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Preservando el legado de la Sierra Nevada de Santa Marta, corazón del mundo
Elevándose abruptamente desde las costas del Caribe colombiano, la Sierra Nevada de Santa Marta alcanza los 5.775 metros de altura en sus picos Bolívar y Colón. Es el sistema montañoso costero más alto del mundo y un sitio donde la sabiduría de la naturaleza y la indígena convergen.
El macizo montañoso conforma un territorio único en el que existen todos los pisos térmicos y donde la variedad de ecosistemas, animales y plantas es exuberante. Allí el mar está muy cerca de montañas y de nevados cuyo deshielo forma ríos y lagunas.
Pueblos indígenas protegen y cuidan esta riqueza natural con la autoridad que heredaron de sus antepasados. Se trata de los pueblos Arhuaco, Kogi, Wiwa y Kankuamo. En su cosmovisión, el territorio es sagrado e implica la comunión entre seres humanos, animales, plantas, ríos, cerros y divinidades ancestrales.
Pero su opinión no ha sido tomada en cuenta para el desarrollo de proyectos en la zona. Actualmente la existencia de la Sierra Nevada de Santa Marta está gravemente amenazada por 251 concesiones mineras, proyectos de hidroeléctricas, ganadería, urbanizaciones extensivas y obras de infraestructura.
Muchas de las concesiones fueron otorgadas sin procesos de consulta previa a los pueblos indígenas, lo que constituye una vulneración masiva, persistente y generalizada a sus derechos.
La minería —al implicar la contaminación y sedimentación de caudales— pone en riesgo la fuente de agua de los departamentos de Magdalena, César y Guajira, que se abastecen de los más de 30 ríos que nacen en la Sierra.
Todo ello ha hecho que este paraíso natural esté borde del no retorno, al igual que la vida tradicional de los pueblos indígenas, que depende enteramente de su territorio, de su espacio de sitios sagrados.
La Sierra alberga al parque arqueológico Ciudad Perdida, conocida como Teyuna, cuna de la civilización Tayrona y —según la tradición— origen de la naturaleza y corazón del mundo.
Los cuatro pueblos guardianes de la Sierra no están dispuestos a permitir que este legado natural y cultural desaparezca.
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Por Javier Dávalos, Claudia Velarde y Marcella Ribeiro* La vigésimo octava Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP28), celebrada en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, fue la más grande de toda la historia en cuanto a número de participantes. Las y los representantes de los Estados parte del Convenio Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París llevaron adelante intensas discusiones bajo la mirada de actores de diversos sectores. Los resultados finales carecen de la claridad y ambición necesarias para definir la próxima ronda de contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC). Sin embargo, el hecho de que por primera vez en casi 30 años se haya mencionado a todos los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas) en la decisión principal del encuentro representa un antes y un después en las negociaciones climáticas. Este hecho marca también el camino hacia las próximas conferencias: la COP29 en Bakú (Azerbaiyán) y la COP30 en Belém do Pará (Brasil). Hacemos a continuación un balance de la COP28 y analizamos sus implicaciones para el futuro de la acción climática en América Latina y el Caribe. Los avances de la COP28 Por primera vez se mencionó en el documento final la necesidad de una transición que abandone los combustibles fósiles en los sistemas energéticos de manera justa, ordenada y equitativa, acelerando la acción en esta década crítica. El texto del Balance Global del estado de implementación del Acuerdo de París también estableció con claridad las metas de triplicar las energías renovables y duplicar la eficiencia energética. Se ratificó la meta de Glasgow respecto de la reducción de las emisiones de metano para el 2030, así como la salida de los subsidios ineficientes a los fósiles. Se definieron algunos de los elementos clave del programa de trabajo para la transición justa, tales como su alcance, objetivos, resultados y arreglos institucionales. Lo que faltó en la COP28 En cuanto a la transición energética, hizo falta mayor determinación para cerrar la vía a las falsas soluciones climáticas. Por un lado, se hizo un llamado a acelerar la energía nuclear y las tecnologías de reducción y eliminación (captura, utilización y almacenamiento de carbono) y, por otro, se estableció que los “combustibles de transición” pueden facilitar ese proceso y garantizar al mismo tiempo la seguridad energética, dando una implícita vía libre al gas fósil. En materia de adaptación, no hubo avances reales para un marco de acción climática basada en la protección del océano, humedales y bosques; ni un refuerzo a las sinergias operativas entre los procesos políticos clave que rigen los ecosistemas terrestres, de agua dulce, costeros y