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Photo: Steve Ablitt / Cassiar WatchVictoria: Canadá respalda la participación pública y la evaluación ambiental
Gracias a un fallo judicial al que AIDA y sus aliados contribuyeron, las autoridades canadienses deben permitir la participación pública activa en todos los megaproyectos mineros e industriales, y éstos deben incluir evaluaciones de impacto ambiental integrales.
La decisión llegó tras una larga batalla legal iniciada en 2006. Ese año, el proyecto Red Chris, una mina de cobre y oro a cielo abierto que procesaría 30,000 toneladas métricas al día, fue aprobado sin haber sido sometido a una evaluación adecuada de sus impactos ambientales.
La empresa Imperial Metals pretendía construir la mina en el Valle del Río Kapplan, un área remota y prístina que es hogar de grandes mamíferos como la oveja de Dall, el caribú, osos y alces. Además, la zona forma parte de la ruta migratoria del salmón y cerca de ella vive la comunidad indígena Tathlan.
La empresa había fragmentado el proyecto en partes pequeñas para evitar la evaluación de la todalidad de sus impactos, violando así estándares internacionales sobre el tema, así como el derecho a la participación pública.
En 2009, AIDA presentó ante la Corte Suprema de Justicia de Canadá un escrito en el que argumentó, desde el derecho internacional, las faltas cometidas por la empresa con relación al proyecto. Lo hicimos para apoyar la demanda presentada contra el proyecto por MiningWatch y EcoJustice (nuestra organización participante en Canadá).
El fallo es una herramienta poderosa para proteger extensiones enormes de terreno prístino y valioso por su biodiversidad, fuentes de agua y la cultura de comunidades indígenas.
Es un parteaguas para que las empresas cumplan con sus obligaciones al desarrollar proyectos que ponen en riesgo el ambiente y a las personas que dependen de él.
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Familias de La Oroya exigen al Estado peruano cumplir con las medidas de reparación integral ordenadas por la Corte Interamericana
A un año de la sentencia, el Estado aún no la implementa y la población carece de atención en salud integral y está nuevamente expuesta a contaminación tóxica por la reactivación del Complejo Metalúrgico de La Oroya, que opera sin una gestión ambiental adecuada.A un año del fallo en el que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó al Estado peruano adoptar medidas de reparación integral en favor de residentes de La Oroya, tras responsabilizarlo de violar sus derechos, las víctimas continúan esperando la implementación de la sentencia y con ello el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado.“Ha pasado ya un año desde la notificación de la sentencia, ¿cuánto tiempo más tendremos que esperar?”, cuestionó Yolanda Zurita, residente de La Oroya y peticionaria del caso. “¡Basta ya! Exigimos al Estado peruano dar cumplimiento inmediato a la sentencia de la Corte Interamericana, que beneficiará no solo a las víctimas del caso, sino también a la población de La Oroya y del país expuesta a sustancias tóxicas derivadas del desarrollo indiscriminado de actividades extractivas e industriales en nuestros territorios”.El 22 de marzo de 2024 —en una decisión histórica para la protección del ambiente sano en América Latina—, la Corte IDH dio respuesta a la larga e incansable búsqueda de justicia de familias de La Oroya, afectadas durante décadas por los niveles extremos de contaminación provenientes del Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) y por la falta de medidas adecuadas de protección por parte del Estado, que hoy ignora el fallo y subestima su importancia.Aunque la Corte IDH ordenó al Estado garantizar que las operaciones del CMLO cumplan con estándares ambientales internacionales, previniendo y mitigando daños al ambiente y a la salud humana, actualmente ocurre todo lo contrario: el CMLO reactivó sus operaciones sin haber modernizado sus instalaciones con la finalidad de prevenir y atender los riesgos que genera a la población en términos ambientales y de salud.Es urgente que el CMLO deje de contaminar y que el Estado peruano adopte las acciones requeridas por la Corte IDH para que se modernice acorde con los estándares ambientales internacionales de protección ambiental, cumpliendo con lo establecido en el fallo.