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Foto: #RealChileProtegiendo los mares de la Patagonia chilena de la industria del salmón
En la región de Magallanes, ubicada en plena Patagonia chilena, está el mayor número de áreas naturales protegidas del país. Glaciares, lagos, ríos y mares —alimentados por nieves permanentes— conforman paisajes únicos que son hogar de muchas especies protegidas como la ballena azul, el cachalote, el pingüino de Magallanes, la foca elefante, la tortuga laúd, el delfín austral y el delfín chileno, entre otras.
Las frías aguas de este rincón alejado del mundo son aún prístinas y, por tanto, menos resistentes a la presencia de actividades humanas de alto impacto. Esa fragilidad está siendo de a poco invadida por la industria del salmón, que ya ha causado estragos ambientales en otras regiones del país.
En Chile, los criaderos de salmón se han multiplicado en condiciones dañinas para la naturaleza y sin una regulación y supervisión adecuada por parte de las autoridades. Las empresas de esa industria han sobrepasado el número de peces que las aguas pueden soportar y las han llenado de cantidades enormes de antibióticos y otros químicos con los que alimentan a los salmones. Esos desechos, junto con las heces de los propios animales, provocan, entre otros daños, la falta parcial o completa de oxígeno, lo cual amenaza toda forma de vida en el mar.
Las grandes salmoneras han puesto ahora los ojos en la región de Magallanes, causando ya daños verificados. Según una auditoría gubernamental, más de la mitad de las granjas de salmón que operan allí actualmente están afectando la disponibilidad de oxígeno de la zona, algo que no ocurría antes de su llegada.
Lee nuestro informe sobre los riesgos de la expansión salmonera
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AIDA celebra decisión histórica de suspender fumigaciones con glifosato en Colombia
Consideramos que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales debe pronunciarse de inmediato y anular el permiso del programa de fumigaciones con ese químico. Agradecemos a las 24,933 personas que firmaron la petición en Change.org para suspender las fumigaciones y a las organizaciones colegas que participaron en la campaña. Bogotá, Colombia. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) celebra la decisión del Gobierno colombiano de suspender las fumigaciones aéreas de cultivos de coca y amapola con glifosato en el país. A fin de que esa decisión sea implementada, consideramos necesario que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales se pronuncie de inmediato y anule el permiso otorgado al programa de fumigaciones con ese químico. “Es un momento histórico en favor de la salud, el ambiente y el respeto de las normas en Colombia”, dijo Astrid Puentes Riaño, codirectora de AIDA. “Sabemos que era una decisión compleja, pero ante una política que no ha demostrado ser eficiente y que además causa graves daños, lo inteligente era cambiarla para encontrar soluciones reales”. AIDA ha dado seguimiento al Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato (PECIG) en Colombia desde finales de los años 90. Desde entonces ha denunciado los graves daños a la salud y al ambiente causados por la mezcla de glifosato aplicada en Colombia, y abogado por alternativas más adecuadas para erradicar esos cultivos. La decisión de suspender las fumigaciones, tomada anoche por el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) con una mayoría abrumadora de siete votos a favor y solo uno contra, se hará efectiva cuando la Agencia Nacional de Licencias Ambientales se pronuncie respecto de la autorización del PECIG. AIDA considera que dicho permiso debe ser anulado inmediatamente dado que el programa fue elaborado para implementarse con el glifosato, y al no usarse dicha sustancia, el programa pierde razón de ser. Un día antes de la decisión, AIDA entregó al Ministerio de Justicia, que preside el CNE, más de 20,000 firmas a una petición para suspender las fumigaciones realizada en Change.org junto con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) y el Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos, con el apoyo de Washington Office on Latin America y Latin American Working Group. A una semana de su lanzamiento, la petición cerró con la firma de 24,933 personas. “Agradecemos a cada persona que firmó y a quienes durante años han solicitado el cambio de esta política; esto es un logro común”, dijo Hector Herrera, abogado de AIDA y coordinador de la Red por la Justicia Ambiental en Colombia. “Vemos con esperanza la creación de un comité técnico que hará recomendaciones y esperamos que éstas sean participativas y transparentes”. La suspensión de las fumigaciones con glifosato llega después de la conclusión de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, la cual determinó que el glifosato puede ser cancerígeno. Ello motivó a que el Ministerio de Salud recomendara la suspensión de las fumigaciones, algo que años antes había solicitado sin éxito la Corte Constitucional y otros tribunales nacionales en aplicación del principio de precaución. Ese principio de derecho ambiental internacional fue incorporado a la legislación colombiana en 1993. Según éste, ante riesgos de daños graves o irreversibles en la salud o el ambiente, y aunque no haya certeza científica absoluta de los mismos, las autoridades deben adoptar medidas para evitarlos. En el caso de las fumigaciones, los requisitos para aplicar el principio de precaución se cumplen. Aunque no existe certeza científica absoluta de los daños, sí existe evidencia suficiente, desde hace más de 15 años, respecto de posibles daños graves e irreversibles a la salud y el ambiente que incluyen riesgo de cáncer y enfermedades en la piel, daños a especies de anfibios y peces, y a bosques y cultivos de alimentos, entre otros. El Gobierno colombiano, en aras de la precaución, finalmente suspendió las fumigaciones para evitar mayores daños.
