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Foto: UNFCCCSiguiendo las negociaciones climáticas en la ONU
Los fenómenos derivados de los cambios en el clima son cada vez más extremos e impactan con mayor dureza a comunidades de países en desarrollo. Vigente desde 1994, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático establece acciones para limitar el incremento de la temperatura promedio global y enfrentar los efectos de la crisis climática.
Los países parte de la Convención y del Acuerdo de París se reúnen cada año en la llamada Conferencia de las Partes (COP) para revisar sus compromisos, los avances en el cumplimiento de los mismos y los desafíos pendientes en la lucha global contra la crisis climática.
El Acuerdo de París fue adoptado en la COP21 de 2015. Busca fortalecer la respuesta mundial ante la emergencia climática, estableciendo un marco común de trabajo para todos los países en función de sus capacidades y mediante la presentación de Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) que permitan:
- Limitar el aumento de las temperaturas globales a 2°C en comparación con los niveles preindustriales y continular los esfuerzos para limitarlo a 1,5°C;
- Aumentar la capacidad de los países para adaptarse a los impactos del cambio climático; y
- Garantizar que el financiamiento responda al objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Nuestras áreas de trabajo
CRISIS CLIMÁTICA Y DERECHOS HUMANOS
La crisis climática, por su carácter transversal, tiene repercusiones en distintos ámbitos, geografías, contextos y personas. En ese sentido, el preámbulo del Acuerdo de París señala que es obligación de los Estados "respetar, promover y tener en cuenta sus respectivas obligaciones relativas a los derechos humanos, el derecho a la salud, los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales, los migrantes, los niños, las personas con discapacidad y las personas en situaciones vulnerables y el derecho al desarrollo, así como la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional".
A través del litigio climático y la incidencia política, AIDA trabaja para lograr una transición energética justa y respetuosa de los derechos humanos y con enfoque de género.
AIDA en las COP
COP25: Chile-Madrid 2019
En la COP25, celebrada en Madrid, España, abogamos por la inclusión de la perspectiva de derechos humanos en diversos temas de la agenda. Promovimos la incorporación de amplias salvaguardas socioambientales en la reglamentación del artículo 6 del Acuerdo de París, referido a los mercados de carbono. Seguimos de cerca la adopción del Plan de Acción de Género, así como la Red de Santiago, creada “para catalizar la asistencia técnica […] en países en desarrollo que son particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático”. Impulsamos además la inclusión en los compromisos climáticos de los países de metas ambiciosas y medibles de reducción de los contaminantes climáticos de vida corta.
COP26: Glasgow 2021
AIDA asistió a la COP26 en Glasgow, Escocia, llevando la voz de América Latina. Tras la cancelación de las negociaciones en 2020, la COP26 generó un momento importante para retomar las acciones de incidencia en cuanto al aumento de la ambición climática y el cierre del libro de reglas del Acuerdo de París. AIDA abogó por la inclusión de los más altos estándares de derechos humanos en las decisiones relativas a los mercados de carbono, el financiamiento climático y la regulación de las pérdidas y daños. Durante nuestra participación, brindamos información de fácil acceso sobre estos temas a nuestros aliados y socios en la región. Además, expusimos los avances del litigio climático en América Latina junto con nuestros aliados de Climate Action Network (CAN) y Climate Action Network Latin America (CANLA), entre otras otras redes y grupos de trabajo.
