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Photo: Steve Ablitt / Cassiar WatchVictoria: Canadá respalda la participación pública y la evaluación ambiental
Gracias a un fallo judicial al que AIDA y sus aliados contribuyeron, las autoridades canadienses deben permitir la participación pública activa en todos los megaproyectos mineros e industriales, y éstos deben incluir evaluaciones de impacto ambiental integrales.
La decisión llegó tras una larga batalla legal iniciada en 2006. Ese año, el proyecto Red Chris, una mina de cobre y oro a cielo abierto que procesaría 30,000 toneladas métricas al día, fue aprobado sin haber sido sometido a una evaluación adecuada de sus impactos ambientales.
La empresa Imperial Metals pretendía construir la mina en el Valle del Río Kapplan, un área remota y prístina que es hogar de grandes mamíferos como la oveja de Dall, el caribú, osos y alces. Además, la zona forma parte de la ruta migratoria del salmón y cerca de ella vive la comunidad indígena Tathlan.
La empresa había fragmentado el proyecto en partes pequeñas para evitar la evaluación de la todalidad de sus impactos, violando así estándares internacionales sobre el tema, así como el derecho a la participación pública.
En 2009, AIDA presentó ante la Corte Suprema de Justicia de Canadá un escrito en el que argumentó, desde el derecho internacional, las faltas cometidas por la empresa con relación al proyecto. Lo hicimos para apoyar la demanda presentada contra el proyecto por MiningWatch y EcoJustice (nuestra organización participante en Canadá).
El fallo es una herramienta poderosa para proteger extensiones enormes de terreno prístino y valioso por su biodiversidad, fuentes de agua y la cultura de comunidades indígenas.
Es un parteaguas para que las empresas cumplan con sus obligaciones al desarrollar proyectos que ponen en riesgo el ambiente y a las personas que dependen de él.
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Comunidades afectadas por represa Hidroituango en Colombia presentan queja ante el BID
En medio de la crisis humanitaria que se vive en la cuenca del río Cauca por causa de la hidroeléctrica, las comunidades solicitaron al mecanismo de rendición de cuentas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) investigar si la entidad financiera cumplió o no sus propios estándares sociales y ambientales al invertir en el proyecto. Washington D.C. Comunidades afectadas por la construcción de la represa Hidroituango en el departamento de Antioquia, presentaron una reclamación ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICl) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La queja fue presentada en la sede del organismo, ubicada en la capital de Estados Unidos. En ella solicitan que esa instancia de rendición de cuentas indague si el BID, tanto su brazo público como privado, cumplió o no sus propios estándares sociales y ambientales a la hora de invertir en el proyecto. Las comunidades afectadas, representadas por el Movimiento Ríos Vivos Antioquia, resaltan en la queja que las políticas del banco establecen que los proyectos en los que invierta deben ser sostenibles, participativos y respetuosos de la legislación nacional, lo que no ha ocurrido con Hidroituango. El proyecto no contó con una evaluación de impacto ambiental adecuada, no permite la participación de las comunidades ni el acceso a información, y se ha desarrollado en un contexto de violaciones a derechos humanos y uso desproporcionado de la fuerza. Asimismo, ha puesto en peligro la vida de miles de personas, que han tenido que ser evacuadas de forma improvisada por la crisis de la presa. Esto contradice los estándares sociales y ambientales que el BID debe aplicar en sus inversiones. La hidroeléctrica pretende ser la más grande de Colombia, con un embalse de 79 kilómetros que inundó un área de 4.500 hectáreas, sin retirar la capa vegetal, terminar la obra, informar, reubicar ni compensar a las comunidades. El Grupo BID ha apoyado el proyecto a través de varios tipos de inversión: 2 millones de dólares en cooperación técnica al Estado colombiano en 2012 y 550 millones de dólares en inversiones directas a Empresas Públicas de Medellín (EPM), a cargo del proyecto, en 2016. Además, el BID maneja un paquete de inversiones en el proyecto que suma 1.000 millones de dólares, con aportaciones de múltiples bancos europeos [KfW IPEX - Alemania, BNP Paribas - Francia, BBVA y Banco Santander - España], asiáticos [ICBC - China, Sumitomo Mitsui - Japón] y un banco canadiense [CDPQ – Quebec]. El MICI atiende denuncias de personas y comunidades afectadas por proyectos de desarrollo financiados por el BID. Las comunidades afectadas por Hidroituango, asentadas en la cuenca del río Cauca y sus afluentes, son acompañadas en el proceso de queja por el Center for International Environmental Law (CIEL), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y el International Accountability Project (IAP). El reclamo ocurre en medio de una crisis humanitaria en la zona de construcción de la hidroeléctrica y de una creciente violencia contra las personas que defienden su territorio y agua frente al proyecto. Lo que comenzó con el taponamiento con cemento de dos túneles de la represa, terminó en la obstrucción de otro túnel y luego en un incremento drástico del caudal del río, deslizamientos de tierra, inundaciones y desplazamiento