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Preservando el legado de la Sierra Nevada de Santa Marta, corazón del mundo
Elevándose abruptamente desde las costas del Caribe colombiano, la Sierra Nevada de Santa Marta alcanza los 5.775 metros de altura en sus picos Bolívar y Colón. Es el sistema montañoso costero más alto del mundo y un sitio donde la sabiduría de la naturaleza y la indígena convergen.
El macizo montañoso conforma un territorio único en el que existen todos los pisos térmicos y donde la variedad de ecosistemas, animales y plantas es exuberante. Allí el mar está muy cerca de montañas y de nevados cuyo deshielo forma ríos y lagunas.
Pueblos indígenas protegen y cuidan esta riqueza natural con la autoridad que heredaron de sus antepasados. Se trata de los pueblos Arhuaco, Kogi, Wiwa y Kankuamo. En su cosmovisión, el territorio es sagrado e implica la comunión entre seres humanos, animales, plantas, ríos, cerros y divinidades ancestrales.
Pero su opinión no ha sido tomada en cuenta para el desarrollo de proyectos en la zona. Actualmente la existencia de la Sierra Nevada de Santa Marta está gravemente amenazada por 251 concesiones mineras, proyectos de hidroeléctricas, ganadería, urbanizaciones extensivas y obras de infraestructura.
Muchas de las concesiones fueron otorgadas sin procesos de consulta previa a los pueblos indígenas, lo que constituye una vulneración masiva, persistente y generalizada a sus derechos.
La minería —al implicar la contaminación y sedimentación de caudales— pone en riesgo la fuente de agua de los departamentos de Magdalena, César y Guajira, que se abastecen de los más de 30 ríos que nacen en la Sierra.
Todo ello ha hecho que este paraíso natural esté borde del no retorno, al igual que la vida tradicional de los pueblos indígenas, que depende enteramente de su territorio, de su espacio de sitios sagrados.
La Sierra alberga al parque arqueológico Ciudad Perdida, conocida como Teyuna, cuna de la civilización Tayrona y —según la tradición— origen de la naturaleza y corazón del mundo.
Los cuatro pueblos guardianes de la Sierra no están dispuestos a permitir que este legado natural y cultural desaparezca.
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“La selva más hermosa del mundo”. Así describió Alcides D’orbigny, biólogo francés, el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) tras explorar Bolivia entre 1830 y 1833. Ubicada entre los departamenos de Beni y Cochabamba, el Tipnis es un área natural protegida que abarca unos 12.363 kilómetros cuadrados en la Amazonía boliviana. Es uno de los sitios con mayor biodiversidad del mundo y hogar de diferentes pueblos indígenas, entre ellos los Mojeños Trinitarios, los Tsiman y los Yuracaré. Pese a su condición de Parque Nacional y Territorio Indígena, desde hace décadas que se busca construir en el sitio una carretera, dividiéndolo en dos y causando graves daños ambientales y sociales, algunos de los cuales ya han ocurrido pues dos de los tres tramos de la vía ya fueron construidos. Sin embargo, la lucha de los pueblos indígenas del Tipnis por defender su territorio y modos de vida no ha cesado. Y recientemente obtuvieron una victoria que constituye un precedente legal internacional para la protección del ambiente y los derechos humanos. El mes pasado, el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza (TIDN) dictaminó que el Estado boliviano “violó” los derechos de la naturaleza y de los pueblos indígenas que habitan el Tipnis por alentar la construcción de la carretera. El Tribunal, integrado por personas comprometidas con el ambiente, fue creado en la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, en abril de 2010, cuando se firmó además la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra. Su función es establecer e investigar cualquier violación de derechos estipulados en la Declaración y en las normas internas de cada país. Determina si hubo o no violación y quién es responsable. Realiza recomendaciones, opiniones consultivas y puede determinar medidas provisionales. la defensa indígena de la Amazonía boliviana La resistencia de pueblos indígenas a la construcción de una carretera en medio del Tipnis lleva años y ha traído mucho sufrimiento. El episodio más doloroso ocurrió en 2011 cuando más de 100 indígenas que marchaban a La Paz, sede del gobierno boliviano, fueron brutalmente reprimidos por policías. Pese a ello, esa movilización logró la promulgación de una ley que otorgó al parque nacional la condición de “zona intangible” o reserva absoluta. Lamentablemente, seis años después, esa ley quedó