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Preservando el legado de la Sierra Nevada de Santa Marta, corazón del mundo
Elevándose abruptamente desde las costas del Caribe colombiano, la Sierra Nevada de Santa Marta alcanza los 5.775 metros de altura en sus picos Bolívar y Colón. Es el sistema montañoso costero más alto del mundo y un sitio donde la sabiduría de la naturaleza y la indígena convergen.
El macizo montañoso conforma un territorio único en el que existen todos los pisos térmicos y donde la variedad de ecosistemas, animales y plantas es exuberante. Allí el mar está muy cerca de montañas y de nevados cuyo deshielo forma ríos y lagunas.
Pueblos indígenas protegen y cuidan esta riqueza natural con la autoridad que heredaron de sus antepasados. Se trata de los pueblos Arhuaco, Kogi, Wiwa y Kankuamo. En su cosmovisión, el territorio es sagrado e implica la comunión entre seres humanos, animales, plantas, ríos, cerros y divinidades ancestrales.
Pero su opinión no ha sido tomada en cuenta para el desarrollo de proyectos en la zona. Actualmente la existencia de la Sierra Nevada de Santa Marta está gravemente amenazada por 251 concesiones mineras, proyectos de hidroeléctricas, ganadería, urbanizaciones extensivas y obras de infraestructura.
Muchas de las concesiones fueron otorgadas sin procesos de consulta previa a los pueblos indígenas, lo que constituye una vulneración masiva, persistente y generalizada a sus derechos.
La minería —al implicar la contaminación y sedimentación de caudales— pone en riesgo la fuente de agua de los departamentos de Magdalena, César y Guajira, que se abastecen de los más de 30 ríos que nacen en la Sierra.
Todo ello ha hecho que este paraíso natural esté borde del no retorno, al igual que la vida tradicional de los pueblos indígenas, que depende enteramente de su territorio, de su espacio de sitios sagrados.
La Sierra alberga al parque arqueológico Ciudad Perdida, conocida como Teyuna, cuna de la civilización Tayrona y —según la tradición— origen de la naturaleza y corazón del mundo.
Los cuatro pueblos guardianes de la Sierra no están dispuestos a permitir que este legado natural y cultural desaparezca.
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Entrevista a René Orellana, jefe de la Delegación de Bolivia en la COP20 Por Victor Quintanilla, Escritor/Coordinador de Comunicaciones de AIDA, @vico_qs - Uno de los grandes problemas a resolver es la reducción de emisiones contaminantes ¿Cuál es la propuesta de Bolivia en este tema? - Bolivia ha propuesto un índice matemático para distribuirse las obligaciones. Para construir este índice de distribución equitativa del carbono, Bolivia ha calculado cuatro subíndices: el de responsabilidad históricas, el de huella ecológica, el de capacidad tecnológica y financiera; y el subíndice de desarrollo y pobreza. Cada subíndice ha sido calculado con información oficial para medir cuánto de responsabilidad histórica tienen los países desarrollados, para medir sus patrones de consumo excesivo, para medir la capacidad de los países para invertir en la reducción de sus emisiones, y para medir las necesidades que tienen de desarrollarte con base en la pobreza. Hemos calculado país por país y también por grupos de países y les hemos dado una cantidad del presupuesto de carbono. Esta es una propuesta que ya está en el documento de compilación de propuestas. - ¿Cuáles son las otras propuestas? - Una que ya Bolivia logró que se apruebe en Naciones Unidas, en la COP17, es el Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adaptación para Gestión Integral de Bosques. Es la alternativa a REDD-plus, que es el instrumento usado para mitigación climática y cuyo vínculo con los mercados de carbono está discutiéndose ahora. Este mecanismo promueve y fortalece acciones integrales de bosques de adaptación y mitigación con enfoque de desarrollo sostenible y erradicación de la pobreza, fortaleciendo la gestión comunitaria, indígena y campesina , y la participación de las mujeres con indicadores de adaptación. Nuestra pretensión aquí (en la COP20) es que se inicie un tratamiento metodológico y