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Preservando el legado de la Sierra Nevada de Santa Marta, corazón del mundo
Elevándose abruptamente desde las costas del Caribe colombiano, la Sierra Nevada de Santa Marta alcanza los 5.775 metros de altura en sus picos Bolívar y Colón. Es el sistema montañoso costero más alto del mundo y un sitio donde la sabiduría de la naturaleza y la indígena convergen.
El macizo montañoso conforma un territorio único en el que existen todos los pisos térmicos y donde la variedad de ecosistemas, animales y plantas es exuberante. Allí el mar está muy cerca de montañas y de nevados cuyo deshielo forma ríos y lagunas.
Pueblos indígenas protegen y cuidan esta riqueza natural con la autoridad que heredaron de sus antepasados. Se trata de los pueblos Arhuaco, Kogi, Wiwa y Kankuamo. En su cosmovisión, el territorio es sagrado e implica la comunión entre seres humanos, animales, plantas, ríos, cerros y divinidades ancestrales.
Pero su opinión no ha sido tomada en cuenta para el desarrollo de proyectos en la zona. Actualmente la existencia de la Sierra Nevada de Santa Marta está gravemente amenazada por 251 concesiones mineras, proyectos de hidroeléctricas, ganadería, urbanizaciones extensivas y obras de infraestructura.
Muchas de las concesiones fueron otorgadas sin procesos de consulta previa a los pueblos indígenas, lo que constituye una vulneración masiva, persistente y generalizada a sus derechos.
La minería —al implicar la contaminación y sedimentación de caudales— pone en riesgo la fuente de agua de los departamentos de Magdalena, César y Guajira, que se abastecen de los más de 30 ríos que nacen en la Sierra.
Todo ello ha hecho que este paraíso natural esté borde del no retorno, al igual que la vida tradicional de los pueblos indígenas, que depende enteramente de su territorio, de su espacio de sitios sagrados.
La Sierra alberga al parque arqueológico Ciudad Perdida, conocida como Teyuna, cuna de la civilización Tayrona y —según la tradición— origen de la naturaleza y corazón del mundo.
Los cuatro pueblos guardianes de la Sierra no están dispuestos a permitir que este legado natural y cultural desaparezca.
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Cómo las represas fallan en cumplir el Acuerdo de París y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU Un comunicado conjunto de organizaciones de la sociedad civil en ocasión del Congreso Mundial de Energía Hidroeléctrica 2019 en París, Francia. Vivimos en una era urgente. Científicos han advertido que tenemos muy poco tiempo para actuar y poner bajo control el cambio climático para proteger la vida en nuestro planeta. Enfrentar la crisis climática requiere soluciones creativas que protejan la naturaleza y respeten los derechos humanos. Encarando estos desafíos, no podemos ser espectadores callados mientras corporaciones, financiadores y sus aliados van de puerta en puerta difundiendo falsas soluciones para enfrentar el cambio climático e implementar un desarrollo sostenible. Un ejemplo flagrante de esta simulación es el intento de retratar a las enormes represas hidroeléctricas como fuentes de energía “limpias y verdes”. Podemos observarlo en el Congreso Mundial de Energía Hidroeléctrica 2019, organizado en París por el lobby industrial de la Asociación Internacional Hidroeléctrica (IHA, por sus siglas en inglés) en alianza con la UNESCO. El título de este encuentro incluye la frase “Cumpliendo el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible”. Estos retratos luminosos de los proyectos hidroeléctricos —con miras a captar incentivos financieros a través de mecanismos como Climate Bonds y el Fondo Verde del Clima— ignoran convenientemente un legado extenso de catástrofes sociales y ambientales, pérdidas económicas y, con demasiada frecuencia, esquemas de corrupción masiva que son la antítesis del desarrollo verdaderamente sostenible. ... Un llamado a la acción Las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes pedimos a los miembros de la Asociación Internacional Hidroeléctrica, gobiernos e instituciones financieras internacionales que implementen las siguientes acciones urgentes: Alejar las prioridades, inversiones e incentivos financieros de nuevos proyectos hidroeléctricos y, en cambio, dirigirlas hacia opciones de eficiencia energética y de energía renovable verdaderamente sostenibles (solar, eólica y biomasa y, cuando sea apropiado, energía microhidroeléctrica). Se debe prestar especial atención a las oportunidades