Project
Preservando el legado de la Sierra Nevada de Santa Marta, corazón del mundo
Elevándose abruptamente desde las costas del Caribe colombiano, la Sierra Nevada de Santa Marta alcanza los 5.775 metros de altura en sus picos Bolívar y Colón. Es el sistema montañoso costero más alto del mundo y un sitio donde la sabiduría de la naturaleza y la indígena convergen.
El macizo montañoso conforma un territorio único en el que existen todos los pisos térmicos y donde la variedad de ecosistemas, animales y plantas es exuberante. Allí el mar está muy cerca de montañas y de nevados cuyo deshielo forma ríos y lagunas.
Pueblos indígenas protegen y cuidan esta riqueza natural con la autoridad que heredaron de sus antepasados. Se trata de los pueblos Arhuaco, Kogi, Wiwa y Kankuamo. En su cosmovisión, el territorio es sagrado e implica la comunión entre seres humanos, animales, plantas, ríos, cerros y divinidades ancestrales.
Pero su opinión no ha sido tomada en cuenta para el desarrollo de proyectos en la zona. Actualmente la existencia de la Sierra Nevada de Santa Marta está gravemente amenazada por 251 concesiones mineras, proyectos de hidroeléctricas, ganadería, urbanizaciones extensivas y obras de infraestructura.
Muchas de las concesiones fueron otorgadas sin procesos de consulta previa a los pueblos indígenas, lo que constituye una vulneración masiva, persistente y generalizada a sus derechos.
La minería —al implicar la contaminación y sedimentación de caudales— pone en riesgo la fuente de agua de los departamentos de Magdalena, César y Guajira, que se abastecen de los más de 30 ríos que nacen en la Sierra.
Todo ello ha hecho que este paraíso natural esté borde del no retorno, al igual que la vida tradicional de los pueblos indígenas, que depende enteramente de su territorio, de su espacio de sitios sagrados.
La Sierra alberga al parque arqueológico Ciudad Perdida, conocida como Teyuna, cuna de la civilización Tayrona y —según la tradición— origen de la naturaleza y corazón del mundo.
Los cuatro pueblos guardianes de la Sierra no están dispuestos a permitir que este legado natural y cultural desaparezca.
Proyectos relacionados
Latest News
Cada cierto tiempo, cientos de tortugas carey y golfina se desplazan a través de las aguas cálidas y poco profundas del Sistema Arrecifal Veracruzano. Allí nadan y se alimentan entre corales de colores brillantes que se extienden por kilómetros a lo largo del Golfo de México. Al ocaso, las hembras caminan de regreso a la playa en la cual nacieron para poner los huevos de la siguiente generación. Este ritual ha ocurrido durante siglos: las tortugas migratorias se mueven, alimentan y reproducen en su paso por el Golfo de México y las aguas del Caribe. Pero esto sucede cada vez menos. A medida que sus hábitats críticos son amenazados por actividades humanas poco sostenibles y un clima cambiante, la población de tortugas carey de la región ha disminuido en 95%, lo que las convierte en una especie en peligro crítico de extinción. La tortugas carey (eretmochelys imbricata) y golfina (lepidochelys kempii) son apenas dos de las cinco especies neotropicales de tortuga marina que pasan una parte de su ciclo migratorio en la costa de Veracruz, México, y dentro de los límites de sus arrecifes. Ahora estas tortugas enfrentan una nueva amenaza: la ampliación del puerto de Veracruz. Para generar conciencia sobre el riesgo que el proyecto implica para estas especies amenazadas, AIDA y elCentro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) presentaron, el pasado 22 de septiembre, una petición ante el Comité Científico de la Convención Interamericana para las Tortugas Marinas, bajo la cual México está obligado a proteger a las tortugas de su territorio. En la petición, detallamos los impactos directos e indirectos que la ampliación portuaria tendría en varias especies de tortuga y en sus hábitats. Mencionamos además que en la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto, la Administración Portuaria Integral de Veracruz declaró que la ampliación portuaria “no tendrá un impacto directo en especies protegidas”. Sin embargo, esa agencia gubernamental falló en presentar medidas de protección para las tortugas marinas, especialmente para la carey, especie enlistada como amenazada en la Convención y en la legislación mexicana. Nuestra petición ante la Convención solicita que esa instancia tome medidas para advertir la amenaza y exhorte a México a tomar acciones que incluyan las siguientes: realizar una investigación sobre los impactos de la ampliación portuaria en las tortugas y su hábitat, visitar el sitio, hacer recomendaciones para la protección de las especies y su hábitat, e instar al Gobierno mexicano a que aplique medidas preventivas mientras evalúa los posibles impactos ambientales sobre las tortugas. También el 22 de septiembre y junto con CEMDA, entregamos a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales más de 36,000 firmas a una petición ciudadana que exigen que esa entidad revoque el permiso ambiental otorgado a la ampliación del puerto. La petición argumenta que la ampliación pondría en peligro dos de los tesoros naturales de México: el Sistema Arrecifal Veracruzano y la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas, un área natural protegida de la cual se extraerá roca basáltica para la construcción. El permiso fue otorgado sin considerar los serios impactos ambientales que el proyecto tendría en ecosistemas únicos de la región y en las criaturas que los habitan. Por tanto, el Gobierno mexicano ha violado obligaciones nacionales e internacionales de conservar la biodiversidad y su patrimonio natural. Mientras la ampliación del Puerto de Veracruz continúe amenazando especies y ecosistemas sensibles, nosotros continuaremos abogando ante organismos nacionales e internacionales para que detengan elproyecto. ¡Gracias por apoyar nuestra labor de defender la salud y biodiversidad del Sistema Arrecifal Veracruzano!
