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Foto: UNFCCCSiguiendo las negociaciones climáticas en la ONU
Los fenómenos derivados de los cambios en el clima son cada vez más extremos e impactan con mayor dureza a comunidades de países en desarrollo. Vigente desde 1994, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático establece acciones para limitar el incremento de la temperatura promedio global y enfrentar los efectos de la crisis climática.
Los países parte de la Convención y del Acuerdo de París se reúnen cada año en la llamada Conferencia de las Partes (COP) para revisar sus compromisos, los avances en el cumplimiento de los mismos y los desafíos pendientes en la lucha global contra la crisis climática.
El Acuerdo de París fue adoptado en la COP21 de 2015. Busca fortalecer la respuesta mundial ante la emergencia climática, estableciendo un marco común de trabajo para todos los países en función de sus capacidades y mediante la presentación de Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC) que permitan:
- Limitar el aumento de las temperaturas globales a 2°C en comparación con los niveles preindustriales y continular los esfuerzos para limitarlo a 1,5°C;
- Aumentar la capacidad de los países para adaptarse a los impactos del cambio climático; y
- Garantizar que el financiamiento responda al objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
Nuestras áreas de trabajo
CRISIS CLIMÁTICA Y DERECHOS HUMANOS
La crisis climática, por su carácter transversal, tiene repercusiones en distintos ámbitos, geografías, contextos y personas. En ese sentido, el preámbulo del Acuerdo de París señala que es obligación de los Estados "respetar, promover y tener en cuenta sus respectivas obligaciones relativas a los derechos humanos, el derecho a la salud, los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales, los migrantes, los niños, las personas con discapacidad y las personas en situaciones vulnerables y el derecho al desarrollo, así como la igualdad de género, el empoderamiento de la mujer y la equidad intergeneracional".
A través del litigio climático y la incidencia política, AIDA trabaja para lograr una transición energética justa y respetuosa de los derechos humanos y con enfoque de género.
AIDA en las COP
COP25: Chile-Madrid 2019
En la COP25, celebrada en Madrid, España, abogamos por la inclusión de la perspectiva de derechos humanos en diversos temas de la agenda. Promovimos la incorporación de amplias salvaguardas socioambientales en la reglamentación del artículo 6 del Acuerdo de París, referido a los mercados de carbono. Seguimos de cerca la adopción del Plan de Acción de Género, así como la Red de Santiago, creada “para catalizar la asistencia técnica […] en países en desarrollo que son particularmente vulnerables a los efectos adversos del cambio climático”. Impulsamos además la inclusión en los compromisos climáticos de los países de metas ambiciosas y medibles de reducción de los contaminantes climáticos de vida corta.
COP26: Glasgow 2021
AIDA asistió a la COP26 en Glasgow, Escocia, llevando la voz de América Latina. Tras la cancelación de las negociaciones en 2020, la COP26 generó un momento importante para retomar las acciones de incidencia en cuanto al aumento de la ambición climática y el cierre del libro de reglas del Acuerdo de París. AIDA abogó por la inclusión de los más altos estándares de derechos humanos en las decisiones relativas a los mercados de carbono, el financiamiento climático y la regulación de las pérdidas y daños. Durante nuestra participación, brindamos información de fácil acceso sobre estos temas a nuestros aliados y socios en la región. Además, expusimos los avances del litigio climático en América Latina junto con nuestros aliados de Climate Action Network (CAN) y Climate Action Network Latin America (CANLA), entre otras otras redes y grupos de trabajo.
