretos respecto de la contaminación. Desde la suspensión de operaciones del complejo en 2009, los niveles de plomo, cadmio, arsénico y dióxido de azufre no han bajado a niveles adecuados. Y la situación de las personas afectadas tampoco ha mejorado en los últimos 13 años. Hace falta un estudio epidemiológico y de sangre en los niños y las niñas de La Oroya que muestre el estado actual de la contaminación de la población y su comparación con los estudios iniciales realizados entre 1999 y 2005.

En cuanto a la denuncia internacional, en octubre de 2021 —15 años después de iniciado el proceso—, la CIDH adoptó una decisión de fondo en el caso y lo presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras establecer la responsabilidad internacional del Estado peruano en la violación de derechos humanos de residentes de La Oroya.

La Corte escuchó el caso en una audiencia pública en octubre de 2022. Más de un año después, el 22 de marzo de 2024, el tribunal internacional dio a conocer la sentencia del caso. En su fallo, el primero en su tipo, responsabiliza al Estado peruano por violar los derechos humanos de residentes de La Oroya y le ordena la adopción de medidas de reparación integral que incluyen remediación ambiental, reducción y mitigación de emisiones contaminantes, monitoreo de la calidad del aire, atención médica gratuita y especializada, indemnizaciones y un plan de reubicación para las personas afectadas.


Conoce los aportes jurídicos de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso de La Oroya

 

Partners:


El mar es de todos/as: Cuando la playa es fuente de discriminación

By María José Veramendi Villa, legal adviser AIDA, @MaJoVeramendi "... It is my beach just for my family, out of here, this is restricted area, a whole beach just for my friends, only people like me will be welcome. " (Fragment is my beach , lyrics and music of Chabelos) Every December, when to start the summer in the southern hemisphere, the inhabitants of Lima (Peru) are prepared for the heat and enjoy the cold sea in the South Pacific. Once the first rays of sun, many / as undertake course to the beaches north and south coast of Lima. Unfortunately, the summer also a story that repeats itself every year is given discrimination on the beaches , stark reality reflected, mockingly, in the song of the Chabelos. The Law 26856 , enacted by the Peruvian Congress in December 1997, provides that the coastal beaches are public property, inalienable and use and establishes areas restricted domain. This means that in Peru THERE private beaches . While developments adjacent to the beach are allowed, there must be, at least a thousand yards away a path to free entry to it. Unfortunately, on the beaches of Lima we see many resorts, housing developments and clubs under a slogan of reserve and exclusivity intended to privatize a natural resource which is for use and enjoyment of all / as: the sea . Some social clubs and buildings surround the entire perimeter of access to the beaches by the arrival of the sea is an almost impossible task. As this could cite a whole list of obstacles to reach vacationers enjoy the long - awaited sea in some areas a privileged social class has decided to reserve for personal use . Unfortunately, the situation does not end there. Who actually manage to overcome the obstacles and reach the sea, they encounter security guards who care revenue "private" beaches. Deny access by their standards, color of "suitable" skin or who do not appear to be a "wealthy" social class under the excuse that they are not residents of the resort or club members. Discrimination in Lima society reaches its highest point in spas where domestic workers can only swim in the sea at certain times, usually from five in the afternoon. In addition, employers are forced to wear uniforms on the beach and in social clubs. The Supreme Decree 004-2009-TR established that constitutes an act of discrimination to domestic workers required to wear the aprons, aprons or any other distinctive garment spaces or public places such as parks, plazas, beaches, restaurants, hotels, shops , social and similar clubs. However, it appears that the law does not apply to certain beaches. In 2007, in the exclusive resort of Asia (south of Lima), an operation called "Employee Daring" was performed. In it, nearly 700 people , including domestic workers, journalists, human rights activists and artists, among others banded together to form a human chain in front of the sea and claim the end of racism at the spa. Five years of operating, would give the impression that little has changed and that despite having legal protection and ratifying international instruments of human rights protection prohibiting discrimination, it washes the shores of Lima same way as its cold water. That part of Lima society that encourages or is indifferent to such acts of discrimination requires lose its exclusivity cloud; You need strong authorities to require the strict compliance with the law and a dose of reality and humility to recognize your neighbor as a person with the same rights . Only in this way it will be possible to live in an egalitarian society where the unquestionable fact of nature that respects the sea is all / as . Video Operation "Employee Audacious" (2007). Source: YouTube / Kinuatv