Leer más
Latest News
1. Colombia Suspende las Fumigaciones Aéreas con Glifosato En mayo de 2015, Colombia anunció sus intenciones de suspender las fumigaciones aéreas con glifosato y otros químicos, una mezcla que ha sido utilizada por más de 20 años para erradicar cultivos de coca y amapola. La decisión se concretó finalmente el 30 de septiembre, fecha en la que el Plan de Manejo Ambiental del programa que permitía dichas fumigaciones fue suspendido. La presión hacia el gobierno aumentó con un par de decisiones judiciales y luego de que AIDA y sus aliados en Colombia y Estados Unidos lanzáramos una petición en internet. Juntos recolectamos casi 25,000 firmas de personas que exigían al Presidente Juan Manuel Santos y al Ministro de Justicia acabar con las fumigaciones. En Colombia, este tipo de fumigaciones han caído sobre hogares, granjas, bosques y agua en vastas áreas rurales, causando estragos en ecosistemas sensibles y dañando fuentes de agua y cultivos de alimentos en una de las naciones más biodiversas del planeta. Incluso han forzado a que familias, incluyendo algunas en comunidades indígenas, abandonen sus tierras. AIDA ha trabajado para ponerle fin a estas fumigaciones por cerca de 17 años. Cuando el Ministerio de Salud recomendó recientemente la suspensión del programa por temor a que el químico utilizado cause cáncer, AIDA convocó a medios de comunicación y organizaciones aliadas para generar y participar en un debate nacional. 2. El Congreso Panameño Protege el Refugio de Vida Silvestre Humedal Bahía de Panamá Tras años de disputas legales, el 2 de febrero de 2015 (Día Mundial de los Humedales), Panamá promulgó una ley que brinda protección permanente a la Bahía de Panamá, sitio de gran importancia ecológica. La ley impide desarrollos turísticos que dañarían bosques de manglar esenciales para la vida silvestre, la protección costera, la industria pesquera local y la mitigación del cambio climático. La colaboración entre AIDA y el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) de Panamá, su socio local, garantizó que esta ley sea lo suficientemente fuerte para garantizar el uso racional de los humedales de todo el país. La Bahía de Panamá es uno de los sitios de anidación más importantes del mundo para aves migratorias y es hogar de jaguares y tortugas caguama (especie en peligro de extinción). Los manglares de la bahía amortiguan las cada vez más fuertes marejadas, y capturan 50 veces más carbono que los bosques tropicales. La bahía está enlistada como Humedal de Importancia Prioritaria Internacional bajo la Convención Ramsar, un tratado intergubernamental para la conservación de los humedales. El trabajo de AIDA consiste en proteger todos los servicios ecosistémicos que este sitio fundamental brinda. 3. El Gobierno de Colombia Protege el 76% del Páramo de Santurbán AIDA se unió a organizaciones locales para conseguir apoyo público para la protección de los páramos de Colombia. Los páramos son humedales de alta montaña únicos en América Latina. Nuestro trabajo logró reunir más de 20,000 firmas para una petición ciudadana y generó mucha atención mediática. El Gobierno colombiano decidió ampliar el área protegida del Páramo de Santurbán, una importante victoria para el pueblo colombiano. Santurbán abastece de agua a cerca de dos millones de personas y es hábitat de especies amenazadas. También captura grandes cantidades de carbono, mitigando así el cambio climático. Hace varios años, Colombia promulgó una ley que protege a los páramos, un importante paso debido a que la tierra en y alrededor de Santurbán contiene oro y otros minerales que empresas internacionales están ansiosas por explotar. Para implementar la ley y proteger realmente a ese páramo, Colombia tenía que establecer los límites del área protegida. Los límites propuestos inicialmente incluían sólo una pequeña fracción del páramo. Ahora, la mayor parte está protegida. 