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Foto: UNFCCCSiguiendo las negociaciones climáticas en la ONU
Los fenómenos derivados de los cambios en el clima son cada vez más extremos e impactan con mayor dureza a comunidades de países en desarrollo. Vigente desde 1994, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático establece acciones para limitar el incremento de la temperatura promedio global y enfrentar los efectos de la crisis climática.
Los países parte de la Convención y del Acuerdo de París se reúnen cada año en la llamada Conferencia de las Partes (COP) para revisar sus compromisos, los avances en el cumplimiento de los mismos y los desafíos pendientes en la lucha global contra la crisis climática.
El Acuerdo de París fue adoptado en la COP21 de 2015. Busca fortalecer la respuesta mundial ante la emergencia climática, estableciendo un marco común de trabajo para todos los países en función de sus capacidades y mediante la presentación de Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) que permitan:
- Limitar el aumento de las temperaturas globales a 2°C en comparación con los niveles preindustriales y continular los esfuerzos para limitarlo a 1,5°C;
- Aumentar la capacidad de los países para adaptarse a los impactos del cambio climático; y
- Garantizar que el financiamiento responda al objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Nuestras áreas de trabajo
CRISIS CLIMÁTICA Y DERECHOS HUMANOS
La crisis climática, por su carácter transversal, tiene repercusiones en distintos ámbitos, geografías, contextos y personas. En ese sentido, el preámbulo del Acuerdo de París señala que es obligación de los Estados "respetar, promover y tener en cuenta sus respectivas obligaciones relativas a los derechos humanos, el derecho a la salud, los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales, los migrantes, los niños, las personas con discapacidad y las personas en situaciones vulnerables y el derecho al desarrollo, así como la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional".
A través del litigio climático y la incidencia política, AIDA trabaja para lograr una transición energética justa y respetuosa de los derechos humanos y con enfoque de género.
AIDA en las COP
COP25: Chile-Madrid 2019
En la COP25, celebrada en Madrid, España, abogamos por la inclusión de la perspectiva de derechos humanos en diversos temas de la agenda. Promovimos la incorporación de amplias salvaguardas socioambientales en la reglamentación del artículo 6 del Acuerdo de París, referido a los mercados de carbono. Seguimos de cerca la adopción del Plan de Acción de Género, así como la Red de Santiago, creada “para catalizar la asistencia técnica […] en países en desarrollo que son particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático”. Impulsamos además la inclusión en los compromisos climáticos de los países de metas ambiciosas y medibles de reducción de los contaminantes climáticos de vida corta.
COP26: Glasgow 2021
AIDA asistió a la COP26 en Glasgow, Escocia, llevando la voz de América Latina. Tras la cancelación de las negociaciones en 2020, la COP26 generó un momento importante para retomar las acciones de incidencia en cuanto al aumento de la ambición climática y el cierre del libro de reglas del Acuerdo de París. AIDA abogó por la inclusión de los más altos estándares de derechos humanos en las decisiones relativas a los mercados de carbono, el financiamiento climático y la regulación de las pérdidas y daños. Durante nuestra participación, brindamos información de fácil acceso sobre estos temas a nuestros aliados y socios en la región. Además, expusimos los avances del litigio climático en América Latina junto con nuestros aliados de Climate Action Network (CAN) y Climate Action Network Latin America (CANLA), entre otras otras redes y grupos de trabajo.
Proyectos relacionados
Comunidades en Chile avanzan hacia la protección de la Patagonia de los daños de la salmonicultura
Consiguieron el congelamiento temporal de las concesiones para nuevas granjas de salmón en la Región de Magallanes. Desde AIDA consideramos que es una señal positiva para la protección de esa zona prístina de los daños ya documentados de la industria del salmón. Instamos al gobierno a seguir ese camino. Santiago de Chile. Según informaron medios locales, la entrega de concesiones por parte del gobierno para la instalación de nuevas granjas de salmón en la Región de Magallanes, en plena Patagonia, quedó congelada temporalmente debido a que comunidades Kawésqar solicitaron un nuevo Espacio Costero Marino Protegido para Pueblos Originarios, instrumento contemplado en la legislación nacional, en gran parte de las aguas de la zona. “Aunque se trata de una medida provisional, es una señal positiva hacia la protección de la región más prístina de Chile”, dijo Gladys Martínez, abogada sénior del Programa de Biodiversidad Marina y Protección Costera de AIDA. “El logro de las comunidades va en línea con el trabajo que estamos haciendo y con la evidencia científica sobre los daños ya causados por la producción industrial de salmón en Magallanes”. En mayo del año pasado, AIDA presentó una una denuncia ante la Superintendencia del Medio Ambiente de Chile, solicitando que investigue los daños que la industria del salmón está generando en esa región y que sancione a las empresas responsables. Y en enero de este año, difundió un informe científico, elaborado para la organización por un experto, que presenta un análisis detallado de la situación. Entre otras cosas, el documento evidencia que las granjas ubicadas en Magallanes fueron autorizadas sin evaluaciones científicas previas para asegurar que no causarían daños a la vida marina. Concluye además que más de la mitad de las granjas que están actualmente en operación, han generado la falta total o parcial de oxígeno en las aguas, lo que afecta gravemente la vida marina; y que al menos nueve de ellas están ubicados en áreas naturales protegidas. “Esperamos que, inspirado por la fuerza con la que las comunidades defienden su entorno natural, el gobierno chileno garantice la protección duradera de las aguas de la Patagonia”, señaló Florencia Ortúzar, abogada de AIDA. “Para ello es necesario investigar y sancionar los daños causados por la industria salmonera y anteponer la preservación de ecosistemas únicos a intereses económicos particulares”. Encuentra aquí más información del caso.