“Con la reactivación del complejo metalúrgico, la población de La Oroya está nuevamente expuesta a niveles de contaminación ambiental que ponen en riesgo su vida; la sentencia de la Corte Interamericana es clara y el Estado está obligado a cumplirla”, afirmó Rosa Peña, abogada sénior de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). “El retraso en el cumplimiento del fallo genera una revictimización para familias que llevan más de 20 años exigiendo justicia”.La Corte IDH ordenó además al Estado brindar atención médica gratuita a las víctimas y garantizar atención especializada a residentes con síntomas y enfermedades relacionadas con la contaminación proveniente de la actividad minero-metalúrgica. Sin embargo, hoy la atención en salud integral no está siendo garantizada en La Oroya. Es necesario que el Estado —a través de y en coordinación con el Ministerio de Salud, la Dirección Regional de Salud de Junín, la Dirección General de Salud Ambiental y las entidades prestadoras de servicios de salud— creen e implementen el protocolo de atención integral para las víctimas en La Oroya, tal como lo estableció la Corte IDH.La sentencia estableció un precedente histórico para la fiscalización de la contaminación industrial por parte de los Estados. Para que el Estado peruano avance realmente en su implementación, es imperativo que la Procuraduría General expida la resolución de cumplimiento.“A pesar de los plazos establecidos por la Corte Interamericana al Estado peruano, prácticamente no se tiene ningún avance en la implementación de la sentencia” señaló Christian Huaylinos, Coordinador del Área Legal de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH). “Se debe considerar, sobre todo, la naturaleza misma del caso, lo cual implica que La Oroya fue catalogada como una zona de sacrificio por los altos niveles de contaminación; ante ello, la necesidad de reparar integralmente a las víctimas es urgente. Antecedentes del casoLa Oroya está ubicada en la cordillera central de Perú, en el departamento de Junín, a 176 km de Lima. En 1922, la empresa estadounidense Cerro de Pasco Corporation instaló allí el Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO) para procesar concentrados de minerales. El complejo fue nacionalizado en 1974 y, bajo la denominación de Centromin Perú, operado por el Estado hasta 1997, cuando pasó a manos de la empresa Doe Run Perú, responsable de sus operaciones hasta 2009. En suma, el CMLO tiene más de 100 años de antigüedad.En La Oroya, la mayoría de las personas afectadas por la contaminación del CMLO, incluyendo niños y niñas, ha presentado niveles de plomo superiores a los recomendados por la Organización Mundial de la Salud. En algunos casos, han registrado niveles superiores de arsénico y cadmio; además de estrés, ansiedad, afectaciones en la piel, problemas gástricos, dolores de cabeza crónicos y problemas respiratorios o cardíacos, entre otros.Ante la falta de respuestas efectivas en el ámbito nacional y en representación de las víctimas, una coalición internacional de organizaciones presentó la denuncia contra el Estado peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2006. En octubre de 2021, la Comisión estableció la responsabilidad del gobierno peruano y remitió el caso a la Corte Interamericana. En octubre de 2022, más de 16 años después de iniciada la demanda internacional, las víctimas presentaron el caso ante la Corte IDH, representadas por AIDA y APRODEH, con el apoyo de Earthjustice. Contactos de prensaVíctor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +52 5570522107María Nieve Sullón (Perú), APRODEH, [email protected], +51 984926868
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¿Por qué la minería de litio en salares andinos es llamada también minería de agua?
Por Víctor Quintanilla, David Cañas y Javier Oviedo* Según datos oficiales, en todo el mundo, cerca de 2 200 millones de personas no tienen acceso a agua potable gestionada de forma segura.Pese a este panorama, las amenazas de sobreexplotación y contaminación para este bien común van en aumento. Una de ellas es la extracción acelerada de litio en países de América Latina, impulsada por actores empresariales y estatales para cubrir las necesidades de transición energética del norte global.Y es que la extracción de litio implica un enorme consumo y pérdida de agua, siendo en esencia una minería del agua.En el continente, el avance de la industria del litio amenaza particularmente a los salares y otros humedales andinos de la región del Gran Atacama —ubicada en la región ecológica de la Puna, en la zona fronteriza de Argentina, Bolivia y Chile— donde está más del 53% de los recursos (material potencialmente explotable) del mineral.La explotación de litio está agudizando el déficit hídrico natural de la zona, poniendo en riesgo no solo a los salares, sino también a múltiples formas de vida que allí habitan. ¿De dónde viene el agua utilizada en la minería de litio?Antes que nada, es necesario señalar que lo salares son ecosistemas hídricos ubicados en el fondo de cuencas endorreicas o cerradas, donde los ríos no desembocan en el mar sino al interior del territorio, por lo que el agua conforma lagos o lagunas acompañadas a menudo por planicies de sal debido a la evaporación.En los salares suelen coexistir, en un delicado equilibrio, cuerpos de agua dulce y cuerpos de agua salada, lo cual permite el sustento de la vida en ellos.Las regiones donde existen salares, como el Gran Atacama, son áridas o semiáridas, presentando una alta evaporación y precipitaciones escasas. Allí encontramos acuíferos de agua dulce a los pies de las