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Photo: Steve Ablitt / Cassiar WatchVictoria: Canadá respalda la participación pública y la evaluación ambiental
Gracias a un fallo judicial al que AIDA y sus aliados contribuyeron, las autoridades canadienses deben permitir la participación pública activa en todos los megaproyectos mineros e industriales, y éstos deben incluir evaluaciones de impacto ambiental integrales.
La decisión llegó tras una larga batalla legal iniciada en 2006. Ese año, el proyecto Red Chris, una mina de cobre y oro a cielo abierto que procesaría 30,000 toneladas métricas al día, fue aprobado sin haber sido sometido a una evaluación adecuada de sus impactos ambientales.
La empresa Imperial Metals pretendía construir la mina en el Valle del Río Kapplan, un área remota y prístina que es hogar de grandes mamíferos como la oveja de Dall, el caribú, osos y alces. Además, la zona forma parte de la ruta migratoria del salmón y cerca de ella vive la comunidad indígena Tathlan.
La empresa había fragmentado el proyecto en partes pequeñas para evitar la evaluación de la todalidad de sus impactos, violando así estándares internacionales sobre el tema, así como el derecho a la participación pública.
En 2009, AIDA presentó ante la Corte Suprema de Justicia de Canadá un escrito en el que argumentó, desde el derecho internacional, las faltas cometidas por la empresa con relación al proyecto. Lo hicimos para apoyar la demanda presentada contra el proyecto por MiningWatch y EcoJustice (nuestra organización participante en Canadá).
El fallo es una herramienta poderosa para proteger extensiones enormes de terreno prístino y valioso por su biodiversidad, fuentes de agua y la cultura de comunidades indígenas.
Es un parteaguas para que las empresas cumplan con sus obligaciones al desarrollar proyectos que ponen en riesgo el ambiente y a las personas que dependen de él.
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El futuro del transporte marítimo está en juego: ¿Qué se negocia en la OMI?
El transporte marítimo mueve buena parte de los productos que usamos a diario. Pero también genera cerca del 3% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (GEI). Junto con el transporte aéreo, es un sector en donde reducir las emisiones puede resultar difícil pues se requiere un acuerdo global. En una publicación anterior, contamos cómo la Organización Marítima Internacional (OMI), organismo de las Naciones Unidas que regula el transporte marítimo, negociaba medidas para descarbonizar el sector. Desde entonces, hubo avances y obstáculos. Hoy, esa discusión está en un momento decisivo. Un acuerdo histórico sin precedentesEn 2023, los países miembros de la OMI acordaron una estrategia para reducir las emisiones del transporte marítimo y llegar a emisiones netas cero cerca de 2050 con el compromiso de promover una transición equitativa y justa. También fijaron como metas de reducción intermedias, tomando como base las emisiones de 2008, una reducción de al menos un 20% para 2030 y de 70% para 2040.Para convertir esos objetivos en reglas concretas, en abril de 2025, durante la reunión 83 del Comité de Protección del Medio Marino de la OMI (MEPC 83), se aprobó el texto del Marco Cero Neto (Net-Zero Framework, NZF). Su diseño combinaba dos herramientas:Una medida técnica para exigir que los combustibles utilizados por los buques sean progresivamente menos contaminantes, promoviendo el uso de alternativas de cero o casi cero emisiones y estableciendo metas de reducción de emisiones anuales cada vez más estrictas. Una medida económica que dispone pagos para los buques que superen ciertos límites de emisiones. Con esto se propuso la creación del Fondo Cero Neto para que los recursos recaudados sean utilizados en incentivar tecnologías más limpias y apoyar medidas para una transición justa y equitativa. El acuerdo significó un avance sin precedentes que aumentaría el costo de usar combustibles marítimos tradicionales, como el HFO (fuel oil pesado), incentivando el uso de combustibles menos contaminantes, y permitiendo apoyar a los países menos aventajadas en la transición con los recursos recaudados.Sin embargo, en octubre de 2025, durante el MEPC 83, cuando correspondía adoptar formalmente el acuerdo, fuertes presiones políticas en torno a la ambición climática del Marco Cero Neto y su implementación aplazaron la discusión por un año. El NZF quedó sin adopción definitiva en medio de diferencias sobre sus costos, su aplicación y su componente económico.