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Foto: UNFCCCSiguiendo las negociaciones climáticas en la ONU
Los fenómenos derivados de los cambios en el clima son cada vez más extremos e impactan con mayor dureza a comunidades de países en desarrollo. Vigente desde 1994, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático establece acciones para limitar el incremento de la temperatura promedio global y enfrentar los efectos de la crisis climática.
Los países parte de la Convención y del Acuerdo de París se reúnen cada año en la llamada Conferencia de las Partes (COP) para revisar sus compromisos, los avances en el cumplimiento de los mismos y los desafíos pendientes en la lucha global contra la crisis climática.
El Acuerdo de París fue adoptado en la COP21 de 2015. Busca fortalecer la respuesta mundial ante la emergencia climática, estableciendo un marco común de trabajo para todos los países en función de sus capacidades y mediante la presentación de Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) que permitan:
- Limitar el aumento de las temperaturas globales a 2°C en comparación con los niveles preindustriales y continular los esfuerzos para limitarlo a 1,5°C;
- Aumentar la capacidad de los países para adaptarse a los impactos del cambio climático; y
- Garantizar que el financiamiento responda al objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Nuestras áreas de trabajo
CRISIS CLIMÁTICA Y DERECHOS HUMANOS
La crisis climática, por su carácter transversal, tiene repercusiones en distintos ámbitos, geografías, contextos y personas. En ese sentido, el preámbulo del Acuerdo de París señala que es obligación de los Estados "respetar, promover y tener en cuenta sus respectivas obligaciones relativas a los derechos humanos, el derecho a la salud, los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales, los migrantes, los niños, las personas con discapacidad y las personas en situaciones vulnerables y el derecho al desarrollo, así como la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional".
A través del litigio climático y la incidencia política, AIDA trabaja para lograr una transición energética justa y respetuosa de los derechos humanos y con enfoque de género.
AIDA en las COP
COP25: Chile-Madrid 2019
En la COP25, celebrada en Madrid, España, abogamos por la inclusión de la perspectiva de derechos humanos en diversos temas de la agenda. Promovimos la incorporación de amplias salvaguardas socioambientales en la reglamentación del artículo 6 del Acuerdo de París, referido a los mercados de carbono. Seguimos de cerca la adopción del Plan de Acción de Género, así como la Red de Santiago, creada “para catalizar la asistencia técnica […] en países en desarrollo que son particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático”. Impulsamos además la inclusión en los compromisos climáticos de los países de metas ambiciosas y medibles de reducción de los contaminantes climáticos de vida corta.
COP26: Glasgow 2021
AIDA asistió a la COP26 en Glasgow, Escocia, llevando la voz de América Latina. Tras la cancelación de las negociaciones en 2020, la COP26 generó un momento importante para retomar las acciones de incidencia en cuanto al aumento de la ambición climática y el cierre del libro de reglas del Acuerdo de París. AIDA abogó por la inclusión de los más altos estándares de derechos humanos en las decisiones relativas a los mercados de carbono, el financiamiento climático y la regulación de las pérdidas y daños. Durante nuestra participación, brindamos información de fácil acceso sobre estos temas a nuestros aliados y socios en la región. Además, expusimos los avances del litigio climático en América Latina junto con nuestros aliados de Climate Action Network (CAN) y Climate Action Network Latin America (CANLA), entre otras otras redes y grupos de trabajo.
