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Foto: UNFCCCSiguiendo las negociaciones climáticas en la ONU
Los fenómenos derivados de los cambios en el clima son cada vez más extremos e impactan con mayor dureza a comunidades de países en desarrollo. Vigente desde 1994, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático establece acciones para limitar el incremento de la temperatura promedio global y enfrentar los efectos de la crisis climática.
Los países parte de la Convención y del Acuerdo de París se reúnen cada año en la llamada Conferencia de las Partes (COP) para revisar sus compromisos, los avances en el cumplimiento de los mismos y los desafíos pendientes en la lucha global contra la crisis climática.
El Acuerdo de París fue adoptado en la COP21 de 2015. Busca fortalecer la respuesta mundial ante la emergencia climática, estableciendo un marco común de trabajo para todos los países en función de sus capacidades y mediante la presentación de Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) que permitan:
- Limitar el aumento de las temperaturas globales a 2°C en comparación con los niveles preindustriales y continular los esfuerzos para limitarlo a 1,5°C;
- Aumentar la capacidad de los países para adaptarse a los impactos del cambio climático; y
- Garantizar que el financiamiento responda al objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Nuestras áreas de trabajo
CRISIS CLIMÁTICA Y DERECHOS HUMANOS
La crisis climática, por su carácter transversal, tiene repercusiones en distintos ámbitos, geografías, contextos y personas. En ese sentido, el preámbulo del Acuerdo de París señala que es obligación de los Estados "respetar, promover y tener en cuenta sus respectivas obligaciones relativas a los derechos humanos, el derecho a la salud, los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales, los migrantes, los niños, las personas con discapacidad y las personas en situaciones vulnerables y el derecho al desarrollo, así como la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional".
A través del litigio climático y la incidencia política, AIDA trabaja para lograr una transición energética justa y respetuosa de los derechos humanos y con enfoque de género.
AIDA en las COP
COP25: Chile-Madrid 2019
En la COP25, celebrada en Madrid, España, abogamos por la inclusión de la perspectiva de derechos humanos en diversos temas de la agenda. Promovimos la incorporación de amplias salvaguardas socioambientales en la reglamentación del artículo 6 del Acuerdo de París, referido a los mercados de carbono. Seguimos de cerca la adopción del Plan de Acción de Género, así como la Red de Santiago, creada “para catalizar la asistencia técnica […] en países en desarrollo que son particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático”. Impulsamos además la inclusión en los compromisos climáticos de los países de metas ambiciosas y medibles de reducción de los contaminantes climáticos de vida corta.
COP26: Glasgow 2021
AIDA asistió a la COP26 en Glasgow, Escocia, llevando la voz de América Latina. Tras la cancelación de las negociaciones en 2020, la COP26 generó un momento importante para retomar las acciones de incidencia en cuanto al aumento de la ambición climática y el cierre del libro de reglas del Acuerdo de París. AIDA abogó por la inclusión de los más altos estándares de derechos humanos en las decisiones relativas a los mercados de carbono, el financiamiento climático y la regulación de las pérdidas y daños. Durante nuestra participación, brindamos información de fácil acceso sobre estos temas a nuestros aliados y socios en la región. Además, expusimos los avances del litigio climático en América Latina junto con nuestros aliados de Climate Action Network (CAN) y Climate Action Network Latin America (CANLA), entre otras otras redes y grupos de trabajo.