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Ministerio de Justicia de Colombia recibe más de 20,000 firmas pidiendo suspensión de fumigaciones aéreas con glifosato y otros químicos nocivos
A menos de 24 horas de que el Consejo Nacional de Estupefacientes, presidido por el Ministerio de Justicia, decida si suspende o no las fumigaciones, organizaciones entregaron las firmas a una petición que busca frenar los daños sociales y ambientales de esa política. Bogotá, Colombia. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) y el Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos —con el apoyo de WOLA, el LAWG y otras organizaciones—, entregaron hoy al Ministerio de Justicia más de 20,000 firmas que exigen la suspensión inmediata de las fumigaciones aéreas de cultivos de uso ilícito con glifosato y otro químicos dañinos en el país. Las firmas respaldan la petición ciudadana realizada a través del sitio de internet Change.org y la cual pretende proteger la salud y el ambiente de los daños causados por las fumigaciones “En pocos días se recibieron más de 20 mil firmas diciendo ‘no’ a las fumigaciones, no solo con glifosato, sino con cualquier herbicida, como instrumento en la guerra de las drogas”, dijo Camilo González, exministro de Salud de Colombia. El Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE), presidido por el Ministerio de Justicia, se reunirá mañana para decidir si suspende o no las fumigaciones. “El CNE debe decidir en derecho y a partir de la evidencia científica y técnica que prueba los impactos de las fumigaciones y la falta de resultados”, concluyó Héctor Herrera, abogado de AIDA y Coordinador de la Red por la Justicia Ambiental en Colombia. Los firmantes de la petición y las organizaciones enfatizan que las fumigaciones deben llegar a su fin porque: Causan graves impactos en la salud: La Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS) determinó que el glifosato usado en las fumigaciones puede causar cáncer a las personas. Además, estudios independientes han evidenciado que las fumigaciones causan otros daños a la salud como enfermedades en la piel y problemas en el embarazo. No han cumplido su objetivo: Luego de más de 15 años, las fumigaciones no han logrado reducir los cultivos de coca y amapola de uso ilícito. Causan graves impactos ambientales: Las fumigaciones se realizan de forma indiscriminada sobre casas, animales de granja y fuentes de agua. Es por ello que dañan ecosistemas ricos en biodiversidad y a las especies que viven en ellos (peces, anfibios, roedores, insectos y plantas endémicas), contaminan el agua, y destruyen bosques y cultivos de alimentos que son fuente de subsistencia de muchas comunidades. Promueven el desplazamiento de personas: Al no tener alternativas a los cultivos de coca y amapola, familias enteras dejan sus territorios a causa de las fumigaciones. Desconocen normas nacionales e internacionales: Tribunales nacionales como la Corte Constitucional han solicitado la suspensión de las fumigaciones con base en el Principio de Precaución. Colombia indemnizó a Ecuador por los impactos que las fumigaciones causaron en la frontera y se comprometió a suspender la práctica en esa zona. Éstas y otras razones fueron explicadas ampliamente por expertos nacionales e internacionales en un conversatorio realizado hoy en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. "Durante 40 años, las fumigaciones con agrotóxicos han sido objeto de análisis académicos, científicos y legales, los que además de recomendar el fin de su aplicación, no siempre han sido públicos. Han primado consideraciones políticas de orden público y seguridad, lo que ha dejado por fuera recomendaciones sanitarias, ambientales y legales. Este enfoque ha negado la existencia de problemas socioeconómicos que persisten en las comunidades donde se producen los cultivos, ha negado la primacía de los derechos humanos de los pobladores rurales y no ha reconocido los nuevos enfoques que desde el PNUD se vienen recomendando para contener la expansión de cultivos", señaló Pedro Arenas, coordinador Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos, quien moderó el conversatorio. El Ministerio de Salud, los Secretarios de Salud departamentales y distritales, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General de la Nación, entre otras autoridades, están de acuerdo con las miles de personas que firmaron la petición y con las organizaciones que la promueven.
