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Foto: #RealChileProtegiendo los mares de la Patagonia chilena de la industria del salmón
En la región de Magallanes, ubicada en plena Patagonia chilena, está el mayor número de áreas naturales protegidas del país. Glaciares, lagos, ríos y mares —alimentados por nieves permanentes— conforman paisajes únicos que son hogar de muchas especies protegidas como la ballena azul, el cachalote, el pingüino de Magallanes, la foca elefante, la tortuga laúd, el delfín austral y el delfín chileno, entre otras.
Las frías aguas de este rincón alejado del mundo son aún prístinas y, por tanto, menos resistentes a la presencia de actividades humanas de alto impacto. Esa fragilidad está siendo de a poco invadida por la industria del salmón, que ya ha causado estragos ambientales en otras regiones del país.
En Chile, los criaderos de salmón se han multiplicado en condiciones dañinas para la naturaleza y sin una regulación y supervisión adecuada por parte de las autoridades. Las empresas de esa industria han sobrepasado el número de peces que las aguas pueden soportar y las han llenado de cantidades enormes de antibióticos y otros químicos con los que alimentan a los salmones. Esos desechos, junto con las heces de los propios animales, provocan, entre otros daños, la falta parcial o completa de oxígeno, lo cual amenaza toda forma de vida en el mar.
Las grandes salmoneras han puesto ahora los ojos en la región de Magallanes, causando ya daños verificados. Según una auditoría gubernamental, más de la mitad de las granjas de salmón que operan allí actualmente están afectando la disponibilidad de oxígeno de la zona, algo que no ocurría antes de su llegada.
Lee nuestro informe sobre los riesgos de la expansión salmonera
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¡Tres historias exitosas y esperanzadoras!
Por Astrid Puentes Riaño, codirectora ejecutiva de AIDA, @astridpuentes La semana pasada fue inolvidable para el movimiento ambiental en América Latina. Recibimos tres grandiosas noticias desde Chile, Paraguay y México que nos hicieron llorar de emoción. Aunque muchos están al tanto, quiero dedicar este post a esas historias de éxito que son una brisa de esperanza. Lo hago en honor de queridas y queridos colegas a quienes he visto trabajar sin descanso para lograr esos avances. A cada una de esas personas, GRACIAS por las lecciones aprendidas y por demostrarnos que sí podemos alcanzar los cambios necesarios. ¡Ríos libres en la Patagonia chilena! El 10 de junio, el Comité de Ministros de Chile rechazó el proyecto HidroAysén, con el cual se buscaba construir cinco represas en los ríos Baker y Pascua, en la Patagonia chilena. La decisión puso fin a 35 acciones presentadas contra la autorización del proyecto, 34 por la ciudadanía y una por la empresa. Así termina, por ahora, una controversia de más de ocho años sobre la viabilidad o no de represas en una zona única en belleza, biodiversidad, reservas de agua dulce y bosques. Para quienes trabajamos en la protección de los ríos y en la búsqueda de alternativas a su represamiento y destrucción, la experiencia del grupo de organizaciones y ciudadanos Patagonia Sin Represas ha sido ejemplar. Al proyecto se opusieron primero las comunidades de Aysén, región de la Patagonia. A ellas se unieron organizaciones chilenas e internacionales creando una increíble coalición de aproximadamente setenta organizaciones. La causa contagió a todo al país y al mundo. El gobierno rechazó el proyecto al concluir que sus impactos negativos no habían sido adecuadamente evaluados. En particular, no se evaluaron los cambios en los ríos y en la fauna de la región. De haberse ejecutado HidroAysén, el hogar del ciervo huemul, emblema nacional y uno de los preciosos animales que habita la zona, habría sido gravemente afectado. Según el Ministro de Ambiente Pablo Bardenier, la