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Photo: Steve Ablitt / Cassiar WatchVictoria: Canadá respalda la participación pública y la evaluación ambiental
Gracias a un fallo judicial al que AIDA y sus aliados contribuyeron, las autoridades canadienses deben permitir la participación pública activa en todos los megaproyectos mineros e industriales, y éstos deben incluir evaluaciones de impacto ambiental integrales.
La decisión llegó tras una larga batalla legal iniciada en 2006. Ese año, el proyecto Red Chris, una mina de cobre y oro a cielo abierto que procesaría 30,000 toneladas métricas al día, fue aprobado sin haber sido sometido a una evaluación adecuada de sus impactos ambientales.
La empresa Imperial Metals pretendía construir la mina en el Valle del Río Kapplan, un área remota y prístina que es hogar de grandes mamíferos como la oveja de Dall, el caribú, osos y alces. Además, la zona forma parte de la ruta migratoria del salmón y cerca de ella vive la comunidad indígena Tathlan.
La empresa había fragmentado el proyecto en partes pequeñas para evitar la evaluación de la todalidad de sus impactos, violando así estándares internacionales sobre el tema, así como el derecho a la participación pública.
En 2009, AIDA presentó ante la Corte Suprema de Justicia de Canadá un escrito en el que argumentó, desde el derecho internacional, las faltas cometidas por la empresa con relación al proyecto. Lo hicimos para apoyar la demanda presentada contra el proyecto por MiningWatch y EcoJustice (nuestra organización participante en Canadá).
El fallo es una herramienta poderosa para proteger extensiones enormes de terreno prístino y valioso por su biodiversidad, fuentes de agua y la cultura de comunidades indígenas.
Es un parteaguas para que las empresas cumplan con sus obligaciones al desarrollar proyectos que ponen en riesgo el ambiente y a las personas que dependen de él.
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Un río siempre es camino, alimento y memoria.En la Volta Grande (o Gran Recodo) del río Xingú, en plena Amazonía brasileña, el agua no solo fluía: enseñaba cuándo sembrar, cuándo pescar, cuándo celebrar. Allí, la vida seguía el ritmo del río.Pero eso comenzó a cambiar en 2010, cuando se planificaba la construcción de la central hidroeléctrica Belo Monte y un cuestionamiento silencioso iba creciendo: ¿Quién decide el destino del agua?Seis años después, el 5 de mayo de 2016, cuando la represa fue inaugurada, cerca del 80 % del caudal del río Xingú fue desviado.Ya en 2018 organizaciones y comunidades alertaban que el plan de manejo del caudal, impuesto al Xingú para la operación de la hidroeléctrica, era el anuncio de un futuro de escasez.Tal advertencia se convirtió en realidad.Hoy, tramos enteros del río están secos. Más de 100 kilómetros de la Volta Grande han perdido su flujo natural. El agua, que antes sostenía la biodiversidad y los modos de vida locales, ya no llega como antes.Sin agua suficiente, los peces dejaron de reproducirse. Hace tres años que no hay desove.El silencio del río se convirtió en hambre, incertidumbre y ruptura.La muerte de los peces no es solo un impacto ambiental: es el quiebre de un modo de vida. Comunidades indígenas, ribereñas y pesqueras han perdido no solo su principal fuente de alimento, sino también su autonomía y su relación con el territorio.Hoy, la huella de Belo Monte es una acumulación progresiva de degradación ecológica, social y cultural.Sin embargo, esta historia aún no ha llegado a su fin. Tiempo de justicia para el río Xingú y la vida que sostieneDiez años después del inicio de operaciones de la represa Belo Monte, los impactos denunciados se han confirmado, pero también se ha fortalecido algo que no se había previsto: la resistencia.Las comunidades afectadas siguen organizadas, activas y decididas. Siguen denunciando, exigiendo reparación y defendiendo el derecho a vivir junto al río.Esa fuerza es visible hoy en las protestas contra nuevos proyectos en la zona.Porque para estos pueblos, la lucha no es solo contra un proyecto, es por la continuidad de la vida.Hoy es tiempo de justicia para ellos. La denuncia contra el Estado brasileño por su responsabilidad internacional en