marinos a nivel mundial. Si bien se dio el primer paso para hacer operativo el Fondo para Pérdidas y Daños, la decisión no incluyó una referencia a los derechos humanos en sus objetivos y misión. Además, limitó la participación de los pueblos indígenas y comunidades locales en la Junta del Fondo bajo la categoría de observadores invitados. Tampoco se mencionó el principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, lo que significa que el fondo sería nutrido únicamente por donaciones. Además, se designó al Banco Mundial como administrador del fondo, poniendo en riesgo que las comunidades más afectadas por los impactos de la crisis climática accedan de modo ágil, directo y sin endeudamiento a los recursos de la reparación. En cuanto a la transición justa, no se reconoció que la transición energética presiona de forma diferente a los territorios de donde se obtienen materias primas o minerales críticos como el litio, el cobre y el cobalto, entre otros. Esto afecta de forma especial a América Latina. Por ello, hubo un gran desacuerdo entre países desarrollados y en desarrollo acerca de mantener la transición en el ámbito nacional o internacional. Se evitó entonces plantear la transición como un proceso de transformación integral y plural que implique crear condiciones sociopolíticas que reestructuren la organización, propiedad y distribución de los sistemas de producción y consumo vigentes para el disfrute del derecho a la energía. Los países no llegaron a un acuerdo respecto de los elementos sustanciales de la nueva meta cuantificada de financiamiento. Los avances se limitaron a definiciones acerca del proceso y los procedimientos para definirla. En 2024, habrá al menos tres diálogos técnicos para discutir los elementos de la meta tales como montos, plazos, metas de financiamiento por área y cómo se medirá el progreso. Lo que sigue: Rumbo a la COP29 y la COP30 Las siguientes conferencias del clima deberán sortear contextos complejos, marcados por la larga crisis del multilateralismo, la injusta distribución de las cargas para la transición energética —en particular en cuanto a la explotación de minerales críticos— y la creciente cooptación de las negociaciones por intereses corporativos de las empresas relacionadas con los fósiles. En este marco, el desempeño de los países de América Latina en la COP28 es un indicio de cómo se irán construyendo sus posturas para la COP29 y la COP30: Brasil buscó posicionarse como un “climate champion”, pero no pudo ocultar su agenda fuerte de extracción de fósiles. Este país, que será la sede de la COP30, trató de explicar sin éxito el anuncio de su adhesión a la Organización de los Países Exportadores de Petróleo ampliada (OPEP+). Además, días después de la COP28, licitó 613 bloques petroleros en la Amazonía con miras a ser el cuarto productor de petróleo del mundo para 2030. Pese a ello, Brasil creó un nuevo programa de trabajo acerca de la meta de limitar el calentamiento global a 1,5 grados Celsius, que llevará como bandera a la COP30, junto con la protección de la naturaleza y la lucha contra la deforestación. Colombia, por su parte, fue el líder más vocal respecto de la necesidad urgente de la transición, anunciando su adhesión al Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles y manteniendo intervenciones claras acerca de la salida de los fósiles en sus paneles e intervenciones públicas, lo cual lo posiciona como un líder regional para las próximas conferencias. Ecuador desperdició la oportunidad de obtener financiamiento y apoyo de la comunidad internacional para implementar la decisión del pueblo ecuatoriano de cerrar el campo petrolero ITT en el Parque Yasuní. Esta omisión podría ser subsanada en la COP29 pues, más allá del delicado contexto interno, el país sudamericano tiene poco menos de un año para cumplir la obligación legal de implementar esta decisión y la comunidad internacional puede y debe ser una aliada para ello. En otro ámbito, y en el marco del proceso de la Opinión Consultiva sobre Emergencia Climática, AIDA —junto con otras organizaciones—, solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos referirse a la decisión adoptada en la COP28 acerca del Fondo para Pérdidas y Daños, pues no cumple ni satisface las obligaciones de los Estados bajo el derecho internacional de los derechos humanos. Se espera que la Corte reconozca el derecho a la reparación climática y aclare que el establecimiento, implementación y funcionamiento de este fondo no excluye la posibilidad de realizar demandas de reparación por pérdidas y daños ni bloquea a otros procesos, medidas o mecanismos judiciales o administrativos para el acceso a la justicia y a la reparación integral de las personas afectadas por los impactos climáticos. *Javier Dávalos es coordinador del Programa de Clima de AIDA, Claudia Velarde es cocoordinadora del Programa de Ecosistemas y Marcella Ribeiro es abogada sénior del Programa de Derechos Humanos y Ambiente.
