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Photo: Steve Ablitt / Cassiar WatchVictoria: Canadá respalda la participación pública y la evaluación ambiental
Gracias a un fallo judicial al que AIDA y sus aliados contribuyeron, las autoridades canadienses deben permitir la participación pública activa en todos los megaproyectos mineros e industriales, y éstos deben incluir evaluaciones de impacto ambiental integrales.
La decisión llegó tras una larga batalla legal iniciada en 2006. Ese año, el proyecto Red Chris, una mina de cobre y oro a cielo abierto que procesaría 30,000 toneladas métricas al día, fue aprobado sin haber sido sometido a una evaluación adecuada de sus impactos ambientales.
La empresa Imperial Metals pretendía construir la mina en el Valle del Río Kapplan, un área remota y prístina que es hogar de grandes mamíferos como la oveja de Dall, el caribú, osos y alces. Además, la zona forma parte de la ruta migratoria del salmón y cerca de ella vive la comunidad indígena Tathlan.
La empresa había fragmentado el proyecto en partes pequeñas para evitar la evaluación de la todalidad de sus impactos, violando así estándares internacionales sobre el tema, así como el derecho a la participación pública.
En 2009, AIDA presentó ante la Corte Suprema de Justicia de Canadá un escrito en el que argumentó, desde el derecho internacional, las faltas cometidas por la empresa con relación al proyecto. Lo hicimos para apoyar la demanda presentada contra el proyecto por MiningWatch y EcoJustice (nuestra organización participante en Canadá).
El fallo es una herramienta poderosa para proteger extensiones enormes de terreno prístino y valioso por su biodiversidad, fuentes de agua y la cultura de comunidades indígenas.
Es un parteaguas para que las empresas cumplan con sus obligaciones al desarrollar proyectos que ponen en riesgo el ambiente y a las personas que dependen de él.
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“Choose Europe”: Priorizando minerales, no derechos
Finalizó la Semana de las Materias Primas en Bruselas, Bélgica, el evento organizado anualmente por la Comisión Europea para debatir cómo garantizar el acceso "sostenible y seguro" a materias primas en y para Europa, con el fin de fortalecer alianzas internacionales que permitan cumplir sus objetivos de defensa, digitalización y seguridad.La Comisión Europea destacó que Europa es altamente dependiente de las importaciones de minerales de América Latina, lo que profundiza las presiones históricas sobre la región y la consecuente necesidad de mayores medidas de protección socioambientales. Sin embargo, desde la Alianza por los Humedales Andinos sostenemos que los debates de la semana mostraron un enfoque cada vez más desconectado de los derechos humanos, de las voces comunitarias y de la crisis socioambiental global.Este desplazamiento de prioridades se inscribe en un giro político marcado por tensiones geopolíticas en torno al acceso a minerales "críticos" y nuevas fuentes de energía, y por el avance de fuerzas conservadoras y del autoritarismo. Se advierte una tendencia dentro de la Unión Europea (UE) a la privatización de los estándares de derechos humanos y ambientales, así como al debilitamiento de las garantías sociales y ambientales a través de procesos de desregulación. Ejemplo de ello es el debate sobre la flexibilización a la Directiva de Diligencia Debida de las Empresas en Sostenibilidad (CSDDD por sus siglas en inglés).La narrativa dominante esta semana estuvo atravesada por conceptos como "competitividad" y "defensa" como los ejes articuladores de las políticas europeas. En el marco de una competencia geopolítica entre China y Estados Unidos, Europa busca minimizar la dependencia de su histórico aliado occidental bajo el lema "Choose Europe", como se tituló esta edición. De esta forma, la Comisión Europea insistió en promover el acceso a minerales desde una lógica centrada en la seguridad de sus cadenas de suministro sin analizar sus políticas a la luz de los límites planetarios ni de los derechos de las personas. Esta lógica contradice los compromisos con la transición energética que originalmente motivaron las discusiones sobre "minerales críticos". Hoy nos preguntamos, en qué medida el costo de "elegir Europa" lo seguirán pagando las comunidades locales de América Latina y