Proyectos relacionados
Pronunciamiento por el fallecimiento del defensor de derechos humanos Carlos Isaías Güitz Pop
Las organizaciones firmantes, lamentamos profundamente el fallecimiento de Carlos Isaías Güitz Pop el día 12 de diciembre en el Hospital General San Juan de Dios, en la ciudad de Guatemala. Carlos, de 36 años de edad, maya q’eqchi’, era un defensor de derechos humanos de la organización comunitaria en Defensa del Río Dolores, municipio de Cobán, Alta Verapaz. El 8 de noviembre del año 2013, Carlos, su hermano y otras personas de las comunidades, fueron atacados con armas de fuego. A raíz de este ataque armado, Carlos resultó gravemente herido, quedando desde ese entonces y hasta los últimos días de su vida, postrado en una silla de ruedas. Según denuncias realizadas por las comunidades, el ataque referido fue perpetrado por el terrateniente David Leonel Ponce Ramírez y sus dos hijos, Augusto Sandino Ponce y Carlos Ponce, quien violentando el proceso de negociación de compra-venta de tierras que sostenía con estas comunidades, decidió finalmente negociar estas tierras con la empresa Hidroeléctrica Santa Rita, S.A., lo que fue una de las causas que ocasionó el desalojo violento e ilegal que finalmente, llevó a la muerte de Carlos Isaías Güitz Pop. Este grave incidente ocurrió en la comunidad Monte Olivo, Cobán, Alta Verapaz, en el marco de la instalación de la hidroeléctrica Santa Rita sobre los ríos Cangüinic y Dolores, sin haberse realizado una consulta previa e informada a las comunidades afectadas por dicho proyecto, tal como lo establece el Convenio 169 Sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional de Trabajo y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. A pesar de que se realizó una denuncia ante las autoridades correspondientes, el caso de Carlos Isaías al igual que los asesinatos y agresiones contra las y los defensores de derechos humanos del Río Dolores, siguen en total impunidad. Contrario a ello, la criminalización en contra de las y los comunitarios organizados en defensa del Río Dolores está avanzando. Ante el ataque que dejó en silla de ruedas a Carlos Isaías Güitz Pop y los asesinatos y las graves agresiones contra las comunidades que se oponen al proyecto hidroeléctrico Santa Rita, instamos a las autoridades competentes a que: Emprendan una investigación pronta y eficaz con el fin de identificar y sancionar a los autores materiales e intelectuales del ataque contra Carlos Isaías Güitz Pop, al igual que de los asesinatos y las graves agresiones contra las y los defensores del Río Dolores. Emprendan acciones de resarcimiento de los casos en los cuales las y los defensores de las comunidades en resistencia Río Dolores han sido heridos y asesinados. Tomen todas las medidas necesarias para proteger la vida y la integridad física de las y los defensores de derechos humanos del Río Dolores. Tomen todas las medidas necesarias para que cesen los casos de criminalización de las y los defensores del Río Dolores, quienes, en defensa de bienes naturales, se oponen al proyecto hidroeléctrico Santa Rita.
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Seminario virtual "El Fondo Verde del Clima, rumbo al 2018"
Este año, la Junta Directiva del Fondo Verde del Clima se reunió tres veces, siendo ya un total de 18 reuniones las que ha realizado desde su creación. Hasta la fecha, el Fondo ha aprobado 54 propuestas de financiamiento y 59 entidades de todo el mundo han obtenido su acreditación, para canalizar su apoyo hacia programas y proyectos de adaptación y mitigación del cambio climático en países en desarrollo. En el seminario virtual, miembros de la sociedad civil y de entidades acreditadas ante el Fondo hicieron un balance de lo que fue el 2017 para este importante mecanismo de financiamiento climático, incluyendo las perspectivas para el próximo año. Grabación Presentaciones
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La mina escondida que amenaza el agua en Colombia
