Project
Luchando por justicia para víctimas de contaminación tóxica en La Oroya, Perú
Por más de 20 años, residentes de La Oroya buscan justicia y reparación por la violación de sus derechos fundamentales a causa de la contaminación con metales pesados de un complejo metalúrgico y de la falta de medidas adecuadas por parte del Estado.
El 22 de marzo de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio a conocer su fallo en el caso. Estableció la responsabilidad del Estado de Perú y le ordenó adoptar medidas de reparación integral. Esta decisión es una oportunidad histórica para restablecer los derechos de las víctimas, además de ser un precedente clave para la protección del derecho a un ambiente sano en América Latina y para la supervisión adecuada de las actividades empresariales por parte de los Estados.
Antecedentes
La Oroya es una ciudad ubicada en la cordillera central de Perú, en el departamento de Junín, a 176 km de Lima. Tiene una población aproximada de 30.533 habitantes.
Allí, en 1922, la empresa estadounidense Cerro de Pasco Cooper Corporation instaló el Complejo Metalúrgico de La Oroya para procesar concentrados de minerales con altos niveles de plomo, cobre, zinc, plata y oro, así como otros contaminantes como azufre, cadmio y arsénico.
El complejo fue nacionalizado en 1974 y operado por el Estado hasta 1997, cuando fue adquirido por la compañía estadounidense Doe Run Company a través de su filial Doe Run Perú. En 2009, debido a la crisis financiera de la empresa, las operaciones del complejo se suspendieron.
Décadas de daños a la salud pública
El Estado peruano —debido a la falta de sistemas adecuados de control, supervisión constante, imposición de sanciones y adopción de acciones inmediatas— ha permitido que el complejo metalúrgico genere durante décadas niveles de contaminación muy altos que han afectado gravemente la salud de residentes de La Oroya por generaciones.
Quienes viven en La Oroya tienen un mayor riesgo o propensión a desarrollar cáncer por la exposición histórica a metales pesados. Si bien los efectos de la contaminación tóxica en la salud no son inmediatamente perceptibles, pueden ser irreversibles o se evidencian a largo plazo, afectando a la población en diversos niveles. Además, los impactos han sido diferenciados —e incluso más graves— entre niños y niñas, mujeres y personas adultas mayores.
La mayoría de las personas afectadas presentó niveles de plomo superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud y, en algunos casos, niveles superiores de arsénico y cadmio; además de estrés, ansiedad, afectaciones en la piel, problemas gástricos, dolores de cabeza crónicos y problemas respiratorios o cardíacos, entre otros.
La búsqueda de justicia
Con el tiempo, se presentaron varias acciones a nivel nacional e internacional para lograr la fiscalización del complejo metalúrgico y de sus impactos, así como para obtener reparación ante la violación de los derechos de las personas afectadas.
AIDA se involucró con La Oroya en 1997 y desde entonces hemos empleado diversas estrategias para proteger la salud pública, el ambiente y los derechos de sus habitantes.
En 2002, nuestra publicación La Oroya No Puede Esperar ayudó a poner en marcha una campaña internacional de largo alcance para visibilizar la situación de La Oroya y exigir medidas para remediarla.
Ese mismo año, un grupo de pobladores de La Oroya presentó una acción de cumplimiento contra el Ministerio de Salud y la Dirección General de Salud Ambiental para la protección de sus derechos y los del resto de la población.
En 2006, obtuvieron una decisión parcialmente favorable del Tribunal Constitucional que ordenó medidas de protección. Pero, tras más de 14 años, no se tomaron medidas para implementar el fallo y el máximo tribunal no impulsó acciones para su cumplimiento.
Ante la falta de respuestas efectivas en el ámbito nacional, AIDA —junto con una coalición internacional de organizaciones— llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y en noviembre de 2005 solicitó medidas cautelares para proteger el derecho a la vida, la integridad personal y la salud de las personas afectadas. Luego, en 2006, presentamos una denuncia ante la CIDH contra el Estado peruano por la violación de los derechos humanos de residentes de La Oroya.
En 2007, como respuesta a la petición, la CIDH otorgó medidas de protección a 65 personas de La Oroya y en 2016 las amplió a otras 15 personas.
Situación actual
Al día de hoy, las medidas de protección otorgadas por la CIDH siguen vigentes. Si bien el Estado ha emitido algunas decisiones para controlar de algún modo a la empresa y los niveles de contaminación en la zona, estas no han sido efectivas para proteger los derechos de la población ni para implementar con urgencia las acciones necesarias en La Oroya.
Esto se refleja en la falta de resultados concretos respecto de la contaminación. Desde la suspensión de operaciones del complejo en 2009, los niveles de plomo, cadmio, arsénico y dióxido de azufre no han bajado a niveles adecuados. Y la situación de las personas afectadas tampoco ha mejorado en los últimos 13 años. Hace falta un estudio epidemiológico y de sangre en los niños y las niñas de La Oroya que muestre el estado actual de la contaminación de la población y su comparación con los estudios iniciales realizados entre 1999 y 2005.