el caso está en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde 2011, a la espera de una decisión que puede marcar un antes y un después para las comunidades de la cuenca del Xingú.La denuncia tiene los elementos jurídicos y probatorios necesarios para que la Comisión la admita, determine que hubo varias violaciones de derechos humanos y remita el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyo fallo puede sentar un precedente para la regulación estatal de megaproyectos en contextos de crisis climática; la participación pública; y la protección de pueblos indígenas, comunidades tradicionales y ecosistemas clave como la Amazonía.Pero, mientras el proceso avanza lentamente, los impactos siguen agravándose cada día. La urgencia no es jurídica, es humana. Cada ciclo sin respuesta es un ciclo más de sequía, de pérdida de biodiversidad y de vulneraciones que se acumulan. En este caso, decidir no es solo una cuestión institucional, es una cuestión de esperanza de vida para quienes dependen del río.Lo ocurrido con Belo Monte se ha convertido en un símbolo.Es un claro ejemplo de cómo los proyectos vendidos como "energía limpia" pueden acarrear impactos profundos y duraderos cuando ignoran los derechos humanos. En momentos en que el mundo busca soluciones energéticas para enfrentar la crisis climática, no podemos repetir viejos patrones de injusticia. Conoce más del caso
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Santa Marta y el fin de los combustibles fósiles: Del "sí" al "cómo"
Terminó la Primera Conferencia Internacional para la Transición Más Allá de los Combustibles Fósiles en Santa Marta, Colombia. Y todo apunta a que esta iniciativa llegó para quedarse. Muchos aspectos merecen atención en este proceso abierto por Colombia y los Países Bajos. ¿Estamos ante la primera piedra de una nueva era? Mientras el mundo aún no termina de digerir lo ocurrido, y espera el reporte oficial de los países coanfitriones en los próximos meses, hacemos un análisis temprano. Los orígenesLa conferencia de Santa Marta fue la respuesta a la frustración de tres décadas sin que las negociaciones climáticas internacionales —en las sucesivas Conferencias de las Partes (COP) de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático (CMNUCC)— abordaran de frente la causa principal e indiscutida de la crisis climática: los combustibles fósiles. Y ya era hora. Desde 1992, la comunidad internacional ha negociado emisiones, metas y mecanismos de mercado, sin lograr mirar de frente al elefante en la sala. Las palabras "petróleo", "carbón" y "combustibles" no aparecen en el Acuerdo de París. Recién en 2021, en la COP de Glasgow se reconoció por primera vez que los combustibles fósiles causan el cambio climático, pero solo se pidió una reducción gradual del carbón. En 2023, en Dubai, se logró el mayor avance: la frase "transitioning away from fossil fuels". Y en 2025, en Belém, ni eso pudo mantenerse. Pero al menos esa frustración sirvió para detonar la conferencia de Santa Marta, que fue precisamente lo contrario: 57 países representando un tercio del PIB global sentados para hablar de cómo dejar los fósiles, no de si hacerlo o no. Si no llega a ser nada más, esta conferencia por lo menos fue un alivio, una señal de cordura en un mundo que a veces realmente no se entiende.Y no solo se habló del qué, sino del cómo, que incluye la justicia. El documento oficial de resumen que circularon los países anfitriones habla de planes territoriales de transición justa, reconversión laboral con participación de personas trabajadoras y comunidades, acceso directo a financiamiento para pueblos indígenas, y prevención explícita de "nuevas formas de dependencia extractiva". Se mencionan los sistemas de energía descentralizada y comunitaria como ejemplos concretos de producción sostenible.Desde AIDA, creemos que esta es una condición fundamental: sin justicia, no hay transición viable. No es un imperativo ético o jurídico, es también práctico. Cuando la transición se hace sin las comunidades, sin el resguardo de las personas y los territorios, sin una justa distribución de cargas y beneficios, genera resistencia que puede frenar los propios proyectos. La evidencia en