sin efecto cuando se promulgó una nueva ley mediante un proceso más que expedito. Representantes de los pueblos indígenas del Tipnis denunciaron éste y otros hechos ante el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, organismo que aceptó considerar el caso en enero de 2018 y que decidió enviar una comisión internacional de observadores que visitó la zona para entrevistarse con todos los actores involucrados. Los representantes indígenas denunciaron ante el Tribunal que pese a tratarse de un solo tramo, el proyecto fue presentado por separado, con tres fases o tramos, de los cuales solo falta construir el central. Otras irregularidades incluyen la adjudicación del proyecto a una empresa brasileña sin contar con la evaluación de impacto ambiental; y la falta de una consulta adecuada a las comunidades indígenas afectadas. En la sentencia emitida el 15 de mayo, el Tribunal, además de encontrar responsable al Estado boliviano de la violación de derechos, solicitó medidas de cumplimiento inmediato, entre ellas: La paralización definitiva de cualquier avance en la construcción de la carretera; Reconocer las facultades de los pueblos indígenas, como su autonomía territorial y su derecho a la consulta previa, para garantizar su control dentro del Tipnis; Anular la ley que le quito la cualidad de zona intangible al Tipnis; Detener el avance de la colonización hacia la zona central del parque nacional; Anular los planes de expansión petrolera en el sitio; Aplicar efectivamente las normas que garanticen la protección de los derechos de la Madre Tierra; y Garantizar a los pobladores indígenas el cumplimiento de su papel fundamental como defensores de la Madre Tierra. Lo que viene para el Tipnis Aunque la sentencia del Tribunal no es de cumplimiento obligatorio, es un precedente establecido por un tribunal ético y reconocido. Por ello la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca del Amazonas, una organización indígena internacional, anunció que usará el fallo como instrumento de prueba para llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La situación es compleja. La construcción del tramo que falta fue suspendida tras perderse el crédito para su ejecución, pero algunos sectores defienden la vía como obra fundamental para conectar el centro y el norte del país, facilitando además el acceso a servicios básicos y a otras oportunidades de desarrollo para las comunidades del Tipnis. Por otro lado está la degradación ambiental de una zona rica en biodiversidad pues la carretera sería solo el origen de otras actividades dentro del área protegida. Creo que nadie tiene respuestas absolutas y no se trata de hacer un juicio de valor, si no de cumplir las leyes, cuya existencia reside en la razón y en lo que es o debería ser justo. Aunque parte de la carretera ya fue construida, queda mucho por lo cual seguir resistiendo. La decisión del Tribunal puede y debe utilizarse como nuevo impuslo. Al final, todo esfuerzo valdrá la pena sabiendo que la destrucción de entornos tan valiosos son un punto sin retorno.
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En ocasión del Día Mundial de los Océanos, hoy en Costa Rica fue promulgado un decreto que protegerá su vasto ecosistema de corales. Felicitamos al gobierno por haber dado este paso y por haber sentado un precedente legal para la protección ambiental marina en la región. San José, Costa Rica. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y Conservación Internacional (CI) celebramos la puesta en vigencia del decreto que busca proteger y conservar los corales del país, ecosistemas frágiles y vitales. El decreto sienta un precedente en la región y es un instrumento legal que protegerá los ecosistemas de coral de todo el territorio nacional de actividades humanas dañinas. “Estamos muy satisfechos con este avance importante, promovido desde el Viceministerio de Aguas y Mares, para garantizar la sobrevivencia de los arrecifes de coral y de algunas especies que contribuyen a su conservación al alimentarse de las algas que pueden quitarles oxígeno”, dijo Gladys Martínez, abogada sénior del Programa de Biodiversidad Marina y Protección Costera de AIDA. El decreto prevé una serie de medidas que el gobierno debe adoptar para preservar los ecosistemas arrecifales y a sus especies asociadas, amenazadas por el uso no sostenible, el cambio climático, la gestión inadecuada y las especies invasoras. Entre ellas destacan la creación e implementación de políticas y estrategias para afrontar los efectos del cambio climático con base en información científica y la restauración