Leer más

Caminemos hacia un desarrollo sostenible de frente al mar

Por Haydée Rodríguez, asesora legal de AIDA El territorio marino de Costa Rica, que abarca 580,000 km2, es 11 veces más grande que su territorio terrestre: 51,100 km2. Sin embargo, a pesar de la relevancia que debería darse a los océanos en ese país, éste se ha desarrollado de espaldas al mar. No existen datos oficiales que reflejen el valor económico total de los océanos en Costa Rica. Sin embargo, se estima que tan sólo la pesca turística genera cerca de un 2% del PIB, equivalente a US$1.1 miles de millones. El pasado 21 de enero, 280 tortugas lora y verde fueron encontradas muertas en el Golfo Dulce (Pacífico sur de Costa Rica), según información publicada por el diario La Nación. A casi 2 meses después de lo ocurrido, el Gobierno no ha hecho nada para evitar que situaciones de ese tipo se repitan. Barcos de mediana y avanzada escala buscan peces vela y dorado en las afueras del Golfo Dulce. Usan como arte de pesca el palangre (cordel largo y grueso que se extiende por kilómetros del que cuelgan a ramales con anzuelos en sus extremos), que ha sido reconocido a nivel internacional como causa de muerte incidental de tortugas. En Hawái, por ejemplo, se ha logrado prohibir el uso de palangre en una determinada época del año y a cierta distancia de la costa, lo que ha reducido el número de especies atrapadas incidentalmente. Un primer informe realizado por la organización WideCast señaló que la causa de la muerte de las tortugas halladas en el Golfo Dulce está relacionada directamente con la actividad pesquera, ya sea por enredamiento en líneas de pesca o por traumatismos con anzuelos. El informe del Gobierno, emitido algunos días después, menciona como la principal causa la presencia de parásitos intestinales producto de la marea roja y las fuertes lluvias en la zona. Tras conocerse esta versión oficial, el seguimiento de los medios de prensa al caso desapareció y los informes relativos al mismo se encuentran ahora archivados en algún escritorio.  Cuando algo sucede en tierra, en nuestra ciudad o vecindario, parece que nos sentimos más identificados, parece que lo recordamos más y que es más difícil darle la espalda. La historia es distinta cuando la tragedia tiene lugar en el mar. Es cierto que existe una conciencia y sensibilidad emergentes hacia la conservación de los espacios marinos en Costa Rica. Ello se refleja en los esfuerzos por crear áreas marinas protegidas y áreas marinas de pesca responsable. Lo anterior ha generado un debate sobre los temas marinos, algo relegado años atrás y que ahora se convierte en un reto vigente. Sin embargo, esto no es suficiente. Las políticas públicas y el actuar del Estado deberían desarrollarse siempre de frente al mar. ¿Qué hacer? Pese a que de forma aislada no constituye una solución a todos los problemas, considero que la mejor opción es iniciar un proceso de ordenamiento especial marino que permita coordinar acciones, realizar zonificaciones y plantear estrategias claras sobre el manejo de los recursos marinos en Costa Rica. De manera complementaria, deben realizarse reformas a la ley para prohibir del todo o para al menos regular efectivamente el uso de palangres. Esto puede hacerse especificando tiempos máximos de remojo de las artes de pesca (por cuánto tiempo y a qué hora es posible dejar el palangre en el mar), eliminando el uso de carnada viva y permitiendo únicamente el uso de anzuelos grandes que permitan la liberación de especies no objeto de pesca. Está claro que ni el ordenamiento espacial marino ni las reformas legales serán mecanismos efectivos sin instrumentos que permitan llevarlos a la práctica. Deberíamos considerar la obligatoriedad de llevar observadores a bordo de las embarcaciones que den fe del manejo adecuado de las artes de pesca y de la liberación de la pesca incidental. Escribo estas líneas con la esperanza de que el olvido quede atrás. La única forma de recordar y actuar es comprendiendo nuestro vínculo con el océano en todas nuestras acciones. No le demos más la espalda. Vivamos de frente al mar.