para la innovación tecnológica, la generación descentralizada y la mejora del acceso a la energía entre comunidades aisladas y no conectadas a redes. Eliminar incentivos financieros para nuevos proyectos hidroeléctricos de los mecanismos de cambio climático, como el Fondo Verde del Clima y las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDCs, por sus siglas en inglés), y de los programas para promover la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (con una posible excepción para los proyectos microhidroeléctricos). Encargar auditorías independientes para proyectos existentes de represas controversiales y cascadas de represas instaladas en toda una cuenca en términos de sus consecuencias ambientales y sociales, identificando los pasos para mitigar los imapactos y asegurando una reparación justa de los daños para las comunidades afectadas, basada en consultas directas. Cuando tales medidas sean prohibitivamente caras o de otra manera inviables, se debe promover el retiro de los proyectos. Alinear los procesos operativos de los proyectos hidroeléctricos existentes con planes territoriales relevantes a nivel de la cuenca, como la gestión integrada de los recursos hídricos y áreas protegidas que preservan procesos ecológicos clave y los derechos de las comunidades locales, según conceptos y herramientas de participación y manejo adaptativo. Asegurar que las políticas y proyectos de energía renovable adopten, en general, directrices sólidas para salvaguardar los derechos humanos y las protecciones ambientales, como el Convenio 169 de la OIT y los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de Naciones Unidas. No deben ser autorizadas las instalaciones energéticas que potencialmente impacten los territorios y medios de vida de los pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales, sin obtener el consentimiento previo, libre e informado de la población y sin asegurar un diseño cooperativo para la coadministración de las estrategias. Entre los beneficios de este cambio de paradigma en las estrategias energéticas y de planeación de desarrollo, se encuentran la protección de los últimos ríos de libre cauce del mundo, vitales para la resiliencia climática, la conservación de la biodiversidad y de un estilo de vida sostenible. Tanto las compañías de energía como los gobiernos deben detener todo esfuerzo para represar los últimos ríos libres del mundo y, en cambio, concentrarse en: i) mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de los proyectos existentes de energía hidroeléctrica y de cascadas; y ii) invertir en eficiencia energética y en fuentes renovables verdaderamente sostenibles. Además, es urgente que los gobiernos promuevan la protección legal permanente de los últimos ríos libres del mundo, incluyendo los cursos de agua transfronterizos, respetando los derechos territoriales de los pueblos indígenas y de otras comunidades tradicionales, quienes juegan un rol fundamental como guardianes de la salud de los ríos. Lee el pronunciamiento completo aquí
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Hablar en público ante más de 500 personas fue una experiencia singular y al mismo tiempo hermosa, sobre todo por el tema que nos convocó y por la compañía arriba del escenario. Éramos un grupo de siete personas tan diversas como interesantes, con dos cosas muy poderosas en común: el amor por nuestro entorno natural y el trabajo para preservarlo. Así fue mi participación en la conferencia “La naturaleza primero, un nuevo trato con el entorno”, en Santiago de Chile. El gran interés que el evento despertó en la gente me llenó de dicha, al igual que la oportunidad de exponer con mis compañer@s de “Naturalistas”, la serie de entrevistas donde profesionales de distintas disciplinas vinculadas con el ambiente fuimos invitados a hablar sobre lo que implica ser un naturalista en el mundo actual. El proyecto televisivo que antecedió este evento fue una apuesta de Ladera Sur, una plataforma y comunidad reunida en torno a la naturaleza, el ambiente, la vida al aire libre, los viajes y mucho más. Fue Ladera Sur la que nos postuló como “naturalistas del Siglo XX”, un honor sin duda y un gran compromiso. ¿Qué significa “la naturaleza primero”, título que parece tan urgente? Quiere decir que, por demasiado tiempo, la naturalezaha estado subvencionando los avances tecnológicos e incluso nuestra calidad de vida. Vivimos en un mundo donde el que tiene los medios puede hacer prácticamente lo que se le ocurra. Tal vez pocos se