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América Latina es clave para la protección de la biodiversidad y la lucha contra la crisis climática a nivel mundial. Sus bosques, humedales y ecosistemas marinos están entre los sumideros de carbono más importantes del planeta, un servicio debilitado por actividades como la explotación y uso de combustibles fósiles. En AIDA vislumbramos una región donde el ambiente y las comunidades, especialmente las que están en situación de alta vulnerabilidad, cuenten con protecciones duraderas. Para lograrlo, seleccionamos casos que sientan precedentes y que resultan en herramientas y estrategias nuevas, posibles de replicar y que sumen a la protección del ambiente sano en la región. Tras celebrar 25 años de trabajo en favor del derecho a un ambiente sano en la región, AIDA está lista para encarar un nuevo cuarto de siglo como una organización robusta y multidisciplinaria. En los próximos años, continuaremos y fortaleceremos con nuestra búsqueda de justicia ambiental y climática mediante dos iniciativas interconectadas, cada una con ejes de trabajo definidos: 1. Promoción de una transición energética justa Una transición energética justa implica transformar las relaciones de poder entre quienes más contaminan y el resto del mundo, evitar la profundización de conflictos socioambientales y proteger los derechos de las comunidades y personas involucradas en procesos de generación de energía. Al ser un asunto que no puede ser abordado solo a nivel país, AIDA aportará su visión regional para incrementar el alcance de decisiones locales y nacionales, potenciar estrategias legales y fortalecer una propuesta de transición para el continente. Nos enfocaremos en: Evitar la dependencia del petróleo y el gas. Detener la extracción y el uso del carbón. Promover energías renovables y sostenibles. Abogar por un financiamiento y gobernanza climáticos basado en derechos humanos. 2. Protección de sistemas que sostienen la vida Los servicios ecosistémicos que sostienen la vida en América Latina y en el mundo —entre ellos la captura y almacenamiento natural de carbono para mitigar la crisis climática, la provisión de alimentos, aire y agua limpios— están en riesgo por la falta de acciones ambiciosas y efectivas. Para garantizar la subsistencia de los sistemas de vida en el continente, tanto en comunidades rurales como en grandes ciudades, AIDA centrará sus esfuerzos en: Proteger el océano, desde las costas hasta alta mar. Preservar las fuentes de aguas dulce y los territorios tradicionales Defender la cultura y los medios de vida tradicionales. Mejorar la calidad del aire. En los años que vienen, desde nuestro rol regional, seguiremos aportando a soluciones centradas en las personas y en la naturaleza para enfrentar efectivamente y desde los esfuerzos colaborativos los desafíos ambientales y sociales en el continente.
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Quizás has escuchado que la humanidad enfrenta “una triple crisis planetaria”. En palabras del secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, esta crisis “amenaza el bienestar y la supervivencia de millones de personas en todo el mundo”. Pero, ¿a qué se refiere? La triple crisis planetaria se refiere a tres problemas interrelacionados: el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad. Cada uno de estos problemas es una crisis en sí misma con sus propias causas y efectos, pero las tres convergen y se retroalimentan. Las tres afectan los derechos humanos y, de forma más intensa, para personas en condición de vulnerabilidad. La crisis climática Naciones Unidas considera la alteración del clima como el problema más urgente de la humanidad y la mayor amenaza a los derechos humanos. El cambio climático, es decir, los cambios a largo plazo en las temperaturas y patrones climáticos del planeta, puede alterar por completo los ecosistemas. Aunque existe un cambio climático que ocurre por el comportamiento natural del planeta, el que estamos enfrentando es causado por las actividades humanas: desde la Revolución Industrial se ha visto un cambio acelerado en el comportamiento promedio del planeta. Una de las causas principales es la explotación y uso de combustibles fósiles. Por ello, la crisis climática se refiere a las consecuencias del cambio climático producido por actividades humanas, que son, entre otras: el aumento de la intensidad y gravedad de eventos naturales como sequías, incendios, tormentas, el aumento del nivel del mar, el derretimiento de los polos, cambios en los ciclos hidrológicos y climáticos que afectan la biodiversidad que depende de ellos, e impactos al disfrute de los derechos humanos. La crisis por contaminación y residuos El sistema económico dominante, dependiente del consumo, implica la generación de altos niveles de contaminación y desechos que tienen un gran impacto en la salud humana y en la de los ecosistemas. En particular, la contaminación del aire es la principal causa de enfermedades y muertes prematuras a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud calcula que cada año 7 millones de personas mueren prematuramente a causa de la mala calidad del aire. La degradación