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Foto: UNFCCC

Siguiendo las negociaciones climáticas en la ONU

Los fenómenos derivados de los cambios en el clima son cada vez más extremos e impactan con mayor dureza a comunidades de países en desarrollo. Vigente desde 1994, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático establece acciones para limitar el incremento de la temperatura promedio global y enfrentar los efectos de la crisis climática.

Los países parte de la Convención y del Acuerdo de París se reúnen cada año en la llamada Conferencia de las Partes (COP) para revisar sus compromisos, los avances en el cumplimiento de los mismos y los desafíos pendientes en la lucha global contra la crisis climática.

El Acuerdo de París fue adoptado en la COP21 de 2015. Busca fortalecer la respuesta mundial ante la emergencia climática, estableciendo un marco común de trabajo para todos los países en función de sus capacidades y mediante la presentación de Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) que permitan:

  1. Limitar el aumento de las temperaturas globales a 2°C en comparación con los niveles preindustriales y continular los esfuerzos para limitarlo a 1,5°C;
  2. Aumentar la capacidad de los países para adaptarse a los impactos del cambio climático; y
  3. Garantizar que el financiamiento responda al objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

 

Nuestras áreas de trabajo

CRISIS CLIMÁTICA Y DERECHOS HUMANOS

La crisis climática, por su carácter transversal, tiene repercusiones en distintos ámbitos, geografías, contextos y personas. En ese sentido, el preámbulo del Acuerdo de París señala que es obligación de los Estados "respetar, promover y tener en cuenta sus respectivas obligaciones relativas a los derechos humanos, el derecho a la salud, los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales, los migrantes, los niños, las personas con discapacidad y las personas en situaciones vulnerables y el derecho al desarrollo, así como la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional".

A través del litigio climático y la incidencia política, AIDA trabaja para lograr una transición energética justa y respetuosa de los derechos humanos y con enfoque de género.

 

AIDA en las COP

COP25: Chile-Madrid 2019

En la COP25, celebrada en Madrid, España, abogamos por la inclusión de la perspectiva de derechos humanos en diversos temas de la agenda. Promovimos la incorporación de amplias salvaguardas socioambientales en la reglamentación del artículo 6 del Acuerdo de París, referido a los mercados de carbono. Seguimos de cerca la adopción del Plan de Acción de Género, así como la Red de Santiago, creada “para catalizar la asistencia técnica […] en países en desarrollo que son particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático”.  Impulsamos además la inclusión en los compromisos climáticos de los países de metas ambiciosas y medibles de reducción de los contaminantes climáticos de vida corta.

COP26: Glasgow 2021

AIDA asistió a la COP26 en Glasgow, Escocia, llevando la voz de América Latina. Tras la cancelación de las negociaciones en 2020, la COP26 generó un momento importante para retomar las acciones de incidencia en cuanto al aumento de la ambición climática y el cierre del libro de reglas del Acuerdo de París. AIDA abogó por la inclusión de los más altos estándares de derechos humanos en las decisiones relativas a los mercados de carbono, el financiamiento climático y la regulación de las pérdidas y daños. Durante nuestra participación, brindamos información de fácil acceso sobre estos temas a nuestros aliados y socios en la región. Además, expusimos los avances del litigio climático en América Latina junto con nuestros aliados de Climate Action Network (CAN) y Climate Action Network Latin America (CANLA), entre otras otras redes y grupos de trabajo.

 

Partners:


Protegiendo Los Humedales: Una Infografía Ramsar

Los humedales están bajo amenaza en todo el mundo debido a cambios en el uso del suelo, la contaminación y el desarrollo no sostenible. La Convención Ramsar es un tratado intergubernamental que trabaja para proteger los humedales más allá de las fronteras internacionales, y aboga por su uso racional. Esta infografía detalla por qué los humedales son tan importantes y cómo el cumplimiento de la Convención Ramsar puede ayudarnos a proteger estos ecosistemas sensible y vitales.    

