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Foto: #RealChileProtegiendo los mares de la Patagonia chilena de la industria del salmón
En la región de Magallanes, ubicada en plena Patagonia chilena, está el mayor número de áreas naturales protegidas del país. Glaciares, lagos, ríos y mares —alimentados por nieves permanentes— conforman paisajes únicos que son hogar de muchas especies protegidas como la ballena azul, el cachalote, el pingüino de Magallanes, la foca elefante, la tortuga laúd, el delfín austral y el delfín chileno, entre otras.
Las frías aguas de este rincón alejado del mundo son aún prístinas y, por tanto, menos resistentes a la presencia de actividades humanas de alto impacto. Esa fragilidad está siendo de a poco invadida por la industria del salmón, que ya ha causado estragos ambientales en otras regiones del país.
En Chile, los criaderos de salmón se han multiplicado en condiciones dañinas para la naturaleza y sin una regulación y supervisión adecuada por parte de las autoridades. Las empresas de esa industria han sobrepasado el número de peces que las aguas pueden soportar y las han llenado de cantidades enormes de antibióticos y otros químicos con los que alimentan a los salmones. Esos desechos, junto con las heces de los propios animales, provocan, entre otros daños, la falta parcial o completa de oxígeno, lo cual amenaza toda forma de vida en el mar.
Las grandes salmoneras han puesto ahora los ojos en la región de Magallanes, causando ya daños verificados. Según una auditoría gubernamental, más de la mitad de las granjas de salmón que operan allí actualmente están afectando la disponibilidad de oxígeno de la zona, algo que no ocurría antes de su llegada.
Lee nuestro informe sobre los riesgos de la expansión salmonera
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Organizaciones de la sociedad civil piden poner fin al inhumano y ambientalmente nocivo programa de fumigación aérea con glifosato en Colombia
El 27 de abril de 2015, el Ministerio de Salud de Colombia recomendó́ a las autoridades antinarcóticos del país suspender inmediatamente el uso de fumigación aérea para erradicar cultivos de coca, planta utilizada para producir cocaína. Esta recomendación vino después del anuncio hecho en marzo por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, la cual determinó que el glifosato, el herbicida químico utilizado en la fumigación, era "probablemente cancerígeno" para los humanos[i]. Actualmente, el Gobierno de Colombia está considerando aplicar esta recomendación. Mientras tanto, y en respuesta a la recomendación del Ministerio de Salud, el director de la Policía Nacional de Colombia pidió́ que la fumigación se realice lejos de casas y cultivos de alimentos. Aplaudimos la recomendación del Ministerio de Salud y urgimos al Gobierno colombiano a suspender el programa de fumigación aérea destinado a erradicar cultivos de coca y amapola que son considerados de uso ilícito. Durante más de quince años, organizaciones de la sociedad civil en Estados Unidos y Colombia han pedido que se ponga fin a este programa inhumano y nocivo para el ambiente. La sustancia química utilizada en la fumigación daña ecosistemas vulnerables y cultivos de alimentos. El químico es rociado rutinariamente sobre casas, animales domésticos y fuentes de agua. La seguridad alimentaria de comunidades indígenas y afrocolombianas, y de agricultores de pequeña escala ha sido afectada; y se han ignorado las múltiples denuncias sobre impactos en la salud de personas afectadas por las fumigaciones. Al destruir los cultivos de uso ilícito sin apoyar adecuadamente la transición de los campesinos a la siembra de alimentos, la fumigación aérea provoca desplazamiento y daños ambientales mientras las personas y los cultivos considerados ilícitos pasan de una zona a otra. A pesar del alto costo humano y ambiental, ha sido evidente durante casi una década que la fumigación no ha reducido el cultivo de coca de uso ilícito a nivel nacional. Los productores se han adaptado a la fumigación de diversas maneras, y mediciones del gobierno de Estados Unidos han identificado que la cantidad de coca sembrada en 2007 es la misma a la sembrada en 2001. Las reducciones identificadas desde entonces han sido producto de una mayor presencia del Estado en algunas zonas tradicionales de producción de coca. Ello ocurrió́ durante un periodo constante de reducción de fumigación. Por otra parte, el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC, que actualmente negocian un acuerdo de paz para poner