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Foto: UNFCCCSiguiendo las negociaciones climáticas en la ONU
Los fenómenos derivados de los cambios en el clima son cada vez más extremos e impactan con mayor dureza a comunidades de países en desarrollo. Vigente desde 1994, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático establece acciones para limitar el incremento de la temperatura promedio global y enfrentar los efectos de la crisis climática.
Los países parte de la Convención y del Acuerdo de París se reúnen cada año en la llamada Conferencia de las Partes (COP) para revisar sus compromisos, los avances en el cumplimiento de los mismos y los desafíos pendientes en la lucha global contra la crisis climática.
El Acuerdo de París fue adoptado en la COP21 de 2015. Busca fortalecer la respuesta mundial ante la emergencia climática, estableciendo un marco común de trabajo para todos los países en función de sus capacidades y mediante la presentación de Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) que permitan:
- Limitar el aumento de las temperaturas globales a 2°C en comparación con los niveles preindustriales y continular los esfuerzos para limitarlo a 1,5°C;
- Aumentar la capacidad de los países para adaptarse a los impactos del cambio climático; y
- Garantizar que el financiamiento responda al objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Nuestras áreas de trabajo
CRISIS CLIMÁTICA Y DERECHOS HUMANOS
La crisis climática, por su carácter transversal, tiene repercusiones en distintos ámbitos, geografías, contextos y personas. En ese sentido, el preámbulo del Acuerdo de París señala que es obligación de los Estados "respetar, promover y tener en cuenta sus respectivas obligaciones relativas a los derechos humanos, el derecho a la salud, los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales, los migrantes, los niños, las personas con discapacidad y las personas en situaciones vulnerables y el derecho al desarrollo, así como la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional".
A través del litigio climático y la incidencia política, AIDA trabaja para lograr una transición energética justa y respetuosa de los derechos humanos y con enfoque de género.
AIDA en las COP
COP25: Chile-Madrid 2019
En la COP25, celebrada en Madrid, España, abogamos por la inclusión de la perspectiva de derechos humanos en diversos temas de la agenda. Promovimos la incorporación de amplias salvaguardas socioambientales en la reglamentación del artículo 6 del Acuerdo de París, referido a los mercados de carbono. Seguimos de cerca la adopción del Plan de Acción de Género, así como la Red de Santiago, creada “para catalizar la asistencia técnica […] en países en desarrollo que son particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático”. Impulsamos además la inclusión en los compromisos climáticos de los países de metas ambiciosas y medibles de reducción de los contaminantes climáticos de vida corta.
COP26: Glasgow 2021
AIDA asistió a la COP26 en Glasgow, Escocia, llevando la voz de América Latina. Tras la cancelación de las negociaciones en 2020, la COP26 generó un momento importante para retomar las acciones de incidencia en cuanto al aumento de la ambición climática y el cierre del libro de reglas del Acuerdo de París. AIDA abogó por la inclusión de los más altos estándares de derechos humanos en las decisiones relativas a los mercados de carbono, el financiamiento climático y la regulación de las pérdidas y daños. Durante nuestra participación, brindamos información de fácil acceso sobre estos temas a nuestros aliados y socios en la región. Además, expusimos los avances del litigio climático en América Latina junto con nuestros aliados de Climate Action Network (CAN) y Climate Action Network Latin America (CANLA), entre otras otras redes y grupos de trabajo.
Proyectos relacionados
La Organización de Estados Americanos cuestiona el proyecto de la represa Belo Monte
La CIDH, órgano de derechos humanos de la OEA solicita investigaciones oficiales mientras que las comunidades realizan manifestaciones importantes. Altamira, Brazil. La Organización de Estados Americanos (OEA) solicitó oficialmente al gobierno de Brasil, clarificar la información sobre el proceso de licenciamiento de la represa Belo Monte, que continúa sin haber asegurado una apropiada consulta con los grupos locales indígenas. Esta solicitud se realizó en medio de una intensa controversia local e internacional alrededor de los planes para construir el complejo de la represa en el Río Xingú en la Amazonia brasileña. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, solicitó la investigación en respuesta de una queja presentada por varias organizaciones incluyendo: el Movimiento Xingú Vivo para Siempre (MXVPS), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y la Sociedad de Pará en Defensa de los Derechos Humanos (SDDH) apoyadas por otras 40 instituciones de defensa de los derechos indígenas y comunidades tradicionales de la cuenca del Río Xingú. La queja demanda que el gobierno brasileño suspenda inmediatamente el proceso de licenciamiento para la represa de Belo Monte, que pare la construcción del proyecto y que garantice los derechos humanos de las comunidades y personas afectadas. La CIDH dio al gobierno diez días para aclarar las medidas adoptadas que garanticen las consultas previas, libres e informadas con las comunidades locales y la legalidad de la "licencia parcial", entre otros temas. La solicitud es el primer paso de un largo procedimiento en el cual las comunidades locales están alegando violaciones a los derechos humanos derivadas de la represa propuesta. "Cuando el gobierno de Brasil firma un tratado, está obligado a cumplir con sus resoluciones" dijo Roberta Amanajás, abogada