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Defendiendo los derechos de las mujeres para lograr justicia ambiental

Pese a que las mujeres lideran gran parte de las luchas por la defensa y conservación de la naturaleza en todo el mundo, con frecuencia son excluidas de las decisiones sobre el uso de la tierra, el agua y otros recursos naturales. Además, son las principales afectadas cuando proyectos inadecuadamente implementados contaminan el aire y el agua, y causan desplazamientos forzados y otros daños. El cambio climático les afecta también de manera diferente y, muchas veces, más grave. En esos casos, las mujeres —particularmente indígenas— son altamente vulnerables a perder sus modos de vida, sus ingresos y sus hogares. En AIDA trabajamos en la defensa legal del ambiente y de los derechos humanos desde una perspectiva de género, reconociendo que combatir las desigualdades y los daños diferenciados que afectan a las mujeres es fundamental para conseguir justicia ambiental en América Latina. “El enfoque de género permite defender los derechos de las mujeres de forma integral, comprendiendo que los riesgos y daños, así como las políticas para enfrentarlos, son diferentes para hombres y mujeres”, explica Liliana Ávila, abogada sénior. “Hacer visible esto ayuda a romper con escenarios de discriminación y garantizar el derecho a la igualdad de manera efectiva”. Elevando la voz de las mujeres Trabajando bajo el enfoque de género en Guatemala, dice Liliana, ha sido una experiencia profesional fascinante que le permitió entender cómo el daño ambiental tiene impactos diferentes en hombres y mujeres, que las mujeres entienden de otras formas el territorio y lo que pasa en él. En ese país, en la microrregión de Ixquisis, la construcción de las represas Pojom II y San Andrés ha dañado las fuentes de agua, provocando enfermedades y perjudicando la pesca y la agricultura, actividades de subsistencia para los habitantes de la zona, en su mayoría mujeres indígenas de ascendencia maya.  “Por ello es necesario promover metodologías y espacios que hagan visibles las voces de las mujeres, posibiliten y fortalezcan su participación, evidencien las afectaciones diferenciadas que sufren y promuevan trasformaciones para garantizar sus derechos”, afirma. AIDA apoya legalmente la defensa de los ríos y la oposición de las mujeres de Ixquisis a las represas, ante tribunales nacionales y ante el Banco Interamericano de Desarrollo, que financia ambos proyectos incumpliendo sus propias políticas operativas. Nuestro trabajo en Guatemala es posible gracias a la Global Alliance for Green and Gender Action (GAGGA), que apoya la colaboración entre movimientos y organizaciones de base para reforzar su papel en la defensa y promoción de los derechos de las mujeres y de la justicia ambiental. Desde 2016, la alianza proporciona fondos a movimientos de mujeres y organizaciones ambientales a nivel nacional, regional y mundial en más de 30 países de América Latina, África, Asia y Europa. El rol de las mujeres en la defensa ambiental Al trabajar de la mano de comunidades en toda la región, las y los abogados de AIDA conocen de cerca el rol fundamental que las mujeres cumplen en la protección del ambiente y contribuyen a generar igualdad para ellas. “En el caso de la defensa del río San Pedro Mezquital, en Nayarit, he identificado el papel clave de las mujeres de comunidades indígenas en el cuidado del agua”, cuenta Camilo Thompson, abogado de AIDA en México. “Y en la región del Golfo de California, he conocido a mujeres que lideran los esfuerzos hacia un manejo pesquero adecuado”. Claudia Velarde, abogada de AIDA en Bolivia, dice que en su país se ha reconocido ya que las mujeres campesinas producen mayor cantidad de alimentos, por lo que sus experiencias, visiones y conocimientos deben ser incorporados en las políticas públicas alimentarias. “Personalmente ha sido muy enriquecedor trabajar con mujeres y desde la perspectiva de la mujer. Tuve la oportunidad de conocer a grandes mujeres que luchan por la defensa de sus territorios en contra de actividades extractivas como el fracking, lo cual me ayudó a entender que los impactos de una misma actividad son vividos de forma distinta según los roles sociales asignados”.  

