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Foto: #RealChileProtegiendo los mares de la Patagonia chilena de la industria del salmón
En la región de Magallanes, ubicada en plena Patagonia chilena, está el mayor número de áreas naturales protegidas del país. Glaciares, lagos, ríos y mares —alimentados por nieves permanentes— conforman paisajes únicos que son hogar de muchas especies protegidas como la ballena azul, el cachalote, el pingüino de Magallanes, la foca elefante, la tortuga laúd, el delfín austral y el delfín chileno, entre otras.
Las frías aguas de este rincón alejado del mundo son aún prístinas y, por tanto, menos resistentes a la presencia de actividades humanas de alto impacto. Esa fragilidad está siendo de a poco invadida por la industria del salmón, que ya ha causado estragos ambientales en otras regiones del país.
En Chile, los criaderos de salmón se han multiplicado en condiciones dañinas para la naturaleza y sin una regulación y supervisión adecuada por parte de las autoridades. Las empresas de esa industria han sobrepasado el número de peces que las aguas pueden soportar y las han llenado de cantidades enormes de antibióticos y otros químicos con los que alimentan a los salmones. Esos desechos, junto con las heces de los propios animales, provocan, entre otros daños, la falta parcial o completa de oxígeno, lo cual amenaza toda forma de vida en el mar.
Las grandes salmoneras han puesto ahora los ojos en la región de Magallanes, causando ya daños verificados. Según una auditoría gubernamental, más de la mitad de las granjas de salmón que operan allí actualmente están afectando la disponibilidad de oxígeno de la zona, algo que no ocurría antes de su llegada.
Lee nuestro informe sobre los riesgos de la expansión salmonera
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Corte Interamericana establece precedente histórico para la protección de los derechos humanos en el continente
En respuesta a una consulta hecha por Colombia, la Corte reconoció el derecho a un ambiente sano como fundamental para la existencia humana, así como el impacto del cambio climático en los derechos humanos. Desde AIDA celebramos esta decisión que fortalece las obligaciones de los Estados para proteger el ambiente y a las personas. Ante la consulta hecha por Colombia sobre los alcances de la obligación de los Estados de proteger los derechos humanos por daños al ambiente marino en la Región del Gran Caribe, la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció en su respuesta (Opinión Consultiva) un precedente histórico para la protección de las personas en el continente. “Celebramos esta decisión que sin duda es un ejemplo mundial y una herramienta básica para quienes trabajamos por la justicia ambiental y climática”, expresó Astrid Puentes Riaño, Codirectora Ejecutiva de AIDA. “También es útil para que los Estados de la región protejan ecosistemas clave como el acuífero Guaraní, los Andes, la Amazonía, el Pacífico y el Gran Caribe”. La Corte concluyó que el medio ambiente sano es un derecho autónomo, “fundamental para la existencia de la humanidad”, y se pronunció por primera vez respecto del contenido del mismo. Reconoció además el impacto del cambio climático en el goce efectivo de los derechos humanos, en especial de las poblaciones más vulnerables como los pueblos indígenas, los niños y niñas, y las personas viviendo en pobreza extrema. Con ello acogió y se sumó a similar reconocimiento por parte de organismos de Naciones Unidas y de Cortes regionales. En su decisión, tomada en noviembre y dada a conocer ayer, la Corte estableció también que la obligación de los Estados de respetar los derechos a la vida e integridad personal, en relación con la protección del ambiente, implica: Evitar causar daños ambientales “significativos” en su territorio y fuera de éste, para lo cual deben reglamentar, supervisar y fiscalizar las actividades que puedan provocarlos. Asegurar, entre otros, la realización de estudios de impacto ambiental efectivos e independientes, así como de planes de contingencia y mitigación ante posibles daños. Cooperar con otros Estados y brindarles información ante el riesgo de daños a sus entornos naturales. Aplicar el principio de precaución para proteger los derechos a la vida y a la integridad personal por degradación ambiental grave e irreversible, incluso ante incertidumbre científica. Garantizar los derechos a la participación pública, al acceso de información relacionada con daños ambientales potenciales, y al acceso a la justicia en la toma de decisiones que puedan afectar al ambiente. En enero del año pasado y en el marco de la consulta hecha por Colombia, AIDA presentó sus observaciones y, en marzo, participó en la audiencia ante la Corte Interamericana. Argumentamos que la implementación de grandes proyectos de infraestructura en el Gran Caribe u otros sitios podría afectar el entorno a tal punto que pondría en riesgo la vida e integridad personal, entre otros derechos humanos, de las personas que allí viven. “La Corte dio ahora un paso vital hacia la protección de los océanos y otros ecosistemas, al incorporar los compromisos internacionales de protección ambiental como parte de la obligación de los Estados de respetar los derechos humanos”, dijo Gladys Martínez, abogada sénior del Programa de Biodiversidad Marina y Protección Costera de AIDA. Consulte y descargue la decisión de la Corte Interamericana. Contacto de prensa: Victor Quintanilla,+521 5570522107, [email protected]
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Mandan alerta internacional por riesgos graves al arrecife de Puerto Morelos
