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Preservando el legado de la Sierra Nevada de Santa Marta, corazón del mundo
Elevándose abruptamente desde las costas del Caribe colombiano, la Sierra Nevada de Santa Marta alcanza los 5.775 metros de altura en sus picos Bolívar y Colón. Es el sistema montañoso costero más alto del mundo y un sitio donde la sabiduría de la naturaleza y la indígena convergen.
El macizo montañoso conforma un territorio único en el que existen todos los pisos térmicos y donde la variedad de ecosistemas, animales y plantas es exuberante. Allí el mar está muy cerca de montañas y de nevados cuyo deshielo forma ríos y lagunas.
Pueblos indígenas protegen y cuidan esta riqueza natural con la autoridad que heredaron de sus antepasados. Se trata de los pueblos Arhuaco, Kogi, Wiwa y Kankuamo. En su cosmovisión, el territorio es sagrado e implica la comunión entre seres humanos, animales, plantas, ríos, cerros y divinidades ancestrales.
Pero su opinión no ha sido tomada en cuenta para el desarrollo de proyectos en la zona. Actualmente la existencia de la Sierra Nevada de Santa Marta está gravemente amenazada por 251 concesiones mineras, proyectos de hidroeléctricas, ganadería, urbanizaciones extensivas y obras de infraestructura.
Muchas de las concesiones fueron otorgadas sin procesos de consulta previa a los pueblos indígenas, lo que constituye una vulneración masiva, persistente y generalizada a sus derechos.
La minería —al implicar la contaminación y sedimentación de caudales— pone en riesgo la fuente de agua de los departamentos de Magdalena, César y Guajira, que se abastecen de los más de 30 ríos que nacen en la Sierra.
Todo ello ha hecho que este paraíso natural esté borde del no retorno, al igual que la vida tradicional de los pueblos indígenas, que depende enteramente de su territorio, de su espacio de sitios sagrados.
La Sierra alberga al parque arqueológico Ciudad Perdida, conocida como Teyuna, cuna de la civilización Tayrona y —según la tradición— origen de la naturaleza y corazón del mundo.
Los cuatro pueblos guardianes de la Sierra no están dispuestos a permitir que este legado natural y cultural desaparezca.
Proyectos relacionados
ONG alertan a la CIDH sobre la vulneración del derecho al agua por proyectos extractivos e hidroeléctricos
En audiencia ante la Comisión, evidenciaron que actividades extractivas, en especial las minero-energéticas, restringen el uso del agua del que subsisten personas y comunidades. Documentaron además la omisión de los Estados para proteger el derecho al agua y controlar efectivamente a las empresas y proyectos que lo afectan. Washington, Estados Unidos. Organizaciones de la sociedad civil[i] llamaron la atención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la creciente presión sobre los recursos naturales para el desarrollo de actividades extractivas, entre las que se destaca la construcción de represas y la explotación minera en las Américas. Lo hicieron en una audiencia en la que evidenciaron que dicha situación ha tenido como consecuencia la sistemática violación del derecho al agua en la región. “Hemos identificado cuatro patrones que caracterizan esta problemática: el uso de marcos jurídicos que favorecen la apropiación del recurso hídrico para proyectos extractivos, la apropiación del recurso que favorece su empleo para proyectos extractivos por encima del uso y consumo humano, la contaminación y deterioro de las fuentes hídricas, y la ausencia de consulta y consentimiento previos, libres e informados en la implementación de esos proyectos”, explicó al iniciar la audiencia María José Veramendi Villa, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Las organizaciones presentaron casos de apropiación, contaminación y daño irreversible de fuentes hídricas a causa de la implementación de proyectos extractivos. Esta situación además de afectar el derecho al agua, vulnera otros derechos como la salud, la vida digna, la integridad, el medio