¿Qué ha pasado en 2026?En abril de 2026, durante las sesiones del MEPC 84, los Estados acordaron abrir un nuevo espacio para discutir las preocupaciones pendientes y buscar un consenso más amplio. Para ello se programaron dos reuniones del Grupo de Trabajo Intersesiones sobre la Reducción de los Gases de Efecto Invernadero de la OMI, conocido como ISWG-GHG.La primera se celebró del 1 al 4 de septiembre (ISWG-GHG 22) y la segunda será realizada en noviembre, junto con el MEPC 85. Aunque en la primera reunión hubo disposición al diálogo y coincidencias en algunos aspectos técnicos, hubo fuertes diferencias entre los diferentes grupos de países y no se acordó una nueva versión del NZF. Algunos países buscan flexibilizar y hacer menos exigentes las metas de reducción de emisiones, además de limitar o eliminar todo tipo de pagos e incentivos para cumplir con el mecanismo, disminuyendo sensiblemente la posibilidad de una transición justa y equitativa en el transporte marítimo. Lo discutido en el ISWG GHG 22 permite identificar con mediana claridad dos enfoques: uno que busca mantener la estructura del acuerdo del MEPC 83 y garantizar que la regulación logre de forma efectiva acelerar el cambio hacia combustibles con menores emisiones y cumplir las metas climáticas definidas por la OMI; y otro que busca incorporar en la estrategia de descarbonización el ritmo del mercado de los combustibles actuales —en base a su disponibilidad, escalabilidad y precio—, permitiendo extender el uso de combustibles fósiles, como el gas natural licuado, como combustibles de transición del sector marítimo. Dos son los principales debates en las negociaciones: a. Determinar cuánto y a qué ritmo deben bajar las emisiones de GEI de los buquesEl NZF propone un estándar global que limita progresivamente la cantidad de GEI generados por cada unidad de energía utilizada por los buques. Para calcularlo, considera las emisiones del combustible durante todo su ciclo de vida, desde su producción hasta su utilización a bordo (well-to-wake). Esto evita presentar como limpia una alternativa que contamina a lo largo de su cadena de valor antes de llegar al barco.Algunas propuestas de países buscan flexibilizar las metas iniciales o vincular su exigencia a la disponibilidad, asequibilidad y escalabilidad de los combustibles. Quienes las defienden advierten que el cambio requiere inversiones, infraestructura y tecnologías que todavía no están disponibles de manera suficiente en todas las regiones. Si bien estas dificultades son reales e inherentes al proceso, debilitar las metas no parece ser la solución más adecuada. Esto sería contraproducente pues retrasará aún más las inversiones en nuevas tecnologías, además de prolongar el uso de combustibles fósiles y hacer más difícil cumplir con los objetivos climáticos. La solución debe permitir una implementación viable sin perder de vista que el objetivo es reducir efectivamente las emisiones de la flota internacional. b. Determinar quiénes pagan por contaminar y quiénes reciben apoyoEl segundo debate gira en torno al mecanismo económico del NZF. En su versión aprobada en 2025, los buques que no alcancen ciertos niveles de desempeño deben realizar contribuciones económicas. Estos recursos alimentarían el Fondo Cero Neto de la OMI, pensado para apoyar el uso de combustibles menos contaminantes y financiar medidas para una transición justa y equitativa en países vulnerables.Específicamente la llamada Regulación 41, establece que parte de los ingresos recaudados financien medidas de apoyo a una transición justa y equitativa, propiciando la protección ambiental y climática, así como la adaptación y resiliencia, con foco en las necesidades de los países en vías de desarrollo.En esta regulación se considera también el financiamiento de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías, el desarrollo de infraestructura marítima y portuaria, la transferencia de tecnologías, el desarrollo de capacidades y la cooperación técnica entre países. Además, contempla el apoyo a personas trabajadoras del sector marítimo y a