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Foto: Carlos AguileraProtegiendo la abundante vida marina del arrecife de Cabo Pulmo
El arrecife de Cabo Pulmo, un tesoro ecológico de 20,000 años de edad ubicado en Baja California Sur, México, alberga a muchas de las 800 especies que habitan el Mar de Cortés.
La sobrepesca casi lo mató en la década de 1980. Pero el gobierno mexicano intervino declarándolo parque nacional en 1995. Desde entonces, el arrecife ha crecido, y los ecosistemas que lo rodean han florecido.
Empresas tratan repetidamente de construir megacomplejos turísticos en Cabo Pulmo. Las propuestas incluyen con frecuencia miles de habitaciones de hotel, campos de golf, un aeropuerto, clubes deportivos y más. Requieren además la construcción de viviendas para miles de empleados.
Arrecifes de coral como Cabo Pulmo son extremadamente vulnerables a los impactos de proyectos inadecuadamente planificados como los descritos. Las aguas residuales causan un aumento en el crecimiento de algas que bloquean la luz solar, provocando el blanqueamiento y muerte de los arrecifes.
Los fertilizantes, herbicidas y pesticidas de los campos de golf contaminan las corrientes oceánicas y alteran el delicado equilibrio ecológico del área. Además, la navegación, la pesca y el buceo causan estrés en los arrecifes y también los pueden romper.
En una zona donde el agua es escasa, los proyectos de infraestructura turística podrían sobreexplotar los acuíferos que ya de por sí sufren los estragos del cambio climático.
El trabajo de AIDA ha sido decisivo para garantizar la supervivencia y salud de los ecosistemas de Cabo Pulmo. Continuamos monitoreando la situación y trabajando con aliados nacionales para que el arrecife tenga protecciones legales permanentes y más fuertes.
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Piden al gobierno mexicano proteger Marismas Nacionales, en riesgo por hidroeléctrica
El proyecto hidroeléctrico Las Cruces amenaza la Reserva de la Biósfera Marismas Nacionales y Sitio Ramsar, el humedal más importante del Pacífico Mexicano. Comunidades indígenas de la zona alertan sobre violaciones a sus derechos humanos a la libre determinación, autonomía, territorio, identidad cultural, así como a un medio ambiente sano. Con motivo del Día Mundial de los Humedales, organizaciones de la sociedad civil, así como el Consejo Intercomunitario del Río San Pedro Mezquital, Consejo Regional Wixárika y el Consejo Náyeri, reiteraron su petición a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) para que cancele de forma definitiva los permisos de autorización de impacto ambiental y cambio de uso de suelo otorgados al proyecto Hidroeléctrico Las Cruces, que busca desarrollarse en el estado de Nayarit, debido al riesgo ambiental que representa para la Reserva de la Biósfera Marismas Nacionales (Sitio Ramsar de Importancia Internacional), porque viola los derechos humanos de las comunidades y pueblos indígenas que ahí se encuentran y por el interés público respecto de proteger y conservar los ecosistemas prioritarios para la biodiversidad, y necesarios por la adaptación y mitigación al cambio climático. El proyecto hidroeléctrico Las Cruces pretende represar el río San Pedro, único que fluye libremente al cruzar la Sierra Madre Occidental y fuente principal de agua dulce del sistema de Marismas Nacionales. Desde el 2008, la Comisión Federal de Electricidad (CFE), tiene en curso este proyecto, que consiste en modificar directamente el uso de suelo de más de 5 mil hectáreas de bosques y zonas de ribera, alterar el ciclo del agua, transporte de sedimentos y ciclo del carbón. Las represas en regiones tropicales generan mayores emisiones de gases efecto invernadero (gas metano) que afectan a la delgada capa atmosférica. Represas como las de Aguamilpa y El Cajón, ya generan impactos al modificar el caudal ecológico, retener sedimentos y los volúmenes de agua. Sus impactos han provocado efectos adversos para la provisión de alimentos y para la materia orgánica disuelta, necesaria para la biodiversidad. Además, la represa del río San Pedro ocasionará impactos sociales, toda vez que territorios, lugares sagrados, centros ceremoniales y senderos milenarios de las comunidades indígenas quedarían inundados, perdiendo su valor intangible para su cultura. Este río es el séptimo más caudaloso de México y es el principal proveedor de agua dulce y de nutrientes para Marismas Nacionales, el humedal costero más importante del Pacífico mexicano. Adicionalmente, alberga culturas milenarias en su cuenca como son los pueblos Náyeri (Cora), Wixárika, Tepehuano y Mexicanero, para quienes el río provee sustento y formas de vida, además de ser fundamento de su espiritualidad y eje de sus tradiciones e identidad cultural. En términos de impactos ambientales, Las Cruces representa una amenaza para Marismas Nacionales, que abarca una superficie de 134 mil hectáreas, con una presencia de manglar del orden del 20% del total existente en el país; lo cual significa 113 mil hectáreas de bosques de manglar en buen estado de conservación y óptima estructura. Cuenta con más de 20 mil aves acuáticas, además de especies de mamíferos vulnerables o en peligro crítico como la nutria de río, el jabalí, el puma, el ocelote y el jaguar, mamífero emblemático y bajo protección. Por su riquísima biodiversidad, el río