han detenido a pensar que quizás mañana va a ser difícil para nuestros hijos o nietos disfrutar de las cosas más simples que hoy damos por sentadas. Pero llegó el momento de reorganizar nuestras prioridades. Ya no queda tiempo ni crédito para seguir pidiéndole prestado a la naturaleza. Antes de llevarse a cabo, cualquier proyecto o actividad debería demostrar que no dañará la salud del planeta. Solo después de asegurar eso vale la pena preguntarse si la propuesta es además un buen negocio o si nos hace la vida más cómoda o más fácil. No es la postura de un ecoterrorista ni se trata de ir contra el desarrollo. Es simplemente mirar de frente la realidad de un planeta vivo y enfermo, de cuya salud dependemos. La buena noticia es que los cambios que debemos hacer para resolver la crisis ambiental que nos afecta son alcanzables y deseables para quienes vivimos y vivirán en este planeta: Un mundo bajo en emisiones contaminantes es también un mundo más limpio y más justo. Un mundo que se mueve con energía renovable implica menos contaminación y acceso a energía para muchos que aún no la tienen. Un mundo con más áreas naturales protegidas es un mundo más verde, más exuberante, más sano, más biodiverso y capaz de proveer agua y aire más limpios. Ve abajo el video completo de la conferencia.
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En audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil evidenciarán cómo las medidas adoptadas por la administración de Jair Bolsonaro hacen que Brasil retroceda décadas en la protección de los derechos humanos. Río de Janeiro, Brasil. El próximo 9 de mayo, organizaciones de la sociedad civil, en audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunciarán la grave situación de los pueblos indígenas de Brasil por las medidas adoptadas por el gobierno del presidente Jair Bolsonaro, las cuales representan grandes retrocesos en la protección de los derechos humanos y vulneran las obligaciones internacionales del país en esa materia. La audiencia fue solicitada por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), International Rivers, Conectas, Fórum Teles Pires, Operação Amazônia Nativa y la Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB) con el objetivo de que se establezcan medidas y acuerdos para impedir nuevos retrocesos y exigir la reversión de las acciones ya realizadas que amenazan a los pueblos indígenas. La audiencia será parte del 172 Periodo de Sesiones de la Comisión, que tendrá lugar en Kingston, Jamaica, del 3 al 10 de mayo próximos. En ellas las organizaciones documentarán cómo el gobierno de Bolsonaro realizó cambios legislativos, de política pública, de política exterior y otros estructurales que violan el mantenimiento del modo de vida de los pueblos indígenas de Brasil, así como sus derechos a la vida, a la cultura, a la alimentación, al ambiente sano, al acceso a agua potable y a la delimitación de sus tierras ancestrales, entre otros. Las medidas del nuevo gobierno que disminuyen la protección legal y administrativa de los pueblos indígenas incluyen: La transferencia de funciones clave del Ministerio de Ambiente al Ministerio de Agricultura. La precarización del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables. El debilitamiento del Instituto Chico Mendes para la Conservación de la Biodiversidad y del proceso para otorgar permisos ambientales. La amenaza de abrir tierras indígenas a los daños de la minería. Las medidas adoptadas por el Ministerio de Ambiente que fragmentan el ordenamiento jurídico que garantiza las condiciones mínimas para la protección del ambiente y de los derechos indígenas. La transferencia de la competencia para la demarcación de tierras indígenas de la Fundación Nacional del Indio a manos del Ministerio de Agricultura. La amenaza de retirar a Brasil de tratados internaciones como el Acuerdo de París y otros valiosos para la protección del ambiente y de los derechos humanos. Además de estos retrocesos, las organizaciones denuncian que la situación se agrava con el aumento de los índices de deforestación e invasión de tierras indígenas, y de la violencia contra defensores y defensoras del ambiente y los derechos humanos. Consulte el informe presentado ante la Comisión para la audiencia (en portugués). Contactos de prensa Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107 Eloy Terena (Brasil), Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), [email protected], +55 61 9695-1377
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