El Proyecto de Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 que debilitaría el procedimiento de licencias ambientales y pondría en riesgo importantes riquezas naturales de dicho país.
Leer másComisión Interamericana de Derechos Humanos considera que los pueblos indígenas deben ser consultados ANTES del inicio de las obras.
Leer másColombia ha señalado que no se permitiría la construcción de una de las minas a cielo abierto de oro y otros metales más grande del hemisferio.
Leer másLa CIDH, órgano de derechos humanos de la OEA solicita investigaciones oficiales mientras que las comunidades realizan manifestaciones importantes.
Leer másAIDA hará llegar al gobierno colombiano su escrito de intervención sobre las obligaciones internacionales y constitucionales del Estado colombiano de proteger los páramos, que no pudo presentar en la suspendida audiencia.
Leer másDesconocería obligaciones constitucionales internacionales.
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25 de noviembre de 2010, San José, Costa Rica – El Tribunal Contencioso Administrativo sentó un histórico precedente en la región al cancelar ayer la concesión otorgada a Industrias Infinito para desarrollar el Proyecto Minero de Oro Crucitas, en Curtis de San Carlos. El Tribunal anuló esta concesión porque viola las normas y por el daño ambiental que causó la empresa. “Celebramos la decisión del Tribunal pues hace cumplir las normas nacionales e internacionales a un proyecto que pretendía imponerse contra la ley”, dijo Gladys Martínez De L., abogada costarricense de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). “Felicitamos a las organizaciones ambientales nacionales, especialmente a nuestra organización participante el Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (CEDARENA), por el incansable esfuerzo en este proceso judicial en la defensa del ambiente”, agregó Martínez. “Esperamos que este ejemplo de Costa Rica sea imitado por otros Estados”, dijo Astrid Puentes R., Co-Directora de AIDA. “Las minas a cielo abierto son casos reiterados de daños ambientales irreparables y violaciones a los derechos humanos, por lo cual el estricto cumplimiento de las leyes es esencial”, agregó Puentes. En agosto de 2008 AIDA envió al entonces Presidente de Costa Rica, Sr. Oscar Arias, un documento alertando acerca de las violaciones al derecho internacional que el Proyecto Crucitas implicaría, dada la posible afectación a territorio nicaragüense y al Río San Juan. La reciente decisión del Tribunal está en la línea de los argumentos de AIDA y reitera la importancia de cumplir con estos requerimientos. De hecho, el Tribunal en la decisión de ayer, recomendó al Ministerio Público investigar penalmente al ex Presidente Arias por haber autorizado el proyecto contrario a las normas mediante un Decreto del Ejecutivo. AIDA es una organización no gubernamental de derecho ambiental internacional que ha luchado por la prevención de los impactos de la minería a cielo abierto en el continente americano, como parte de su misión para proteger el derecho al medio ambiente sano de las personas y comunidades. AIDA trabaja con organizaciones participantes en el hemisferio, así como con otras organizaciones y comunidades para cumplir con su misión. Para conocer más sobre nuestro en minería por favor visite: http://www.aida-americas.org/en/freshwater
Leer másPARA PUBLICACIÓN INMEDIATA Noviembre 11, 2010 Contactos: Astrid Puentes Riaño, AIDA - +1 510 984 4610, (5255) 52120141 [email protected] Andressa Caldas, Justiça Global: +55 21 2544 2320 / 21 8187 0794, [email protected] Renata Pinheiro, Movimiento Xingu Vivo para Sempre: + 55 93 9172 9776, [email protected] Christian Poirier, Amazon Watch: +1 510-666-7565, [email protected] Ahora que el Gobierno se prepara para otorgar la Licencia Previa de Instalación, las comunidades urgen a la CIDH que evite las violaciones a derechos humanos Washington, D.C., Brasil- El día de hoy, organizaciones de derechos humanos y ambientales solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en representación de las comunidades afectadas y con carácter urgente, medidas cautelares para la suspensión de la hidroeléctrica Belo Monte en el Río Xingú, Pará, Brasil. Argumentan graves e irreversibles amenazas a los derechos de por lo menos cuatro comunidades indígenas y ribereñas por la construcción inminente de la que sería la tercera represa más grande del mundo. La petición fue presentada por el Movimiento Xingú Vivo Para Siempre (MXVPS), el Consejo Indigenista Misionario (CIMI), Justiça Global, Prelazia do Xingu, la Sociedad Paranense de Derechos Humanos (SDDH) y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), con la participación de más de veinte organizaciones y movimientos sociales que la apoyan. “A pesar de la gravedad e irreversibilidad de los impactos de la obra para las comunidades locales, no fueron realizadas medidas adecuadas para garantizar la protección de los derechos y del ambiente” concluye la petición. "El gobierno afirma que los Juruna no serán afectados, pero no lo creemos. No fuimos consultados y no queremos que hablen por nosotros. Estamos en contra de esta represa y estamos empeñados en la lucha con nuestros cuerpos y almas para defender nuestra vidas y la vida de nuestro río", afirmó Sheyla Juruna indígena de los Juruna do km 17. La denuncia destaca los inminentes impactos para las comunidades Arroz Cru, Arara da Volta Grande, Juruna do Km 17 y Ramal das Penas, entre otras. También resalta problemas graves como el posible desplazamiento forzado, sin el consentimiento previo, libre e informado de las comunidades, amenazas a la seguridad alimentaria, al acceso al agua potable, a la vida, la supervivencia y al ambiente. Uno de los principales problemas es que el gobierno no tiene certeza de los impactos a las comunidades del Río Xingú. La petición se fundamenta en informes de órganos federales como el Instituto Brasileño para el Medio Ambiente (IBAMA) y el Ministerio Público, así como en opiniones técnicas de especialistas. Estos concluyen que Belo Monte ocasionaría el aumento de enfermedades y de la pobreza en la zona, además de causar la llegada masiva y desordenada de migrantes que sobrecargarían los precarios servicios públicos de la región, entre otros. “Nos preocupa la manera en que el gobierno de Brasil está ignorando los estándares nacionales e internacionales para acelerar este proyecto, aún a costa de los derechos humanos y del ambiente”, afirmó Astrid Puentes Riaño, codirectora de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). “Seguir adelante sin tomar las precauciones requeridas por la normatividad internacional resultaría en la afectación de miles de personas y la destrucción irreversible de una zona muy importante para el Amazonas y el mundo”. Por tratarse de un pedido urgente de medidas cautelares por un riesgo de violaciones inminentes a los derechos humanos, la CIDH, un órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA), exigiría inmediatamente esclarecer los hechos al Estado brasileño. En caso de que la solicitud sea concedida, el Gobierno Federal deberá cumplir con lo ordenado por la CIDH en su resolución. En otros casos de grandes proyectos de infraestructura en el hemisferio, la CIDH concedió medidas cautelares requiriendo la suspensión, entre otros, de la construcción de la gran represa Chan-75 en Panamá en 2009, y también la suspensión de un proyecto minero en Guatemala en mayo pasado, debido a las amenazas para los derechos humanos. ### Para más información acerca de la Represa Belo Monte, visite: http://xingu-vivo.blogspot.com http://www.aida-americas.org http://www.internationalrivers.org http://amazonwatch.org /
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