San Pedro provee alimentos para las pesquerías locales. El proyecto Las Cruces alteraría irreversiblemente el equilibrio de las dinámicas ambientales, culturales y socioeconómicas que sustentan la Cuenca del Río San Pedro Mezquital y Marismas nacionales, en donde se calcula que habitan más de 300 mil personas. En términos sociales, el proyecto es violatorio de los derechos a la libre determinación, autonomía, territorio e identidad cultural, así como el derecho a un medio ambiente sano de las comunidades y pueblos indígenas. Lo anterior debido a que la resolución emitida por la Semarnat en septiembre de 2014 se otorgó sin consultar debidamente a las comunidades indígenas, a pesar de que la propia autoridad reconoce que los pueblos acceden al territorio en donde se pretende llevar a cabo el proyecto. De igual forma, la concesión para el aprovechamiento de aguas superficiales, otorgada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a la CFE, en noviembre del mismo año, se emitió sin considerar el uso y aprovechamiento que los pueblos indígenas realizan en dicho territorio, con subestimación de los impactos y riesgos regionales a nivel cuenca y para el ecosistema de humedales costeros, su biodiversidad, provisión de alimentos, viabilidad económica. Debido a su relevancia internacional como humedal, la Misión Ramsar recomendó en el 2010, incluirlo en el registro Montreux para elevar su nivel de protección, debido a los posibles impactos al Sistema Ambiental Regional. En este sentido, es necesario cumplir con el objetivo estratégico de “Mejorar la aplicación a nivel nacional de la Convención Ramsar por parte del Estado mexicano, a fin de salvaguardar el ambiente sano y los derechos humanos”. La importancia de la cuenca del río San Pedro Mezquital es regional y global porque lleva nutrientes al Golfo de California (Patrimonio de la UNESCO), siendo esencial para el ciclo de vida de muchas especies y para la conexión con el gran ecosistema marino. El Estado mexicano debe ser congruente con el interés público, proteger a la región y evitar emisiones de gases de efecto invernadero como las que el proyecto Las Cruces generaría. Organizaciones firmantes: AIDA Causa Natura Cemda Consejo Intercomunitario del Río San Pedro Mezquital Consejo Náyeri Consejo Regional Wixárika Fundar Grupo Ecológico Manglar Nuiwari Serapaz SuMar
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Brasil y el ejemplo que sí habría que seguir
En un aparente giro de timón, el gobierno de Brasil dio señales del fin de la construcción de grandes represas en la Amazonía. De concretarse, es un paso digno de imitar para que la región y el mundo avancen hacia la generación energética sostenible y respetuosa del ambiente y los derechos humanos. El 2018 comenzó con noticias alentadoras para el sector energético y para los ríos y los derechos humanos en América Latina. Un alto funcionario del gobierno de Brasil anunció, en entrevista con el diario O Globo, el comienzo del fin de las grandes hidroeléctricas en ese país. La afirmación está respaldada por la ausencia de varios de esos proyectos en el nuevo Plan Decenal de Expansión de Energía de la nación sudamericana. El giro es particularmente significativo siendo Brasil una potencia mundial en la construcción de grandes hidroeléctricas, proyectos con los que hasta hace unos meses contaba para atender la creciente demanda energética nacional. Entre corrupción y falta de financiamiento La decisión responde a diversos factores, incluyendo los conflictos sociales y los impactos ambientales que las grandes represas han generado, así como la oposición a ellas de comunidades indígenas y organizaciones de la sociedad civil. Además, estas obras han implicado altos costos y, como afirmó Edvaldo Santana, ex director de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL) a O Globo, “acaban costando mucho más, a pesar de las licencias”. De hecho, las grandes represas han estado en el centro del escándalo de corrupción destapado por la investigación denominada Lava Jato, el más grande en la historia de Brasil y que traspasó sus fronteras al implicar a políticos y empresarios de 11 países latinoamericanos. La evidencia encontrada motivó incluso el inicio de Leviatán, una investigación especial sobre la represa Belo Monte por los indicios de elevados pagos en sobornos relacionados con su construcción. Lo anterior se suma a los requerimientos para las licencias ambientales que algunos proyectos no han cumplido. Es el caso de Belo Monte, cuya licencia lleva meses suspendida, o de la represa Tapajós, cuya licencia fue negada el año pasado. De otro lado, el gobierno brasileño anunció la privatización de Electrobras, empresa pública con un rol fundamental en la construcción de estas grandes infraestructuras. Con ello y con la crisis económica que ha afectado la capacidad del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil para apoyar estos proyectos, las grandes represas han perdido sus principales fuentes de financiamiento. Por ende, y ante los avances tecnológicos y las alternativas energéticas, Brasil comienza a dejar atrás a las grandes represas y da un paso importante hacia la verdadera energía sostenible, una que además respete los derechos humanos. Este avance podría tener un impacto importante en todo el continente americano y comenzar una ola de cambios hacia una matriz