de miles de personas de sus hogares. Todo ello ha desnudado la inadecuada evaluación de impactos y la pobre regulación ambiental a las que fue sometido el proyecto y que, de todas formas, fue autorizado. El estado de emergencia en la zona no ha cesado y el riesgo de que la represa colapse no ha sido descartado ni por el gobierno colombiano ni por la empresa. Los miembros del Movimiento Ríos Vivos Antioquia han sufrido múltiples amenazas, intimidaciones y violación de sus derechos. Entre el 2 y el 8 de mayo, según se denunció, dos de sus integrantes fueron asesinados en el corregimiento de Puerto Valdivia, que fue completamente evacuado por la emergencia. Además, la región donde está ubicada la represa ha sido históricamente afectada por la violencia y el conflicto armado. Contactos de prensa Isabel Zuleta, Movimiento Ríos Vivos Antioquia, +57 3217347264, riosvivosantioquia@gmail.com Carla García, Center for International Environmental Law, cgarcia@ciel.org Astrid Puentes, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, apuentes@aida-americas.org Carlos Lozano, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, clozano@aida-americas.org Alexandre Sampaio, International Accountability Project, alex@accountabilityproject.org
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En medio de la crisis humanitaria que se vive en la cuenca del río Cauca por causa de la hidroeléctrica, las comunidades solicitaron al mecanismo de rendición de cuentas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) investigar si la entidad financiera cumplió o no sus propios estándares sociales y ambientales al invertir en el proyecto. Washington D.C. Comunidades afectadas por la construcción de la represa Hidroituango en el departamento de Antioquia, presentaron una reclamación ante el Mecanismo Independiente de Consulta e Investigación (MICl) del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). La queja fue presentada en la sede del organismo, ubicada en la capital de Estados Unidos. En ella solicitan que esa instancia de rendición de cuentas indague si el BID, tanto su brazo público como privado, cumplió o no sus propios estándares sociales y ambientales a la hora de invertir en el proyecto. Las comunidades afectadas, representadas por el Movimiento Ríos Vivos Antioquia, resaltan en la queja que las políticas del banco establecen que los proyectos en los que invierta deben ser sostenibles, participativos y respetuosos de la legislación nacional, lo que no ha ocurrido con Hidroituango. El proyecto no contó con una evaluación de impacto ambiental adecuada, no permite la participación de las comunidades ni el acceso a información, y se ha desarrollado en un contexto de violaciones a derechos humanos y uso desproporcionado de la fuerza. Asimismo, ha puesto en peligro la vida de miles de personas, que han tenido que ser evacuadas de forma improvisada por la crisis de la presa. Esto contradice los estándares sociales y ambientales que el BID debe aplicar en sus inversiones. La hidroeléctrica pretende ser la más grande de Colombia, con un embalse de 79 kilómetros que inundó un área de 4.500 hectáreas, sin retirar la capa vegetal, terminar la obra, informar, reubicar ni compensar a las comunidades. El Grupo BID ha apoyado el proyecto a través de varios tipos de inversión: 2 millones de dólares en cooperación técnica al Estado colombiano en 2012 y 550 millones de dólares en inversiones directas a Empresas Públicas de Medellín (EPM), a cargo del proyecto, en 2016. Además, el BID maneja un paquete de inversiones en el proyecto que suma 1.000 millones de dólares, con aportaciones de múltiples bancos europeos [KfW IPEX - Alemania, BNP Paribas - Francia, BBVA y Banco Santander - España], asiáticos [ICBC - China, Sumitomo Mitsui - Japón] y un banco canadiense [CDPQ – Quebec]. El MICI atiende denuncias de personas y comunidades afectadas por proyectos de desarrollo financiados por el BID. Las comunidades afectadas por Hidroituango, asentadas en la cuenca del río Cauca y sus afluentes, son acompañadas en el proceso de queja por el Center for International Environmental Law (CIEL), la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y el International Accountability Project (IAP). El reclamo ocurre en medio de una crisis humanitaria en la zona de construcción de la hidroeléctrica y de una creciente violencia contra las personas que defienden su territorio y agua frente al proyecto. Lo que comenzó con el taponamiento con cemento de dos túneles de la represa, terminó en la obstrucción de otro túnel y luego en un incremento drástico del caudal del río, deslizamientos de tierra, inundaciones y desplazamiento de miles de personas de sus hogares. Todo ello ha desnudado la inadecuada evaluación de impactos y la pobre regulación ambiental a las que fue sometido el proyecto y que, de todas formas, fue autorizado. El estado de emergencia en la zona no ha cesado y el riesgo de que la represa colapse no ha sido descartado ni por el gobierno colombiano ni por la empresa. Los miembros del Movimiento Ríos Vivos Antioquia han sufrido múltiples amenazas, intimidaciones y violación de sus derechos. Entre el 2 y el 8 de mayo, según se denunció, dos de sus integrantes fueron asesinados en el corregimiento de Puerto Valdivia, que fue completamente evacuado por la emergencia. Además, la región donde está ubicada la represa ha sido históricamente afectada por la violencia y el conflicto armado. Contactos de prensa Isabel Zuleta, Movimiento Ríos Vivos Antioquia, +57 3217347264, riosvivosantioquia@gmail.com Carla García, Center for International Environmental Law, cgarcia@ciel.org Astrid Puentes, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, apuentes@aida-americas.org Carlos Lozano, Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, clozano@aida-americas.org Alexandre Sampaio, International Accountability Project, alex@accountabilityproject.org