la gente de mar; la implementación de planes de acción nacionales, incluyendo modernización y renovación de flotas; y la atención de los impactos negativos desproporcionados que las nuevas medidas puedan generar, por ejemplo, en la seguridad alimentaria.Aunque muchos países defienden este esquema de recaudación, otros buscan eliminar los pagos obligatorios y el Fondo Cero Neto. Liberia y Panamá proponen reemplazarlos por un sistema de intercambio de créditos de emisiones entre buques, donde las transacciones económicas quedarían principalmente dentro de la industria marítima. Por su parte, Japón propone que las navieras, en lugar de aportar a un fondo común, cumplan sus obligaciones mediante contribuciones directas a proyectos que seleccionados ellas mismas, sujetos a aprobación de la OMI. Brasil plantea una alternativa intermedia: mantener la recaudación y redistribución de recursos mediante una entidad financiera más flexible (Facility). Lo contradictorio es que, sin una fuente de financiamiento estable, predecible y que envíe las señales adecuadas, es mucho más difícil disminuir las emisiones de CO2 y apoyar a los países con menos recursos para adaptarse. Los incentivos para las empresas o una transición más flexible y paulatina no garantizan por sí solos el cumplimiento de las metas de descarbonización ni que los beneficios de la transición lleguen también a los países y comunidades que más los necesitan. Si actualmente se estima que el NZF recaudaría entre 11.000 y 12.000 millones de dólares anuales para incentivar la descarbonización y financiar una transición justa, las alternativas que eliminan la recaudación centralizada concentrarían los beneficios económicos en las propias empresas, sin garantizar recursos para apoyar a los países más vulnerables. Lo que está en juego para los países de América Latina y el CaribePara la región, estas decisiones no son lejanas y requieren pasos decididos para que la descarbonización entregue resultados climáticos y no solo costos económicos. Muchos países dependen del transporte marítimo para importar alimentos, medicamentos y energía o para exportar sus productos. Además, la región es productora de combustibles fósiles y requiere estímulos económicos para adaptar sus sistemas energéticos a las nuevas demandas del transporte marítimo, especialmente en los puertos, así como para que los países se mantengan competitivos y cumplan las regulaciones de la OMI. También se debe considerar la necesidad de adaptación de los puertos regionales a los riesgos asociados a la crisis climática. Debilitar el acuerdo no hará que la región se integre justa y equitativamente al proceso de descarbonización de la OMI. La transición energética y de combustibles ya está ocurriendo, con mayor o menor rapidez, y los países más desarrollados están invirtiendo en infraestructura y capacidades técnicas, al tiempo que pavimentan el camino para asegurar su participación en el futuro del sector y en los beneficios y oportunidades del proceso. Sin embargo, la participación de América Latina y el Caribe en la transición está en juego. Sin un acuerdo que establezca un marco claro para el apoyo a la transición de países en desarrollo y menos desarrollados, como lo determinado en la Regulación 41, existe el riesgo real de que la región quede al margen del proceso y sus Estados enfrenten los costos de la transición. Esto es así porque muchos países tienen limitaciones para emprender inversiones energéticas en el sector marítimo y podría tomar años para que se conviertan en proveedores de combustibles limpios. Lograr un acuerdo robusto, justo y equitativo en la OMI no solo acelerará la reducción de emisiones contaminantes, sino que permitirá que la transición sea posible para todos los países del mundo sin dejar a ninguno atrás. Un acuerdo justo debería responder tanto a los desafíos climáticos como a las necesidades de los países en la transición. En particular, necesita:Metas claras y ambiciosas que permitan reducir las emisiones contaminantes del sector, con la urgencia requerida y sin postergar indefinidamente el cambio tecnológico.Financiamiento suficiente para que los países con menos recursos puedan enfrentar los impactos desproporcionados de la regulación e invertir en nuevas tecnologías, capacidades técnicas e