se abra una ventana financiera. - ¿En qué consiste este mecanismo? - Consiste en promover, apoyar y financiar proyectos comunales que incluyan fortalecimiento de la seguridad alimentaria, de la biodiversidad, y no solo captura de carbono. Nuestro enfoque es que los bosques no solo capturan carbono, sino que en ellos también hay gente que vive, come y tiene necesita seguridad alimentaria, desarrollo sostenible y erradicación de la pobreza. Nuestro mecanismo trabaja integralmente enfoques de adaptación y mitigación. Nuestros mecanismo no se vincula a los mercados de carbono, los cuales no son sostenibles, ni predecibles en financiamiento. Los bonos de carbono son títulos que otorgan derechos a los tenedores sobre esos bosques sujetos a emisión de bonos, no garantizan el financiamiento sostenible a las comunidades, y están basados en un pago por resultados ex post. Nuestro mecanismo se basa en un financiamiento ex ante con base en los requerimientos de las comunidades. - ¿Hay alguna otra propuesta? - La última propuesta es un mecanismo de resiliencia climática y desarrollo sostenible que nos va a permitir hacer acciones de mitigación y adaptación conjuntas en las ciudades y el campo con cuatro grandes resultados: indicadores de erradicación de pobreza; de desarrollo sostenible (infraestructura, salud, educación, desarrollo multidimensional); de manejo integral de ecosistemas (fortalecimiento de funciones ambientales); de mitigación (unidades de reducción y captura de carbono); y también indicadores de reducción de riesgo. -Teniendo en cuenta estas propuestas, ¿cuál sería la postura de Bolivia para la COP20 en unas cuantas palabras? - Es contribuir con instrumentos concretos que garanticen la integralidad ambiental, no superando 1.5 grados de temperatura como máximo de incremento, distribuyendo equitativamente las obligaciones de mitigación con un enfoque de adaptación y desarrollo sostenible. - El financiamiento es parte central de la lucha contra el cambio climático, ¿cuál es la posición del país al respecto? - Hay que cumplir las disposiciones de la Convención Marco de Naciones Unidas que establecen la obligación de los países desarrollados de proveer tecnología y financiamiento a los países en desarrollo porque tienen una responsabilidad histórica. Y el informe del IPCC claramente ha determinado que esa responsabilidad es cuantitativamente mayor. - ¿Y cuál debería ser la contraparte de los países en desarrollo? - Cooperar y contribuir con una planificación de estrategias nacionales y marcos normativos para las acciones de mitigación y adaptación. Bolivia ya tiene un marco: tiene la Ley 300 de Madre Tierra y Desarrollo Integral, aprobada en octubre de 2012; tiene un título en esa ley sobre cambio climático que crea la Autoridad Plurinacional de Madre Tierra con competencias en cambio climático, tiene un fondo establecido por esa ley que es el Fondo Plurinacional de la Madre Tierra para financiar proyectos en cambio climático; tiene tres mecanismos en la ley que son el Mecanismo Conjunto de Mitigación y Adaptación para Gestión Integral de Bosques y la Madre Tierra, el Mecanismo de Adaptación y el Mecanismo de Mitigación. Bolivia ya tiene una política que está en plena construcción y tiene que encarar el próximo año su plan plurinacional. - ¿Cuándo podría operar este fondo? - Está en proceso de reglamentación y de organización interna. Estamos avanzando aceleradamente pero de manera reciente. - ¿Ya cuenta con recursos? Ese fondo tiene asignados por un decreto supremo una semilla de 14 millones de bolivianos e inmediatamente se tiene que gestionar recursos financieros del Fondo Verde del Clima, de fuentes bilaterales, multilaterales e incluso nacionales. -¿Qué acciones realiza el país con miras a acceder a financiamiento del Fondo Verde? - La más importante es preparar nuestra Política Plurinacional de Cambio Climático, nuestro plan plurinacional, emprender los planes subnacionales a nivel departamental y municipal, crear un sistema de información, poner en acción nuestros mecanismos nacionales. - En términos ambientales y de lucha contra el cambio climático, ¿qué resultados concretos ha dado el modelo del “Vivir Bien” que se desarrolla en Bolivia? - Hemos tenido emprendimientos e inversiones importantes en tema de agua por ejemplo, que está dando como resultado la mejor provisión de agua en varios centros poblados del país. Todavía nos queda mucho por hacer en inversiones micro locales pero dispersas por todo el país con el programa Mi Agua o Mi Riego. Tenemos que hacer mayores esfuerzos en forestación y reforestación de bosques, y fortalecimiento de áreas protegidas. Para saber más de la COP20 visita aida-cop.org