Para mí, algo vivo como el agua no puede ser compensado con algo muerto como el oro u otros metales. Cuando se discute sobre proyectos mineros que ponen en riesgo ecosistemas y a las comunidades que dependen de ellos, se suele argumentar que toda actividad humana genera impactos, algo obvio que no resuelve el problema de fondo. ¿Cuándo empezaremos a reciclar en lugar de extraer recursos? ¿Cuándo vamos dejar de otorgarle valor a algo escaso, pero tan corriente como el oro? ¿Cuándo trataremos con un respeto duradero a entornos de los que depende nuestra vida y la de otros seres que también tienen derecho a existir? Tener en cuenta lo anterior es crucial no solo para Colombia, de donde soy, sino también para el resto de países de América Latina. En septiembre supe que había sido publicado el Estudio de Impacto Ambiental de un nuevo proyecto minero ubicado en los municipios de Suratá y California, cerca del páramo de Santurbán, fuente de agua para más de un millón de personas en Colombia. Esta vez es una corporación internacional la que pretende llevar a cabo la propuesta. Busca extraer oro, plata y otros metales del subsuelo. En el pasado, y desde hace casi 10 años, otras empresas han intentado desarrollar en la zona actividades mineras a gran escala, pero han fracasado debido a los daños potenciales que sus proyectos implican para el páramo, ecosistema que además es un sumidero natural de carbono y hogar de especies únicas de plantas y animales. Los riesgos del proyecto, bajo la lupa Según la empresa, no habrá grandes acumulaciones permanentes de escombros, una gigantesca cicatriz imborrable en las montañas, una inmensa presa de lodos tóxicos, ni un uso de sustancias peligrosas para obtener el oro. Ni siquiera veremos intrincadas redes de vías serpenteando entre las cuencas de Suratá y California. Lo anterior suena bien, pero ¿es garantía de que la mina será sostenible o es una propuesta diferente sólo en apariencia? Veamos. El nuevo proyecto implica la perforación de un inmenso sistema de túneles de por lo menos 2,000 metros de largo, 900 metros de ancho y 780 metros de profundidad (poco menos de la altura del edificio más alto del mundo, que está en Dubai). Además, la mina se construirá en dos sectores —en dos cuencas y dos municipios diferentes—, unidos por dos inmensos túneles de 5,800 metros de longitud, lo cual equivale casi al tamaño de la ciudad colombiana de Bucaramanga de norte a sur. De acuerdo con la empresa, el único botadero estará ubicado cerca de la mina y los desechos serán secos, lo cual depende ampliamente de un mantenimiento adecuado de la red de drenaje y de otros factores que, tras el cierre de la mina, probablemente ni la corporación ni el Estado podrán controlar. Por otro lado, los impactos de las perforaciones, durante la operación de la mina, en la dirección y el volumen del agua subterránea son impredecibles. Si bien la empresa sostiene que llevará a cabo labores de retrollenado de los túneles, no sería posible garantizar que la calidad y cantidad del agua en el subsuelo se conserven. Aunque la mina propuesta estaría fuera de la zona del páramo de Santurbán, se encontraría muy cerca de éste. Y al ser una mina subterránea, la perforación hecha atravesará las múltiples fracturas a través de las cuales el agua, que el páramo captura de la humedad generada en alta montaña, es transportada a ríos, quebradas y suelos. Finalmente, la empresa dice que no utilizará mercurio ni cianuro para obtener el oro y los otros metales, que los venderá o exportará a otras empresas en forma de concentrados listos para ser procesados. De ese modo se evita parte del costo socioecológico de la actividad en Colombia, pero se podría trasladar éste a otros países. Tenemos que empezar a incluir este tipo de impactos externos en la economía nacional para dejar de ignorar nuestra huella ecológica como país. La responsabilidad por los daños causados fuera de nuestras fronteras por la minería que se hace en Colombia no sólo es del comprador, sino también del Estado colombiano. Daños a gran escala Por todo lo anterior, quiero hacer la siguiente reflexión: ¿Qué impacto tendrá la mina en la calidad y en la cantidad de agua subterránea de la zona? ¿Qué riesgo implica no tener un área de amortiguamiento (de los daños) para el páramo? Una mina escondida no es necesariamente una mejor mina. Lo que se haga bajo Suratá y California, en especial a gran escala, también puede hacer mucho daño a una zona más amplia, en uno de los países más biodiversos del mundo. Esconder la basura bajo la alfombra no equivale a limpiar, ni en minería ni en economía. La protección de Santurbán, y de otras fuentes de agua en América Latina, es uno de los pilares del trabajo de AIDA, el cual llevamos adelante junto con organizaciones aliadas nacionales.
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