AIDA avanza en su estrategia de comunicación digital para profundizar y ampliar el debate sobre la dura e interesante labor de proteger el ambiente en el continente.
Leer másPor Astrid Puentes Riaño, co-directora de AIDA, @astridpuentes Brasil busca ser pionero en desarrollo social y ambientalmente sostenible mediante, por ejemplo, el uso de energías limpias. La presidenta Dilma Rousseff lo ha reiterado, queriendo continuar con la línea verde del ex-presidente Lula da Silva, y fortaleciendo la protección de derechos humanos. El "desarrollo verde" será central en la Conferencia de Río+20, en junio, y se considerará en la Copa del Mundo de 2014 y las Olimpiadas de 2016, eventos organizados por Brasil. Al mismo tiempo, el Gobierno brasileño inició la polémica construcción de Belo Monte en el río Xingú, que sería la tercera más grande del mundo. Las obras comenzaron contrariando solicitudes de suspensión del proyecto de entidades políticas, jurídicas y técnicas, internacionales y nacionales, y en contra de las comunidades. Además, Brasil pretende construir 11 represas más en países vecinos para importar energía. ¿El discurso se volverá realidad? La hidroeléctrica costaría USD$15billones y generaría normalmente 4mil MW y un máximo cercano a 11 mil MW. Según el gobierno, la energía es esencial para asegurar la demanda nacional y brindará también desarrollo en Altamira, municipio donde se construye la obra. Pero Belo Monte afectará a entre 20 y 40 mil personas de comunidades indígenas y ribereñas, y pueblos en aislamiento voluntario, causando graves daños socioeconómicos. Se inundarían más de 500km2, causando la pérdida irreversible del bioperso ecosistema de Volta Grande del río Xingú, uno de los más importantes tributarios del río Amazonas. La represa y la biomasa inundada emitirían grandes cantidades de metano (gas 25 veces más dañino para el cambio climático que el dióxido de carbono). Incluso estudios económicos expertos concluyeron que hay sólo 28% de probabilidades que la represa sea financieramente viable. El proyecto ha sido muy controversial que incluso dos presidentes del Instituto Brasilero del Ambiente (IBAMA, entidad federal ambiental) renunciaron en 2009 y 2010, argumentando presiones para aprobar la represa. Otros funcionarios han sido callados o sus informes técnicos, ignorados. En 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitó suspender la obra para proteger los derechos de las comunidades indígenas. La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de Brasil, la Sociedad Brasilera para el Progreso de la Ciencia, la Asociación Brasilera de Antropología, 350 científicos brasileros y cientos de organizaciones nacionales e internacionales también pidieron suspender obras y acatar la ley. El Ministerio Público Federal (organismo de protección de derechos humanos) ha presentado más de diez demandas contra el proyecto argumentado, entre otros, falta de consulta a las comunidades indígenas, evaluaciones ambientales inapropiadas, e incumplimiento de la normatividad. El IBAMA multó a la empresa por incumplimiento y FUNAI (entidad federal de protección de los derechos indígenas) evidenció la desprotección a las comunidades indígenas en aislamiento voluntario; falta de reconocimiento y saneamiento de las tierras indígenas y de otras; y ausencia de compensación por los daños causados. Tampoco se han calculado las emisiones de metano y dióxido de carbono, causantes de cambio climático. A pesar de ello, el gobierno sigue construyendo la represa, argumentado que las solicitudes de suspensión son infundadas. Me pregunto si realmente todas son infundadas… Al final, ¿cuánto realmente costarán los entre 4 y 11mil MW? En la era de la tecnología, de las energías renovables y de innovaciones energéticas, ¿será realmente necesario inundar un área semejante a la ciudad de Chicago para dar energía a unos miles de hogares e industrias?, ¿podrá (y querrá) Brasil superar el reto y demostrar que es posible lograr el desarrollo sin sacrificar miles de personas y áreas ambientalmente esenciales, como el Amazonas? Las respuestas quedan en cancha brasilera. Brasil debería demostrar su liderazgo y no arriesgar su prestigio ambiental, justo con los ojos del mundo puestos en sus decisiones; debería probar que su discurso de sostenibilidad y respeto a los derechos humanos va en serio. Visite esta impresionante galería de fotos con imágenes de las obras y los desplazamientos de personas que ocurren en estos días: Primera colaboración BLOG DE AIDA: Esta es la primera colaboración del nuevo espacio de reflexión, el "Blog de AIDA". Invitamos a nuestros lectores a estar atentos a los nuevos envíos que se publicarán los lunes y miércolesa cargo de los miembros del equipo. También les pedimos que nos compartan ideas para ponerle un nombre. Los interesados pueden enviar un correo electrónico a [email protected]
Leer másLa reducción dramática de acceso al agua representa uno de los impactos más graves. La inestabilidad del clima limitará el acceso al agua a millones de personas en la región tropical andina. AIDA urge medidas para proteger los derechos humanos.