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La llama que encendió a Nicaragua
El pasado 3 de abril, la Reserva Biológica Indio Maíz comenzó a arder en llamas. La respuesta tardía e inadecuada del gobierno ante el incendio marcó el inicio de una lucha que hoy continúa en Nicaragua, una lucha por la democracia y por nuestros derechos. Por redes sociales y bajo la etiqueta #SOSIndioMaíz, centenares de jóvenes universitarios se autoconvocaron a una protesta pacífica para exigir que el gobierno de Daniel Ortega, en el poder hace 11 años, actúe rápido frente al incendio. Los jóvenes se movilizaron pacíficamente el 12 y 13 de abril, protesta reprimida por la policía y por grupos parapoliciales. La reserva natural, ubicada al sureste del país, en la frontera con Costa Rica, es considerada la segunda más importante de Nicaragua y una de las principales de Centroamérica. Según expertos, el sitio es vital para mantener unidos a los bosques tropicales al formar, junto con el Refugio Nacional de Vida Silvestre Barra del Colorado y el Parque Nacional Tortuguero en Costa Rica, un solo bloque por donde transitan miles de animales. Indio Maíz también protege el agua de varias cuencas importantes para Nicaragua. Pese a su importancia, el gobierno reaccionó tres días después de iniciado el incendio. Además, llenó de militares la zona e impidió el ingreso a ella de medios de comunicación independientes. Amenazó con cancelar la personería jurídica de la ONG ambientalista Fundación del Río por informar a la población de la respuesta tardía; y rechazó el apoyo de bomberos de Costa Rica para sofocar el fuego. El triste resultado fue la destrucción de más de 5,000 hectáreas de bosque en la zona núcleo de la reserva, un siniestro catalogado como “el problema ambiental más serio en la historia de Nicaragua” por Jaime Incer Barquero, científico de gran renombre en el país. El despertar de un país Muchos de los jóvenes que exigieron la protección de Indio Maíz salieron nuevamente a las calles el 18 de abril para mostrar su descontento con las reformas a la Ley del Seguro Social, anunciadas dos días antes. A ellos se unieron personas de otros segmentos de la población. La represión se repitió y el mensaje del gobierno también: en el país estaba prohibido manifestarse. El 19 de abril, la manifestación se volvió masiva. Miles de personas se sumaron a lo largo del país. La respuesta del gobierno se intensificó también, desatando una ola de violencia de estado y represión que, al 21 de mayo, ha dejado 76 personas muertas y 868 heridas, la mayoría en el contexto de las protestas. Cinco de ellas permanecen en hospitales en estado de gravedad. Asimismo, 438 personas fueron detenidas. Entre ellas están estudiantes, población civil, defensoras y defensores de derechos humanos y periodistas. Las cifras corresponden al informe preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sin duda, como menciona el periodista Carlos Fernando Chamorro, se trata del “peor baño de sangre en la historia de Nicaragua en tiempos de paz”. La defensa ambiental en Nicaragua En la última década, las luchas ambientales como la librada por Indio Maíz han cobrado fuerza en el país. Otra de las más emblemáticas es, quizás, la del Movimiento Campesino Anticanal, liderado por Francisca Ramírez, que exige se anule la ley que autoriza la construcción del Gran Canal Interoceánico. De concretarse, el proyecto despojaría de sus tierras a miles de nicaragüenses y pondría en grave peligro la biodiversidad del país. En cinco años de lucha, el movimiento ha sido víctima de represión, amenazas y persecución por parte del gobierno. También está el Movimiento Nacional Ambientalista frente a la Minería Industrial. Este año, en una audiencia pública ante la CIDH, sus miembros denunciaron la violación de derechos humanos y la criminalización de personas defensoras en el contexto de industrias extractivas en Nicaragua. Estas luchas se han enfrentado a un Estado con problemas de corrupción, instituciones debilitadas, aliado con intereses económicos privados y con poca voluntad para proteger los recursos naturales. A ello se suma la criminalización de la protesta ciudadana y la persecución de las personas que defienden los derechos humanos y el ambiente. Pero Nicaragua ya no es la misma. Las llamas en Indio Maíz avivaron la conciencia de su población y su deseo de manifestarse libremente, un derecho garantizado por nuestra Constitución Política, pero negado durante los 11 años de gobierno del presidente actual. Las protestas pacíficas de abril y mayo son resultado de una década de atropellos y de la negación sistemática de nuestros derechos. Nicaragua lucha hoy por la democratización del país, la cual espero llegue de la mano del respeto de nuestro derecho a un ambiente sano.
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