de otras regiones periféricas europeas afectadas por la expansión minera.Esta ha sido la edición en la que menos se ha debatido sobre la necesidad de integrar los derechos humanos en las políticas europeas sobre minerales. En efecto, las acreditaciones para el acceso al evento oficial fueron limitadas y en la agenda oficial de este foro no hubo un espacio donde comunidades y sociedad civil del sur global pudieran expresar sus perspectivas en relación a las cadenas de valor de minerales como el litio, e incidir en los debates que orientarán el rumbo de las decisiones que les afectan. Por el contrario, predominaron las conversaciones sobre las oportunidades de inversión para empresas y gobiernos.Desde la Alianza por los Humedales Andinos evidenciamos que la ampliación de la frontera extractiva contradice los compromisos en materia de clima y biodiversidad que la UE ha suscrito y amenaza con profundizar las asimetrías entre ambas regiones. Por eso, reafirmamos nuestro posicionamiento sobre la necesidad de un cambio de paradigma en las políticas de materias primas de la UE para que sean inclusivas, transparentes y sostenibles, asegurando la participación de las comunidades y organizaciones que se encuentran en la frontera extractiva de los minerales de transición. Asimismo, en el contexto de la policrisis ecológica y democrática, insistimos en la necesidad de que la UE establezca metas concretas para reducir efectivamente la demanda de minerales y refuerce el cumplimiento de los tratados internacionales de derechos humanos y ambientales.Kit de prensaContactos de prensaVíctor Quintanilla, AIDA (regional), [email protected], +521 5570522107Rocío Wischñevsky, FARN (Argentina), [email protected], +541159518538Manuel Fontenla, Asamblea PUCARÁ (Argentina), [email protected], +54 9 3834790609Oscar Campanini, CEDIB (Bolivia), [email protected], +591 70344801Juan Francisco Donoso, Formando Rutas, [email protected], +4915780743628
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Greenpeace y AIDA interponen un recurso de protección por nuevas intoxicaciones masivas en Quintero y Puchuncaví
Más de un centenar de niñas y niños de esta zona han sido atendidos en los recintos de salud, con diagnósticos de intoxicación por gases, humos y vapores. Las organizaciones ambientalistas exigen que cuando nuevas situaciones de esta naturaleza ocurran se paralicen por completo las operaciones industriales hasta determinar sus causas, para así evitar que cientos de niños, niñas y adolescentes se vean afectados por estas. Quintero y Puchuncaví, Chile. Luego que se informara de la presencia de fuertes olores a gas y cloro en la zona (que coincidieron con operaciones de carga y descarga de hidrocarburos en la bahía de Quintero durante la madrugada del pasado 29 de septiembre), se registraron 127 atenciones de salud por cefaleas, vómitos, dolor abdominal, irritación ocular y mareos en estudiantes y docentes de la zona, situación que se repitió en los días siguientes. Desde entonces, casi 200 personas han asistido a los recintos sanitarios aquejados por síntomas coincidentes con intoxicaciones (en su mayoría, menores de edad) y, de ellos, más de un centenar fue diagnosticado con "intoxicación T59", sistema de clasificación internacional referido al efecto tóxico de gases, humos y vapores.Por esta razón, el pasado 8 de noviembre, abogadas de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y Greenpeace, en representación de diversas personas menores de edad y sus familias, y organizaciones ambientales de la zona interpusieron un recurso de protección en contra de una serie de instituciones y organismos del Estado producto de las ilegalidades y arbitrariedades cometidas en el contexto de las intoxicaciones ocurridas en Quintero y Puchuncaví, que han aquejado a sus habitantes desde ese día hasta la fecha.Según Juan Francisco Zapata, abogado de AIDA, estos hechos han afectado gravemente a quienes habitan la zona, particularmente a niñas, niños y jóvenes, vulnerando sus garantías constitucionales, como el derecho a la vida y la integridad física y psíquica; la igualdad ante la ley, y el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, todas consagradas en la Constitución."Es por esto que solicitamos a la Corte de Apelaciones de Valparaíso restaurar el imperio del derecho y ordenar medidas