Proyectos relacionados
Violaciones en Belo Monte, Brasil, podrían llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos
Se presenta una denuncia al país por violación a los derechos humanos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que podría conducir al Estado de Brasil a una condena internacional. Altamira, Brasil, Washington, DC, — Organizaciones de defensa de las poblaciones del río Xingú en el Amazonas de Brasil, que están amenazadas por la construcción del megaproyecto de hidroeléctrica Belo Monte, demandaron este jueves, 16 de junio, al Estado de Brasil ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de los Estados Americanos (OEA), por las violaciones a los derechos humanos cometidas. La demanda se presentó después de que Brasil ignoró las medidas cautelares que la CIDH solicitó a ese país el primero de abril, solicitando la suspensión del proyecto de Belo Monte para prevenir violaciones inminentes a los derechos humanos. Las principales críticas a las autoridades del gobierno de Dilma Rousseff son la falta de garantía de procesos de consentimiento libre, previo e informado para las comunidades indígenas, como prevé la Constitución, falta de consulta a las comunidades ribereñas y a la población de Altamira que también se afectará, irregularidades en el proceso de licenciamiento e ineficiencia del sistema judicial brasilero para proteger los derechos. La denuncia enlista a detalle los impactos que afectarán a las poblaciones en la cuenca del río Xingú, incluyendo la destrucción irreversible de un ecosistema irremplazable del que dependen las comunidades, el posible aumento de enfermedades graves como malaria y dengue y el desplazamiento forzado de comunidades indígenas y campesinas. “En el caso de Belo Monte, el sistema de justicia brasileño no funciona y ha cedido ante todas las presiones económicas y políticas del gobierno y del Consorcio de Energía del Norte”, explica Antonia Melo, coordinadora del Movimiento Xingú Vivo para Siempre. “Por eso no hay otra opción que pedir la intervención de la Comisión Interamericana”, añade. Si se acepta la denuncia, se podría ordenar al gobierno de Brasil a reparar los daños, pudiendo encaminar el proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instancia que tiene la capacidad de condenar al país por violaciones internacionales a los derechos humanos. Tras los hechos mencionados y de acuerdo con líderes indígenas, el proyecto Belo Monte ha provocado un ambiente conflictivo en la región de Altamira, incluso con amenazas de muerte hacia algunos de sus integrantes. De acuerdo con José Carlos Arara, cacique de la aldea Arara da Volta Grande, amenazado después del inicio de la demarcación de tierras indígenas Arará, “toda la comunidad también está bajo amenaza – y son los líderes los que sufren más. Estoy preso en mi propio pueblo, no puedo salir de aquí y no tenemos ningún apoyo de la FUNAI [entidad indígenista de Brasil] para garantizar nuestra seguridad”. “La posición del gobierno brasileño frente a Belo Monte es está en contra con la imagen que pretende tener como líder regional y anfitrión de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río +20) a celebrarse en 2012”, dijo Astrid Puentes, Co Directora de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). “Esperamos que los gobiernos de la región dejen de promover proyectos dañinos para las personas y el ambiente y que busquen un desarrollo sostenible verdadero, basado en el respeto a los derechos humanos”, añadió Puentes. Aunque el gobierno emitió una licencia que permite la construcción de la represa en junio, están en proceso de la justicia brasileña 11 acciones públicas civiles del Ministerio Público Federal contra el proyecto. “La diplomacia brasileña corre serios riesgos de desprestigio internacional con las actitudes que tiene, esperamos que esto se corrija lo antes posible para demostrar la verdadera voluntad de protección de los derechos humanos de Brasil”, afirma Roberta Amanajás, abogada de la Sociedad Paraense de Defensa de los Derechos Humanos (SDDH), citando el fuerte rechazo del proceso internacional por el gobierno de Rousseff y un voto de censura hacia la OEA aprobado por el Senado en la última semana.
Leer másAIDA alerta sobre posible debilitamiento de licencias ambientales en Colombia
Bogotá, Colombia. El pasado viernes 29 de abril fue aprobado en el Congreso de la República de Colombia el Proyecto de Ley del Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014 que debilitaría el procedimiento de licencias ambientales y pondría en riesgo importantes riquezas naturales de dicho país. Alertando sobre los riesgos de los cambios, AIDA presentó ante el Congreso de Colombia, un documento de análisis que concluye que dichas modificaciones desconocen normas constitucionales e internacionales de derecho ambiental. Dicho documento fue entregado también al Director del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y al Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. A través de la que sería la nueva Ley del Plan Nacional de Desarrollo, se pretende recortar en más del 30%, el tiempo del procedimiento para la evaluación y otorgamiento de licencias ambientales. Además, si pasado un tiempo el Ministerio de Ambiente no decide se crea un comité que haría recomendaciones obligatorias respecto a la decisión. El comité tendría participación del DNP y del Ministerio del sector al que pertenece el proyecto evaluado. Por ello el comité se convertiría en juez y parte de la decisión. Lo anterior vulnera de forma clara el derecho de los colombianos al ambiente sano. El Estado colombiano estaría también violando la obligación de proteger y preservar el ambiente. Las licencias ambientales lejos de ser un trámite, son una herramienta fundamental para el desarrollo sostenible y para evitar daños irreparables al ambiente. Su existencia se deriva de obligaciones de la propia Constitución y de tratados internacionales aprobados por el Estado. “Nos preocupa que un proceso vital para decidir acerca de actividades que puedan afectar el ambiente sea un puro trámite administrativo”, dijo Astrid Puentes, co-Directora de AIDA. “Colombia es uno de los países más biodiversos del planeta, cuya riqueza natural es esencial para la economía, la sociedad e incluso para la identidad nacional, autorizar estos cambios afectaría la capacidad del Estado para conservar estas riquezas”. Al Proyecto de Ley sólo le resta la firma presidencial para convertirse en ley de la República. Por ello, AIDA envío el análisis de la norma al Presidente Juan Manuel Santos esperando que considere los argumentos de protección ambiental allí planteados y que evite las modificaciones contrarias a la Constitución, a los compromisos internacionales de Colombia y a los intereses nacionales. Si el Presidente firma esta Ley cientos de proyectos de alto impacto podrían aprobarse sin la debida evaluación objetiva e independiente de impactos sociales y ambientales. Con ello se pondrían en peligro el derecho al ambiente sano y ecosistemas frágiles y claves para los colombianos, colombianas y para la región, como los páramos y las zonas marinas, involucrados en proyectos extractivos.
