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Preservando el legado de la Sierra Nevada de Santa Marta, corazón del mundo
Elevándose abruptamente desde las costas del Caribe colombiano, la Sierra Nevada de Santa Marta alcanza los 5.775 metros de altura en sus picos Bolívar y Colón. Es el sistema montañoso costero más alto del mundo y un sitio donde la sabiduría de la naturaleza y la indígena convergen.
El macizo montañoso conforma un territorio único en el que existen todos los pisos térmicos y donde la variedad de ecosistemas, animales y plantas es exuberante. Allí el mar está muy cerca de montañas y de nevados cuyo deshielo forma ríos y lagunas.
Pueblos indígenas protegen y cuidan esta riqueza natural con la autoridad que heredaron de sus antepasados. Se trata de los pueblos Arhuaco, Kogi, Wiwa y Kankuamo. En su cosmovisión, el territorio es sagrado e implica la comunión entre seres humanos, animales, plantas, ríos, cerros y divinidades ancestrales.
Pero su opinión no ha sido tomada en cuenta para el desarrollo de proyectos en la zona. Actualmente la existencia de la Sierra Nevada de Santa Marta está gravemente amenazada por 251 concesiones mineras, proyectos de hidroeléctricas, ganadería, urbanizaciones extensivas y obras de infraestructura.
Muchas de las concesiones fueron otorgadas sin procesos de consulta previa a los pueblos indígenas, lo que constituye una vulneración masiva, persistente y generalizada a sus derechos.
La minería —al implicar la contaminación y sedimentación de caudales— pone en riesgo la fuente de agua de los departamentos de Magdalena, César y Guajira, que se abastecen de los más de 30 ríos que nacen en la Sierra.
Todo ello ha hecho que este paraíso natural esté borde del no retorno, al igual que la vida tradicional de los pueblos indígenas, que depende enteramente de su territorio, de su espacio de sitios sagrados.
La Sierra alberga al parque arqueológico Ciudad Perdida, conocida como Teyuna, cuna de la civilización Tayrona y —según la tradición— origen de la naturaleza y corazón del mundo.
Los cuatro pueblos guardianes de la Sierra no están dispuestos a permitir que este legado natural y cultural desaparezca.
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Un tribunal federal de Brasil suspendió la licencia de operación de la represa Belo Monte debido a que Norte Energía, empresa a cargo del proyecto, no ha completado los trabajos de saneamiento básico en la ciudad de Altamira, directamente afectada por la hidroeléctrica. La decisión del tribunal responde a un recurso legal presentado por el Ministerio Público Federal. Las obras de saneamiento eran una condición para la licencia otorgada por el Instituto Brasileño de Ambiente y Recursos Naturales (IBAMA) y debían completarse antes del llenado del embalse de la represa, lo que no ocurrió. "Esta es la primera vez que un tribunal federal suspende un recurso de suspensão de segurança respecto a Belo Monte; ese recurso garantizaba el funcionamiento de la hidroeléctrica aunque la empresa no hubiera completado las condicionantes de la licencia. En la práctica, la decisión significa que las operaciones de la represa deben parar inmediatamente, aunque la construcción de obras pendientes pueda continuar”, explicó Marcella Ribeiro, abogada de AIDA. “Más allá de una cuestión relacionada a la falta de saneamiento básico, este fallo representa un paso fundamental para que la empresa a cargo del proyecto cumpla adecuadamente con las condiciones para operar, las cuales favorecen a la población afectada. Esperamos que la justicia brasileña continúe garantizando la protección de los derechos de las comunidades afectadas por la represa frente al interés corporativo”.