como la paralización del complejo industrial cada vez que una persona menor de edad sea diagnosticada con intoxicación T59 en la zona", explica Zapata.Roxana Núñez, abogada de Greenpeace Chile, pone en relieve que desde que en 2019, atendiendo la gravedad de la situación vivida en estas comunas, la Corte Suprema ordenó un listado exhaustivo de medidas preventivas, correctivas y de gestión ambiental y sanitaria, dirigidas a las autoridades para hacer frente a este tipo de episodios, las que no sólo no se han cumplido, sino que además los episodios de intoxicación han persistido en los años siguientes e, incluso, se han repetido con alarmante frecuencia hasta la actualidad, con cientos de personas afectadas cada año, en su mayoría menores de edad."Es por lo anteriormente expuesto que exigimos que, en primer lugar, se dé cumplimiento pleno a la sentencia de la Corte Suprema de 2019: es insólito que hayan pasado seis años y aún no se acate el dictamen del máximo tribunal, vulnerando los derechos de miles de habitantes de estas comunas", asegura Núñez. Del mismo modo, para la abogada es necesario generar un protocolo adecuado que permita que cada vez que una persona -sobre todo si es menor de edad- es ingresada a los servicios asistenciales, se paralice por completo la actividad industrial, con el objetivo de, por una parte, evitar nuevas intoxicaciones y, por otra, determinar el origen real de estas.Algunas de las acciones que incluye el petitorio de las personas afectadas individualizadas en este recurso de protección incluyen la ya mencionada paralización temporal y automática de faenas del cordón industrial ante cada nuevo diagnóstico de intoxicación por contaminación, con foco en niños, niñas y adolescentes; monitoreo continuo y público (Compuestos Orgánicos Volátiles -VOC-, vientos y mareas, por ejemplo) y trazabilidad de estos; cumplimiento total del fallo de la Corte Suprema de 2019 y el establecimiento de un plan de reparación ambiental y sanitaria en la zona, así como de protocolos de atención integral con derivación y seguimiento a personas afectadas, entre otros requerimientos."Es tanto el daño que se ha causado a esta zona de sacrificio, que muchos de los vecinos afectados por esta situación simplemente no han querido ser atendidos por los servicios de salud, ya que están cansados y no confían que recibirán una atención de salud integral y reparadora, por lo que han preferido sobrellevar los síntomas en sus hogares", comenta Núñez. "Ya ha pasado demasiado tiempo sin que estas personas puedan vivir en paz y con garantías de salud básicas. Es hora de entregarles verdaderas garantías y que el Estado y las empresas que operan el parque industrial de Quintero y Puchuncaví se hagan efectivamente responsables de esta situación", puntualiza Zapata.En este escenario, Greenpeace dispuso el sitio web InfanciaEnSacrificio.cl donde las personas pueden firmar para apoyar a las familias afectadas y rechazar este tipo de vulneraciones en la zona de Quintero y Puchuncaví. "Todos podemos contribuir para que este recurso de protección no quede archivado y logremos que tanto el Estado, como las empresas que operan en esta bahía se hagan responsables de verdad por estas vulneraciones. Cada firma ayuda a visibilizar esta crisis, aumenta la presión pública y acelera la instalación de medidas concretas de protección, fiscalización y reparación", concluye Núñez.Contacto de prensaVíctor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +521 5570522107
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La recta final de la COP30: Sombras, contradicciones y algunas luces
Terminó la primera semana y arrancó la fase política en la 30.ª Conferencia de la ONU sobre el Cambio Climático (COP30), celebrada en Belém do Pará, Brasil. Comenzaron los días en que deben tomarse decisiones. Desde 2021 la COP no se celebraba en un país donde protestar es posible. Y los pueblos lo han hecho valer. El sábado, la manifestación fue masiva: miles de personas exigieron justicia climática en las calles, al ritmo de tambores amazónicos. También hubo un "funeral para los combustibles fósiles", al estilo de Tim Burton, con monstruos y viudas tétricas despidiéndose de una era que bien vale la pena enterrar. Pero no todo ha sido carnaval. Representantes de pueblos indígenas bloquearon la entrada