Leer másPresentan el informe sobre la forma en que ese país ha violado garantías individuales por la construcción de grandes represas en ese país durante 2012.
Leer másEl nombramiento es un reconocimiento bien merecido a un hombre que ha dedicado su vida a defender derechos humanos y el medio ambiente. Su nueva posición no será sencilla.
Leer másLlaman a tomar medidas para proteger los derechos humanos de las comunidades más vulnerables.
Leer más
Este informe muestra cómo el cambio climático global ya está afectando negativamente el disfrute de los derechos humanos en América Latina y la alta probabilidad de que estos impactos se agraven en el futuro.
Leer más
En junio de 2010, el Gobierno de Panamá sancionó la Ley 30, conocida también como "Ley Chorizo, la cual dictaba medidas para promover el desarrollo de la aviación comercial en ese país. Una de ellas era la eliminación de las evaluaciones de impacto ambiental para obras que sean declaradas de interés social. La norma introducía reformas en los códigos Penal, de Trabajo y el de Justicia, y en seis leyes, incluidas la Ley Orgánica de la Policía, la de Contrataciones Públicas y la del Medio Ambiente. Estas modificaciones causaron grandes manifestaciones públicas entre junio y julio de 2010 por parte de la sociedad civil panameña, las cuales fueron objeto de una violenta represión. La situación fue tan seria que muchos panameños expresaron su indignación. “Nos recuerda lo vivido durante la dictadura de Noriega”, comentó Jacob Kopas, abogado de AIDA. Entre otras cuestiones, la ley le restaba control a la actividad del Ejecutivo en materia ambiental y limitaba el derecho sindical a realizar huelgas y llevar a cabo convenios colectivos de trabajo. La polémica norma establecía también que cuando un policía sea denunciado o querellado por la presunta comisión de un delito en el cumplimiento de su deber, por motivos de uso excesivo de la fuerza, no se ordenaría su detención preventiva ni se decretaría la suspensión provisional de su cargo. En el pasado, el Gobierno panameño había declarado su intención de remplazar las evaluaciones de impacto ambiental (EIA) por mejores prácticas como una forma de eliminar impedimentos para la inversión extranjera y el desarrollo. Las EIAs, cuya aplicación es obligatoria prácticamente en todos los países del mundo, constituyen un documento de salvaguarda esencial que previene proyectos potencialmente perjudiciales para el ambiente. En septiembre de 2010, gracias a la incansable presión de la sociedad civil, el Gobierno panameño subrogó la Ley 30 con otra ley. Sin embargo, a más de un año de esto, aún no se ha emitido el reglamento. Debido a la tardanza, la nueva ley carece de efecto práctico, aunque se espera que los proyectos que requieran evaluación de impacto ambiental no queden exentos de ella. Además, el borrador del reglamento debe ser sometido a participación ciudadana, a fin de definir cuáles proyectos no requerirán EIA. Ante tal situación, todavía existe cautela sobre las potenciales amenazas al ambiente y a los derechos humanos que la falta de EIA podría implicar. En AIDA estaremos atentos al tema y apoyaremos a las organizaciones panameñas, en especial al Centro de Incidencia Ambiental de Panamá, nuestra organización amiga, con herramientas de derecho ambiental internacional.
Leer másAutoridades ambientales no aplicaron solicitud del organismo internacional regulador para proteger humedales que podrían sufrir afectaciones a su ecosistema por complejos turísticos en la costa de Sinaloa y Nayarit.
Leer más