América Latina habla por sí sola.En tiempos en que la humanidad atraviesa tanta oscuridad, cuesta ser optimista. Quizás en este caso hay razones para serlo. Una guerra que, paradójicamente, muestra el caminoLa guerra en Medio Oriente como telón de fondo le dio a la conferencia de Santa Marta una urgencia sin precedentes: la disrupción en el suministro de petróleo y gas que ha generado nos pone en una situación única. De un plumazo, se interrumpió entre el 20 y 25% del flujo de petróleo y gas en el mundo, generando estragos a lo largo y ancho del planeta: costos de vida disparados, apagones, economías tambaleándose. Un conflicto en un punto específico del planeta está afectando a casi todas las economías del mundo. Y eso cambió el tono de la conversación. La transición no se enmarca solo como una necesidad climática o ambiental, sino como un asunto de seguridad y soberanía. La guerra demostró que depender de los fósiles nos hace tremendamente vulnerables. Es tiempo de asumir que la urgencia climática y estabilidad económica están del mismo lado, no se contraponen.Fatih Birol, director de la Agencia Internacional de Energía, declaró desde Santa Marta que la guerra "rompió los mercados fósiles sin posibilidad de reparación", refiriéndose a la metáfora del jarrón roto. No es solo una posición ambientalista, es un diagnóstico global. La renovación de Santa MartaAdemás de su contenido, la forma en que se desarrolló la conferencia de Santa Marta también sorprendió y podría considerarse una innovación para la diplomacia climática. El lobby de los combustibles fósiles fue explícitamente excluidos. Los países que históricamente han bloqueado cualquier progreso no fueron invitados. Y el formato del segmento de alto nivel rompió con las dinámicas tradicionales: en lugar de las declaraciones leídas desde un computador que caracterizan las COP, los ministros y delegados se sentaron en círculos pequeños bajo las reglas de Chatham House, sin pantallas, y junto a representantes de sociedad civil y pueblos indígenas en las mismas condiciones. No pasó al final, cuando ya nadie escucha, sino marcando la pauta desde el inicio.Tzeporah Berman, presidenta de la iniciativa para crear el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, describió la experiencia como "ver una represa ceder: "toda esa experiencia, esos conocimientos y esa pasión acumulados se traducen de repente en medidas concretas para eliminar gradualmente los combustibles contaminantes". La ciencia al volanteEntre los resultados concretos, destaca el lanzamiento del Panel Científico para la Transición Energética Global (SPGET, por sus siglas en inglés). En los primeros años de las negociaciones climáticas, la ciencia iba por delante: las COP abrían con una actualización del conocimiento científico más reciente y las decisiones se construían sobre esa base. Con el tiempo, eso se fue erosionando. Países con intereses fósiles fueron diluyendo las advertencias científicas e introduciendo lo que en la conferencia de Santa Marta se llamó abiertamente "falsas soluciones" —como la captura de carbono y los offsets— para justificar la continuidad de la extracción. La conferencia se propuso poner a la ciencia de regreso al volante.El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) sigue produciendo informes fundamentales, pero tiene limitaciones que el SPGET puede subsanar. Publica informes cada siete años, un proceso lento para una crisis que se acelera. Sus resúmenes para personas tomadoras de decisiones —que en la práctica leen los gobiernos— son negociados línea por línea con representantes gubernamentales, incluyendo países con intereses fósiles, lo que atenúa conclusiones. Y el IPCC no está facultado para dar recomendaciones de política a los países. Carlos Nobre, uno de los fundadores del SPGET, contó que una vez quiso incluir información sobre los riesgos que enfrenta la Amazonía en un resumen del IPCC y que un representante de su propio país lo rechazó. El SPGET es totalmente independiente. Ningún gobierno puede vetar lo que dice y producirá actualizaciones anuales con recomendaciones concretas de política, apoyando a los países en el desarrollo de hojas de ruta alineadas con la meta de