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Grupos de la sociedad civil defienden a Bahía de Panamá en la Corte
Presentan argumentos en apoyo del gobierno en el caso de conservación del refugio de vida silvestre. Ciudad de Panamá, Panamá. Hoy, en el día internacional del manglar, dos organizaciones de la sociedad civil anunciaron su apoyo al gobierno Panameño en el juicio iniciado por desarrolladores requiriendo la nulidad de la protección de la Bahía de Panamá. Las organizaciones, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y el Centro de Incidencia Ambiental (CIAM), presentaron un documento legal de amicus curiae que contiene detalles sobre argumentos legales internacionales y nacionales en los cuales se sobrepone la protección legal establecida mediante Resolución expedida por la autoridad ambiental Panameña. Los desarrolladores, Panama Bay Development y Compañía Lefevre, presentaron las demandas para promover la construcción y desarrollo de vastos complejos turísticos en la zona. El turismo extensivo en el área traerá impactos ambientales devastadores para este ecosistema sensible. La costa de la Bahía de Panamá contiene miles de manglares pristinos, los cuales son sitios importantes de anidación para especies de las que depende la industria pesquera Panameña. Cada kilómetro de cubierta de manglar costero genera cerca de los $100,000 USD para el país anualmente. Los manglares también ayudan a la protección de los efectos del cambio climático global a través del amortiguamiento de la costa de las tormentas tropicales cada vez más frecuentes y siendo ecosistema que secuestra carbono de la atmósfera en sus raíces. Un bosque de mangle puede secuestrar casi 50 veces más carbono que un bosque tropical del mismo tamaño, razón por la cual se hace una prioridad de conservación de manglares si los países quieren mitigar las catástrofes del cambio climático. El área protegida de Bahía de Panamá tiene una extensión aproximada de 85,652 hectáreas, casi un tercio del Parque Nacional Coiba en Panamá. La Bahía de Panamá es uno de los sitios más biodiversos del mundo y es un hábitat esencial para las aves migratorias y especies amenazadas como jaguares y tortugas caguamas o amarillas. “De frente a cada vez más tormentas tropicales devastadoras y ponderosas, derivadas del cambio climático, la destrucción de manglar es una de las peores decisiones que un país como Panamá podría hacer,” dijo Anna Cederstav, Ph.D., personal científico y co-directora de AIDA. En palabras de Sandra Moguel, asesora legal de AIDA en México, “El artículo cuarto de la Constitución de Panamá obliga a la observancia de las reglas de derecho internacional en el territorio, por lo que las obligaciones contraídas a través de la Convención Ramsar de Humedales de Importancia Prioritaria y la Convención de la Diversidad Biológica—ambas ratificadas por Panamá—deberán tomarse en consideración al decidir si se revierte la Resolución mediante la cual se crea el área protegida de Bahía de Panamá.” “La creación o declaración de un área protegida en ningún momento constituye una expropiación. Lo que hace e proteger y garantizar el derecho al medio ambiente sano contenido en la Constitución Política Panameña,” dijo María Acuña, abogada del CIAM.
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La Constitución mexicana protege los derechos humanos
El 9 de junio de 2011, tuvo lugar en México un cambio histórico: el Congreso aprobó varias modificaciones que por primera vez reconocen expresamente los derechos humanos en la Constitución nacional. El nuevo texto exige a todas las autoridades que respeten los tratados internacionales de derechos humanos de los que México es firmante en los puntos en que dichos tratados sean más amplios que las “garantías inpiduales” que actualmente contiene la legislación nacional. En la versión enmendada, el Artículo 1 de la Constitución reconoce los derechos humanos en general e incorpora legislación internacional. Esto significa que grupos como AIDA y comunidades de México disponen de mejores instrumentos legales para defender el derecho a un medio ambiente sano o al agua potable. También, por ejemplo, como el derecho de las comunidades indígenas al consentimiento libre, previo e informado está reconocido en las leyes internacionales, México tendrá que reconocerlo y garantizarlo. Es más: aunque la Constitución mexicana ya reconocía algunos derechos, ha resultado difícil ponerlos en práctica. Esta enmienda habilita más instrumentos legales, lo que da nuevas esperanzas de que ahora se puedan proteger mejor. Estos cambios constitucionales se han producido tras un proceso de cuatro años que emprendió la Oficina de la ONU del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en México y en su preparación han intervenido miembros de la comunidad académica, organizaciones no gubernamentales y expertos independientes. AIDA ha participado con la evaluación de los instrumentos legales existentes para la protección de los derechos humanos, así como de las responsabilidades legales a nivel internacional. En 2008, el Congreso mexicano comenzó a plantearse esta revisión constitucional vinculada a los derechos humanos que finalmente se aprobó en junio de 2011. Si bien es de aplaudir al Gobierno y Congreso mexicanos esta perspectiva, la efectividad de este cambio constitucional aún está por verse. El reconocimiento de los derechos humanos representa sólo el primer paso, ya que este nuevo compromiso servirá de poco si no se cumple. AIDA, en coordinación con nuestros aliados en este país, vigilará los casos nacionales con miras a garantizar que este avance profundo se aplique y que el derecho a un medio ambiente sano se garantice de mejor manera.