fin a más de cincuenta años de conflicto armado, han llegado ya a un acuerdo sobre política antidrogas que limita la fumigación aérea a una herramienta de última instancia, enfatizando en su lugar la cooperación con comunidades agrícolas rurales para realizar el tránsito de cultivos de coca y amapola de uso ilícito a la siembra de alimentos y a otras actividades económicas. El Gobierno de Colombia y también el de Estados Unidos, el cual ha brindado apoyo político y material al programa de fumigación aérea, deben aprovechar este momento para adherirse a las reformas propuestas en este acuerdo. Ya es tiempo de avanzar hacia soluciones más humanas y sostenibles. Latin America Working Group (LAWG) Washington Office on Latin America (WOLA) Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Oxfam Environmental Investigation Agency Center for International Policy (CIP) Open Society Foundations Global Drug Policy Program and Latin America Program Institute for Policy Studies, Drug Policy Project Jesuit Conference, National Advocacy Office AFL-CIO United Church of Christ, Justice and Witness Ministries Drug Policy Alliance Amazon Watch Colombia Human Rights Committee Witness for Peace Mennonite Central Committee U.S. Washington Office MamaCoca La Corporación Jurídica Yira Castro La Plataforma Colombiana de Derechos Humanos Democracia y Desarrollo Corporación Colectivo de Abogados "José́ Alvear Restrepo" Organizaciones y Procesos del Congreso de los Pueblos Intereclesiastical Commission of Justice and Peace Comunidades Construyendo Paz en los Territorios (CONPAZ) Censat Agua Viva de Colombia La Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU) Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) Asociación Ambiente y Sociedad (AAS) [i] La determinación de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC en inglés) fue hecha por 17 expertos de 11 países, quienes determinaron que el glifosato era "probablemente cancerígeno" para los humanos. En un artículo publicado en The Lancet, la IARC afirmó que el glifosato "inducía daños en el ADN cromosómico de los mamíferos, y en células humanas y animales in vitro" y que "los estudios de caso y controles de exposición ocupacional en EE.UU., Canadá y Suecia informaron de mayores riesgos de linfoma non-Hodgkin".
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Gobierno de Colombia debe suspender inmediatamente uso de glifosato en la erradicación de cultivos de uso ilícito
Gobierno de Colombia debe suspender inmediatamente uso de glifosato en la erradicación de cultivos de uso ilícito. Bogotá, Colombia. El glifosato, herbicida usado para erradicar cultivos considerados ilícitos en Colombia, ha sido clasificado como sustancia probablemente cancerígena para las personas por la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Con base en ello, el Ministerio de Salud de Colombia recomendó al Ministerio de Justicia de ese país "suspender de manera inmediata el uso del glifosato en las operaciones de aspersión aérea para la erradicación de cultivos ilícitos del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la aspersión aérea con el herbicida Glifosato (PECIG)". La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) respalda esa recomendación a fin de que se protejan los derechos a la salud y a un ambiente sano en Colombia, ambos ligados estrechamente al derecho a la vida. Instamos al gobierno a cumplir sus obligaciones nacionales e internacionales atendiendo las conclusiones a las que llegaron las máximas autoridades de salud para evitar mayores daños al ambiente y a las personas. Desde hace quince años, AIDA, junto con otras organizaciones, viene alertando sobre los graves impactos en la salud y el ambiente del glifosato y sobre la necesidad de aplicar el principio de precaución para suspender el programa de fumigaciones en Colombia. Astrid Puentes Riaño, abogada y codirectora de AIDA: "Colombia, como ningún otro país, ha usado millones de litros de glifosato que no han logrado destruir los cultivos de coca y amapola, pero que sí han dañado irremediablemente la salud y el ambiente. Así que sin excusas o demoras, el Consejo Nacional de Estupefacientes debe actuar responsablemente y suspender de inmediato el uso del glifosato en la erradicación de cultivos considerados de uso ilícito". Anna Cederstav, codirectora de AIDA y PhD en Química: "La evidencia científica sobre los impactos del glifosato en el ambiente y la salud es suficiente para respaldar una decisión de suspensión de la aspersión aérea del glifosato en Colombia".