los 1.5°C. En cuanto a su estructura, está copresidido por una economista camerunesa (Vera Songwe), un economista alemán (Ottmar Edenhofer) y un ingeniero energético brasileño (Gilberto Jannuzzi). Si funciona como promete, podría convertirse en el brazo científico que la transición necesita. Continuidad y estructura. La promesa hacia el futuroLa conferencia de Santa Marta no fue un evento aislado, sino el inicio de un proceso estructurado. Para empezar, ya se confirmó una segunda versión para 2027, coorganizada por Tuvalu e Irlanda, sellando el compromiso de colaboración norte-sur. Con miras a eso, se crearon tres líneas de trabajo permanentes que operarán hasta Tuvalu. La primera línea de trabajo apoyará a los países en la elaboración de hojas de ruta nacionales de transición, conectadas con sus compromisos climáticos bajo el Acuerdo de París. Hay ejemplos concretos: Francia llegó con la suya, una hoja de ruta para eliminar progresivamente los combustibles fósiles de su matriz energética para 2050, la primera propuesta de este tipo presentada por un país desarrollado. Pero el plan ha sido criticado por la sociedad civil. No aborda la remediación de territorios dañados por décadas de extracción ni da cuenta de las nuevas presiones que su modelo de electrificación podría ejercer en el sur global, de donde provienen la gran mayoría de los minerales necesarios para baterías, redes y energías renovables. Colombia, por su parte, presentó la suya en la preconferencia académica, con datos que muestran que la transición resultaría económicamente rentable a partir de 2040. Estas hojas de ruta, a diferencia de las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés), abordan la producción de combustibles fósiles. Las NDC se refieren a la reducción de emisiones, pero no comprometen el cierre de minas o plantas de carbón ni el fin de las licitaciones para extraer fósiles. Ahora, las NDC también tienen algo que las hojas de ruta no tienen: anclaje jurídico, al ser parte del Acuerdo de París. Entonces, la promesa está en que las hojas de ruta se integren en las NDC, lo que dejaría con compromisos concretos y vinculantes de transición. Pero, como muestra el caso francés, si las hojas de ruta no incorporan la remediación de territorios afectados ni las cadenas de suministro que la electrificación demanda, hay riesgo de terminar con compromisos vinculantes que consolidan una transición desigual en lugar de corregirla.La segunda línea de trabajo permanente abordará las barreras financieras —deuda, subsidios fósiles y acceso a capital— con apoyo del IISD, un centro de investigación especializado en políticas de subsidios y finanzas climáticas. Y la tercera buscará formas de descarbonizar el comercio internacional, conectando a países productores y consumidores de combustibles fósiles para que trabajen juntos en la transición, con apoyo de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).A eso se suma el panel científico (SPGET), que dará base técnica a todo el proceso, y un grupo de coordinación permanente entre los coanfitriones actuales (Colombia y Países Bajos) y los futuros (Tuvalu e Irlanda), que asegurará continuidad. Todo lo que salga de estas líneas de trabajo alimentará las negociaciones climáticas oficiales de la ONU, incluyendo la COP31, prevista para noviembre de este año en Turquía.Aunque no hay acuerdos vinculantes que mostrar, sí contamos ya con mecanismos concretos de trabajo entre los países que sí quieren avanzar, con instituciones de apoyo, mandatos claros, una segunda conferencia para recibir los avances y la promesa de permear las negociaciones oficiales de la ONU. Es un buen comienzo que tiene estructura para sostenerse. Lo que queda por resolverHay una deuda que atraviesa todo lo anterior: los plazos y la urgencia. Recién empezamos a hablar de crear hojas de ruta para eliminar los combustibles fósiles, pero su implementación debió iniciar hace 40 años. Ese desfase debería marcar el tono de todo lo que viene.Un tema en el que la conferencia de Santa Marta se quedó particularmente corta es el financiamiento. El tema —deuda, espacio fiscal, subsidios, arquitectura financiera internacional—se discutió extensamente, pero no se