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Centro vacacional amenaza a manglares y humedales mexicanos
Un centro vacacional tres veces más grande que Cancún amenaza los frágiles ecosistemas de humedales costeros de México. Se trata del Centro Integralmente Planeado Costa del Pacífico (CIP) que el Gobierno mexicano está planeando construir cerca de Mazatlán, con el cual se espera atraer a 3 millones de visitantes el año 2025. Si el proyecto se ejecuta como está previsto, pondría en peligro a los humedales cercanos que salvaguardan el 10 por ciento de los manglares más importantes que le quedan a México y 60 especies en peligro de extinción. AIDA está comprometida con la protección de esos valiosísimos ecosistemas. Todavía hay esperanza para los manglares. En mayo de 2011, las autoridades mexicanas especificaron que la construcción y operación del CIP será por etapas, lo cual exige la culminación de los estudios y permisos ambientales. En junio de 2009, presentamos una petición a la Secretaría de la Convención de Ramsar (SRC), un tratado internacional para la conservación de los humedales. En ella, AIDA y cinco organizaciones ambientalistas hicieron un llamado a la SRC para que instara y respaldara al Gobierno mexicano en la realización de un estudio ambiental exhaustivo del CIP con apego a las leyes nacionales e internacionales. El CIP se ubicaría en los linderos de Marismas Nacionales y muy cerca de la Laguna Huizache-Caimanero, sitios clasificados como “humedales de importancia internacional”. Estos puntos vitales de biopersidad son hábitat de una gran variedad de flora y fauna que residen en los humedales como aves, peces, mamíferos, reptiles y plantas. Muchos de estos animales ya están amenazados o en peligro de extinción como es el caso del puma, el jaguar, la nutria de río, el jabalí o pecarí, el venado cola blanca, el cocodrilo americano, la boa constrictor y el lagarto enchaquirado. Para abastecer de agua y electricidad a los huéspedes del centro vacacional, el Gobierno mexicano propone la construcción de una represa hidroeléctrica en el río San Pedro. Esta presa reduciría significativamente el flujo de agua a los humedales, perjudicando a las poblaciones animales y vegetales, e interrumpiendo el movimiento y trayecto de la migración, tan críticos para la supervivencia de muchas especies. El gobierno también plantea desviar cantidades sustanciales de agua del río Presidio para el riego, algo que probablemente sería perjudicial para los humedales de la Laguna Huizache-Caimanero. Como suele ocurrir en la mayoría de estos casos, los cuatro campos de golf y los extensos jardines que tendría el CIP albergarían una gran cantidad de plaguicidas y fertilizantes químicos. El escurrimiento tóxico de estas áreas contaminaría los humedales, sería un veneno en potencia para muchas especies de animales, y podría ocasionar el florecimiento de algas que crearían zonas muertas por la ausencia de oxígeno. La suma de todos estos impactos se traduciría en daños extensos a los manglares, ecosistemas que actúan como barreras de protección para costas ante los efectos de los temporales. Los ecosistemas de manglares también son fértiles viveros para la cría de peces y aves migratorias. Marismas Nacionales, por ejemplo, alberga a más de 100 especies de aves migratorias. Los manglares actúan además como sumideros de carbono de gran alcance que ayudan a amortiguar los efectos del cambio climático. Retienen constantemente el exceso de carbono en la atmósfera (son hasta 50 veces más eficientes que los bosques tropicales) y el sedimento que los nutre actúa como reserva de grandes cantidades de carbono. Por tanto, permitir que se destruyan manglares tiene un doble costo: perderíamos su capacidad para absorber el exceso de dióxido de carbono de la atmósfera y reintroduciríamos el carbono que ya había sido retenido. La Misión Ramsar de Asesoramiento realizada en junio de 2010, derivada de la petición de AIDA, rindió su informe el 9 de agosto de ese año. En el documento, la comisión solicita al Gobierno mexicano la creación de comités de coordinación del sitio Ramsar Huizache Caimanero. Exhorta también a realizar una evaluación ambiental estratégica que determine el efecto acumulativo de la multiplicidad de megaproyectos; a tomar en cuenta los múltiples bienes y servicios ambientales de las áreas en cuestión; y a considerar la integralidad del sistema Huizache Caimanero-Marismas Nacionales. De igual manera, el informe recomienda la incorporación de las autoridades competentes para asuntos de agua, protección ambiental y pesca en el Comité Nacional de Humedales para fines de coordinación. La Misión señaló que los desarrollos turísticos masivos en los sitios Ramsar no deben llevarse a cabo, dada la importancia ambiental del área para el Estado mexicano y la comunidad internacional. Por ello recomendó la inscripción de Marismas Nacionales y Huizache Caimanero en el Registro de Montreux, el cual contiene los nombres de sitios Ramsar que están amenazados y que enfrentan posibles riesgos a su integridad ecosistémica. Este es un ejemplo importante de cómo la participación de la sociedad civil hace la diferencia para la conservación de los sitios Ramsar. AIDA tuvo un rol fundamental en la protección de los humedales mexicanos al presentar la petición para lla visita de Ramsar y fungió como vínculo entre gobierno y otros sectores. En seguimiento al cumplimiento de estas recomendaciones, enviaremos una actualización de la autorización de impacto ambiental a la SCR e iniciaremos acciones legales para hacerlas valer. Estaremos pendientes de que las recomendaciones sean acatadas.
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