Proyectos relacionados
Cambio Climático y Derechos Humanos en América Latina: Una Crisis Humana
Este informe muestra cómo el cambio climático global ya está afectando negativamente el disfrute de los derechos humanos en América Latina y la alta probabilidad de que estos impactos se agraven en el futuro. El propósito de este informe no es dar una lista exhaustiva de todas las posibles consecuencias del cambio climático, sino resumir los impactos que están mejor sustentados con evidencias directamente atribuibles al cambio climático global y los que tienen el más alto potencial de afectar los derechos humanos de las personas y de las comunidades vulnerables de América Latina. Lee y descarga el informe
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La “Ley Chorizo” aún carece de reglamento
En junio de 2010, el Gobierno de Panamá sancionó la Ley 30, conocida también como "Ley Chorizo, la cual dictaba medidas para promover el desarrollo de la aviación comercial en ese país. Una de ellas era la eliminación de las evaluaciones de impacto ambiental para obras que sean declaradas de interés social. La norma introducía reformas en los códigos Penal, de Trabajo y el de Justicia, y en seis leyes, incluidas la Ley Orgánica de la Policía, la de Contrataciones Públicas y la del Medio Ambiente. Estas modificaciones causaron grandes manifestaciones públicas entre junio y julio de 2010 por parte de la sociedad civil panameña, las cuales fueron objeto de una violenta represión. La situación fue tan seria que muchos panameños expresaron su indignación. “Nos recuerda lo vivido durante la dictadura de Noriega”, comentó Jacob Kopas, abogado de AIDA. Entre otras cuestiones, la ley le restaba control a la actividad del Ejecutivo en materia ambiental y limitaba el derecho sindical a realizar huelgas y llevar a cabo convenios colectivos de trabajo. La polémica norma establecía también que cuando un policía sea denunciado o querellado por la presunta comisión de un delito en el cumplimiento de su deber, por motivos de uso excesivo de la fuerza, no se ordenaría su detención preventiva ni se decretaría la suspensión provisional de su cargo. En el pasado, el Gobierno panameño había declarado su intención de remplazar las evaluaciones de impacto ambiental (EIA) por mejores prácticas como una forma de eliminar impedimentos para la inversión extranjera y el desarrollo. Las EIAs, cuya aplicación es obligatoria prácticamente en todos los países del mundo, constituyen un documento de salvaguarda esencial que previene proyectos potencialmente perjudiciales para el ambiente. En septiembre de 2010, gracias a la incansable presión de la sociedad civil, el Gobierno panameño subrogó la Ley 30 con otra ley. Sin embargo, a más de un año de esto, aún no se ha emitido el reglamento. Debido a la tardanza, la nueva ley carece de efecto práctico, aunque se espera que los proyectos que requieran evaluación de impacto ambiental no queden exentos de ella. Además, el borrador del reglamento debe ser sometido a participación ciudadana, a fin de definir cuáles proyectos no requerirán EIA. Ante tal situación, todavía existe cautela sobre las potenciales amenazas al ambiente y a los derechos humanos que la falta de EIA podría implicar. En AIDA estaremos atentos al tema y apoyaremos a las organizaciones panameñas, en especial al Centro de Incidencia Ambiental de Panamá, nuestra organización amiga, con herramientas de derecho ambiental internacional.
Leer másMéxico incumple recomendación internacional para registrar manglares en peligro por complejo turístico
Autoridades ambientales no aplicaron solicitud del organismo internacional regulador para proteger humedales que podrían sufrir afectaciones a su ecosistema por complejos turísticos en la costa de Sinaloa y Nayarit. México, Distrito Federal. Con el fin de proteger los humedales de la Laguna Huizache-Caimanero y Marismas Nacionales, que cuenta con el sistema de manglar más extenso del Pacífico mexicano, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) y la Alianza para la Sustentabilidad del Noroeste Costero Mexicano (ALCOSTA), solicitan al gobierno de México hacer del conocimiento público las Recomendaciones de la Misión Ramsar de Asesoramiento a estos sitios y enlistarlos en el Registro Montreux. AIDA participó el pasado 29 de septiembre en la última reunión en la ciudad de México del Comité Nacional de Humedales Prioritarios, convocado por la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), donde se discutió entre otros temas, la necesidad de elaborar una política nacional de humedales protegidos en México. En dicha reunión se habló del proyecto turístico Centro Integralmente