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Brasil deve responder à CIDH por violações dos direitos humanos causados pela Usina de Belo Monte
Organizações que representação as comunidades afetadas enviam argumentos finais à Comissão Interamericana de Direitos Humanos como parte do processo contra o Estado brasileiro. Foram encaminhadas denúncias sobre o deslocamento forçado de indígenas e ribeirinhos, a mortandade de peixes, as violações sofridas pelas mulheres e as ameaças à sobrevivência das comunidades da região. Washington D.C., Estados Unidos e Altamira, Brasil. Organizações da sociedade civil apresentaram suas alegações finais no caso da Usina de Belo Monte à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, como parte da denúncia formal contra o Estado brasileiro pelas violações de direitos humanos causadas pela construção da hidrelétrica. Os documentos apresentam os danos causados aos povos indígenas, comunidades ribeirinhas e os moradores de Altamira, a cidade mais próxima da hidrelétrica. "As violações de direitos humanos continuam acontecendo. Desejamos que a Comissão seja célere e que anuncie sanções ao governo brasileiro com a finalidade de garantir nossos direitos", declarou Antônia Melo, coordenadora do Movimento Xingu Vivo para Sempre. O relatório apresentado à Comissão mostra que os danos causados pela barragem é resultado de uma falta de previsão, avaliação adequada e do descumprimento das condições impostas pelo governo para a sua implementação. Os riscos relatados antes de sua construção são hoje danos que afetam homens e mulheres de diferentes faixas etárias. "O informe é um passo vital para os povos do rio Xingu tenham justiça. O Brasil deve responder pelas violações cometidas e impedir que isso aconteça novamente", explicou Astrid Puentes Riaño, co-diretora da Associação Interamericana para a Defesa do Ambiente (AIDA). A AIDA, em conjunto com a Sociedade Paraense de Defesa dos Direitos Humanos (SDDH) e a Justiça Global, representa as comunidades afetadas perante a Comissão. As organizações também comprovam o deslocamento forçado sofrido por povos indígenas e comunidades ribeirinhas, que tiveram que deixar seus territórios sem opções de realocação adequadas, o que coloca em risco sua sobrevivência. Comunidades dedicadas à pesca estão entre a população mais afetadas e até hoje não foram compensadas pela perda de seus meios de subsistência. A barragem causou a morte em massa de peixes e, embora as autoridades tenham imposto milhões em multas, o problema não foi resolvido, como evidencia o relatório. Os pescadores agora tem uso limitado do rio Xingu em termos de fonte de alimento, sustento, transporte e recreação. No relatório, as organizações documentam, entre outros sérios danos, o desaparecimento de ofícios tradicionais, como o de tijoleiros, e de práticas culturais tradicionais. Algumas mulheres, por exemplo, pararam de dar à luz em suas casas e agora precisam ir para um hospital. A perspectiva é pior porque os serviços de saúde e educação em Altamira estão saturados devido ao aumento populacional causado pela barragem. A queixa contra o Brasil perante a Comissão foi apresentada em 2011, ano em que a agência outorgou medidas urgentes de proteção aos povos indígenas afetados. O caso começou formalmente em dezembro de 2015. Em outubro do ano passado, para acelerar o processo, a Comissão decidiu excepcionalmente fundir duas etapas que, como regra geral, são processadas separadamente. Nesse contexto, as organizações apresentaram suas alegações finais e o Estado também deve fazê-lo para que a Comissão tome uma decisão. "Nós esperamos que, assim que possível, a Comissão remeta o caso à Corte Interamericana de Direitos Humanos e que, em seu relatório sobre o mérito, recomende que o Estado brasileiro adote as medidas necessárias para proteger a vida, a integridade e o direito de propriedade da comunidades indígenas e ribeirinhas afetadas pela hidrelétrica ", afirma Raphaela Lopes, advogada da Justiça Global. "Depois de serem submetidos a todos os tipos de violações, essas comunidades precisam de reparação integral porque viram seus direitos violados desde as origens do projeto; o seu direito à consulta livre, prévia e informada não foi respeitado", completa. A Comissão deve preparar um relatório no qual conclua se houve ou não violações de direitos humanos e pode emitir recomendações para o Brasil repará-las. Se não for atendido, poderá remeter o caso à Corte, que tem o poder de emitir uma sentença condenando o Brasil e recomendar medidas de reparação. Embora a barragem esteja em operação desde o início de 2015, sua construção ainda não foi concluída devido a suspensões judiciais decorrentes do descumprimento das condições estabelecidas nas outorgas concedidas. O Estado brasileiro ainda pode evitar mais danos, por isso, é importante uma decisão imediata da Comissão. Saiba mais Contatos com a imprensa: Raphaela Lopes (Brasil), Justiça Global, [email protected], + 55 21 99592-7017 Víctor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107
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Brasil debe responder ante la CIDH por violaciones de derechos humanos derivadas de la represa Belo Monte