logró traducir esto en señales claras. Para un proceso que aspira a coordinar la salida global de los combustibles fósiles, la ausencia de una hoja de ruta financiera es una limitación seria.No es algo nuevo ni se trata de caridad. El principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, consagrado en la propia CMNUCC, establece que los países que más contribuyeron a la crisis climática deben apoyar a los que menos lo hicieron y más sufren. Con esta base se han construido las metas de financiamiento climático que hoy ascienden a USD 300.000 millones anuales para 2035, según se acordó en la COP29. Pero la mayoría de ese financiamiento llega en forma de préstamos, lo que significa que los países del sur se endeudan para resolver un problema que no crearon. La deuda climática del norte con el sur se convierte, paradójicamente, en deuda financiera del sur con el norte. Así, no hay transición justa posible. Y la conferencia de Santa Marta no logró avances al respecto. Otra barrera estructural que sí llegó a Santa Marta, pero que aún requiere trabajo es el mecanismo de solución de disputas inversionista-Estado (ISDS, por sus siglas en inglés), que permite a corporaciones fósiles demandar a los Estados por adoptar medidas climáticas. Al menos USD 100.000 millones en compensaciones han sido otorgados a empresas a través de tribunales internacionales de arbitraje. El ISDS quedó en el resumen oficial de la conferencia de Santa Marta, pero con un lenguaje tibio. Mientras los gobiernos puedan ser demandados por miles de millones por cerrar una mina de carbón, la transición no avanzará, y no por falta de voluntad, sino por miedo a las demandas.Tampoco se resolvió el debate sobre el gas natural como combustible "de transición". El documento oficial reconoce que "hubo diferentes perspectivas respecto al rol de combustibles de transición y tecnologías”, un avance logrado gracias a la presión de la sociedad civil, considerando el número de países que promueven abiertamente el gas como solución. Pero el gas es un combustible fósil cuyas fugas de metano agravan el calentamiento. Presentarlo como "de transición" es profundizar la dependencia y postergar la transición. Finalmente, un análisis desde América Latina muestra una importante incoherencia práctica: la brecha entre lo que los países dicen y hacen. El gobierno de México participó activamente en la conferencia, pero al mismo tiempo instaló un comité para evaluar la viabilidad del fracking “sustentable”. El gobierno de Brasil, guardián de la Amazonía, sigue licitando pozos petroleros. Y Colombia, anfitrión de la conferencia, anunció que busca ampliar la frontera extractiva en el mar Caribe. Pareciera que diferentes ramas de un mismo gobierno actúan con objetivos totalmente contradictorios. El problema es que esto daña la credibilidad del proceso, que es crucial para una coalición como la que se pretende. Dicho todo esto, quizás era mucho esperar que la primera conferencia de este tipo, que buscó y logró sentar las bases de un proceso nuevo, llegara con todas las respuestas a la crisis de nuestros tiempos. La conferencia de Santa Marta sirvió para mapear los problemas, crear las líneas de trabajo y construir confianza. El siguiente paso no puede esperar mucho tiempo. Para la conferencia de 2027 en Tuvalu, no deberían quedar temas pendientes, sobre todo el financiamiento. Un plan sin financiamiento, por muy bueno y atinado que sea, no tiene como despegar. De un puerto carbonero a una isla que se hunde Terminó la conferencia en Santa Marta, un importante puerto carbonífero en Colombia, y la siguiente parada es Tuvalu, una pequeña nación insular del Pacífico, amenazada existencialmente por el aumento del nivel del mar. La ruta es simbólica: desde un país que exporta carbón a uno que desaparece por el calentamiento que la quema de ese carbón genera. Que estas dos naciones estén hoy construyendo juntas las bases para cambiar el rumbo es precisamente lo que necesitamos: reconocer el pasado y mirar al futuro con solidaridad. La Primera Conferencia Internacional para la Transición Más Allá de los Combustibles Fósiles podría pasar a la historia como la primera piedra de una nueva era. Sigamos construyendo.