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Sienta un precedente relevante para que los proyectos sean presentados de forma completa, no fragmentada, y se puedan evaluar de forma integral sus impactos al ambiente. Se solicita a la Semarnat revocar las autorizaciones y a la Apiver, suspender las obras hasta que quede zanjada la cuestión ambiental. Veracruz, México. El proyecto de ampliación del puerto de Veracruz, promovido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), será analizado por el Poder Judicial de la Federación a fin de determinar si, al ser autorizado, se vulneró el derecho al medio ambiente sano. Lo anterior se debe a la demanda de amparo presentada por habitantes de la región, asesorados por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), a inicios de diciembre de 2016, y que fue admitida a finales de mes marzo pasado[1]. El Juzgado Quinto se había negado a ello alegando falta de interés legítimo de los demandantes, pero tal situación fue combatida y resuelta ante el Segundo Tribunal Colegiado en febrero. El caso es muy importante y establece un precedente relevante en materia del derecho ambiental, pues aborda la forma en la que deben ser evaluados los proyectos de desarrollo en materia de impacto ambiental. Esos proyectos deben ser presentados de manera completa y no fragmentada para poder evaluar el impacto integral que tendrán sobre la zona y sus habitantes. Asimismo, las manifestaciones de impacto ambiental deben ser elaboradas con la mejor información científica disponible. En el caso del proyecto de ampliación el puerto de Veracruz, la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) se presentó de forma fragmentada en por los menos 14 partes, evaluadas y autorizadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) sin considerar todos los impactos acumulativos. Además, la MIA omitió manifestar la existencia de un arrecife de coral no emergido muy grande e importante, localizado a 500 metros de distancia de la entrada del nuevo puerto. Para proteger el derecho al medio ambiente sano, se han construido instituciones como las Áreas Naturales Protegidas e instrumentos como la Evaluación de Impacto Ambiental. En el caso de la ampliación del puerto de Veracruz, el mensaje que se está enviando es que estas instituciones pueden ser sacrificadas y/o utilizadas según convenga para empujar los llamados proyectos de desarrollo. En este sentido, y en virtud del amparo, se solicita atenta y respetuosamente a la Semarnat a revocar las autorizaciones de impacto concedidas al proyecto. De igual forma, se hace un llamado atento a la Administración Portuaria Integral de Veracruz (Apiver) para que suspenda voluntariamente las obras hasta que quede zanjada la cuestión ambiental, y a los habitantes de la ciudad de Veracruz-Boca del Río-Medellín a que se apropien y cuiden el Parque Nacional Sistema Arrecifal Veracruzano (PNSAV). “La aceptación de este amparo representa un pequeño paso en la dirección correcta, pues el poder de la gente ha hecho valer su derecho a un medio ambiente sano, lo que debería ser un garantía por parte de la autoridad sin que hubiera necesidad de acudir a las instancias judiciales para hacerlo valer. Esperamos que esto abra la puerta a una revisión real y acuciosa del proyecto de ampliación del puerto de Veracruz y de los impactos reales que tendrá sobre el medio ambiente, en particular sobre el Sistema Arrecifal Veracruzano y sobre los servicios ecosistémicos que brinda”, declaró Miguel Rivas, campañista de océanos de Greenpeace México. Por su parte, Camilo Thompson, abogado de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), señaló que "con la reducción del área del PNSAV y la ausencia de restauración de un sitio protegido bajo la Convención Ramsar, el Estado mexicano incumple con la protección amplia de su población, obligación establecida en tratados internacionales. Expone además a los habitantes del puerto de Veracruz a un mayor riesgo de impactos por huracanes y otros fenómenos climáticos. Ni el gobierno, ni la empresa a cargo del puerto, consideraron de forma adecuada la protección de los arrecifes de Veracruz, ecosistemas de importancia mundial. México está incumpliendo también los objetivos de preservación, conservación y manejo, establecidos en el Convenio sobre Diversidad Biológica, las metas de Aichi y la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de las Tortugas Marinas, tratados ratificados por el país". Xavier Martínez Esponda, Coordinador Técnico Operativo del CEMDA, dijo que “los océanos y los arrecifes son ecosistemas clave para el bienestar de las personas pues son fuente de importantes servicios ambientales y funciones ecológicas como la captura de carbono-generación de oxígeno, la provisión de alimento como la pesquería y la regulación del clima brindando protección contra tormentas y/o huracanes, razones por las cuales, deben de ser protegidos y conservados en beneficio de presentes y futuras generaciones”. Desde 2004, el PNSAV es considerado como un humedal de importancia internacional, pero hasta el momento el gobierno mexicano no ha cumplido sus obligaciones internacionales, ni ha expedido su programa de manejo. [1] El 29 de marzo de 2017, el Juzgado Quinto de Distrito en Veracruz admitió a trámite la demanda de amparo presentada por habitantes de la región y representados por el CEMDA. Expediente 1241/2016