infraestructura portuaria.Brindar protección a las personas y al ambiente para que la producción de nuevos combustibles y la transformación de los puertos respeten los derechos de personas trabajadoras, comunidades costeras y pueblos indígenas. La región tiene, por tanto, un papel activo que jugar. Sus gobiernos pueden impulsar posiciones que combinen ambición climática, protección ambiental, cooperación internacional y garantías para una transición justa y equitativa, en lugar de aceptar que se tenga que elegir entre proteger la economía y proteger el clima. Un cierre de año decisivoEn los próximos meses, las negociaciones en la OMI tendrán un periodo muy importante que podría definir el futuro del acuerdo y determinar si la discusión se seguirá posponiendo o habrá un texto definitivo. Del 23 al 27 de noviembre, se celebrarán las reuniones del ISWG-GHG 23; del 30 de noviembre al 3 de diciembre, tendrá lugar el MEPC 85; y el 4 de diciembre podría reanudarse la sesión extraordinaria (MEPC ES.2) aplazada en 2025, si el Comité lo confirma. Alcanzar un acuerdo global con reglas comunes permitirá tener mayor claridad sobre el futuro del sector y evitar que cada país o región avance por separado. Pero no basta con aprobar cualquier acuerdo. Su éxito dependerá de que logre efectivamente reducir emisiones contaminantes, acelere la salida de los combustibles fósiles y reúna recursos suficientes para apoyar a los países que enfrentan mayores dificultades.Desde AIDA seguiremos de cerca estas negociaciones, promoviendo que las delegaciones de América Latina y el Caribe tengan una voz activa, basada en sus intereses legítimos y el mejor conocimiento técnico disponible, no en presiones políticas. El desafío es lograr que la transformación del transporte marítimo sea, al mismo tiempo, una respuesta efectiva a la crisis climática y una oportunidad para avanzar hacia un futuro más justo y equitativo para los países de la región.
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Carta de víctimas de contaminación de La Oroya al papa León XIV
Con un fraterno saludo y deseándole a su vez, una pronta y óptima recuperación en su salud, nos dirigimos cordialmente a usted. Somos hombres y mujeres de La Oroya que hemos sufrido las consecuencias de la contaminación provocada por un complejo metalúrgico que opera desde hace más de cien años. Sus emisiones y la falta de medidas adecuadas de protección por parte del Estado peruano han degradado nuestro aire, agua y suelo causando graves daños a nuestra salud. Formamos parte de un grupo de personas que, después de años de buscar justicia sin obtener respuesta en nuestro país, fuimos reconocidas como víctimas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en una sentencia histórica que declaró la responsabilidad del Estado peruano en el caso Habitantes de La Oroya vs. Perú y le ordenó adoptar medidas de reparación integral. Le escribimos porque, después de más de veinte años de lucha, seguimos esperando que la justicia llegue a nuestras vidas y que el Estado cumpla cabalmente con la sentencia de la Corte. Durante generaciones, nuestras familias han respirado y tocado plomo, cadmio, arsénico y dióxido de azufre. Hemos visto sus efectos en nuestros cuerpos y en los de nuestros hijos e hijas. Algunas personas incluso han tenido que abandonar la ciudad para protegerse de estos daños.Aun así, La Oroya es nuestro hogar. Allí nacimos, crecimos y formamos nuestras familias. Queremos que vivir y trabajar en La Oroya no cueste nuestra salud y que nuestra tierra sea recordada no solo por su contaminación.La Iglesia ha caminado a nuestro lado, hoy necesitamos que esa compañía continúe.Durante muchos años, la Iglesia de Huancayo y la parroquia de La Oroya estuvieron cerca de nuestra comunidad y ayudaron a que el país conociera lo que vivíamos.Recordamos con gratitud al Cardenal Pedro Barreto Jimeno, quien, como Arzobispo de Huancayo, defendió públicamente nuestra salud, nuestra dignidad y nuestro derecho a vivir en un ambiente sano, y acompañó nuestro proceso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En su testimonio afirmó: "Yo pude ser testigo de familias con graves afectaciones a la salud, derivados de la contaminación ambiental de La Oroya, familias que perdieron seres queridos: víctimas de tumores y víctimas