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Dez anos de Belo Monte: O tempo da justiça chegou
Marco de uma década da operação da usina reacende debate sobre responsabilização e resposta institucional.Ao completar dez anos de funcionamento, a Usina Hidrelétrica (UHE) de Belo Monte, no Pará, retorna ao centro das atenções do debate público, desta vez sob o crivo do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Mais do que um balanço sobre o marco temporal do empreendimento, a data impõe urgência de uma resposta institucional efetiva e evidencia que a justiça não pode ser mais adiada. O caso, que atualmente tramita na Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), reúne um conjunto consistente de evidências de violações de direitos humanos associadas à UHE Belo Monte. Apresentada por uma coalizão de organizações da sociedade civil, como a Associação Interamericana para a Defesa do Ambiente (AIDA), a Justiça Global, a Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB), o Movimento Xingu Vivo para Sempre (MXVPS) e o Conselho Indigenista Missionário (CIMI), a petição consolida alegações de violações aos direitos à vida, à saúde, à consulta prévia e ao meio ambiente saudável. O caso está em estágio avançado de análise e tem potencial para ser encaminhado à Corte Interamericana de Direitos Humanos.Uma década após sua inauguração, os impactos socioambientais permanecem significativos e, em grande medida, não mitigados. A Volta Grande do Xingu, trecho de aproximadamente 130 km diretamente afetado pela redução artificial da vazão do rio, representa o principal passivo do empreendimento. A alteração do regime hidrológico, intensificada por eventos extremos associados às mudanças climáticas, comprometeu ecossistemas locais, afetou o ciclo reprodutivo de espécies, a navegabilidade e a segurança alimentar e hídrica das populações que dependem diretamente do rio.Nesse contexto, comunidades indígenas, ribeirinhas e pescadores artesanais enfrentam a deterioração de seus modos de vida, especialmente pela redução da disponibilidade de peixes e seus impactos na segurança alimentar. Outros efeitos são a proliferação de enfermidades associadas a mosquitos, a realocação de famílias ribeirinhas a assentamentos longe do rio, o estopim de relatos de depressão e suicídio entre jovens, e os impactos nas práticas culturais e modos de vida das comunidades locais. Diferentemente das discussões que marcaram a fase de implementação do projeto, o debate atual é intensificado pela emergência climática e por novos parâmetros normativos internacionais. O Parecer Consultivo 32 da Corte Interamericana de Direitos Humanos traz diretrizes claras sobre as obrigações dos Estados na proteção de direitos humanos frente à crise climática, reconhecendo o direito a um meio ambiente saudável como elemento estruturante. Nesse cenário, o caso da UHE Belo Monte é um exemplo significativo dos desafios de conciliar o desenvolvimento energético, a preservação ambiental e a garantia de direitos da população.As organizações que acompanham o caso apontam o descumprimento de medidas cautelares outorgadas pela Comissão, o que reforça a necessidade de avanço para a próxima etapa no âmbito da Corte. A sustentabilidade legal do processo, somada à relevância internacional do tema, posiciona o caso como apto para julgamento."Mais de uma década de operação da UHE Belo Monte, os impactos no Xingu se comprovaram e seguem uma tendência de agravamento diante da pressão de novos empreendimentos na região e ante os efeitos da crise climática. As comunidades seguem mobilizadas por justiça e confiantes na atuação da Comissão Interamericana para que o caso seja levado à Corte - o passo final para assegurar a reparação integral e a proteção do território e de