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Photo: Steve Ablitt / Cassiar WatchVictoria: Canadá respalda la participación pública y la evaluación ambiental
Gracias a un fallo judicial al que AIDA y sus aliados contribuyeron, las autoridades canadienses deben permitir la participación pública activa en todos los megaproyectos mineros e industriales, y éstos deben incluir evaluaciones de impacto ambiental integrales.
La decisión llegó tras una larga batalla legal iniciada en 2006. Ese año, el proyecto Red Chris, una mina de cobre y oro a cielo abierto que procesaría 30,000 toneladas métricas al día, fue aprobado sin haber sido sometido a una evaluación adecuada de sus impactos ambientales.
La empresa Imperial Metals pretendía construir la mina en el Valle del Río Kapplan, un área remota y prístina que es hogar de grandes mamíferos como la oveja de Dall, el caribú, osos y alces. Además, la zona forma parte de la ruta migratoria del salmón y cerca de ella vive la comunidad indígena Tathlan.
La empresa había fragmentado el proyecto en partes pequeñas para evitar la evaluación de la todalidad de sus impactos, violando así estándares internacionales sobre el tema, así como el derecho a la participación pública.
En 2009, AIDA presentó ante la Corte Suprema de Justicia de Canadá un escrito en el que argumentó, desde el derecho internacional, las faltas cometidas por la empresa con relación al proyecto. Lo hicimos para apoyar la demanda presentada contra el proyecto por MiningWatch y EcoJustice (nuestra organización participante en Canadá).
El fallo es una herramienta poderosa para proteger extensiones enormes de terreno prístino y valioso por su biodiversidad, fuentes de agua y la cultura de comunidades indígenas.
Es un parteaguas para que las empresas cumplan con sus obligaciones al desarrollar proyectos que ponen en riesgo el ambiente y a las personas que dependen de él.
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La evaluación ambiental con enfoque climático: Clave para proteger los derechos humanos
En un fallo importante para la justicia climática en América Latina, el pasado 16 de junio, el Tribunal Constitucional de Costa Rica ordenó al gobierno incluir el análisis de impactos climáticos en la evaluación de todo proyecto, obra o actividad que pueda afectar el ambiente.La decisión fortalece logros similares obtenidos en otros países del continente gracias al litigio climático estratégico. La sentencia en Costa Rica fue resultado de un litigio respaldado por AIDA y en el que presentamos un escrito legal con argumentos sólidos para evidenciar que incorporar una perspectiva climática en la evaluación de proyectos es una obligación basada en la legislación nacional, convenios internacionales y en la experiencia de otros países de la región. Siendo la crisis climática la amenaza ambiental y a los derechos humanos más urgente que el mundo enfrenta actualmente, es importante que tribunales respalden la necesidad de que los gobiernos analicen los riesgos e impactos relacionados con el clima antes de autorizar cualquier proyecto o actividad. El procedimiento establecido para desarrollar este análisis —conocido como evaluación de impacto ambiental (EIA)— busca justamente identificar, anticipar, analizar, mitigar y/o evitar las afectaciones ambientales de proyectos o actividades potencialmente perjudiciales.Al mismo tiempo, es una herramienta clave para prevenir que una propuesta de desarrollo vulnere los derechos de personas y comunidades, incluido el derecho universal a un ambiente sano.A continuación, detallamos las razones por las que los gobiernos deben evaluar los impactos de un proyecto en el clima antes de darle luz verde, que fueron nuestros aportes a la victoria judicial reciente en Costa Rica. Obligaciones nacionales e internacionalesExisten varias normas nacionales que sustentan la obligación de incluir criterios sobre cambio climático en la evaluación ambiental de proyectos. En Costa Rica, tenemos, por ejemplo:El Manual de Instrumentos Técnicos para el Proceso de Evaluación del Impacto Ambiental, que dispone considerar el factor climático, particularmente respecto de la vulnerabilidad de ríos, lagos y otros cuerpos de agua, así como de la vida que sostienen.El Decreto 42465 de 2019, según el cual las instituciones que ejecutan obras de infraestructura pública deben evaluar los riesgos climáticos, el cambio climático y otros factores naturales o provocados por el hombre en todas las fases del proyecto. Nuestro escrito refiere también a una serie de documentos que analizan el riesgo climático en Costa Rica, país que por su ubicación en el trópico centroamericano está expuesto a fenómenos meteorológicos extremos —huracanes, tormentas tropicales, sequías e inundaciones— cuya frecuencia e intensidad han aumentado