de arrecifes degradados. Por otro lado, la norma prohíbe actividades nocivas para los corales como su extracción y comercialización, así como el vertido de residuos y el anclaje en ellos. “Esperamos que el precedente legal establecido por este decreto sea replicado en otros países del continente que, al igual que Costa Rica, están obligados por tratados internacionales a salvaguardar sus corales. Seguiremos de cerca la implementación del decreto”, expresó Magie Rodríguez, abogada de AIDA. En 2012, AIDA y Conservación Internacional trabajaron junto con expertos nacionales y elaboraron un informe que detalla los beneficios económicos y ambientales de los corales, exhortando a su protección legal en Costa Rica. AIDA además apoyó al Viceministerio en la elaboración del decreto desde su experiencia en derecho internacional y en la normativa de países de la región. “Costa Rica es un país privilegiado por las dimensiones de sus espacios marinos y su biodiversidad. Los sistemas coralinos son increíblemente productivos, pero también amenazados por actividades humanas y por el cambio climático”, señaló Marco A. Quesada Alpízar, director de Conservación Internacional-Costa Rica. “Al tomar acción sobre este tema, Costa Rica asume su responsabilidad sobre la conservación y gestión de los ecosistemas marinos, y sienta un ejemplo que puede ser replicado en otros países”. El decreto responde así a un llamado de años para que Costa Rica cumpla sus obligaciones internacionales y proteja sus ecosistemas marinos amenazados. Estudios científicos han evidenciado que gran parte de los arrecifes de coral del país está en grave riesgo por actividades humanas como la contaminación originada en tierra y prácticas de pesca destructivas. Ello implica que su conservación debe ser una prioridad. “Con este decreto, se llena un importante vacío para regular el uso de los arrecifes de coral en Costa Rica y se reconoce una vez más a los recursos y espacios marinos como una fuente de servicios y bienestar para las personas y que por lo tanto requieren de protección y de un manejo adecuado”, destacó Quesada. “Costa Rica es reconocida globalmente por su ecoturismo y su riqueza natural; con este decreto, el país está dando un ejemplo sobre la importancia de la protección y manejo de los ecosistemas marinos esenciales como medio para asegurar la salud de los océanos y salvaguardar el bienestar de las comunidades costeras que dependen de los servicios que éstos brindan, subrayó Ana Gloria Guzmán, del Centro de los Océanos de Conservación Internacional. Contactos de prensa: Victor Quintanilla, AIDA, +521 5570522107, [email protected] Kipp Lanham, Conservation International, (202) 412-5533, [email protected] Marco Quesada, Conservación Internacional, +506 2253-0500 ext. 139, [email protected]
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Incluso en un día despejado, la contaminación del aire en Bogotá puede ser tan intensa que el cielo se ve envuelto en una pálida neblina que se cierne sobre la ciudad. En la capital de Colombia, como en muchas urbes del continente, el aire contaminado se ha convertido en parte de la vida diaria. Pero no debería ser así. En un reciente informe, David Boyd, Relator Especial de la ONU sobre el medio ambiente y los derechos humanos, dijo que respirar aire limpio debería ser considerado un derecho humano. Aunque la mayoría de los países ha reconocido el derecho a un ambiente sano, el derecho al aire limpio todavía no goza de un reconocimiento mundial. La contaminación atmosférica es un asesino doble: no sólo es uno de los riesgos más grandes para la salud pública mundial, también agrava la crisis climática. Por tanto, los Estados y las instituciones e instancias de derechos humanos debe incluir en la legislación las recomendaciones del Relator. Porque combatir la contaminación del aire es lo mejor que podemos hacer para mejorar la salud pública y, al mismo tiempo, salvar al planeta. Contaminación del aire: un asesino doble Más de 6.000 millones de personas alrededor del mundo, incluidos 2.000 millones de niños y niñas, respiran un aire nocivo para su salud, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). La contaminación del aire, interior y exterior, contribuye cada año a cerca de 7 millones de muertes prematuras a nivel mundial. Más de 300 mil de ellas ocurren sólo en el continente americano. En todo el mundo, cientos de millones de personas sufren afecciones causadas por la contaminación del aire, considerada uno de los cinco factores principales detrás de enfermedades no transmisibles como los derrames