del evento en varias ocasiones e incluso irrumpieron en masa en la zona azul, de acceso restringido, denunciando la explotación de sus territorios. El descontento es total. Aunque las autoridades de la COP recibieron al grupo, pero poco después enviaron una carta al gobierno brasileño solicitando reforzar la seguridad y dispersar manifestaciones. Organizaciones de derechos humanos y ambientalistas advirtieron sobre el peligro de criminalizar la protesta y el mensaje que ello envía acerca del rol de los pueblos indígenas.Estas manifestaciones son la expresión de comunidades que terminaron siendo minoría en un evento que prometió ser inclusivo. Además, hubo muchas críticas por la cantidad desproporcionada de representantes de la industria de los combustibles fósiles presentes en las negociaciones. Todo lo anterior hace más complejo lograr justicia climática.Finalmente, las opiniones consultivas (OC) no podrían quedar fuera de este recuento. Aunque no son un elemento formal de la agenda, dejaron huella. Su mensaje central es potente: la cooperación internacional no es voluntaria, es una obligación jurídica. No es extraño entonces que el tema aparezca una y otra vez en eventos específicos, menciones constantes de la sociedad civil y de algunas delegaciones de países, así como en referencias cruzadas en debates sobre financiamiento, adaptación y transición. Más que citar las OC, se las ha hecho valer: se mantiene el impulso para que alcancen su mayor potencial en esta COP y en lo que sigue. Negociaciones: los cuatro temas en "consultas presidenciales"La Presidencia de la COP inició las negociaciones expeditamente mediante una novedosa táctica: para adoptar la agenda sin contratiempos, dejó fuera y envió a “consultas presidenciales” cuatro temas complejos: Artículo 9.1 sobre financiamiento público de países desarrollados: se discute si el este financiamiento incluirá solo fondos públicos o también privados, además de la rendición de cuentas de estos fondos y cómo serán reportados. Los países más ricos —que están obligados a proveer— oponen resistencia, mientras que los países vulnerables lo necesitan para sobrevivir la crisis.Medidas unilaterales de comercio vinculadas al clima: son aquellas que los países pueden imponer en relación con su política climática (impuestos al carbono, por ejemplo). Son consideradas injustas o proteccionistas, sobre todo por los países del sur global con menor capacidad de reducir emisiones. Las negociaciones buscan evitar que sean barreras comerciales arbitrarias. Las NDC y el nivel de ambición: según el último reporte de síntesis, hay una brecha entre los compromisos de los países y lo que se necesita para mantener el calentamiento global por debajo de los 1.5 °C. Para muchas personas negociadoras, es clave acordar medidas concretas para reducir la brecha, pero los países que más emiten se resisten.Síntesis de los reportes de transparencia climática: el Acuerdo de París incluye un Marco de Transparencia Reforzado que obliga a que los países reporten periódicamente sus emisiones, esfuerzos de acción climática y el apoyo que dan o reciben, entre otros temas. En la COP30 se discute específicamente cómo hacer los reportes de síntesis más rigurosos y útiles. Las consultas han sido tensas y avanzan lentamente. El domingo, la Presidencia difundió una "nota de resumen" con posibles salidas y hoy se publicó un borrador de decisión sobre la que aún no hay reacciones. Lo que sigue son más reuniones cerradas que podrían llevar a diferentes desenlaces. Con el borrador, parece cada vez más plausible que la COP termine con una "decisión de mutirao (cover decision)", que resuma todos los avances y aborde los temas complejos. Su alcance dependerá de los cuatro días que faltan. Transición energética justa y la promesa de un mecanismo adecuadoEl Mecanismo de Acción de Belém para la Transición Justa es un nuevo arreglo institucional bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) impulsado por ONG y países del sur global. Su objetivo es ordenar el tema de transición justa que hoy reúne esfuerzos fragmentados. El mecanismo coordinaría iniciativas, sistematizaría conocimiento y apoyaría con financiamiento de calidad y asistencia, siendo una especie de evolución del Programa de Trabajo de Transición Justa que se discute desde la COP27.La sociedad