Leer másOrganizaciones piden suspensión inmediata de fumigaciones aéreas con glifosato y otros químicos en Colombia
Lanzaron una petición ciudadana a través del sitio Change.org dirigida al Presidente Juan Manuel Santos y al Consejo Nacional de Estupefacientes. En ella solicitan que ese tipo de fumigaciones sean suspendidas porque dañan el ambiente, la salud humana e incluso pueden causar cáncer. Bogotá, Colombia. La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), con el apoyo del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) y el Observatorio de Cultivos y Cultivadores Declarados Ilícitos, lanzó hoy una petición ciudadana abierta a firmas a través del sitio Change.org para solicitarles al presidente Juan Manuel Santos y al Consejo Nacional de Estupefacientes que suspendan las fumigaciones aéreas de cultivos de uso ilícito con glifosato y otros químicos nocivos. "Estudios científicos independientes evidencian que las fumigaciones son ineficientes pues no han reducido los cultivos de coca y amapola. Por el contrario, han contribuido a destruir bosques y afectado poblaciones, incluyendo grupos étnicos. Hace poco, la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud (OMS) determinó que el glifosato usado en las fumigaciones puede causar cáncer en los seres humanos", menciona Astrid Puentes Riaño, codirectora de AIDA y quien firma la petición. El Consejo Nacional de Estupefacientes se reunirá el 14 de mayo para abordar el tema y decidir si suspende o no las fumigaciones. En el caso de Colombia, esa práctica se realiza de forma masiva, por aire y usando una concentración de glifosato mayor a la usada comercialmente. Además, las fumigaciones se hacen indiscriminadamente sobre casas, granjas y fuentes de agua. El 24 de abril y con base en la determinación de la OMS, el Ministerio de Salud recomendó al Consejo Nacional de Estupefacientes suspender inmediatamente las fumigaciones áreas con glifosato, las cuales se realizan en el país desde hace más de 15 años con financiamiento del Gobierno de Estados Unidos. En el pasado, altos tribunales del país como la Corte Constitucional también han solicitado suspender las fumigaciones, pero esas disposiciones no han sido cumplidas. El tema llegó incluso a la Corte Internacional de Justicia cuando Ecuador demandó a Colombia por los impactos de las fumigaciones en la zona fronteriza. El Gobierno colombiano indemnizó al país vecino y se comprometió a frenar las aspersiones en la frontera. Además de daños a la salud, las fumigaciones impactan ecosistemas ricos en biodiversidad y a las especies que habitan en ellos, contaminan el agua y destruyen cultivos de alimentos que son fuente de subsistencia de comunidades indígenas, afrocolombianas y pequeños agricultores. También ocasionan el desplazamiento de familias enteras de sus territorios, pues éstas no cuentan con el apoyo adecuado para transitar hacia alternativas sostenibles a los cultivos de coca y amapola. ¡FIRMA LA PETICIÓN!
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