de la Sociedad de Pará para la Defensa de Derechos Humanos (SDDH). "Como firmante de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos, Brasil debe reconocer su legitimidad para examinar casos como el de Belo Monte". "Con grandes proyectos de desarrollo como el complejo de la represa Belo Monte, todos los gobiernos deben ser responsables de la protección de los derechos humanos y el medio ambiente de las comunidades locales" dijo Jacob Kopas, abogado de AIDA. "La Comisión Interamericana ha ya reconocido esto en otros casos y ha pedido la suspensión de un proyecto de una gran represa en Panamá y de una gran mina de oro en Guatemala". Mientras tanto, cientos de pescadores realizaron una protesta el viernes en la ciudad de Altamira, para manifestar su oposición a un proyecto que podría destruir sus medios de subsistencia al aniquilar especies de peces migratorias de la región. El evento, bendecido por Dom Erwin Kräutler, obispo de Xingú y oponente histórico a la planta hidroeléctrica, se caracterizó por docenas de barcos de pesca que se establecieron en el río Xingú para simbolizar la importancia de defender el río y la preservación de su modo de vida. "Los pescadores de Xingú están comprometidos con la organización en defensa del río" dijo Kräutler. "Del río es que ellos obtienen el sustento para ellos mismos y sus familias, mientras que su arduo trabajo provee a todas las ciudades a lo largo de Xingú, fue muy reconfortante verlos en grandes números dispuestos a pescar la semana pasada. Su regreso el día de hoy ha mostrado que el río está vivo y que ellos quieren verlo permanecer vivo para siempre". Hoy, docenas de barcos pesqueros alrededor de las comunidades circundantes afectadas por la represa se han unido a los manifestantes en demostración de su solidaridad. Ellos darán lo bienvenida a los pescadores en su regreso y compartirán la pesca con motivo del Día Internacional de la Acción por los Ríos.
Leer másSuspendida audiencia pública del proyecto minero Angostura: AIDA publica su intervención en la que insta al Gobierno colombiano a proteger los páramos
Bogotá, Colombia. La audiencia pública programada para el viernes 4 de marzo en la ciudad de Bucaramanga (Departamento de Santander, Colombia) por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial en el proceso de licenciamiento ambiental del proyecto de gran minería de oro a cielo abierto "Angostura" fue suspendida debido a situaciones que impidieron el normal desarrollo de la misma. Por esta razón, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, AIDA hará llegar al gobierno colombiano su escrito de intervención sobre las obligaciones internacionales y constitucionales del Estado colombiano de proteger los páramos, que no pudo presentar en la suspendida audiencia. En los próximos días, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial colombiano deberá pronunciarse sobre la cancelación total de la audiencia o sobre la posibilidad de reanudarla. Estaremos atentos a dicha notificación y nos aseguraremos de que los argumentos aportados por AIDA sean conocidos abiertamente y considerados dentro del proceso de solicitud de la Licencia Ambiental al proyecto Angostura.
Leer másEl Estado colombiano debe rechazar proyecto de gran minería de oro "Angostura" en zona de páramo
Desconocería obligaciones constitucionales internacionales. Bucaramanga, Colombia. Hoy, La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) instará al gobierno colombiano a detener un proyecto de gran minería de oro y otros metales que sería un precedente perjudicial para los ecosistemas frágiles en América Latina. El proyecto de minería a cielo abierto Angostura, planeado en el páramo de Santurbán, se encuentra en proceso de aprobación por parte del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial colombiano. Hoy se celebra una audiencia pública en la que el Ministerio recibirá argumentos de diferentes sectores. AIDA argumentará que las obligaciones internacionales y constitucionales del Estado colombiano de proteger el ambiente, especialmente áreas de gran importancia ecológica como los páramos, impiden la autorización. "Los páramos son ecosistemas altamente frágiles y la minería a cielo abierto causaría daños graves e irreversibles," dijo Natalia Jiménez, abogada de AIDA. "De acuerdo con la Constitución Política y los Principios de Río, la Convención de Biodiversidad y la de Cambio Climático, todos ratificados por Colombia, el Estado está obligado a conservar los páramos y procurar su intangibilidad." De ser aprobado el proyecto Angostura afectaría de forma definitiva por lo menos 575 ha del páramo de Santurbán (más del 50%), pudiendo afectar un área mayor. En Colombia, como en el resto de la región Andina en los páramos se origina la mayor parte del agua dulce que consumen los habitantes. Tienen una alta capacidad de purificar el ambiente, de estabilizar los suelos y el clima, de prevenir los deslaves y los derrumbes y de contener un alto nivel de animales y plantas. En efecto, son el hábitat de especies únicas en el mundo como el oso de anteojos y el cóndor de los Andes. La Procuraduría General de Colombia, miembros del Parlamento Andino y ex ministros de ambiente, así como organizaciones y expertos ambientales se oponen a la licencia. El proyecto carece de un adecuado Estudio de Impacto Ambiental integral, pues los impactos de la mina y los de la infraestructura complementaria, se analizan en dos procesos de forma fragmentada. Por ello, AIDA también solicita que el Ministerio los unifique y analice el impacto global del proyecto. Así lo ordenan los estándares internacionales y la Corte Suprema de Canadá, país de origen de la empresa Greystar Resources Ltds. que promueve el proyecto.
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