debido al calentamiento global.A nivel internacional, Costa Rica, al igual que otros países del continente, es parte de tratados y otros instrumentos del derecho internacional que implican obligaciones en materia de ambiente y derechos humanos que hacen referencia a la evaluación ambiental de proyectos:Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Establece que los gobiernos deben emplear métodos apropiados, como evaluaciones de impacto de proyectos, para reducir al mínimo los efectos adversos del cambio climático en la economía, la salud pública y el ambiente.Acuerdo de París. Obliga a los gobiernos a emprender y comunicar las acciones que realizarán para reducir las emisiones de gases que dañan el clima y para adaptarse a los impactos del cambio climático, las cuales deben respetar los derechos humanos.Convenio sobre la Diversidad Biológica. Compromete a los países a llevar a cabo procedimientos apropiados para exigir la evaluación de proyectos que puedan tener efectos adversos importantes en la diversidad biológica con miras a evitarlos o reducirlos al mínimo, permitiendo cuando proceda la participación pública.Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030. Pide a los países elaborar, fortalecer y poner en práctica las acciones pertinentes para alinear desarrollo y crecimiento sostenible, seguridad alimentaria, salud y seguridad, variabilidad y cambio climática, gestión ambiental y reducción del riesgo de desastres.Opinión Consultiva 23 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dispone que la evaluación ambiental de proyectos debe considerar su impacto acumulativo, evitar daños a comunidades indígenas y pueblos tribales, incluir planes de contingencia y mitigación, y garantizar que sea objetiva e independiente y con supervisión estatal. Lecciones de otros países de América LatinaEn varios países del continente, la obligación de incorporar criterios climáticos en la evaluación ambiental ha sido establecida institucionalmente y también respaldada por fallos judiciales. Dos casos recientes lo ejemplifican:Chile. En un litigio relacionado con la central termoeléctrica de Mejillones, ubicada en la Región de Antofagasta, en 2022, la Corte Suprema ordenó al Servicio de Evaluación Ambiental de Chile analizar el componente atmósfera, incluyendo aquellos elementos que han variado en el ambiente terrestre a causa del cambio climático, desde el inicio de la ejecución del proyecto hasta la actualidad.Colombia. Ante una demanda contra la norma sobre permisos ambientales en el país, la Corte Constitucional declaró en 2024 que los estudios de impacto ambiental deben incluir una evaluación de los impactos en materia de cambio climático: “un fenómeno global determinado por múltiples variables biofísicas y socioeconómicas que interactúan en largos periodos de tiempo, que incide de una manera cada vez más decisiva en los procesos naturales e impacta de forma diferenciada a los territorios, las comunidades y las personas, siendo Colombia uno de los países más afectados”. Protección del ambiente sano frente a la crisis climáticaPor lo dicho antes, la inclusión de criterios de cambio climático en la evaluación ambiental de proyectos es esencial para el disfrute del derecho humano al ambiente sano. Esto implica:Evaluar los impactos que el proyecto o actividad pueda generar en relación con el cambio climático. Esto incluye cuantificar y documentar las emisiones directas e indirectas de gases de efecto invernadero; identificar si y en qué medida estas aumentan o disminuyen; y analizar estrategias adecuadas de mitigación que respondan a los impactos anticipados.Considerar los efectos que la propia crisis climática (respecto de accidentes o desastres inducidos por el clima, por ejemplo) podría ejercer sobre el desarrollo, viabilidad y sostenibilidad del proyecto o actividad en el tiempo, análisis que debe contribuir a la decisión sobre su autorización. La crisis climática no es una amenaza, sino una realidad que ya afecta gravemente a la región. En este contexto, es imperativo que los proyectos de desarrollo continúen siendo sometidos a una evaluación ambiental adecuada, lo cual exige considerar de forma obligatoria y sistemática los impactos climáticos, tanto en términos de mitigación como de adaptación. A través del litigio estratégico, AIDA seguirá contribuyendo a esa tarea. Conoce más en nuestra hoja informativa "Perspectiva de cambio climático en los Estudios de Impacto Ambiental" Consulta nuestro informe "Buenas Prácticas a Nivel Mundial para los Estudios de Impacto Ambiental"
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Misión civil documenta daños socioambientales de la ampliación del puerto de Veracruz e incumplimientos persistentes del fallo de la Suprema Corte