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Por Victor Quintanilla, Escritor/Coordinador de Comunicaciones de AIDA, @vico_qs La cantidad de dinero requerida para enfrentar los cambios extremos en el cpma y sus efectos es mucho mayor a la que se busca garantizar en las negociaciones globales. Claramente se necesitan más recursos, pero también es clave rastrear el uso efectivo del financiamiento cpmático que ya está en marcha. "Es necesario reconocer la laguna de financiamiento que existe para actividades de adaptación", dijo Annaka Peterson Carvalho, de Oxfam América. Lo hizo hoy en el evento Un régimen de financiamiento cpmático justo y responsable: Enfrentando los asuntos contenciosos, reapzado durante la COP20. En su opinión, se debe determinar con base en la ciencia el costo real que a los países les corresponde asumir, y se requiere un sistema de financiamiento responsable para determinar cuánto dinero necesita cada quien y cuál será la fuente del mismo. Sandra Guzmán, Coordinadora General del Grupo de Financiamiento Cpmático de América Latina y el Caribe (GFLAC), coincidió en que si bien es necesario contar con mayores recursos, también lo es usarlos de manera efectiva. "No se trata solo de pedir más dinero, se deben cambiar las prioridades a nivel nacional al distribuir el financiamiento y reasignarlo hacia actividades que permitan la reducción de emisiones", exppcó en el evento. Indicó que el GFLAC ha desarrollado una metodología para saber cuánto dinero reciben los países y cuánto gastan en pdiar con el cambio cpmático. Ese anápsis abarca muchas actividades, incluso aquellas que no están etiquetadas como de cambio cpmático. Guzmán identificó cinco retos en la tarea de rastrear el uso del financiamiento cpmático: Transparencia y acceso a la información. Definición de los criterios de financiamiento cpmático. Estructura institucional y comunicación entre las diferentes instituciones. Participación púbpca en la evaluación de proyectos. Mejor metodología en el monitoreo, reporte y verificación para anapzar el uso efectivo del dinero. La experiencia del Instituto para el Cpma y Ciudades Sostenibles (iCSC) en Fippinas evidencia que la rendición de cuentas sobre el financiamiento cpmático es “asunto de todos”, como lo dijo su director ejecutivo Red Constantino. El instituto rastrea financiamiento para adaptación a partir no solo del dinero comprometido, sino también de cómo éste es canapzado a nivel local. El trabajo que reapza Constantino le ha permitido identificar dificultades para pgar el financiamiento con prioridades y necesidades reales de comunidades vulnerables, oportunidades pmitadas para que las comunidades participen en la toma de decisiones sobre adaptación, y el entendimiento de que el dinero fluye, pero no es usado de forma eficiente o no es usado del todo. Andrea Rodríguez, abogada sénior de AIDA, se refirió también a la importancia de que los programas y proyectos sobre cambio cpmático respondan a los requerimientos de los países y sean dirigidos por ellos. El nuevo régimen cpmático, señaló, debe encontrar formas para que los países puedan monitorear el financiamiento cpmático, aprendan de las experiencias de otras instituciones y reasignen sus recursos para ser efectivos. "El financiamiento cpmático responde a una necesidad específica y la asistencia general para desarrollo, no", subrayó Rodríguez. "La participación púbpca es central y si sabemos cómo usamos el dinero y cuánto necesitamos, sabremos qué pedir cuando negociamos a nivel local". En ese sentido, Constantino resaltó la coordinación entre el nivel nacional y el local, entre los gobiernos y la sociedad civil. Para saber más de la COP20 visita aida-cop.org