ambiente sano, la alimentación y la cultura, tanto de personas y comunidades que se encuentran en el área de influencia directa de los proyectos y que no fueron consultadas, como de aquellas que se encuentran distantes y que dependen de dichas fuentes para su subsistencia. Dichos casos han sido documentados extensamente en un informe que fue entregado a la Comisión. “En Argentina, la explotación de la mina Alumbrera ha causado la filtración de desechos tóxicos en tres ríos y, aunque hay una causa judicial abierta por contaminación, aún se han adoptado medidas efectivas para remediar el daño. Nos preocupa que en ninguno de nuestros países se estén implementado medidas de prevención para nuevos daños, ni medidas de remediación ante el cúmulo de daños derivados de la contaminación”, señaló Johana Rocha, del Centro de Estudios para la Justicia Social “Tierra Digna” de Colombia. En la audiencia, se informó a la Comisión sobre la ausencia de medidas efectivas para que los Estados de la región garanticen el derecho al agua y por el contrario sobre la existencia de marcos jurídicos que favorecen la apropiación del agua para proyectos extractivos sobre el uso y consumo humano. Las organizaciones ejemplificaron la insuficiencia de los mecanismos nacionales para controlar y supervisar la actuación de las empresas a cargo de proyectos extractivos, situación de la que derivan graves violaciones de derechos humanos. “Hemos constatado la contradicción de los Estados en su obligación de proteger y garantizar el derecho al agua, el cual ha sido incorporado en sus Constituciones y legislación. Sin embargo, entregan preferentemente ese recurso a las empresas, negándole el derecho al agua a las comunidades”, afirmó Pedro Landa, del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ) de Honduras. Por su lado, Raphaela Lopes, de Justiça Global, se refirió en la audiencia a la flexibilización de marcos jurídicos, la cual vulnera derechos humanos. “Con la reforma energética aprobada en México, por ejemplo, el derecho al agua es menoscabado en favor de los hidrocarburos y la energía eléctrica”. Finalmente, las organizaciones solicitaron a la Comisión, entre otros, que: reafirme a nivel regional el reconocimiento del agua como un derecho humano; considere la importancia del agua como elemento fundamental del derecho al ambiente sano, reconocido en los instrumentos interamericanos; recuerde la obligaciones de los Estados de proteger los derechos al agua y a un ambiente sano ante cualquier actividad extractiva o de infraestructura, resalte la obligación de los Estados de controlar efectivamente las actividades que puedan afectar el derecho al agua, incluyendo las de empresas que operan dentro de su territorio y las de empresas nacionales que operan en el extranjero, y recuerde a los Estados la importancia de la consulta y consentimiento previo, libre e informado ante la implementación de cualquier proyecto. [i] Acción Solidaria para el Desarrollo (COOPERACCIÓN) – Perú, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) – Regional, Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) – Perú, Bienaventurados los Pobres (BePe) - Colectivo SumajKawsay – Argentina, Centro de Acción Legal Ambiental y Social (CALAS) – Guatemala, Centro de Derechos Humanos “Bartolomé Carrasco Briseño A.C.” (BARCA-DH) – México, Centro de Estudios para la Justicia Social ‘Tierra Digna’ – Colombia, Centro de Incidencia Ambiental (CIAM) – Panamá, Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio (CEICOM) – El Salvador, Comité de Unidad Campesina (CUC) – Guatemala, Comitê Nacional em Defesa dos Territórios frente a Mineração – Brasil; Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC-SJ) – Honduras, Fundación para el Debido Proceso Legal (DPLF) – Regional, Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas (IWGIA) – Regional, Justiça Global – Brasil, Observatorio Ciudadano – Chile, Pensamiento y Acción Social (PAS) – Colombia, y Pax Christi – Internacional.