también de cáncer en pulmón". Para nosotras y nosotros, la Iglesia ha sido una presencia cercana que ha escuchado nuestro dolor y nos ha ayudado a alzar la voz. Hoy le pedimos, Santo Padre, que esa cercanía continúe y nos acompañe en uno de nuestros mayores desafíos: lograr que la justicia se haga realidad.Contamos con una sentencia que reconoce la violación de nuestros derechos, pero que aún no se cumple.La sentencia de la Corte fue una luz después de tantos años de lucha. Pero esa luz todavía no ha llegado a nuestras casas. Entre las medidas ordenadas que siguen sin cumplirse se encuentran brindar una atención integral en salud, contar con un plan de acción para remediar los daños ambientales en La Oroya, o compatibilizar la legislación nacional con los estándares de calidad del aire para la protección del ambiente y la salud de las personas. Mientras tanto, la contaminación y el riesgo continúan. En nuestra búsqueda de justicia, ya han muerto siete personas en espera de una atención médica adecuada y de la reparación esperada. Lo ocurrido en La Oroya es también la historia de muchas comunidades de Perú, de América Latina y del mundo, donde la contaminación amenaza la salud y la vida. Como nos recordó el Papa Francisco en Laudato si', debemos escuchar tanto "el clamor de la tierra y el clamor de los pobres". En la Oroya ambos clamores siguen en busca de justicia. El cuidado de la casa común también ha sido una preocupación para usted : "Parece que aún no se tiene conciencia de que destruir la naturaleza no perjudica a todos del mismo modo: pisotear la justicia y la paz significa afectar sobre todo a los más pobres, a los marginados, a los excluidos.”Santo Padre, usted conoce al pueblo peruano, caminó junto a él como misionero y pastor. Por eso confiamos en que su visita puede ayudar a que nuestra voz no se apague. Le pedimos, con respeto y esperanza, que La Oroya tenga un lugar en su visita, en sus oraciones, en su palabra y en el acompañamiento de la Iglesia, para que el llamado de quienes hemos sufrido durante generaciones la contaminación sea escuchado y nuestros derechos por fin sean garantizados.Por eso, Santo Padre, le pedimos con humildad:Que La Oroya esté presente en su palabra durante su visita a Perú, como signo de cercanía con las comunidades que sufren la contaminación y de esperanza en que sus derechos sean garantizados.Que escuche nuestros testimonios, recibiendo, si su agenda lo permite, a una pequeña delegación de víctimas durante su visita a Lima, o acogiendo nuestros testimonios por medio de un representante de la Iglesia o a través del Cardenal Barreto.Que la Iglesia siga acompañándonos después de su visita, con el apoyo de la Conferencia Episcopal Peruana y del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, para que el cuidado de la vida y la salud de nuestra comunidad sea, por fin, una realidad. Creemos que su voz puede ayudar a que nuestra historia no se olvide y a que todos, autoridades, empresas y sociedad, recordemos que cuidar la vida de las personas más vulnerables y la salud de nuestro planeta es un deber que no puede esperar.Agradecemos de corazón la atención que Su Santidad pueda brindar a nuestra petición. Esperamos que su visita a nuestra tierra sea también una oportunidad para escuchar a quienes más han sufrido y renovar nuestra esperanza de que la justicia llegue, por fin, a nuestras vidas. Lee y descarga la carta
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COP31: La urgencia de debates clave y condiciones para acelerar la transformación global
Por Florencia Ortúzar Greene y Karla Maass* En un escenario internacional de creciente fragmentación política, conflictos geopolíticos y debilitamiento de la cooperación internacional, la 31.