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"Nuestro miedo más profundo no es que seamos inadecuados. Nuestro miedo más profundo es que somos poderosos sin medida. Es nuestra luz, no nuestra oscuridad, lo que más nos asusta.” - Marianne Williamson Sentada ante la Corte, una mujer en una larga fila de observadores, mi pulso se aceleró. Por primera vez en mi vida me quedé sin palabras, sobrecogida de asombro. Frente a mí, sentados en el estrado y vestidos con sus togas, estaban seis hombres y una mujer. Eran los siete jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hablar en público es algo que hago frecuentemente y con facilidad, pero esta vez estaba ¡realmente nerviosa! Mi corazón iba a explotar y tenía un nudo en la garganta. Estaba muy consciente del poder de lo que estaba a punto de decir. Sentí profundamente la fuerza de mis colegas de AIDA. Me senté erguida, respiré hondo y me incliné para acercarme al micrófono. Comencé a hablar. Mis palabras llevaban la influencia de los últimos 20 años. Estaba representando a AIDA en nuestra primera intervención ante el organismo internacional de derechos humanos más importante del continente americano. Habíamos sido invitados por la Corte para comentar la opinión consultiva hecha por el Gobierno colombiano acerca del vínculo entre la degradación ambiental y los derechos humanos, una cuestión que es la esencia de nuestra misión. La pregunta básica a tratar era la siguiente: Si un megaproyecto daña el ambiente marino del Gran Caribe y, como resultado, vulnera o amenaza derechos humanos, ¿de acuerdo con el derecho internacional de los derechos humanos, el Estado que implementa el proyecto debería ser responsable? Cuando comencé mi carrera en derecho ambiental hace 20 años, justo ésta fue una de mis metas. Soñaba con estar involucrada en este tipo de conversación ante la Corte, con influir en la jurisprudencia de la institución encargada de proteger los derechos humanos de las personas del continente. Ahora, siendo orgullosamente codirectora de AIDA, esos sueños se han hecho realidad. No solo para mí, también para las y los valientes y dedicados abogados con quienes trabajo. El documento que elaboramos representa incontables horas de investigación y análisis, las contribuciones de personas expertas en derechos humanos y en derecho ambiental, décadas de experiencia, y vidas profesionales de dedicación. Lo elaboramos para que la Corte reconozca la protección ambiental como una cuestión de derechos humanos, y que un ambiente sano es esencial para el disfrute de todos los derechos humanos. Esperamos que el documento muestre a los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que incorporar estándares y derecho ambiental internacional, puede ayudarles a cumplir su misión. Recordar los meses de trabajo y las opiniones expertas contenidas en el documento, me dieron tranquilidad ese día. Los testimonios que escuché fueron música para mis oídos: más de 20 personas de Estados y de organizaciones de la sociedad civil, una tras otra, hablaron de la relación entre derechos humanos y ambiente; se refirieron al poder de usar el derecho ambiental internacional para proteger a personas y comunidades. Los argumentos que construimos juntos, hicieron que el vínculo entre ambiente y derechos humanos quedara claro como el agua. Tuvimos la oportunidad histórica de resaltar cómo, en algunas situaciones, la destrucción ambiental viola derechos humanos. Proteger nuestro ambiente, por tanto, es una obligación internacional de todos los Estados de las Américas. Cuando terminé de hablar, respiré profundo de nuevo, me alejé del micrófono y me recosté en la silla. Sonreí al ver mi teléfono iluminarse con mensajes de mis colegas de todos los rincones del continente. Finalicé reflexionando con felicidad sobre los últimos 20 años, y totalmente revitalizada para 20 más. Terminé la audiencia llena de gratitud y orgullo hacia mi equipo. Reiteré el poder que tenemos —como AIDA, como abogados y abogadas, como ciudadanos, como seres humanos— para lograr cambios. Sin duda, aunque parezcamos pequeños, no estamos solos. Juntos somos poderosos y, juntos, somos capaces de construir un mundo mejor. La decisión está ahora en manos de la Corte, cuya opinión tiene el poder de influir en el futuro del desarrollo en el continente americano.
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