civil, liderada por Climate Action Network (CAN), ha puesto muchísimo esfuerzo en lograr una decisión que se comprometa con crear este mecanismo. El G77+China, el grupo más grande de negociación en la COP y que agrupa a la mayoría de los países en desarrollo, mostró su apoyo a una iniciativa de este tipo, lo que le valió recibir por primera vez el "Ray of Light", premio de CAN que reconoce a quienes realizan un trabajo en favor de la justicia climática. Otros países desarrollados presentaron una propuesta propia, menos ambiciosa, pero que confirma que estamos más cerca de un punto de encuentro. La sociedad civil está optimista con lograr un resultado concreto y sabrá celebrarlo. Una ruta para dejar fuera de los combustibles fósilesTodo empezó en 2023, en la COP28 de Dubai, cuando apareció por primera vez en un texto de la COP el llamado a esta transición.Ahora, al inaugurar la COP30, el presidente de Brasil, Lula da Silva, se refirió explícitamente a una ruta para la transición, mientras que Marina Silva, Ministra de Medio Ambiente, supo aprovechar el impulso. En paralelo, Colombia lanzó una declaración al respecto que, entre otras cosas, menciona las OC, y con la que busca apoyo. También algunos países industrializados retomaron compromisos en el marco de la Beyond Oil and Gas Alliance.Actualmente, son 63 países los que apoyan el compromiso denominado "Transition Away from Fossil fuels". El tema no se negocia formalmente porque hay iniciativas diferentes y esfuerzos paralelos. Podría emerger un plan de acción al respecto, un apartado en la decisión final, o quizás termine siendo "una hoja de ruta para elaborar una hoja de ruta". También podría quedarse en coaliciones voluntarias de Estados comprometidos con seguir empujando la idea. Finanzas climáticas: siempre presentes, siempre complejasEl debate financiero avanza en múltiples frentes, todos interconectados:Artículo 9.1: los países en desarrollo reiteran que las obligaciones de financiamiento público de los países desarrollados son vinculantes y no pueden reemplazarse con inversión privada. De los temas en consulta presidencial, este ha sido probablemente el más contencioso.Adaptación: crece el consenso en torno a la necesidad de triplicar la meta de financiamiento (hasta USD 120 mil millones anuales) y fortalecer la transparencia y el acceso directo.Hoja de ruta Baku–Belém: busca escalar la financiación climática global a USD 1,3 billones anuales hacia 2035, combinando recursos públicos, multilaterales y privados.Fondo para Pérdidas y Daños: está operativo, pero no capitalizado, con nuevos aportes menores (como los de España y Alemania) aun insuficientes.Tropical Forests Forever Facility: presentado por Brasil como un modelo innovador de inversión para países con bosques tropicales, pero cuestionado por la sociedad civil por su naturaleza de mercado, su dependencia de inversiones volátiles y la falta de garantías para comunidades locales. Ha recibido menos atención de la esperada. Adaptación: avances parciales y el fantasma del dineroLas discusiones se concentran en dos frentes: Indicadores del Objetivo Global de Adaptación: A 10 años de la adopción del Acuerdo de París, aún no se acordó una forma de medir el progreso del objetivo. El programa de trabajo que busca desarrollar los indicadores logró reducir cerca de 9.000 propuestas a unos 100 indicadores que supuestamente serían adoptados en la COP30. Pero persisten dilemas técnicos y políticos. Varios países africanos y árabes han pedido retrasar el cierre total hasta tener medios financieros y capacidades. La narrativa dominante es “no hay indicadores sin dinero”: nadie quiere repetir la historia de metas sin implementación.Financiamiento para la adaptación: no es parte del objetivo global, pero se vincula directamente pues sin financiamiento los indicadores no servirán de mucho. Tras acordarse nueva meta global de financiamiento climático en la COP29, ahora se discute la hoja de ruta y cómo vincular los indicadores del objetivo con los medios de implementación (finanzas, tecnología, creación de capacidades). La brecha es notoria y las diferencias sobre qué contar y cómo (el rol del financiamiento privado, el seguimiento de presupuestos nacionales vs. flujos internacionales, etc.) han dominado los debates.
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