cerebrales, cardiopatías, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas y el cáncer. Las partículas finas —como las del hollín, el carbono negro, los sulfatos, los nitratos y metales pesados— aumentan significativamente el riesgo de estos padecimientos. Además, el aire contaminado afecta de forma particular a las poblaciones más vulnerables: niños, niñas y personas adultas mayores, quienes sufren daños diferenciados que incluyen enfermedades y problemas respiratorios crónicos. Los riesgos para la salud de las comunidades pobres y de bajos ingresos, que suelen estar ubicadas cerca de fuentes de contaminación —fábricas, centrales eléctricas y carreteras altamente transitadas, entre otras— son también excesivos. Pero la contaminación del aire es más que sólo una preocupación de salud pública porque también acelera la crisis climática. La investigación da cuenta que el carbono negro —contaminante climático de vida corta generado por la quema de combustibles fósiles, biocombustibles y biomasa—puede acelerar el derretimiento de los glaciares, contribuyendo a la inseguridad hídrica y a desastres naturales. Y el metano, otro contaminante de ese tipo, puede retener hasta 30 veces más calor que el CO2, acelerando el calentamiento global. Ambos lados del mismo problema implican un gran costo. El Banco Mundial estima que el costo global de la contaminación atmosférica pronto superará los 5 billones de dólares por año y señala que si los países no frenan el problema, la mortalidad que éste causa a nivel mundial podría aumentar entre 50 y 100 por ciento para 2050. Los beneficios económicos de frenar el cambio climático superan por mucho los costos astronómicos causados por inundaciones, tormentas y sequías más extremas, que podrían causar pérdidas por cientos de miles de millones de dólares para fines de siglo, según un informe de la Cuarta Evaluación Nacional del Clima de Estados Unidos. Respetando los derechos humanos Si bien reducir la contaminación del aire es una medida económica sensata, también es una cuestión de respeto de los derechos humanos. Además de violar el derecho a un ambiente sano y limpio, la mala calidad del aire puede afectar nuestros derechos a la vida, a la salud, al agua, a la alimentación, a la vivienda y a un nivel de vida adecuado, así como los derechos de la niñez. Así lo afirma el Relator Especial de la ONU en su informe. Según el documento, los Estados deben elaborar de inmediato planes de acción para: Monitorear la calidad del aire y sus impactos en la salud humana; Evaluar fuentes de contaminación atmosférica; Hacer pública la información relacionada y emitir avisos de salud pública; Desarrollar normas, regulaciones, estándares y políticas sobre calidad del aire; Implementar los planes de acción mencionados y hacer cumplir los estándares; y Fortalecer el plan y evaluar su progreso, garantizado que los estándares se cumplan. Con estas recomendaciones, el Relator exhorta a los Estados a monitorear la calidad del aire, generar conciencia entre las personas sobre la contaminación atmosférica y hacer accesible la información al respecto. Les insta además a establecer estándares sólidos y exigibles para hacer responsables a quienes causan la contaminación. Sin estos estándares, lograr una mejor calidad del aire sería imposible. Asimismo, los Estados deben aplicar el principio de precaución y márgenes de seguridad adecuados para proteger a los segmentos más vulnerables de la sociedad. Algunas ciudades de América Latina ya están comenzando a tomar en serio el problema de la contaminación del aire. En Curitiba, Brasil, se desarrolló un sistema amplio de buses rápidos y se lanzó en 2013 un plan ambicioso para construir 300 kilómetros de nuevas ciclovías. Ahora la esperanza de vida en esa ciudad es dos años más larga que el promedio nacional y, según la OMS, Curitiba tiene una mortalidad infantil relativamente baja. En 2014, el gobierno chileno implementó un impuesto progresivo a la contaminación atmosférica, cobrando tasas tributarias más altas a las industrias en zonas densamente pobladas para que los responsables de la contaminación rindan cuentas por los excesivos daños causados en poblaciones urbanas. Aunque estos ejemplos muestran que es posible generar un cambio, la contaminación del aire no será resuelta de un día al otro. Y los Estados deben comenzar a establecer regulaciones ambiciosas para frenar la contaminación atmosférica. De no hacerlo, el mundo caminará tosiendo durante el siglo 21 y los impactos de la crisis climática no harán más que empeorar.
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