energética más moderna y alejada de las cada vez más obsoletas hidroeléctricas. Los pueblos indígenas ha sido gravemente afectados por la implementación intensiva de grandes represas en Brasil. | Crédito: Amazon Watch-Maíra Irigaray. Un cambio necesario Solo en la cuenca amazónica existen más de 275 nuevas represas planeadas, la mayoría en la región andina. Y hay otros cientos de proyectos hidroeléctricos en fila en Centroamérica y México. De hacer eco de lo anunciado en Brasil, estas iniciativas podrían incorporar una planeación adecuada e integral de energía con evaluaciones serias de costos y riesgos. En esos término, Pablo Pedrosa, Secretario Ejecutivo del Ministerio de Minas y Energía de Brasil, habló con O Globo. “No estamos dispuestos a hacer movimientos para disfrazar los costos y los riesgos”, aseveró. Incluso entidades de orden global como la Corporación Financiera Internacional (CFI), parte del Grupo del Banco Mundial, han experimentado de primera mano los costos financieros, reputacionales y socioambientales de no evaluar adecuadamente proyectos de grandes represas. En 2012, la CFI, a través del Fondo Latinoamericano de Infraestructura Renovable, financió con 15 millones de dólares la represa Santa Rita, a construirse en el río Ictobay, en Alta Verapaz, Guatemala. A finales del año pasado, el mecanismo de rendición de cuentas de la entidad, concluyó que ésta había incumplido sus políticas operacionales con dicha inversión. Les dio la razón a las comunidades afectadas al concluir que no se había cumplido el proceso de consulta libre, previa e informada. Aunque la gerencia de la CFI negó los hallazgos de su mecanismo de rendición de cuentas, el proyecto está suspendido desde 2013 y las comunidades indígenas de la zona mantienen su oposición al mismo. La reciente decisión de Brasil refuerza la tendencia mundial de alejarse de las grandes represas. Incluso en Estados Unidos, desde hace algunos años, se están removiendo represas para rescatar ríos y los beneficios que brindan. Es el caso del río Snake y la pesca del salmón en Washington. Ante este buen inicio de año, será esencial vigilar que Brasil implemente efectivamente su decisión. Y, siguiendo ese ejemplo, seguro otros países andino-amazónicos pueden avanzar también hacia la modernidad, considerar los costos reales de las grandes represas y promover mejores alternativas, más baratas y que no se lleven por delante a ecosistemas y a las comunidades que dependen de ellos.
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Granjas de salmón en la Patagonia chilena, autorizadas sin una evaluación ambiental adecuada
Así concluyó una investigación encargada a un experto por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente. Más de la mitad de las granjas efectivamente operando en la región de Magallanes, en plena Patagonia, han generado falta total o parcial de oxígeno en las aguas, incluyendo nueve que están ubicadas en áreas naturales protegidas. Santiago, Chile. Un estudio reciente, encargado por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) a un experto, concluyó que las granjas de salmón ubicadas en la región de Magallanes, en la Patagonia austral, fueron autorizadas sin evaluaciones científicas previas que aseguraran que no habría daños a la vida marina. “Tras 20 años de desarrollo en otras regiones, la industria salmonera busca ahora expandirse a las últimas costas vírgenes del país, sin las precauciones debidas”, explica Gladys Martínez, abogada senior del Programa de Biodiversidad Marina y Protección Costera de AIDA. “El estudio evidencia que ni las empresas ni el Estado han hecho suficiente para evitar en Magallanes los daños ambientales ya causados en otras regiones del país”. La investigación fue elaborada para AIDA por el biólogo Héctor Kol, con el apoyo de la Fundación Waitt. El estudio analizó 261 proyectos de salmonicultura. De ellos, poco menos de la mitad ya han sido autorizados y el resto podría conseguir sus permisos en el corto y mediano plazo. De los 126 proyectos autorizados, solo 35 están operando actualmente. La información de cada proyecto incluye mapas de ubicación y estimaciones de la cantidad de desechos que las granjas van dejando en las aguas. La investigación da cuenta que existen, en un mismo sector geográfico y sin una fundamentación que lo explique, grandes diferencias en la producción y la cantidad de desechos que el gobierno autorizó para diferentes subsectores. “Ello evidencia la falta de una evaluación científica que garantice que las aguas pueden recibir la cantidad de desechos autorizados”, indicó Florencia Ortúzar, abogada de AIDA. “Más de la mitad de los proyectos que están actualmente en operación, han generado ya la falta total o parcial de oxígeno en las aguas, lo que afecta gravemente la vida marina; y al menos nueve de ellos están ubicados en áreas naturales protegidas”. El 22 de mayo del año pasado, AIDA presentó una denuncia ante la Superintendencia del Medio Ambiente solicitándole investigar los daños ocasionados por las granjas de salmón en Magallanes y sancionar a las empresas responsables por ellos. Consulte y descargue el informe aquí. Vea el mapa interactivo de las granjas de salmón. Más información aquí. Contacto de prensa: Florencia Ortúzar, abogada de AIDA, +56973353135, [email protected]
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