En cuanto a la denuncia internacional, en octubre de 2021 —15 años después de iniciado el proceso—, la CIDH adoptó una decisión de fondo en el caso y lo presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos tras establecer la responsabilidad internacional del Estado peruano en la violación de derechos humanos de residentes de La Oroya.
La Corte escuchó el caso en una audiencia pública en octubre de 2022. Más de un año después, el 22 de marzo de 2024, el tribunal internacional dio a conocer la sentencia del caso. En su fallo, el primero en su tipo, responsabiliza al Estado peruano por violar los derechos humanos de residentes de La Oroya y le ordena la adopción de medidas de reparación integral que incluyen remediación ambiental, reducción y mitigación de emisiones contaminantes, monitoreo de la calidad del aire, atención médica gratuita y especializada, indemnizaciones y un plan de reubicación para las personas afectadas.
Conoce los aportes jurídicos de la sentencia de la Corte Interamericana en el caso de La Oroya
Partners:
Proyectos relacionados
Cambio Climático y Derechos Humanos en América Latina: Una Crisis Humana
Este informe muestra cómo el cambio climático global ya está afectando negativamente el disfrute de los derechos humanos en América Latina y la alta probabilidad de que estos impactos se agraven en el futuro. El propósito de este informe no es dar una lista exhaustiva de todas las posibles consecuencias del cambio climático, sino resumir los impactos que están mejor sustentados con evidencias directamente atribuibles al cambio climático global y los que tienen el más alto potencial de afectar los derechos humanos de las personas y de las comunidades vulnerables de América Latina. Lee y descarga el informe
Leer más
La “Ley Chorizo” aún carece de reglamento
En junio de 2010, el Gobierno de Panamá sancionó la Ley 30, conocida también como "Ley Chorizo, la cual dictaba medidas para promover el desarrollo de la aviación comercial en ese país. Una de ellas era la eliminación de las evaluaciones de impacto ambiental para obras que sean declaradas de interés social. La norma introducía reformas en los códigos Penal, de Trabajo y el de Justicia, y en seis leyes, incluidas la Ley Orgánica de la Policía, la de Contrataciones Públicas y la del Medio Ambiente. Estas modificaciones causaron grandes manifestaciones públicas entre junio y julio de 2010 por parte de la sociedad civil panameña, las cuales fueron objeto de una violenta represión. La situación fue tan seria que muchos panameños expresaron su indignación. “Nos recuerda lo vivido durante la dictadura de Noriega”, comentó Jacob Kopas, abogado de AIDA. Entre otras cuestiones, la ley le restaba control a la actividad del Ejecutivo en materia ambiental y limitaba el derecho sindical a realizar huelgas y llevar a cabo convenios colectivos de trabajo. La polémica norma establecía también que cuando un policía sea denunciado o querellado por la presunta comisión de un delito en el cumplimiento de su deber, por motivos de uso excesivo de la fuerza, no se ordenaría su detención preventiva ni se decretaría la suspensión provisional de su cargo. En el pasado, el Gobierno panameño había declarado su intención de remplazar las evaluaciones de impacto ambiental (EIA) por mejores prácticas como una forma de eliminar impedimentos para la inversión extranjera y el desarrollo. Las EIAs, cuya aplicación es obligatoria prácticamente en todos los países del mundo, constituyen un documento de salvaguarda esencial que previene proyectos potencialmente perjudiciales para el ambiente. En septiembre de 2010, gracias a la incansable presión de la sociedad civil, el Gobierno panameño subrogó la Ley 30 con otra ley. Sin embargo, a más de un año de esto, aún no se ha emitido el reglamento. Debido a la tardanza, la nueva ley carece de efecto práctico, aunque se espera que los proyectos que requieran evaluación de impacto ambiental no queden exentos de ella. Además, el borrador del reglamento debe ser sometido a participación ciudadana, a fin de definir cuáles proyectos no requerirán EIA. Ante tal situación, todavía existe cautela sobre las potenciales amenazas al ambiente y a los derechos humanos que la falta de EIA podría implicar. En AIDA estaremos atentos al tema y apoyaremos a las organizaciones panameñas, en especial al Centro de Incidencia Ambiental de Panamá, nuestra organización amiga, con herramientas de derecho ambiental internacional.