Leer más

La sociedad civil y su lucha contra las mega represas en América Latina

Por Sandra Moguel, asesora legal de AIDA, @sandra_moguel  Hace ya más de diez años que la Comisión Mundial de Represas concluyó que estas grandes represas no son la opción adecuada para la generación de energía y que su operación y construcción generan un costo medioambiental y social enorme. Sin embargo, este tipo de proyectos todavía se siguen promoviendo en América Latina.  En el marco del Día Internacional de las Acciones por los Ríos en contra de las Represas, a celebrarse este 14 de marzo, quiero recordar algunos de los casos en los que trabaja la sociedad civil, cuyo papel se ha mostrado vital para enfrentar el problema. La tercera Perspectiva Mundial sobre la persidad Biológica de la ONU (reapzada en mayo de 2010) encontró que las especies de agua dulce se están perdiendo a un ritmo aterrador debido a las represas. La construcción de hidroeléctricas ocasiona la pérdida de bosques y hábitats naturales, de poblaciones de especies endémicas como el huemul (un tipo de ciervo), en el sur de Chile. La lucha contra HydroAysén en Chile Ello motivó a que un grupo de organizaciones, académicos, comunidades e interesados crearan un movimiento denominado La Patagonia Chilena pbre de Represas. Éste se opone a las mega represas promovidas por HydroAysén en esa zona y busca una reflexión de las opciones que se tienen para generar energía pmpia en Chile, así como una revisión de las lecciones aprendidas en el tema de las hidroeléctricas y los derechos humanos. Las represas Elwha y Cañón del Gpnes en Estados Unidos En Estados Unidos, la presión social y de grupos ambientapstas consiguió que se emitiera la Ley de Recuperación de las Pesquerías y de los Ecosistemas del Río Elwha de 1992, con la cual se obtuvo autorización para demoler y decomisar las represas Elwha y Cañón del Gpnes, ubicadas dentro del Parque Nacional Olympic. El río Elwha es un sitio sagrado para la tribu Klallam, la cual venera al salmón endémico salvaje que habita en sus aguas.  La represa Baba en Ecuador Destaca en la mayoría de los casos que los estudios de impacto ambiental de las hidroeléctricas son en general incompletos. Por ejemplo, el caso de la represa Baba en Ecuador. El auditor oficial del Contralor de la Repúbpca de Ecuador estableció que los planes fundamentales del proyecto estaban incompletos y carecían de medidas de mitigación para reducir el daño ambiental producido por la acumulación de sedimentos en la represa. En 2007, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y la Corporación de Derecho y Gestión Ambiental (ECOLEX) presentaron argumentos para anular los permisos de esta represa que violaba el derecho ambiental y las obpgaciones internacionales de Ecuador. Belo Monte en Brasil También es muy común que los desarrolladores las construyan sin una adecuada participación de las comunidades afectadas y sin estudios previos de impacto social como es el caso de la hidroeléctrica Belo Monte en Brasil. En lugares tropicales, estos proyectos pueden llegar a emitir tantos gases de efecto invernadero como una planta de carbón, lo que no es considerado por los evaluadores. Entretanto, las comunidades locales asumen los costos e impactos extremadamente negativos y las grandes industrias consumidoras de energía reciben los beneficios. Es por ello que AIDA trabaja junto con otras organizaciones y el Movimiento Xingú Vivo para combatir la ilegapdad de Belo Monte. Las Cruces en México En México, las batallas contra las hidroeléctricas han sido pbradas por el Movimiento Mexicano de Afectados por Presas y Defensa de los Ríos (MAPDER), mismo que ha interpuesto demandas para hacer valer los derechos humanos de las comunidades afectadas.    Tomando en cuenta el argumento anterior, un grupo de diplomáticos y expertos de la Convención Ramsar —un tratado que protege humedales de importancia prioritaria internacional— visitó la región de Marismas Nacionales, ubicada en Nayarit (México), donde se pretende construir el proyecto hidroeléctrico Las Cruces. La delegación hizo Recomendaciones de manejo ambiental y social al Gobierno mexicano en las que le piden tomar en cuenta la Resolución VIII de la Convención (ilneamientos para la asignación y el manejo de los recursos hídricos a fin de mantener las funciones ecológicas de los humedales). Esas Recomendaciones urgen además a: la evaluación de los impactos del proyecto Las Cruces; la formulación de medidas de manejo con la activa participación de las comunidades indígenas Náyeri asentadas en el área de influencia del proyecto; y a la caracterización de los sitios sagrados, costumbres y  famipas a reubicar, así como de la comunidad receptora. Hidroeléctricas Aguamilpa y El Cajón en México Millones de personas que viven río abajo de las represas han visto sus medios de subsistencia seriamente dañados y la productividad futura de sus recursos, en pepgro. Así ocurrió con las comunidades afectadas por las hidroeléctricas Aguamilpa y El Cajón en México, a cuyos pobladores las autoridades les prometieron capacitación, equipo, permisos y asesoría para generar turismo enfocado en la pesca deportiva. Costo beneficio AIDA generó una publicación que analiza las Recomendaciones de la Comisión Mundial de Represas (CMR) y los casos de grandes represas en América Latina, entre los que se mencionana algunos de los descritos este texto. En conclusión, las ganancias económicas para los constructores y vendedores de la energía producida por las represas son altísimas. Sin embargo, en el anápsis del costo/beneficio no se toman en cuenta los impactos sociales y ambientales. Por esta razón, el trabajo de la sociedad civil es y seguirá siendo trascendental para evitar que estos proyectos sean todavía una alternativa, sobre todo en ecosistemas frágiles o sagrados.

Leer más