montañas y acuíferos de salmuera al centro de los salares, ambos conectados y en equilibrio.La salmuera es básicamente agua con alto contenido de sales, aunque la industria minera del litio la considere un mineral para justificar su explotación y minimizar la huella hídrica de sus actividades.Las aguas de las cuencas de los salares, además de ser esenciales para la vida, son un recurso patrimonial porque son muy antiguas —pueden alcanzar las decenas de miles de años de antigüedad— y han sido el sustento de poblaciones originarias que han habitado la Puna desde hace miles de años.Cuando la industria minera se instala en un salar, amenaza el equilibrio natural, afectando de forma directa las relaciones entre el agua y el entorno social, así como las relaciones entre el agua y otras formas de vida.Para explotar litio de un salar, el procedimiento tradicional consiste en perforar el salar, verter la salmuera en grandes piscinas, esperar a que el agua se evapore para que la concentración de litio aumente, enviar el concentrado de litio a una planta industrial y someterla a un tratamiento químico para separar el litio de otras sales y finalmente obtener carbonato o hidróxido de litio: materia prima empleada principalmente para fabricar baterías.La extracción continua y en grandes cantidades de salmuera de los acuíferos salinos altera el equilibrio natural del agua subterránea. Como resultado, las zonas que antes estaban llenas de salmuera se vacían, lo que provoca que el agua dulce de los acuíferos cercanos se desplace para ocupar esos espacios, salinizándose en el proceso.Los procesos finales para obtener carbonato de litio y separarlo del resto del compuesto también requieren agua, obtenida de fuentes superficiales o subterráneas, de las cuales también se abastecen las comunidades locales.Por tanto, el agua utilizada en la minería de litio proviene de:Acuíferos subterráneos de agua dulce y de salmuera.Fuentes superficiales, como ríos y vegas (terrenos donde se acumula agua). Esto hace que el riesgo inherente a la minería de litio sea la sobreexplotación de estas fuentes de agua. ¿Cuánta agua consume la minería de litio?La extracción de litio por el método descrito implica un enorme consumo y pérdida de agua, la cual no regresa al ambiente porque se consume totalmente, porque sus características cambian o porque simplemente se pierde por evaporación.Según datos científicos, las siguientes son cifras promedio del hiperconsumo de agua en la minería de litio:150 m3 de agua dulce utilizada para producir una tonelada de litio.350 m3 de salmuera por tonelada de litio.Entre 100 y 1000 m3 de agua que se evapora por cada tonelada de litio producido. Para ilustrar la pérdida del recurso hídrico en la minería de litio, es posible mencionar que el agua que se pierde por evaporación equivale al consumo total de agua de la población de Antofagasta (166 000 personas) durante dos años. Esa ciudad chilena está ubicada a 200 km del Salar de Atacama, donde está más del 90% de las reservas de litio del país.Además de la sobreexplotación de agua, la minería de litio también puede contaminar el recurso al generar aguas residuales con presencia de sustancias tóxicas. Nuestra relación vital con el aguaA diferencia de la industria minera, que ve en el agua un recurso más para explotar, las comunidades indígenas que habitan en la zona tienen un vínculo ancestral con el recurso, del cual dependen sus actividades económicas y productivas, así como sus costumbres, tradiciones y cosmovisión.Estas comunidades deben enfrentar ahora las presiones sobre el agua del avance de la minería de litio, movida por intereses ajenos.Pero lo hacen con valentía, desarrollando procesos de defensa del agua y del territorio.Aprendamos de ellas a defender un bien común sin el cual ninguna forma de vida es posible.Conoce más de los impactos de la minería de litio en los salares andinos en este StoryMapVe la grabación del webinar “Evidencias del hiperconsumo de agua en la extracción y producción de litio” *Víctor Quintanilla es el coordinador de contenido de AIDA; David Cañas y Javier Oviedo son asesores científicos.
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Incendios Forestales en América Latina
Los incendios forestales son consecuencia de la crisis climática y, al mismo tiempo, la exacerban. Amplifican riesgos de sequías y otros eventos extremos, así como de cambios en la precipitación. En América Latina, están aumentando en intensidad y frecuencia, causando impactos ambientales graves, afectando la salud y otros derechos humanos fundamentales. En 2022, Naciones Unidas advirtió que, a nivel mundial, se esperaba un aumento del 14% en la superficie de bosques incendiados para 2023 y del 30% para 2050. En América Latina, del total de cobertura arbórea perdida (4579,5 Kha) en 2023, el 21% fue a causa de incendios (967 Kha). En países como Bolivia, esta cifra representó hasta el 45%. Descarga la hoja informativa
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