El informe de la misión da cuenta que autoridades federales siguen sin cumplir plenamente lo ordenado en 2022 por el alto tribunal para proteger el Sistema Arrecifal Veracruzano y con ello a las comunidades que dependen de él.Veracruz, México. Territorios Diversos para la Vida, A.C. (TerraVida), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y personas expertas académicas presentaron los resultados de una misión civil realizada entre el 1 y el 4 de mayo de 2026, la cual documenta afectaciones ambientales, sociales, culturales y territoriales asociadas a la ampliación del Puerto de Veracruz.La Misión Civil de Observación MIDE- SAV da cuenta de una serie relevante de falencias en el cumplimiento de la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Amparo en Revisión 54/2021 para garantizar la integridad, conservación y continuidad del Sistema Arrecifal Veracruzano frente al proyecto portuario. La misión encontró que persisten las mismas omisiones señaladas por la Corte, incluyendo la falta de una evaluación integral de los impactos acumulativos, sinérgicos y residuales de la ampliación portuaria, deficiencias en la participación pública y la ausencia de medidas suficientes para proteger el Sistema Arrecifal Veracruzano, uno de los ecosistemas marinos más importantes del Golfo de México.Entre los principales hallazgos destacan la erosión costera, la pérdida de espacios públicos como playas, la degradación de arrecifes y humedales, la alteración de procesos hidrológicos y sedimentarios, así como afectaciones derivadas de la extracción de materiales pétreos utilizados para las obras portuarias.El informe también documenta impactos directos en las comunidades costeras. La pesca artesanal enfrenta un deterioro progresivo debido a la disminución de especies y la pérdida de zonas de pesca, mientras que localidades como Las Barrancas reportan daños a viviendas, pérdida de territorio y mayor exposición a riesgos asociados al avance del mar.Asimismo, las organizaciones señalaron que las gestiones para la Misión Ramsar de Asesoramiento fueron realizadas de forma tardía y sin garantizar acceso oportuno a la información ni mecanismos efectivos de participación para comunidades, organizaciones de la sociedad civil y personas expertas.La Misión Ramsar es un mecanismo internacional de asistencia técnica que puede activarse cuando un humedal enfrenta amenazas a su integridad ecológica. El Sistema Arrecifal Veracruzano forma parte de la Lista de Humedales de Importancia Internacional de la Convención Ramsar, un tratado global para la conservación y el uso racional de humedales. La Suprema Corte ordenó a las autoridades gestionar este acompañamiento técnico especializado; sin embargo, el informe concluye que dicho proceso se realizó de manera tardía y con limitaciones que redujeron su potencial para contribuir a la protección efectiva del ecosistema.Las organizaciones hacen un llamado urgente a SEMARNAT, SEMAR y ASIPONA Veracruz para cumplir integralmente la sentencia de la Suprema Corte, garantizar una evaluación ambiental verdaderamente integral, fortalecer la participación pública y adoptar medidas efectivas para la restauración y protección del Sistema Arrecifal Veracruzano y de las comunidades que dependen de él.El incumplimiento de la sentencia no sólo pone en riesgo uno de los ecosistemas más importantes del país, sino que también debilita el Estado de derecho y la obligación de las autoridades de respetar las decisiones judiciales en materia ambiental.Informe disponible aquí.Contactos de prensaTerritorios Diversos para la Vida | [email protected] | 5584625917Lorena Zárate | AIDA | [email protected] | +52 553902 7481
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Defensa del Sistema Arrecifal Veracruzano frente al proyecto de ampliación del Puerto de Veracruz
Informe de la misión civil realizada del 2 al 4 de mayo de 2026 Territorios Diversos para la Vida, A.C. (TerraVida), Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y expertos académicos, actúan en defensa del Sistema Arrecifal Veracruzano y de las comunidades afectadas por el proyecto de ampliación del puerto de Veracruz. El presente informe documenta los principales hallazgos de la misión civil realizada en Veracruz entre el 1 y el 4 de mayo de 2026, enfocada en analizar las afectaciones ambientales, sociales, culturales y territoriales asociadas a la ampliación del puerto de Veracruz. El análisis se desarrolló desde un enfoque de derechos humanos, gobernanza ambiental y participación ciudadana, articulando evidencia técnica, conocimiento comunitario y observación territorial directa.A la luz de los estándares del derecho humano a un ambiente sano, persiste el incumplimiento de obligaciones estatales relacionadas con la prevención de impactos significativos, la precaución de daños graves e irreversibles, omisiones