4. Se Publican Tres Importantes Informes de Referencia Uno de los servicios clave que AIDA brinda es la producción de informes basados en investigación y análisis legal. Estos informes sirven como referencia a funcionarios de gobierno, periodistas, grupos de la sociedad civil y tomadores de decisiones de industrias que se esfuerzan por proteger nuestro ambiente. Compilamos información exhaustiva acerca de las amenzas a recursos naturales y de las mejores prácticas para la protección ambiental. Nuestros informes llenan vacíos de conocimiento entre responsables de políticas públicas y defensores ambientales en América Latina. Las publicaciones recientes de AIDA pueden ayudar a guiar los esfuerzos hacia la protección ambiental. Éstas incluyen: Guía de Buenas Prácticas de Regulación para la Protección de Arrecifes de Coral (en inglés). La Protección de los Arrecifes de Coral en México: Rescatando la Biodiversidad Marina y sus Beneficios para la Humanidad. Guía sobre Lineamientos Básicos para la Evaluación de Impactos Ambientales de Proyectos Mineros. 5. Se Crea un Grupo Regional sobre Fracking: 30 Organizaciones en Siete Países Muchos países en América Latina le están abriendo sus puertas al fracking, una práctica que consiste en la inyección de agua, arena y químicos a muy alta presión para fracturar rocas y liberar gas natural del subsuelo. Muchos gobiernos lo están haciéndo con poca o ninguna comprensión de los impactos de esta tecnología en el ambiente y la salud, y en ausencia de procesos adecuados para informar, consultar e involucrar a las comunidades afectadas. AIDA apoyó la creación del Grupo Regional sobre Fracking para generar conciencia, debate público y prevenir los riesgos asociados al fracking. El grupo busca garantizar que los derechos a la vida, a la salud pública y a un ambiente sano sean respetados en América Latina. El grupo está formado por organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas principalmente de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia y México, las cuales colaboran para: Identificar operaciones de fracking y comunidades afectadas en la región, y documentar los impactos; Avanzar en estrategias para detener proyectos dañinos y frenar la propagación del fracking; y Organizar seminarios y brindar material educativo acerca de los riesgos e impactos del fracking para asegurar la adopción de un enfoque de precaución.
Leer más
Latest News
Organizaciones ambientales anuncian retroceso en la conservación marina. Señalan posición irresponsable en los acuerdos tomados por el gobierno, los cuales ponen en peligro la sostenibilidad de la actividad pesquera. El gobierno cede ante las presiones del sector pesquero y olvida el pacto ambiental, la ley y los compromisos internacionales del país. San José, Costa Rica. Como resultado de los bloqueos de vías por parte del sector pesquero, el pasado miércoles 2 de setiembre el Gobierno asumió compromisos temerarios, ilegales e inconstitucionales con algunos representantes de este sector. Los acuerdos y compromisos fueron comunicados al sector ambiental luego de una consulta y mediante oficio del señor Sergio Alfaro, Ministro de Presidencia, de fecha 07 de setiembre anterior. Como organizaciones de la sociedad civil, vemos con gran preocupación los acuerdos que las autoridades han tomado con el sector pesquero, los cuales a nuestro entender implican: La flexibilización de regulaciones sobre comercio de tiburón. Según un borrador de Decreto ya confeccionado por el Ejecutivo para reformar el capítulo XIV del reglamento a la Ley de Conservación de Vida Silvestre, se trasladará la potestad de autorizar la importación, la exportación y reexportación de productos de tiburón a Comisiones Especiales No Permanentes, cuyos miembros serían asignados por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC). Actualmente, dicha responsabilidad recae sobre un consejo integrado por científicos nacionales nombrados independientemente por sus instituciones. Otorga además condición de "Autoridad Científica" al sector pesquero, con derecho a proponer sus representantes en las Comisiones No Permanentes. Esta acción resulta ilógica pues la participación del sector en la toma de decisiones técnicas se dará desde una perspectiva empresarial, privada y motivada por el lucro, contrario a las autoridades científicas formales como las Universidades e Instituciones públicas Estatales y no Estatales que en su naturaleza constitutiva se rigen por el interés público. Asumir a futuro una actitud pasiva ante la conservación y protección de especies de tiburón en peligro de extinción o riesgo inminente que deban ser incluidas en tratados internacionales firmados por Costa Rica. En esta negociación con el sector pesquero, el gobierno se compromete a no promover, ni respaldar la inclusión de especies de tiburón con interés comercial en convenciones