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Presas de desechos mineros: Una historia de fallas

Nuevamente la tragedia se cierne sobre Brasil. El viernes pasado y por segunda ocasión en menos de cuatro años, una presa de desperdicios mineros se rompió en el estado brasileño de Minas Gerais —esta vez en el municipio de Brumadinho—, dejando un saldo catastrófico, humano y ambiental. Otra vez las pérdidas son incalculables. Otra vez lamentamos desapariciones y muertes; y vemos nuevamente con desconcierto imágenes similares: personas, las que sobrevivieron y las que no, siendo evacuadas en helicóptero; árboles, animales, casas y ríos cubiertos por lodo tóxico. Una vez más, la naturaleza y la sociedad terminan dañadas, desgarradas. Como si de un bucle interminable se tratara, la tragedia se repite en Minas Gerais. Cinco incidentes similares al de Brumadinhho, al menos de los que se tiene constancia, ocurrieron en 1986, 2001, 2007, 2014 y 2015[1]. La tragedia de 2015, ocurrida en noviembre de ese año cerca de la ciudad de Mariana, es considerada el desastre ambiental más grave en la historia de Brasil. Destruyó el pueblo de Bento Rodrigues y contaminó la cuenca del río Doce y el océano Atlántico. UN TRÁGICO CICLO Lejos de ser eventos aislados, las fallas de presas de relaves mineros se han convertido en sucesos comunes y las estadísticas sugieren que ocurrirán muchas más en el futuro. Como toda obra de infraestructura, una presa tiene cierta vida útil, un periodo de funcionamiento adecuado que tiene un inicio y un final. Ese periodo depende de que su diseño, ejecución y mantenimiento sean adecuados, algo que muchas veces no ocurre. Gracias al Proyecto Uranium del Servicio Mundial de Información sobre Energía (WISE, por sus siglas en inglés), sabemos que en los últimos 30 años, entre 1988 y 2018, se han registrado 73 accidentes o incidentes en presas de desechos mineros (relaves) en todo el mundo. La lista de países afectados la lidera Estados Unidos, con 17; seguido por China, con 8; y Filipinas, con 7. La base de datos del proyecto da cuenta de los principales accidentes e incidentes, incluyendo rompimientos, sobrepasos, colapsos y fallos parciales, ruptura de geomembranas, etc. Estas cifras nos deben llevar a reflexionar sobre la gran minería a cielo abierto, en particular la de metales, que requiere de este tipo de presas y depósitos. En vez de seguir construyendo minas, ¿no es mejor concentrar nuestros esfuerzos en recuperar y reutilizar los metales que desechamos? ¿Cuándo vamos a transitar a una economía circular que evite estas catástrofes? ¿Cuántos desastres más podrán nuestros ecosistemas y nuestras poblaciones soportar? Con frecuencias, las comunidades en donde se implementan proyectos mineros no tienen información objetiva y suficiente sobre sus beneficios y perjuicios. Romper con esa brecha es urgente. En AIDA contribuimos a esa tarea brindando información útil sobre los daños potenciales de la minería, y usándola para fortalecer las acciones legales emprendidas para proteger a personas y entornos naturales. Es urgente que tanto el sector gubernamental como el no gubernamental y el privado hagan lo necesario para evitar más tragedias, para anteponer el valor de las personas y de la naturaleza al rédito económico. Para más información, consulta la base de datos de accidentes de presas de relaves (en inglés): http://www.wise-uranium.org/mdaf.html   [1] Itabirito (1986), Sebastião das Águas Claras (junio 22 de 2001), Miraí (enero 10 de 2007), Herculano (septiembre 10 de 2014), Mariana (noviembre 5 de 2015).  

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