Planeado (CIP) Costa del Pacífico (ahora llamado Playa Espíritu), promovido por el Fondo Nacional del Turismo del gobierno federal, el cual pone en riesgo dichos humedales. También se informó de la segunda sesión de asesoramiento de la Misión Ramsar al sitio Marismas Nacionales. Sandra Moguel, asesora legal de AIDA, quien participó en el evento, afirma que una de las recomendaciones del Secretariado de la Convención Ramsar (máximo órgano internacional de protección y regulación de humedales prioritarios en el mundo ) derivadas de la misión realizada en agosto del 2010 consistía en incluir en el Registro Montreux los humedales que se encuentran en Marismas Nacionales y Huizache Caimanero en Sinaloa y Nayarit, respectivamente. Dicho registro es una afiliación que recomienda la Misión Ramsar de sitios “en los que se hubieran producido, se estuvieran produciendo o pudieran producirse modificaciones en las condiciones ecológicas", de acuerdo a sus políticas internas. “El Registro Montreux tiene como propósito atender los cambios negativos en las características ecológicas de los sitios Ramsar. México consolidaría su liderazgo en América Latina en el tema relativo a humedales al demostrar voluntad política para el cumplimiento de los tratados internacionales y la verdadera protección de los manglares en nuestro país”, afirmó la abogada. Agustín Bravo, coordinador de la Oficina Noroeste de CEMDA, señaló que “actualmente se habla en medios de comunicación de un CIP de 40 mil cuartos cuando únicamente se autorizaron 10 mil. Si bien se trata de un mecanismo voluntario, la inclusión de Marismas en el Registro Montreux apoyaría la rendición de cuentas del gobierno federal respecto al manejo del sitio”. ”El proceso de evaluación de impacto ambiental, contrariamente a las Recomendaciones de la Misión Ramsar de Asesoramiento, no reconoce los impactos que generará el Centro Integralmente Planeado (CIP) del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) y los asentamientos humanos asociados al desarrollo turístico en el ecosistema de Marismas Nacionales por cambios de uso de suelo y manejo de residuos sólidos. Dicho organismo tampoco relaciona estos impactos con los que generan la agricultura intensiva y la acuacultura”, dijo René Córdova, coordinador de ALCOSTA una coalición formada por 24 organizaciones conservacionistas de los estados de Baja California, Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa y Sonora. AIDA y el CEMDA, junto con otras organizaciones civiles, presentaron en 2009 una petición donde se solicitó la intervención por el Secretariado de la Convención Ramsar para la defensa legal de la zona. En mayo de 2011 la autoridad ambiental Mexicana aprobó la autorización de impacto ambiental para la construcción y operación del proyecto. La autorización es cuestionable debido a que deja abierta la posibilidad de presentar una modificación para construir los 40 mil cuartos originalmente contenidos en el proyecto, en lugar de 10 mil como se autorizó. Para ello, la autoridad requiere la presentación de estudios y permisos posteriores a la autorización. Dichas organizaciones han denunciado que si el proyecto se ejecuta como está planificado, pondría en peligro los humedales cercanos que salvaguardan al 10% de los manglares que le quedan a México y 60 especies en peligro de extinción. Por la importancia de los humedales en Marismas Nacionales y la protección y crecimiento de las especies de peces en el Mar de Cortés, estas afectaciones implicarían una gran pérdida económica para la industria pesquera en la zona. Más información sobre humedales en México: Marismas Nacionales fue registrado en la lista de humedales de importancia prioritaria internacional de la Convención Ramsar, el 22 de junio de 1995. El humedal se encuentra situado en los límites de Sinaloa y Nayarit, zona aproximadamente con un extensión de 2 mil 381 hectáreas y con carácter de Área Natural Protegida en la parte de Nayarit. México es el segundo país en el mundo con más humedales registrados bajo la Convención Ramsar y el quinto con más extensión de este tipo de ecosistemas ubicados en los trópicos y subtrópicos del continente americano. Desde el cuatro de noviembre de 1986, México suscribió a la Convención Ramsar, un tratado intergubernamental que sirve de marco para la acción nacional y la cooperación internacional en favor de la conservación y el uso racional de los humedales y sus recursos. Actualmente han sido identificados 121 sitios designados como “humedales mexicanos de importancia internacional”, con una superficie de 8 millones 225 mil 926 hectáreas en todo el país.
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