Leer másOrganización de Estados Americanos solicitó suspender inmediatamente el proyecto de represa de Belo Monte
Comisión Interamericana de Derechos Humanos considera que los pueblos indígenas deben ser consultados ANTES del inicio de las obras. Altamira, Brasil / Washington, D.C., USA. El 1 de abril pasado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA) oficialmente solicitó al gobierno de Brasil suspender inmediatamente el licenciamiento y construcción de la gran represa de Belo Monte, en el estado de Pará, Brasil, argumentando que el proyecto podría perjudicar los derechos humanos de las comunidades tradicionales de la cuenca del río Xingú. La CIDH determinó que el gobierno debe realizar procesos de consulta "previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuados", con las comunidades indígenas involucradas antes de la construcción de la hidroeléctrica. El gobierno brasileño recibió un plazo de quince días para informar a la CIDH sobre el cumplimiento de la resolución. La decisión de la CIDH responde a una denuncia presentada en noviembre de 2010 por el Movimiento Xingú Vivo Para Siempre (MXVPS), la Coordinación de Organizaciones Indígenas de la Amazonía Brasileña (COIAB), la Prelazia del Xingú, el Consejo Indígena Misionero (CIMI), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), la Sociedad Paranaense de Derechos Humanos y Justicia Global, en nombre de varias comunidades tradicionales de la cuenca del Xingú. De acuerdo con la denuncia, entre otros, estas comunidades no fueron consultadas de forma adecuada sobre el proyecto que, si se lleva a cabo, causará daños socio-ambientales irreversibles, desplazamientos forzados de miles de personas y amenazará una de las regiones de mayor valor para la conservación de la biodiversidad en el Amazonas. "Al reconocer los derechos de los pueblos indígenas a la consulta previa e informada, la CIDH solicita que el gobierno brasileño paralice la construcción de Belo Monte y garantice el derecho de decidir de los indígenas", dijo Roberta Amanajás, abogada de SDDH. "De esta forma, seguir con las obras sin realizar las consultas indígenas violaría el derecho internacional y el gobierno sería responsable internacionalmente por los impactos negativos causados por el proyecto". La CIDH también resolvió que Brasil debe adoptar medidas urgentes para proteger la vida e integridad personal de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario en la cuenca del Xingú, además de medidas para prevenir la diseminación de enfermedades y epidemias entre las comunidades tradicionales afectadas por la obra. "La decisión de la CIDH envía un mensaje claro que las decisiones unilaterales del gobierno y la justicia brasileños, en busca del crecimiento económico a cualquier costo, constituyen una afronta a las leyes del país y a los derechos de las poblaciones tradicionales locales", dijo Antonia Melo del MXVPS. "Nuestros gobernantes no pueden continuar excusándose en el crecimiento económico para violar los derechos humanos e impulsar proyectos que promueven la destrucción de nuestros recursos naturales y la muerte de los pueblos del Xingú y del Amazonas". La represa no sólo ha sido criticada por comunidades y organizaciones de la sociedad civil, sino también por científicos, investigadores y expertos de las agencias federales brasileñas. Sólo el Ministerio Público Federal ha presentado diez demandas que están pendientes de resolverse. ”Esta decisión marca un hito para Brasil y para la región, pues evidencia que el desarrollo económico debe cumplir con las normas y respetar los derechos humanos” afirmó Astrid Puentes, co-directora de AIDA. “Grandes represas como Belo Monte han evidenciado que no son energía limpia ni sostenible, por los graves impactos que causan, incluso para el cambio climático, por lo cual es esencial que los Estados examinen integralmente los impactos y alternativas que estos proyectos tienen, pues existen muchas” concluyó. "Estoy muy conmovida con esta noticia", dijo Sheyla Juruna, líder de la comunidad indígena Juruna del km 17, afectada por el proyecto. "Hoy, más que nunca, tengo la certeza de que estamos en lo correcto en denunciar al gobierno ante la justicia por las violaciones contra los derechos de los pueblos indígenas del Xingú y de todos los que están juntos en esta lucha en defensa de la vida y del medio ambiente. Continuaremos firmes y resistentes en esta lucha contra la implementación del Complejo de Belo Monte". La decisión de la CIDH ordenando la suspensión inmediata del proceso de licenciamiento y construcción de Belo Monte se fundamenta en el Convenio 169 de la OIT, en la Declaración de la ONU de los Derechos de los Pueblos Indígenas, en la Convención de Biodiversidad, en la Convención Americana y en la propia Constitución de Brasil.
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