en la evaluación integral de impactos acumulativos y sinérgicos, falta de un enfoque de cuenca y desconocimiento de estándares internacionales en materia de derechos de acceso a la información, participación pública y transparencia. Estas condiciones implican resistencia y repetición de las causas que dieron lugar a la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Amparo en Revisión 54/2021.La misión identificó un patrón de transformación acelerada del litoral veracruzano caracterizado por la alteración de ecosistemas costeros, el deterioro de medios de vida tradicionales y el incremento de condiciones de vulnerabilidad social y ambiental para las comunidades costeras. Entre las principales afectaciones destacan la erosión costera, la pérdida de playas, la degradación de arrecifes y humedales, la alteración de dinámicas hidrológicas y sedimentarias, así como impactos derivados de la extracción de materiales pétreos utilizados para las obras de infraestructura portuaria.El informe concluye que estas transformaciones no constituyen impactos aislados, sino parte de un proceso territorial más amplio que ha modificado profundamente la relación histórica entre las comunidades y el entorno costero. Las afectaciones documentadas comprometen no solo el equilibrio ecológico de la región, sino también la permanencia de formas de vida, prácticas culturales y actividades económicas tradicionales vinculadas al mar. El informe advierte que las evaluaciones oficiales omitieron analizar de manera integral los impactos acumulativos del proyecto, especialmente aquellos relacionados con la extracción de materiales pétreos, la alteración de cuencas hidrológicas y los riesgos sobre el Sistema de Lagunas Interdunarias de la Ciudad de Veracruz, sitio reconocido de importancia internacional bajo la Convención sobre los Humedales. Uno de los hallazgos centrales se relaciona con la crisis de los medios de vida comunitarios. La pesca artesanal, históricamente fundamental para la economía y la identidad cultural de las comunidades costeras, enfrenta un deterioro progresivo derivado del aumento en tráfico marino, la disminución de especies, la pérdida de zonas de pesca y la alteración de ecosistemas marinos. Las comunidades describen una creciente precarización económica acompañada de procesos de desposesión territorial y dependencia de empleos temporales vinculados al mismo modelo industrial que deteriora el entorno ambiental.Se verificaron afectaciones graves sobre viviendas e infraestructura comunitaria. En localidades como Las Barrancas, la erosión costera y el avance del mar han provocado pérdida de playas, destrucción de viviendas y reducción del espacio habitable, generando condiciones permanentes de incertidumbre y riesgo para las familias. Asimismo, las actividades extractivas asociadas al crecimiento portuario han ocasionado daños estructurales a viviendas, deterioro de caminos y pérdida de condiciones adecuadas de habitabilidad en distintas comunidades.Otro aspecto relevante es el incremento de riesgos para la vida y la seguridad comunitaria. La degradación de arrecifes, humedales y lagunas ha debilitado las barreras naturales de protección frente a inundaciones, oleaje y fenómenos meteorológicos extremos. Las comunidades enfrentan un escenario de vulnerabilidad acumulativa donde convergen diferentes factores como: deterioro ambiental, fragilidad territorial y percepción de abandono institucional.El informe destaca además impactos significativos sobre la identidad cultural y los derechos culturales de las comunidades costeras. La transformación del litoral y la pérdida de espacios públicos costeros afectan prácticas tradicionales, formas de convivencia, conocimientos comunitarios y relaciones históricas con el mar. La pesca artesanal, las playas y los espacios de encuentro comunitario constituyen elementos centrales de la identidad veracruzana que actualmente se encuentran amenazados por la expansión portuaria e industrial.Finalmente, el documento concluye que las afectaciones observadas reflejan una disputa territorial más amplia sobre el modelo de desarrollo implementado en el litoral veracruzano. Mientras el crecimiento portuario es promovido como estrategia de desarrollo económico nacional, las comunidades costeras enfrentan localmente los costos sociales, ambientales y culturales de dicho proceso.La misión civil advierte la necesidad urgente de fortalecer mecanismos de participación pública efectiva, garantizar evaluaciones ambientales holísticas e integrales con enfoque territorial y adoptar medidas orientadas a proteger los ecosistemas costeros y los derechos de las comunidades que históricamente han habitado y cuidado el litoral veracruzano. Lee y descarga el informe
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