Leer másMéxico incumple recomendación internacional para registrar manglares en peligro por complejo turístico
Autoridades ambientales no aplicaron solicitud del organismo internacional regulador para proteger humedales que podrían sufrir afectaciones a su ecosistema por complejos turísticos en la costa de Sinaloa y Nayarit. México, Distrito Federal. Con el fin de proteger los humedales de la Laguna Huizache-Caimanero y Marismas Nacionales, que cuenta con el sistema de manglar más extenso del Pacífico mexicano, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y la Alianza para la Sustentabilidad del Noroeste Costero Mexicano (ALCOSTA), solicitan al gobierno de México hacer del conocimiento público las Recomendaciones de la Misión Ramsar de Asesoramiento a estos sitios y enlistarlos en el Registro Montreux. AIDA participó el pasado 29 de septiembre en la última reunión en la ciudad de México del Comité Nacional de Humedales Prioritarios, convocado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), donde se discutió entre otros temas, la necesidad de elaborar una política nacional de humedales protegidos en México. En dicha reunión se habló del proyecto turístico Centro Integralmente Planeado (CIP) Costa del Pacífico (ahora llamado Playa Espíritu), promovido por el Fondo Nacional del Turismo del gobierno federal, el cual pone en riesgo dichos humedales. También se informó de la segunda sesión de asesoramiento de la Misión Ramsar al sitio Marismas Nacionales. Sandra Moguel, asesora legal de AIDA, quien participó en el evento, afirma que una de las recomendaciones del Secretariado de la Convención Ramsar (máximo órgano internacional de protección y regulación de humedales prioritarios en el mundo ) derivadas de la misión realizada en agosto del 2010 consistía en incluir en el Registro Montreux los humedales que se encuentran en Marismas Nacionales y Huizache Caimanero en Sinaloa y Nayarit, respectivamente. Dicho registro es una afiliación que recomienda la Misión Ramsar de sitios “en los que se hubieran producido, se estuvieran produciendo o pudieran producirse modificaciones en las condiciones ecológicas", de acuerdo a sus políticas internas. “El Registro Montreux tiene como propósito atender los cambios negativos en las características ecológicas de los sitios Ramsar. México consolidaría su liderazgo en América Latina en el tema relativo a humedales al demostrar voluntad política para el cumplimiento de los tratados internacionales y la verdadera protección de los manglares en nuestro país”, afirmó la abogada. Agustín Bravo, coordinador de la Oficina Noroeste de CEMDA, señaló que “actualmente se habla en medios de comunicación de un CIP de 40 mil cuartos cuando únicamente se autorizaron 10 mil. Si bien se trata de un mecanismo voluntario, la inclusión de Marismas en el Registro Montreux apoyaría la rendición de cuentas del gobierno federal respecto al manejo del sitio”. ”El proceso de evaluación de impacto ambiental, contrariamente a las Recomendaciones de la Misión Ramsar de Asesoramiento, no reconoce los impactos que generará el Centro Integralmente Planeado (CIP) del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) y los asentamientos humanos asociados al desarrollo turístico en el ecosistema de Marismas Nacionales por cambios de uso de suelo y manejo de residuos sólidos. Dicho organismo tampoco relaciona estos impactos con los que generan la agricultura intensiva y la acuacultura”, dijo René Córdova, coordinador de ALCOSTA una coalición formada por 24 organizaciones conservacionistas de los estados de Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa y Sonora. AIDA y el CEMDA, junto con otras organizaciones civiles, presentaron en 2009 una petición donde se solicitó la intervención por el Secretariado de la Convención Ramsar para la defensa legal de la zona. En mayo de 2011 la autoridad ambiental Mexicana aprobó la autorización de impacto ambiental para la construcción y operación del proyecto. La autorización es cuestionable debido a que deja abierta la posibilidad de presentar una modificación para construir los 40 mil cuartos originalmente contenidos en el proyecto, en lugar de 10 mil como se autorizó. Para ello, la autoridad requiere la presentación de estudios y permisos posteriores a la autorización. Dichas organizaciones han denunciado que si el proyecto se ejecuta como está planificado, pondría en peligro los humedales cercanos que salvaguardan al 10% de los manglares que le quedan a México y 60 especies en peligro de extinción. Por la importancia de los humedales en Marismas Nacionales y la protección y crecimiento de las especies de peces en el Mar de Cortés, estas afectaciones implicarían una gran pérdida económica para la industria pesquera en la zona. Más información sobre humedales en México: Marismas Nacionales fue registrado en la lista de humedales de importancia prioritaria internacional de la Convención Ramsar, el 22 de junio de 1995. El humedal se encuentra situado en los límites de Sinaloa y Nayarit, zona aproximadamente con un extensión de 2 mil 381 hectáreas y con carácter de Área Natural Protegida en la parte de Nayarit. México es el segundo país en el mundo con más humedales registrados bajo la Convención Ramsar y el quinto con más extensión de este tipo de ecosistemas ubicados en los trópicos y subtrópicos del continente americano. Desde el cuatro de noviembre de 1986, México suscribió a la Convención Ramsar, un tratado intergubernamental que sirve de marco para la acción nacional y la cooperación internacional en favor de la conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos. Actualmente han sido identificados 121 sitios designados como “humedales mexicanos de importancia internacional”, con una superficie de 8 millones 225 mil 926 hectáreas en todo el país.
Leer más