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Preservando el legado de la Sierra Nevada de Santa Marta, corazón del mundo
Elevándose abruptamente desde las costas del Caribe colombiano, la Sierra Nevada de Santa Marta alcanza los 5.775 metros de altura en sus picos Bolívar y Colón. Es el sistema montañoso costero más alto del mundo y un sitio donde la sabiduría de la naturaleza y la indígena convergen.
El macizo montañoso conforma un territorio único en el que existen todos los pisos térmicos y donde la variedad de ecosistemas, animales y plantas es exuberante. Allí el mar está muy cerca de montañas y de nevados cuyo deshielo forma ríos y lagunas.
Pueblos indígenas protegen y cuidan esta riqueza natural con la autoridad que heredaron de sus antepasados. Se trata de los pueblos Arhuaco, Kogi, Wiwa y Kankuamo. En su cosmovisión, el territorio es sagrado e implica la comunión entre seres humanos, animales, plantas, ríos, cerros y divinidades ancestrales.
Pero su opinión no ha sido tomada en cuenta para el desarrollo de proyectos en la zona. Actualmente la existencia de la Sierra Nevada de Santa Marta está gravemente amenazada por 251 concesiones mineras, proyectos de hidroeléctricas, ganadería, urbanizaciones extensivas y obras de infraestructura.
Muchas de las concesiones fueron otorgadas sin procesos de consulta previa a los pueblos indígenas, lo que constituye una vulneración masiva, persistente y generalizada a sus derechos.
La minería —al implicar la contaminación y sedimentación de caudales— pone en riesgo la fuente de agua de los departamentos de Magdalena, César y Guajira, que se abastecen de los más de 30 ríos que nacen en la Sierra.
Todo ello ha hecho que este paraíso natural esté borde del no retorno, al igual que la vida tradicional de los pueblos indígenas, que depende enteramente de su territorio, de su espacio de sitios sagrados.
La Sierra alberga al parque arqueológico Ciudad Perdida, conocida como Teyuna, cuna de la civilización Tayrona y —según la tradición— origen de la naturaleza y corazón del mundo.
Los cuatro pueblos guardianes de la Sierra no están dispuestos a permitir que este legado natural y cultural desaparezca.
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Desde el pasado 6 de marzo, los ríos, lagos, manglares y otros humedales en Costa Rica, gozan de una mejor protección. En esa fecha, el gobierno de ese país emitió por primera vez una política pública orientada al manejo sostenible de esos ecosistemas. Se trata de la Política Nacional de Humedales 2017-2030, creada para preservar y revitalizar esos entornos, y la gran biodiversidad que albergan, sin afectar a las comunidades cercanas que dependen de ellos. Tras casi año y medio de trabajo conjunto, el Ministerio de Ambiente, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) lograron concretar este histórico instrumento de política pública. Desde AIDA fuimos parte del proceso de elaboración de la política, aportando comentarios desde la perspectiva del derecho ambiental internacional. En el pasado, hicimos una contribución similar en México. “Buscamos asegurar que la Política Nacional de Humedales estuviera en línea con las obligaciones de Costa Rica con la Convención Ramsar, tratado intergubernamental que establece que todos los países necesitan una política de ese tipo, además de otras acciones para proteger a los humedales de su territorio”, explica Gladys Martínez, abogada sénior del Programa de Biodiversidad Marina y Protección Costera de AIDA. La Ley Orgánica del Ambiente de Costa Rica define a los humedales como ecosistemas que dependen de regímenes acuáticos tanto dulces como salobres, naturales o artificiales, y que pueden ser permanentes o temporales. Por lo tanto, los humedales no son solo cuerpos de agua como ríos y lagos, sino también esteros, manglares, llanuras de inundación, arrecifes de coral y aguas marinas, entre otros. “En Costa Rica tenemos miles de humedales que representan el 7% del territorio nacional y esta Política ayudará a mejorar la gobernanza y la protección de estos recursos, saldando una deuda histórica con un elemento vital para nuestros ecosistemas”, informó el Ministro de Ambiente y Energía, Edgar Gutiérrez en un comunicado difundido por su despacho el 6 de marzo, con motivo del lanzamiento de la política. Los cinco componentes principales de la política El plan de acción de la política pública se basa en cinco ejes centrales: Conservación de los humedales, sus bienes y servicios: Busca evitar futuras pérdidas de humedales y mitigar factores que pongan en riesgo su salud y funcionamiento. Se propone además ordenar el territorio en el que están mediante un Inventario Nacional de Humedales. Adaptación climática y uso racional: Busca identificar cuáles son los humedales más vulnerables ante el cambio climático y llevar a cabo acciones de mitigación. Rehabilitación ecológica: Una vez identificados los humedales vulnerables, se prevé llevar a cabo acciones de recuperación. Fortalecimiento institucional para una gestión adecuada: Se aboga por lograr una mejor coordinación y articulación entre las entidades a cargo de la administración y conservación de humedales. Participación inclusiva: Se pretende que la ciudadanía se involucre y participe en los procesos de conservación de humedales. Consulta ciudadana y ejemplo a seguir Cabe destacar el último punto, referido a la inclusión de las comunidades, porque en lugar de alejarlas de la toma de decisiones, el gobierno reconoce que es importante consultarles ya que muchas de ellas basan sus medios de subsistencia en la salud de los humedales y otros entornos. “Lo más importante es que además de cumplir con la Convención Ramsar, se está cumpliendo con otras convenciones internacionales que hablan sobre la consulta”, dice Gladys. La nueva política costarricense representa un avance significativo en la defensa del ambiente. Cada vez más países se alinean a Ramsar y demuestran a la región que las políticas ambientales son posibles y efectivas, superando así el obstáculo común de la burocracia. En AIDA estamos felices de decir “¡pura vida!” a los humedales. ¡Esperamos que más países se unan a su protección!