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Por Víctor Quintanilla, Escritor/Coordinador de Comunicaciones de AIDA, @vico_qs Todos los países tienen obligaciones en la lucha contra el cambio climático. Pero también las tienen en materia de derechos humanos. No se trata de obligaciones excluyentes. En torno a ese tema se realizó hoy en la #COP20 el evento paralelo “¿Cómo las lecciones aprendidas del Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) pueden aportar al diseño de mecanismos de financiamiento climático?”, organizado por AIDA, CIEL y Carbon Market Watch. El impacto en los derechos humanos de proyectos que pretenden combatir el cambio climático fue evidenciado con el testimonio de Máximo Ba Tiul, representante del Consejo de Pueblos de Tezulutlán en Guatemala. En ese país, el proyecto hidroeléctrico Santa Rita, registrado bajo el MDL, mecanismo parte de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, ha derivado en violaciones de derechos humanos en al menos 20 comunidades. Dichos abusos incluyen la muerte de dos niños. Para Hugh Sealy, presidente de la Junta Directiva del MDL, fue "perturbador" escuchar que un proyecto registrado bajo ese mecanismo ha presuntamente violado derechos humanos. Proyectos de represas como Santa Rita son promovidos como fuentes de energía limpia y soluciones frente al cambio climático. Sin embargo, evidencia científica da cuenta que, entre otras cosas, las grandes represas producen emisiones contaminantes, incluidas de metano (gas de efecto invernadero 20 a 40 veces más potente que el CO2), especialmente en zonas tropicales. La implementación inadecuada de proyectos hidroeléctricos también implica violaciones de derechos humanos: el proyecto Santa Rita fue aprobado sin haber consultado ni obtenido el consentimiento previo, libre e informado de las personas afectadas, indicó Ba Tiul. La conexión entre cambio climático y derechos humanos, o más bien el impacto del uno en los otros, es algo ya reconocido por acuerdos climáticos como los resultantes de la COP16 en Cancún, México. Así lo recordó durante el evento Niranjali Amerasinghe, directora del Programa de Clima y Energía de CIEL. "Todos los países tienen que respetar los derechos humanos". Amerasinghe abogó además por la coherencia al interior de la Convención en términos de las salvaguardas socioambientales que son aplicadas. Con relación a esas herramientas, Andrea Rodríguez, abogada sénior de AIDA, mencionó la importancia de que el Fondo Verde Climático adopte los estándares más altos al diseñar sus salvaguardas socioambientales. De ese modo, dijo, se avanzará en la tarea de evitar que los proyectos que financie causen daños al ambiente y a los derechos humanos. El Fondo Verde adoptará, durante los primeros tres años de funcionamiento, los estándares de la Corporación Financiera Internacional (CFI). Éstos "han sido insuficientes para prevenir daños", recordó Rodríguez. Ba Tiul señaló que el reto está en que todos los mecanismos de Naciones Unidas respeten las diferencias y los derechos humanos. De su lado, Rodríguez dijo que es necesario garantizar que la aplicación de estándares internacionales en los diferentes países abarque todo el ciclo de un proyecto con evaluaciones continuas, aprender de los errores y escoger la herramienta que ha probado ser efectiva. Al concluir el evento, Sealy agradeció a los otros panelistas por la información recibida y prometió hacer todo lo posible por fortalecer el proceso de consulta del MDL. Amerasinghe mencionó que el seguimiento a proyectos registrados bajo mecanismos como el MDL debe abarcar también la fase de implementación y no quedarse solo en la de consulta y aprobación. Y, ante denuncias de violaciones de derechos humanos, lo que se debe hacer es emprender una investigación, algo para lo cual ya existen experiencias de procedimientos y entidades de las cuales partir. Para más información de la COP20 visita aida-cop.org
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