decisión demuestra que el gobierno toma en serio la evaluación de impactos ambientales y que “hay una institucionalidad ambiental que funciona, que va a seguir funcionando y que da garantías a todas las partes reclamantes”. Se trata de un gran mensaje sobre el cumplimiento de las normas y la seguridad que tanto necesita nuestra región. ¡La lucha no ha sido fácil, pero sí exitosa! Patagonia Sin Represas demostró que la ciudadanía es poderosa y fuerte con argumentos legales y científicos sólidos, y con una estrategia de comunicación efectiva. Evidenció que construir cinco represas y una inmensa infraestructura de tendido eléctrico en la Patagonia chilena era un error garrafal para el ambiente y el desarrollo del país. Demostró que hay formas más efectivas de conseguir energía. El seguimiento a las acciones también es necesario pues no es la primera victoria que Aysén consigue ante amenazas de fuerte impacto ambiental. AIDA trabajó hace más de diez años para proteger esa región de la construcción de Alumysa, una inmensa planta de aluminio que hubiera causado importantes impactos ambientales y sociales. Dicho proyecto también fue evitado. ¡No fracking en Cuetzalan! Cuetzalan es un Pueblo Mágico ubicado en la Sierra de Puebla, México. Es famoso por su mercado en el que los domingos se ofrecen productos de la región como vainilla, café y pimienta. Allí se quiere implementar un proyecto de fracking (fractura hidráulica para la extracción de gas). La semana pasada, la empresa mexicana PEMEX reconoció que el Plan de Ordenamiento Ecológico del Territorio de Cuetzalan solo autoriza actividades de microindustria y pequeña industria. Por tanto, el fracking no es una actividad permitida. La noticia es positiva dados los impactos del fracking en el ambiente y la salud humana, los cuales incluyen la grave contaminación del agua dulce y el aumento en el riesgo de terremotos. El proyecto aún no ha sido cancelado. Es solo un paso del largo camino que las personas de Cuetzalan comienzan a transitar. Hasta ahora van bien. Esperamos que PEMEX y el Gobierno nacional continúen respetando la decisión del gobierno local de no permitir minería ni fracking en su región. De lo contrario, las consecuencias económicas, sociales y ambientales serían nefastas. ¡Tierra para Sawhoyamaxa en Paraguay! Tras décadas de luchar por la recuperación de sus tierras, la comunidad de Sawhoyamaxa finalmente recibió la ley del gobierno paraguayo que se las restituye. La decisión llegó siete años después que la Corte Interamericana de Derechos Humanos concluyera que Paraguay era responsable por la violación de los derechos de la comunidad al no protegerlos del despojo de sus tierras por parte de colonos. Reconozco que una ley no asegura la recuperación de las tierras. Pero sí es un gran avance en ese proceso y en el cumplimiento de una decisión judicial regional. La ley evidencia la voluntad de un gobierno por restituir los derechos violados en el pasado. Un aspecto a resaltar en cada uno de estos esfuerzos es que el trabajo constante, estratégico y dedicado de personas, comunidades y organizaciones da resultados. Estas historias demuestran una vez más que la defensa inteligente del ambiente es posible cuando hay comunidades comprometidas e involucradas, apoyadas por organizaciones, y que prueban sus posiciones con argumentos científicos y técnicos. Al final, es claro también que gobiernos que conocen las normas y tienen la voluntad política de hacerlas cumplir pueden en efecto hacer una diferencia positiva. Lo mejor de todo es que al final, ¡todos ganamos: las comunidades, los gobiernos y especialmente el ambiente, que es de todos! Monti, Rodrigo, Patricio, Juan Pablo, Sara, Claudia y cada una de las personas que trabajaron y siguen trabajando en estos casos, ¡GRACIAS por darnos esperanza y demostrar que protegiendo el ambiente podemos avanzar exitosamente como sociedad!