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El Fondo Verde del Clima: Resumen de las Decisiones de la Junta Directiva
El presente informe ofrece un panorama general del desarrollo, evolución y situación actual del Fondo Verde del Clima. En él se hace una revisión de las decisiones que hasta ahora ha tomado la Junta Directiva de la entidad. También se resaltan los avances conseguidos a la fecha por el Fondo, así como los desafíos que aún debe encarar para el logro de sus objetivos. En 2010, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático creó el Fondo Verde del Clima (FVC) con la finalidad de contribuir de manera significativa y ambiciosa al logro de las metas impuestas por la comunidad internacional para combatir el cambio climático. Se espera que el Fondo se convierta en el mecanismo principal por el cual los países en desarrollo reciban recursos financieros de lo países desarrollados para llevar adelante actividades de adaptación y mitigación de los impactos causados por los cambios extremos en el clima. Los países de América Latina que son miembros de la Convención serán beneficiarios del financiamiento. Por ello, un entendimiento claro de los objetivos y funcionamiento de esta institución puede contribuir a un mejor aprovechamiento de esos recursos en la región. Descarga el informe
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Protegiendo tortugas marinas en el Golfo de México
Cada cierto tiempo, cientos de tortugas carey y golfina se desplazan a través de las aguas cálidas y poco profundas del Sistema Arrecifal Veracruzano. Allí nadan y se alimentan entre corales de colores brillantes que se extienden por kilómetros a lo largo del Golfo de México. Al ocaso, las hembras caminan de regreso a la playa en la cual nacieron para poner los huevos de la siguiente generación. Este ritual ha ocurrido durante siglos: las tortugas migratorias se mueven, alimentan y reproducen en su paso por el Golfo de México y las aguas del Caribe. Pero esto sucede cada vez menos. A medida que sus hábitats críticos son amenazados por actividades humanas poco sostenibles y un clima cambiante, la población de tortugas carey de la región ha disminuido en 95%, lo que las convierte en una especie en peligro crítico de extinción. La tortugas carey (eretmochelys imbricata) y golfina (lepidochelys kempii) son apenas dos de las cinco especies neotropicales de tortuga marina que pasan una parte de su ciclo migratorio en la costa de Veracruz, México, y dentro de los límites de sus arrecifes. Ahora estas tortugas enfrentan una nueva amenaza: la ampliación del puerto de Veracruz. Para generar conciencia sobre el riesgo que el proyecto implica para estas especies amenazadas, AIDA y elCentro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) presentaron, el pasado 22 de septiembre, una petición ante el Comité Científico de la Convención Interamericana para las Tortugas Marinas, bajo la cual México está obligado a proteger a las tortugas de su territorio. En la petición, detallamos los impactos directos e indirectos que la ampliación portuaria tendría en varias especies de tortuga y en sus hábitats. Mencionamos además que en la Manifestación de Impacto Ambiental del proyecto, la Administración Portuaria Integral de Veracruz declaró que la ampliación portuaria “no tendrá un impacto directo en especies protegidas”. Sin embargo, esa agencia gubernamental falló en presentar medidas de protección para las tortugas marinas, especialmente para la carey, especie enlistada como amenazada en la Convención y en la legislación mexicana. Nuestra petición ante la Convención solicita que esa instancia tome medidas para advertir la amenaza y exhorte a México a tomar acciones que incluyan las siguientes: realizar una investigación sobre los impactos de la ampliación portuaria en las tortugas y su hábitat, visitar el sitio, hacer recomendaciones para la protección de las especies y su hábitat, e instar al Gobierno mexicano a que aplique medidas preventivas mientras evalúa los posibles impactos ambientales sobre las tortugas. También el 22 de septiembre y junto con CEMDA, entregamos a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales más de 36,000 firmas a una petición ciudadana que exigen que esa entidad revoque el permiso ambiental otorgado a la ampliación del puerto. La petición argumenta que la ampliación pondría en peligro dos de los tesoros naturales de México: el Sistema Arrecifal Veracruzano y la Reserva de la Biosfera Los Tuxtlas, un área natural protegida de la cual se extraerá roca basáltica para la construcción. El permiso fue otorgado sin considerar los serios impactos ambientales que el proyecto tendría en ecosistemas únicos de la región y en las criaturas que los habitan. Por tanto, el Gobierno mexicano ha violado obligaciones nacionales e internacionales de conservar la biodiversidad y su patrimonio natural. Mientras la ampliación del Puerto de Veracruz continúe amenazando especies y ecosistemas sensibles, nosotros continuaremos abogando ante organismos nacionales e internacionales para que detengan elproyecto. ¡Gracias por apoyar nuestra labor de defender la salud y biodiversidad del Sistema Arrecifal Veracruzano!
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