seus modos de vida", afirma Marcella Torres, coordenadora jurídica do Programa de Direitos Humanos da AIDA.De acordo com Melisanda Trentin, coordenadora de Justiça Socioambiental e Climática da Justiça Global, o projeto minerário Belo Sun avança sobre a Volta Grande do Xingu com falhas consultivas idênticas às de Belo Monte. “O que está em jogo na região é a sobreposição de danos e violações de direitos humanos e ambientais. Um rio com vazão reduzida, comunidades com insegurança alimentar e modos de vida alterados, e agora um novo projeto que repete as mesmas violações já denunciadas no Sistema Interamericano há mais de 10 anos”, aponta ela. Para as organizações signatárias, o marco temporal de uma década representa uma janela crítica para a efetivação da justiça. O caso Belo Monte deixa de ser um episódio isolado e se projeta como referência para a aplicação concreta da justiça ambiental na Amazônia, em um contexto de crescente pressão climática e de demanda por responsabilização estatal.SOBRE - Belo Monte é a quarta maior usina hidrelétrica do mundo, construída no rio Xingu, no estado do Pará, no coração da Amazônia. Com capacidade instalada de 11.233 MW, foi inaugurada em 5 de maio de 2016. Sua operação desvia 80% do fluxo do rio Xingu por um canal de 500 metros de largura e 75 km de comprimento. A área inundada entre o canal e o reservatório é de 516 km², maior que a cidade de Chicago, dos quais 400 km² eram de floresta nativa.#JustiçaNoXinguVeja a carta aberta dos peticionários do caso Belo Monte no CIDH Leia o que dizem as organizações peticionárias e aliadas do caso:Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB)"Não há segurança jurídica sem o respeito aos direitos originários dos povos indígenas. Na Amazônia, essa defesa ultrapassa o campo jurídico: é um compromisso com a vida, com a integridade dos territórios e com o equilíbrio climático do planeta. Os prejuízos que a implantação da Usina de Belo Monte trouxe às populações indígenas e ao meio ambiente tornaram-se reais e são irreversíveis. A Assessoria Jurídica da COIAB atua para assegurar que a Constituição, os tratados internacionais e a autodeterminação dos povos indígenas sejam efetivamente respeitados em todas as instâncias de decisão", afirma Gabriele Baré, coordenadora da Assessoria Jurídica da COIAB.Conselho Indigenista Missionário (CIMI)"O que hoje se apresenta como tragédia anunciada nunca foi desconhecido. Desde os anos 1980, os Povos Indígenas da região do Xingu denunciaram, com clareza e insistência, o que significaria a imposição da Usina Hidrelétrica de Belo Monte: destruição de modos de vida, ruptura territorial, violência social e colapso das condições mínimas de existência. Nada disso foi ouvido! O que se seguiu não foi erro técnico nem falha de previsão. Foi uma decisão política consciente. Foi a escolha deliberada de sacrificar povos, territórios e vidas em nome de um projeto imposto, sustentado por uma lógica desenvolvimentista que trata corpos e rios como obstáculos descartáveis. Nesse sentido, para o Cimi, à luz do princípio da reparação integral, a posição é inequívoca: a concessão deve ser cancelada, o funcionamento da usina interrompido e iniciado um processo progressivo e estruturado de desmantelamento da infraestrutura, acompanhado de medidas de justiça, reparação geracional, restituição territorial aos Povos Indígenas e reparações sociais e econômicas a todas as vítimas."Movimento Xingu Vivo para Sempre"Belo Monte arrancou as pessoas do beiradão e dispersou o povo do Xingu por aí, longe do rio, da comunidade, da lida diária que era familiar e querida. O ribeirinho deixou de ser, a pescadora deixou de ser, viraram um nada, muitos vagando pelas periferias das cidades. 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