En representación de las comunidades afectadas, organizaciones enviamos argumentos finales a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como parte del caso contra el Estado brasileño. Presentamos evidencia científica sobre el desplazamiento forzado de pueblos indígenas y comunidades ribereñas, la muerte masiva de peces, daños diferenciados a hombres y mujeres, y amenazas a la sobrevivencia de las comunidades de la zona, ubicada en plena Amazonía. Washington D.C., Estados Unidos y Altamira, Brasil. Como parte de la denuncia formal contra el Estado brasileño por las violaciones de derechos humanos causadas por la construcción de la represa Belo Monte, organizaciones de la sociedad civil presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sus argumentos finales en el caso. Los mismos evidencian científicamente los daños causados a pueblos indígenas, comunidades ribereñas y habitantes de Altamira, la ciudad más próxima a la hidroeléctrica. “La situación de violación de derechos humanos persiste para los pueblos afectados y la continuidad de nuestra petición ante la Comisión es urgente para sancionar al gobierno y garantizar nuestros derechos”, dijo Antônia Melo, coordinadora del Movimiento Xingú vivo para siempre, colectivo creado para enfrentar la implementación de la represa. El informe presentado a la Comisión demuestra que los daños causados por la represa son resultado de la falta de previsión y de una evaluación adecuada, y del incumplimiento de las condicionantes impuestas por el gobierno para su implementación. Los riesgos denunciados antes de su construcción son hoy daños de largo plazo que afectan de forma distinta a hombres y mujeres, y a diferentes grupos de edad. “Es un paso vital para que los pueblos de la cuenca del río Xingú obtengan justicia, el Estado de Brasil responda por las violaciones cometidas y para evitar que esto se repita”, explicó Astrid Puentes Riaño, Codirectora de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). Junto con la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos (SDDH) y Justiça Global, AIDA representa a las comunidades afectadas ante la Comisión. Las organizaciones prueban también el desplazamiento forzado de pueblos indígenas y comunidades ribereñas, quienes tuvieron que dejar sus hogares sin opciones adecuadas de reubicación, lo que pone en riesgo su sobrevivencia. Entre la población afectada están comunidades dedicadas a la pesca, que no han sido compensadas por la pérdida de sus modos de subsistencia. La represa ha provocado la muerte masiva de peces y aunque las autoridades han impuesto multas millonarias, el problema de fondo no ha sido resuelto, hecho evidenciado en el informe. La población local tiene ahora un uso limitado del río Xingú en cuanto a fuente de alimento, sustento, transporte y diversión. En el informe, las organizaciones documentan —entre otros daños graves— la desaparición de oficios tradicionales, como los de ladrilleros y carreteros, y de prácticas culturales tradicionales. Las mujeres, por ejemplo, dejaron de dar a luz en sus casas y deben ir ahora a un hospital. El panorama empeora pues los servicios de salud y educación en Altamira están saturados debido al aumento poblacional ocasionado por la represa. La denuncia contra Brasil ante la Comisión fue presentada en 2011, año en el que ese organismo otorgó medidas de protección urgente para los pueblos indígenas afectados. El caso inició formalmente en diciembre de 2015. En octubre del año pasado y para agilizar el proceso, la Comisión decidió excepcionalmente unir dos etapas que, por regla general, se tramitan de forma separada. En ese marco, las organizaciones presentaron sus argumentos finales y el Estado deberá hacerlo también para que la Comisión tome una decisión. “Esperamos que lo más pronto posible la Comisión remita el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que en su informe de fondo recomiende que el Estado brasileño adopte las medidas necesarias para proteger la vida, la integridad y el derecho a la propiedad de las comunidades indígenas y ribereñas afectadas por la hidroeléctrica”, afirmó Raphaela Lopes, abogada de Justiça Global. “Después de ser sometidas a todo tipo de violaciones, esas comunidades necesitan reparación integral pues vieron vulnerados sus derechos desde los orígenes del proyecto; no se respetó su derecho a la consulta libre, previa e informada.” La Comisión debe preparar un informe en el que concluya si hubo o no violaciones a los derechos humanos y puede emitir recomendaciones para que Brasil las repare. De ser incumplidas, puede remitir el caso a la Corte, órgano que tiene la facultad de emitir un fallo que condene a Brasil y recomendar medidas de reparación. Aunque la represa está en funcionamiento desde principios de 2015, su construcción no ha finalizado debido a suspensiones judiciales derivadas del incumplimiento de condiciones establecidas en los permisos otorgados. El Estado de Brasil aún puede evitar mayores daños de los ya ocurridos, por la que una decisión pronta de la Comisión es importante. Encuentra aquí más información del caso. Contactos de prensa: Víctor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107 Raphaela Lopes (Brasil), Justiça Global, [email protected], + 55 21 99592-7017
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