del aire es causada por las emisiones de fábricas, del transporte y de incendios forestales. También respiran aire contaminado en sus hogares quienes carecen de acceso a tecnologías menos dañinas para cocinar o mantener el calor. La contaminación del aire está relacionada con el cambio climático, pues muchas de las emisiones también calientan el planeta. La contaminación por plásticos y microplásticos es otra preocupación mundial pues afecta a la biodiversidad, tarda siglos en descomponerse y es un derivado del petróleo, un combustible fósil. Cada vez más estudios encuentran que los plásticos están afectando la salud de las personas y de otros seres vivos. No podemos dejar de lado la contaminación provocada por las actividades extractivas que, además de generar emisiones de gases efecto invernadero y dejar a su paso químicos tóxicos para la salud, degradan fuentes de agua dulce y grandes extensiones de territorio. La crisis por pérdida de biodiversidad La pérdida de biodiversidad se refiere a la disminución y a la desaparición de la diversidad biológica: flora, fauna y ecosistemas. Esta crisis tiene a las dos anteriores como causa, a lo que se suma la explotación excesiva de los recursos y el cambio de uso de tierras —que se traducen en sobrepesca, venta y caza ilegal, así como deforestación— y la introducción de especies no nativas e invasoras. Esta pérdida implica también el declive de muchas especies de las que dependemos. Sus impactos se extienden hasta la afectación del suministro de alimentos y del acceso al agua. Un ejemplo es la Amazonía, el mayor bosque tropical del mundo y un estabilizador climático global. Alberga 10% de la biodiversidad conocida del planeta y es el lugar ancestral de vida de más de 470 pueblos indígenas y tradicionales. Pero está en peligro por diversas amenazas como la colonización, la deforestación y las actividades extractivas. Tal es así que el punto de no retorno de la Amazonía, en el que los niveles de deforestación anulen su capacidad de regeneración, ya no es un escenario futuro. Acciones ante la triple crisis planetaria La triple crisis planetaria es un problema multifactorial, con diversos actores y cuyo abordaje correcto necesita propuestas y soluciones desde todas las especialidades. Aunque las acciones locales y los cambios individuales en nuestro estilo de vida ayudan, muchos de los cambios necesarios requieren decisiones a escala global y cambios profundos de los sistemas de producción, económicos, políticos y sociales. De acuerdo a Naciones Unidas, algunas de las acciones que ayudarían a enfrentar la triple crisis planetaria y que requieren participación global son: Limitar el aumento de la temperatura mundial a 1.5 grados: esto significa que las emisiones mundiales deberían reducirse un 45 % para 2030 con el objetivo de alcanzar la neutralidad de carbono en 2050. Acelerar la expansión de energías renovables limpias: para lograr el punto anterior, se requiere una reducción drástica del uso de combustibles fósiles para dar paso a sistemas energéticos basados en fuentes renovables, sostenibles en el tiempo y respetuosos del ambiente y de las personas. Además de combatir el cambio climático, esto reduciría la contaminación del aire. Invertir en adaptación y resiliencia: esto significa considerar a quienes ya sufren los impactos de la crisis climática en las soluciones, con énfasis en las naciones, personas y comunidades en situación de vulnerabilidad y que menos responsabilidad tienen en estas crisis. Conservar y proteger el 30% del planeta: esto aplica particularmente a las áreas de importancia para la biodiversidad, incluyendo el océano. Implica también acciones para mitigar el cambio climático. Mejorar el sistema alimentario: esto incluye cambios en la forma de riego y el manejo de suelo, así como la producción de alimentos más saludables y la reducción del desperdicio de alimentos. No dejar a nadie atrás: las medidas descritas deben llevarse a cabo de manera simultánea y con un enfoque de protección de los derechos humanos pues representan una oportunidad para reducir las desigualdades que son causa y consecuencia de las crisis. Avances ante la triple crisis planetaria Estas crisis amenazan no solo nuestras fuentes básicas de sustento, sino incluso nuestra salud mental. Y, aunque hay mucho por hacer, se han logrado avances que muestran la necesaria cooperación mundial. Estos son algunos de los más recientes: El Tratado de Alta Mar, concebido para proteger dos terceras partes del océano, fue adoptado en junio de 2023, y debe ser ratificado por 60 países para entrar en vigor. Naciones Unidas reconoció el derecho a un ambiente sano, limpio y saludable como derecho universal. 175 naciones acordaron crear un instrumento global para abordar la contaminación por plásticos. Nuestras decisiones de consumo individuales y el activismo ayudan a no ser indiferentes y aportan a nuestra comunidad directamente. Pero también es importante exigir, como ciudadanas y ciudadanos, que nuestros representantes en instancias de toma de decisiones garanticen mayor participación y compromiso en la adopción de acciones clave.
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