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Entre el 4 y el 6 de abril, la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima tendrá en Songdo, República de Corea, su 16va reunión, la primera de este año. Entre los temas importantes de la agenda de trabajo están la revisión de propuestas de financiamiento; el acuerdo sobre los términos de referencia para el Mecanismo Independiente de Quejas; la evaluación del Programa de Ayuda a la Preparación o Readiness Support; y la participación del sector privado en el Fondo. En este seminario virtual, miembros de entidades acreditadas ante el Fondo y de su Secretariado, así como de la sociedad civil de América Latina, compartieron sus expectativas en torno a la reunión. Grabación Presentaciones
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Comunidades y organizaciones hacen un llamado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que el Estado guatemalteco, empresas e inversionistas garanticen los derechos humanos de personas y comunidades afectadas por esos proyectos. Presentaron un informe que documenta 10 casos y 273 incidentes de amenazas, criminalización y ataques contra defensores/as, autoridades tradicionales, medios de comunicación y comunidades. La criminalización se evidencia en 103 órdenes de captura; el encarcelamiento de 36 personas defensoras y el asesinato de 11. Washington D.C., Estados Unidos. Un grupo de organizaciones y comunidades denunciaron, en una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que aquellas personas que reivindican sus derechos y los de comunidades indígenas frente a proyectos hidroeléctricos en Guatemala, sufren violaciones de derechos humanos y son víctimas de amenazas, agresiones e incluso asesinatos. Las denuncias están contenidas en un informe presentado ante la Comisión que se basa en 10 casos. El documento da cuenta que, ante ese tipo de proyectos, las comunidades han visto vulnerado su derecho a la consulta, previa, libre, informada y culturalmente adecuada; a la autodeterminación; al debido proceso, y a la vida. En el informe se evidencia además que quienes defienden a las personas y comunidades afectadas son víctimas de amenazas y agresiones. Los ataques más comunes fueron órdenes de captura (103), agresiones que resultan en heridas (56), encarcelamiento (36), detenciones (25), criminalización (16), amenazas (15). Se documentaron también 11 asesinatos y tres muertes relacionadas con conflictos en las comunidades que se oponen a los proyectos. Al menos 19 empresas están vinculadas con los proyectos hidroeléctricos: 55% nacionales, 40% trasnacionales y 5% estatales. Los denunciantes resaltaron ante la Comisión que es deber del Estado garantizar la protección de los derechos de las comunidades, de las personas que los defienden. Dicha obligación de respeto de los derechos humanos se extiende a las empresas y a los financiadores de dichos proyectos. Por ello, las organizaciones y comunidades solicitamos al Estado guatemalteco: Respetar los derechos de los pueblos indígenas de forma integral, incluyendo la libre determinación y el derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado y culturalmente adecuado. Garantizar la seguridad de las y los defensores de derechos humanos. Incluir la participación de las comunidades indígenas en el diseño y en la implementación de sus políticas de desarrollo energético. Y a las empresas: Cumplir con la debida diligencia en materia de empresas y derechos humanos. Abstenerse de tomar acciones, como demandas penales, que resulten en la criminalización y en ataques a defensores y defensoras de derechos humanos. Reconocer públicamente el papel positivo y fundamental que tienen las personas defensoras de derechos humanos en la democracia. Consulte aquí el informe completo. Acompañamiento de Austria (ADA); Asamblea Departamental de Pueblos de Huehuetenango (ADH); Asociación de Abogados Mayas de Guatemala, Asociación Indígena Ch`Orti` Nuevo Día, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA); Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos (CIEDH); Consejo del Pueblo Maya (CPO) Consejo Mam; Guatemala Human Rights Commission, USA (GHRC); Guatemala Solidarity Network; Microregión de Ixquisis, San Mateo Ixtatán; Movimiento Sueco por la Reconciliación (SweFOR); PAYXAIL YAJAW KONOB (Gobierno Ancestral Plurinacional) AKATEKA, CHUJ, POPTI’, Q’ANJOB’AL; Plataforma Internacional contra la Impunidad Protection International; Proyecto Acompañamiento Quebec Guatemala Montréal, Canadá Resistencia Río Dolores y la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UDEFEGUA). Contactos de prensa: Karen Hudlet, Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos, hudlet@business-humanrights.org Rodrigo da Costa Sales, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), rsales@aida-americas.org
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