internacionales como CITES y CMS, aunque se encuentren en condición de vulnerabilidad o riesgo de extinción. Es decir, el gobierno permite que el interés comercial particular prevalezca por encima del interés público ambiental. Promover de forma activa la exportación de aletas de tiburón. El gobierno se compromete a intermediar con empresas de transporte internacional para que vuelvan a transportar aletas de tiburón, pese a que aquellas habían dejado de hacerlo por su política ambiental empresarial. Confundir el interés privado empresarial con el "conocimiento tradicional" de las comunidades y equipararlo al conocimiento científico. El gobierno acordó con el sector pesquero entrar en un proceso "participativo" de revisión de las tallas mínimas de captura de peces, ante la negativa del sector a acatar las tallas establecidas por el Departamento de Investigación Pesquera del Incopesca. Las tallas mínimas de captura, que ya deberían haber empezado a regir, serán ahora revisadas bajo criterios que no se apegan a los principios básicos de la gestión pesquera. Serán entonces los mismos pescadores quienes decidan que tallas van a pescar. Creemos firmemente en el papel que las comunidades costeras deben ser aliadas de la conservación, pero no debe confundirse su participación con la delegación de potestades públicas indelegables, alejándose incluso del criterio técnico-científico. Aumentar el esfuerzo pesquero sin fundamento técnico que lo respalde. El quinto acuerdo expone un problema recurrente que el sector ambiental ha venido denunciando en los últimos años: la falta de fundamento técnico en decisiones sobre recursos pesqueros. En esta negociación, el gobierno se compromete a aumentar las cuotas de acarreo de atún y a convocar el proyecto de Ley "Para el desarrollo, promoción y aprovechamiento del camarón en Costa Rica", sin contar con el criterio técnico científico que lo respalde. "Somos enfáticos en recordar que el ordenamiento jurídico costarricense obliga a que todo acto administrativo debe estar claramente fundamentado, sobre todo tratándose de autorizaciones para acceder a bienes de dominio público, que pertenecen a todos los costarricenses. El gobierno debe indicar cuál es el fundamento técnico que utilizó para asumir este nivel de compromisos con el sector pesquero”, agregó Jorge Jiménez, de Fundación Marviva. Representantes del sector coinciden en que el contenido de los acuerdos, representa un retroceso en la protección ambiental de los recursos marinos y de las propias comunidades que dependen de la salud de los mares. "Las actuaciones de las actuales autoridades y sus asesores son irresponsables, sin fundamento técnico y al margen del ordenamiento jurídico vigente. Un retroceso de tal magnitud daña la imagen del país ante la comunidad internacional, entrando en abierta contradicción con la imagen que el país promociona de país respetuoso del ambiente", señaló Randall Arauz, de Pretoma. Para el sector ambiental, el gobierno está legitimando intereses privados por encima del interés público ambiental, poniendo en riesgo la subsistencia de miles de pescadores y la conservación de los recursos marinos y pesqueros en nuestro país. "Nos genera gran asombro enterarnos de los acuerdos que las autoridades ambientales y pesqueras, en nombre del Estado y la Nación, han tomado con respecto a la disposición de bienes de dominio público por parte de particulares. Los compromisos toman una dirección contraria a lo que indican el conocimiento científico, el principio precautorio, así como del consenso internacional que existe sobre el manejo de grupos como los tiburones”, concluyó Marco Quesada, de Conservación Internacional. Consideramos que es nuestra responsabilidad como parte relevante de la sociedad costarricense informar a la comunidad nacional cuando algún sector, gremio o el gobierno mismo, atentan contra la sostenibilidad de los recursos naturales, marinos o terrestres, de nuestro país y que en esta oportunidad afectan directamente el futuro de la seguridad alimentaria nacional. Apoyan este comunicado: WIDECAST, Fundación Marviva, Pretoma, Conservación Internacional, AIDA, Misión Tiburón, UESPRA, Fundación KETO, The Leatherback Trust, Asociación Costa Rica por Siempre, Biocenosis, Fundación Amigos de la Isla del Coco, Sea Sheperd, Cedarena, Promar. Contacto de prensa Randall Arauz, 506-8344-3711, [email protected]
Leer más