ª Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP31) —a celebrarse del 9 al 20 de noviembre de 2026 en Antalya, Turquía— representa una oportunidad para fortalecer el multilateralismo y avanzar colectivamente hacia transformaciones estructurales basadas en la justicia, los derechos humanos y la protección de los ecosistemas.En América Latina y el Caribe, el contexto que rodea a la COP31 se expresa en la expansión del extractivismo, el debilitamiento de la institucionalidad ambiental y riesgos crecientes en torno al control de los recursos naturales. A ello se suman conflictos socioambientales y amenazas a personas defensoras del ambiente. Al mismo tiempo, la dependencia de los combustibles fósiles continúa exponiendo a los países a tensiones geopolíticas, volatilidad de los mercados energéticos y riesgos para sus economías y la seguridad de sus poblaciones.Frente a este panorama, la COP31 debe contribuir a reconstruir la confianza en el multilateralismo mediante decisiones capaces de acelerar la acción climática, superar las barreras para su implementación y responder a las necesidades de los países del sur global.Desde AIDA identificamos cuatro procesos fundamentales para avanzar en esta dirección. Consulta Nuestras Propuestas. 1. Hacer realidad un mecanismo de transición justaUno de los principales desafíos de la COP31 será definir cómo poner en funcionamiento el Mecanismo de Transición Justa (BAM, por sus siglas en inglés), acordado en la COP30. Su potencial transformador dependerá de que trascienda los espacios de diálogo y, por tanto, establezca una gobernanza multiactor inclusiva enfocada en superar las desigualdades estructurales que condicionan la transición, especialmente en los países del sur global.AIDA propone:Gobernanza: Garantizar la representación efectiva de los titulares de derechos en los órganos de gobernanza y en las instancias técnicas del mecanismo. Esto mediante un sistema inspirado en la representación del público del Acuerdo de Escazú, que asegure la participación formal y permanente de representantes de cada uno de los grupos de interés reconocidos en la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático (CMNUCC).Modalidades de trabajo: Establecer un proceso permanente de recopilación, sistematización y análisis de información que permita incorporar la mejor evidencia científica disponible y los resultados de otros procesos internacionales para orientar las prioridades y acciones del mecanismo. Asimismo, proponemos una articulación con el Comité Permanente de Finanzas para incluir un análisis específico de los recursos destinados a la transición justa en el primer informe bienal de seguimiento del nuevo objetivo colectivo cuantificado (NCQG, por sus siglas en inglés) de financiamiento climático, previsto para 2028.Funciones: Impulsar una transición energética justa que acelere el abandono de los combustibles fósiles mediante zonas libres de explotación, concebidas como territorios de vida, y el fortalecimiento de alternativas energéticas renovables y comunitarias. También proponemos establecer salvaguardas socioambientales para la extracción de minerales “críticos”, basadas en los derechos humanos, la integridad de los ecosistemas y criterios estrictos de necesidad, trazabilidad y uso responsable, evitando que la transición energética reproduzca nuevas formas de extractivismo. 2. Pasar de las promesas de financiamiento a medidas concretasEl financiamiento climático continúa siendo uno de los principales puntos de tensión de las negociaciones internacionales. La COP31 deberá avanzar en la puesta en marcha del Programa de Trabajo sobre Financiamiento Climático, situando en el centro las obligaciones de los países desarrollados de proveer recursos a los países en desarrollo, conforme al artículo 9.1 del Acuerdo de París.AIDA propone:Alcance: Asegurar que el programa contribuya a la implementación del NCQG, particularmente de la meta de al menos 300 mil millones de dólares anuales para 2035, mediante una hoja de ruta que fortalezca la provisión de financiamiento público por parte de los países desarrollados. Asimismo, consideramos fundamental establecer un mandato específico para evaluar el financiamiento público proyectado para el cumplimiento de esta meta, aprovechando las comunicaciones y los procesos establecidos en virtud del artículo 9.5 del Acuerdo de París; así como formular recomendaciones y medidas concretas para la COP32.Modalidades de trabajo: Impulsar espacios innovadores de intercambio técnico y político que trasciendan los diálogos tradicionales y permitan identificar soluciones frente a barreras estructurales como el endeudamiento, el elevado costo del capital y las dificultades de acceso directo para el financiamiento a pueblos indígenas y comunidades locales. También planteamos fortalecer la articulación con el Diálogo de Veredas para aprovechar sus hallazgos sobre la reorientación de los flujos financieros internacionales, sin sustituir las obligaciones de provisión de financiamiento de los países desarrollados. 