Organizaciones de la sociedad civil solicitaron a la Secretaría de la Convención Ramsar, tratado intergubernamental, una visita al Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos, área natural protegida y Humedal de Importancia Internacional bajo Ramsar, amenazado seriamente por actividades turísticas masivas y no sostenibles. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) —con apoyo del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Voces Unidas, la Casa de la Cultura de Puerto Morelos, Flora y Fauna de México y el Centro de Innovación e Investigación para el Desarrollo Sustentable— presentó una alerta urgente ante la Convención Ramsar, tratado intergubernamental para la protección de humedales. En ella solicita una visita de expertos al Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos (PNAPM) para que evalúen los riesgos que el sitio enfrenta a causa del turismo masivo no sostenible. “Existen en el lugar proyectos inmobiliarios turísticos que, al no haber sido sometidos a una evaluación de impacto ambiental seria y rigurosa, han transformado el territorio costero, degradando y contaminando ecosistemas, en especial arrecifes de coral y manglares”, explicó Sandra Moguel, Directora Regional de la oficina Sureste del CEMDA. El PNAPM fue creado como área natural protegida en 1998 y fue registrado como Humedal de Importancia Prioritaria Internacional, bajo la Convención Ramsar, en 2004. Es un sitio único debido a su alta biodiversidad. Sus arrecifes de coral son hábitat de peces, tiburones, caracoles rosados y tortugas marinas; mientras que sus manglares albergan a cocodrilos y garzas. Y, como otros humedales, evita la erosión costera y es fuente de crianza y alimentación para peces para la zona. “La belleza ecológica y escénica del lugar atrae la construcción de proyectos turísticos que, al no ser evaluados de manera adecuada, promueven un modelo depredador de uso irracional de los recursos naturales”, dijo Camilo Thompson, abogado del Programa de Biodiversidad Marina y Protección Costera de AIDA. “Urge una misión de Ramsar que evalué los daños, proponga compensaciones, exprese sus recomendaciones y emita un informe sobre la política de crecimiento inmobiliario-turístico y las alternativas para asegurar el uso racional de los ecosistemas que hacen la Parque”. El Arrecife de Puerto Morelos forma parte del Sistema Arrecifal Mesoamericano, considerado como la segunda barrera arrecifal más grande del mundo. “Cualquier actividad desarrollada en el lugar requiere una evaluación ambiental estratégica que considere los impactos acumulativos y sinérgicos en los humedales costeros, los pastos marinos y los arrecifes de Puerto Morelos”, agregó Thompson. “El Estado mexicano debe aplicar el enfoque precautorio y ecosistémico ante las amenazas y riesgos a la biodiversidad de este sitio único”. Consulte y descargue la alerta presentada ante la Convención Ramsar.
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AIDA evidencia faltas de México al autorizar la ampliación del puerto de Veracruz
Presentamos un escrito que documenta el incumplimiento por parte del gobierno de compromisos internacionales en materia ambiental y de derechos humanos. Lo hicimos para apoyar la demanda de amparo interpuesta por habitantes de la zona Metropolitana a fin de salvaguardar el interés público a un ambiente sano dado que el proyecto pone en riesgo grave al Sistema Arrecifal Veracruzano. Veracruz, México. Como apoyo a la demanda de amparo presentada por pobladores del lugar contra el proyecto de ampliación del puerto de Veracruz, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente presentó ante el Juzgado Quinto un escrito (Amicus Curiae) con información detallada sobre los tratados y estándares internacionales en materia de ambiente y derechos humanos que el gobierno mexicano pasó por alto al autorizar el proyecto. “Al poner en riesgo al Sistema Arrecifal Veracruzano (SAV), el más grande del Golfo de México y cuya protección trasciende al interés público, el gobierno arriesga también el derecho a un ambiente sano de las personas que dependen de ese ecosistema de importancia internacional”, explicó Camilo Thompson, abogado de AIDA. “El proyecto fue autorizado sin una evaluación adecuada sobre sus impactos”. El gobierno otorgó el permiso ambiental al proyecto el 21 de noviembre de 2013. Un año antes, en noviembre de 2012, redujo el área del SAV para viabilizar el proyecto. Al momento de autorizarlo, no se basó en la información científica necesaria para evitar daños a los arrecifes; y a los servicios que prestan a la población de Veracruz: ser fuente de pesca y servicios turísticos, así como barrera natural contra tormentas y huracanes, entre otros. El sitio es Área Natural Protegida y Humedal de Importancia Internacional. También es refugio para muchos animales, entre ellos especies amenazadas de tortugas marinas. Por ello, pobladores de la zona, asesorados por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, presentaron una demanda de amparo contra la autorización del proyecto, recurso que fue admitido en marzo de 2017. En el escrito, AIDA argumenta las razones por las que el gobierno, al permitir el proyecto, incumplió obligaciones internacionales para proteger sus entornos naturales y a las personas que dependen de ellos. Entre ellas están las establecidas en tratados firmados por México como la Convención de la Diversidad Biológica, la Convención Ramsar sobre Humedales de Importancia Internacional, la Convención Interamericana para la Protección y Conservación de Tortugas Marinas, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros. “Existe en torno a los arrecifes de Veracruz, una riqueza natural que proteger y muchos beneficios derivados para la gente”, subrayó Thompson. “Con el proyecto, se pierde parte del hábitat de una gran diversidad biológica y aumentan los riesgos de embarcaciones varadas, derrame de contaminantes y pérdida de recursos pesqueros que sostienen la economía de muchas personas”. Encuentra aquí más información sobre el caso. Contacto de prensa: Camilo Thompson, abogado de AIDA, +521 9671302346, [email protected]
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