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El Fondo Verde del Clima inicia el proceso de acreditación
2015 es el año de todo o nada: hundirse o nadar. El mes pasado, al inaugurar la novena reunión de la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima, Hela Cheikhrouhou, directora ejecutiva del Fondo, habló de la urgencia que caracteriza al periodo previo a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático que se realizará en diciembre en París. Describió este año como una de las últimas oportunidades de la humanidad para cambiar de rumbo y seguir un camino sostenible. A medida que nos acercamos a la firma de un nuevo acuerdo climático global, la eficacia del Fondo Verde del Clima adquiere una importancia particular. Contando al momento con 10.2 mil millones de dólares, el Fondo será el vehículo principal para financiar proyectos diseñados para ayudar a todas las sociedades —desarrolladas o en desarrollo— a enfrentar las causas y efectos de los cambios en el clima. En la reunión de marzo pasado, la Junta Directiva del Fondo acreditó a sus primeras instituciones intermediarias e implementadoras —a cargo de canalizar el dinero hacia los países en desarrollo—, y anunció sus planes de iniciar la asignación de esos recursos antes de fin de año. Estas acreditaciones, las que a su vez anuncian la inminente llegada de las primeras propuestas de proyectos, representan un hito importante en un proceso riguroso que comenzó hace casi cinco años con la creación del Fondo. "Esta pondrá a prueba la efectividad de la institución", dijo Andrea Rodríguez Osuna, abogada sénior del Programa de Cambio Climático de AIDA, quien ha monitoreado el desarrollo del Fondo Verde Climático. "Cuando todo se reduce a esto, ése es el paso que importa". Las primeras siete instituciones acreditadas por la Junta representan un rango geográfico y temático amplio, y es probable que sean las primeras en presentar propuestas a financiar. Entre ellas están organizaciones de países que van de Senegal a Perú, especializadas en temas como protección costera, conservación de la biodiversidad, desarrollo sostenible y mejoramiento de la vida de comunidades de bajos ingresos. Aunque las acreditaciones representan un avance hacia el cumplimiento de la misión del Fondo, existen decisiones organizacionales significativas que aún están en debate o que todavía no han sido abordadas. Uno de los temas que la Junta abordó el mes pasado fue el de las expectativas sobre el rol e impacto del Fondo a largo plazo, el cual les permitirá identificar prioridades de financiamiento, y el Marco Inicial de Inversión, en el que se delineará qué tipo de proyectos serán financiados y cómo se seleccionará y evaluará a los mismos. "Además de la acreditación, estos elementos son esenciales. Sin ellos el Fondo no puede avanzar hacia el futuro y tener discusiones más centradas y productivas", explicó Rodríguez. Los criterios y metodología para el Marco Inicial de Inversión del Fondo provocaron un debate acalorado entre países desarrollados y países en desarrollo. Los primeros presionaron por puntos de referencia mínimos requeridos que permitan una medición de éxito más simple; mientras que los segundos presionaron por puntos de referencia cualitativos y sin requerimientos estrictos que aseguren de mejor forma un acceso más equitativo a los fondos. Finalmente se llegó a un acuerdo y se decidió usar puntos de referencia mínimos indicativos y no obligatorios que alienten la ambición y tomen en cuenta las necesidades de los países en desarrollo más vulnerables a los efectos adversos del cambio climático. El Secretariado presentará los parámetros propuestos para mayor desarrollo en aproximadamente un año, en la décimo tercera reunión de la Junta. En cuanto al rol e impacto esperados del Fondo, la Junta tomó una decisión inusualmente unánime: mantener en revisión el Marco Inicial de Inversión y adoptar las medidas necesarias sobre el criterio de las necesidades de los países receptores. Habiendo acordado que el documento presentado por el Secretariado carecía de información suficiente, la Junta le solicitó mayores datos científicos y técnicos antes de comenzar a delinear sus prioridades. Un elemento particularmente importante para el trabajo de AIDA estuvo notablemente ausente de la conversación debido a la falta de tiempo: el "Mejoramiento al Acceso Directo", el cual obligaría a la participación pública en ciertos proyectos. Se ser aprobado, este acceso directo aseguraría un involucramiento más equitativo de todos los actores que trabajan para combatir los efectos del clima cambiante. La siguiente reunión de la Junta Directiva del Fondo Verde Climático se realizará del 6 al 9 de julio en Songdo, Corea del Sur, sede del Fondo. AIDA estará presente de nuevo para monitorear estos temas e informar sobre los avances importantes en momentos en los que el mundo se prepara para un nuevo acuerdo climático global, y la implementación del Fondo Verde del Clima está cada vez más cerca.
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