Leer másUna mina de contaminación
Por Pedro Pablo Cortés, Reporte Indigo Texto publicado originalmente en Reporte Indigo. La principal fuente de ingresos de cerca de 33 mil habitantes de una ciudad peruana también se ha convertido en su mayor condena. La contaminación de una planta metalúrgica de la empresa estadounidense Doe Run ha provocado que casi todos los niños de La Oroya presenten en la sangre altos niveles de plomo, zinc y otros metales peligrosos. María José Veramendi, abogada de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), denuncia en entrevista con Reporte Indigo que el Gobierno de Perú no ha actuado para frenar la polución del complejo. Veramendi expone que el Gobierno peruano estableció en 1997 que Doe Run debía seguir los lineamientos del Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA), que obligaban a la compañía a controlar sus emisiones de contaminantes. "El problema", señala, "es que ninguno de los dos, ni el Estado ni la compañía, han cumplido con esas obligaciones y eso ha producido que el complejo metalúrgico opere de una manera no adecuada y cause serios problemas de salud en los habitantes". "En los momentos más críticos de operaciones del complejo, los niveles de plomo y de otros metales en la sangre, en los organismos de los habitantes de La Oroya, eran altísimos". Estudios independientes recogidos por AIDA revelan que el 99 por ciento de los menores de 5 años y el 98 por ciento de los niños de entre 7 y 12 años presentan altos niveles de plomo en la sangre, aunque la OMS informa que cualquier nivel es peligroso para el ser humano. El Instituto Blacksmith, con sede en Nueva York, califica a La Oroya como la quinta ciudad más contaminada del mundo y la segunda en Latinoamérica. Veramendi asevera que la inacción de las autoridades constituye una violación a las garantías de los pobladores, por lo que, junto con otras organizaciones, AIDA ha llevado el caso hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). "Con todos estos años de permitir que la empresa pida prórrogas para cumplir con sus obligaciones ambientales y un poco permitir esta operación incontrolada del complejo metalúrgico ha ocasionado que el Estado peruano viole los derechos humanos de las personas que viven en La Oroya", apunta. "Del grupo que representamos, hay personas que han fallecido por diversas dolencias que uno podría relacionar con las afectaciones que causa el plomo y otros metales". La solución de cerrar la planta no es tan viable, pues 70 por ciento de sus empleados son habitantes de La Oroya. Por ello, AIDA demanda que el Gobierno peruano controle de inmediato las emisiones, pues ni siquiera ha invertido en la Estrategia de Metales Pesados, que busca controlarlas. "Que proteja la salud de los habitantes, que controle las emisiones y operaciones del complejo, que haga cumplir la Ley", pide Veramendi.
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Al Gore: Colombia debe elegir entre el oro y el agua
Colombia enfrenta una elección crucial para su futuro. Debe escoger entre proteger sus páramos, fuente de agua para millones de personas, o autorizar minería a gran escala en esos frágiles ecosistemas. AIDA, junto con sus organizaciones aliadas, está trabajando para convencer a las autoridades de elegir el agua. Esta causa ha ganado recientemente un nuevo seguidor: Al Gore. El exvicepresidente de EE.UU., laureado con el Premio Nobel de la Paz por su éxito en crear conciencia sobre el cambio climático, sacó a relucir el tema de la minería en los páramos, ecosistemas de alta montaña, en abril. “Colombia tiene que escoger entre el oro en los páramos y ganancias para unos cuantos, o el agua potable que abastece a todos sus ciudadanos”, dijo en una cumbre internacional sobre el ambiente en Bucaramanga, una ciudad ubicada al noreste de Colombia que obtiene su agua del Páramo de Santurbán. Hemos instado al Gobierno colombiano a proteger éste y otros páramos de la minería debido a que de ellos proviene el 85% del agua del país. ¿Será posible que ello ocurra? Por ley, el gobierno debe mantener a la minería fuera de los páramos. Pero para hacer esto, los límites de esos ecosistemas deben ser delimitados en un mapa. Esto plantea un problema. En abril, el gobierno dio a conocer un mapa que muestra que el Páramo de Santurbán se extiende sobre 42,000 hectáreas. Eso es más que las 11,000 hectáreas de estimaciones previas, pero solo cerca de la mitad de las 82,000 hectáreas medidas por el Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, un centro independiente de investigación que empleó un mapa de escala mayor que el gobierno. Esa escala proporciona mayores detalles y da cuenta que el páramo se extiende mucho más allá. El gobierno no ha adoptado una medición oficial, dejando partes importantes del páramo abiertas a la minería, una industria que se promueve para impulsar el crecimiento económico. ¿Pero a qué costo? La minería a gran escala causará daños irreversibles a estos páramos ricos en flora que no sólo proveen agua a millones de personas, sino que además ayudan a mitigar los efectos del cambio climático al capturar emisiones de carbono. Gore fue claro respecto de la elección que recomienda para Colombia y para cualquier país que se debata entre cuestiones de crecimiento económico y la protección del ambiente. “Sin planeta, no hay economía que valga la pena”, dijo. Tú puedes ayudarnos a difundir este mensaje haciendo un donativo y firmando nuestra petición para que podamos continuar nuestra lucha para salvar los páramos colombianos. ¡Gracias!
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