3. Un Balance Mundial que permita identificar las transformaciones necesariasLa COP31 marcará el inicio del segundo Balance Mundial del Acuerdo de París (GST2, por sus siglas en inglés), un proceso que evaluará los avances colectivos de la acción climática y contribuirá a orientar las decisiones internacionales de los próximos años.AIDA propone:Establecer medidas específicas para facilitar la recopilación y sistematización de información de actores tradicionalmente subrepresentados, especialmente pueblos indígenas y comunidades locales, brindando el apoyo necesario para asegurar que sus conocimientos, experiencias y soluciones territoriales contribuyan a una evaluación más representativa. Establecer un mecanismo abierto e inclusivo de retroalimentación sobre los informes de síntesis que resulten de la fase de recopilación de información. Este debe permitir presentar observaciones, identificar vacíos de información y conocer cómo se incorporan las contribuciones recibidas. Asegurar un GST2 se sustente en la mejor ciencia disponible, incluida la incorporación oportuna de los resultados del Séptimo Informe de Evaluación del IPCC (AR7), y tome los compromisos del primer Balance Mundial como punto de partida para evaluar su implementación, asegurando la justicia climática, los derechos humanos y la integridad de los ecosistemas como ejes transversales. 4. Acelerar la transición hacia el abandono de los combustibles fósilesA casi tres años del compromiso adoptado en la COP28 de Dubái, su implementación continúa enfrentando importantes obstáculos, mientras persisten los planes de expansión de la producción de combustibles fósiles. La COP31 representa una oportunidad para superar este estancamiento y dar continuidad a las iniciativas internacionales que buscan acelerar una transición justa, ordenada y equitativa.Para ello, será clave un respaldo político explícito de las presidencias de la COP31 a la hoja de ruta impulsada por la presidencia brasileña de la COP30 y al proceso iniciado en Primera Conferencia Internacional para la Transición Más Allá de los Combustibles Fósiles (Santa Marta), fortaleciendo su reconocimiento y relevancia en la agenda climática internacional.AIDA propone:Formalizar y asegurar la continuidad institucional de la hoja de ruta brasileña mediante su incorporación al paquete político de Antalya (Antalya Political Package), así como incorporar los resultados de ambos procesos al segundo Balance Mundial (GST2) para evaluar los avances y las brechas en la implementación del compromiso de abandonar los combustibles fósiles. Destacamos la necesidad de que el compromiso de electrificación 35x35 contribuya efectivamente a reducir la dependencia de los combustibles fósiles mediante el impulso de energías renovables, sistemas descentralizados y modelos de gobernanza democrática y comunitaria, con salvaguardas socioambientales y una distribución equitativa de los beneficios. Consulta Nuestras Propuestas.Una COP31 orientada a la justicia climáticaLa crisis climática exige mucho más que nuevos compromisos. Requiere transformar los modelos de desarrollo, las relaciones económicas internacionales y los mecanismos de cooperación y financiamiento que determinan las posibilidades reales de acción de los países y sus territorios.La COP31 ofrece una oportunidad para avanzar en esa dirección. Su relevancia dependerá de la capacidad de los gobiernos para adoptar decisiones concretas, fortalecer la cooperación internacional y asegurar que las transformaciones necesarias se construyan con la participación efectiva de quienes habitan, defienden y protegen los territorios.En nuestro documento de propuestas para la COP31, hacemos planteamientos específicos para los cuatro procesos de negociación con el propósito de contribuir a una acción climática más ambiciosa, equitativa y centrada en los derechos humanos y la integridad de los ecosistemas. Consulta Nuestras Propuestas. *Florencia Ortúzar Greene es la directora del Programa de Clima de AIDA y Karla Maass es consultora externa de la organización.
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