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Photo: Steve Ablitt / Cassiar Watch

Victoria: Canadá respalda la participación pública y la evaluación ambiental

Gracias a un fallo judicial al que AIDA y sus aliados contribuyeron, las autoridades canadienses deben permitir la participación pública activa en todos los megaproyectos mineros e industriales, y éstos deben incluir evaluaciones de impacto ambiental integrales.

La decisión llegó tras una larga batalla legal iniciada en 2006. Ese año, el proyecto Red Chris, una mina de cobre y oro a cielo abierto que procesaría 30,000 toneladas métricas al día, fue aprobado sin haber sido sometido a una evaluación adecuada de sus impactos ambientales.

La empresa Imperial Metals pretendía construir la mina en el Valle del Río Kapplan, un área remota y prístina que es hogar de grandes mamíferos como la oveja de Dall, el caribú, osos y alces. Además, la zona forma parte de la ruta migratoria del salmón y cerca de ella vive la comunidad indígena Tathlan.

La empresa había fragmentado el proyecto en partes pequeñas para evitar la evaluación de la todalidad de sus impactos, violando así estándares internacionales sobre el tema, así como el derecho a la participación pública.

En 2009, AIDA presentó ante la Corte Suprema de Justicia de Canadá un escrito en el que argumentó, desde el derecho internacional, las faltas cometidas por la empresa con relación al proyecto. Lo hicimos para apoyar la demanda presentada contra el proyecto por MiningWatch y EcoJustice (nuestra organización participante en Canadá).

El fallo es una herramienta poderosa para proteger extensiones enormes de terreno prístino y valioso por su biodiversidad, fuentes de agua y la cultura de comunidades indígenas.

Es un parteaguas para que las empresas cumplan con sus obligaciones al desarrollar proyectos que ponen en riesgo el ambiente y a las personas que dependen de él.


Grandes Represas

Grandes Represas en América: ¿Peor el Remedio que la Enfermedad?

El informe analiza la problemática de las grandes represas desde la perspectiva del derecho internacional ambiental y de los derechos humanos. Nuestro objetivo es promover un mejor entendimiento de la situación, evidenciar la vinculación entre los graves impactos ambientales y la violación a los derechos humanos que las grandes represas pueden causar, y fomentar la mejor evaluación e implementación de estos proyectos.   A través de cinco estudios de casos representando distintas regiones de América Latina, incluyendo México, Centroamérica, la Región Andina, Brasil y el Cono Sur, describimos cómo al autorizar e implementar estos proyectos, los Estados y actores involucrados constantemente están causando impactos graves al ambiente y desconociendo múltiples normas y estándares internacionales.   Entre los impactos más importantes se incluyen, entre otros: la destrucción de ecosistemas estratégicos; el desplazamiento forzado de comunidades, más comúnmente las que se encuentran en situación de vulnerabilidad como las indígenas, campesinas y afrodescendientes; la pérdida de fuentes de alimentación y de sustento; la falta de participación pública y acceso a la información; y la contribución a y la afectación por el cambio climático. Lee y descarga el informe  

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AIDA Apoya Acción Contra Represa Baba

Para publicación inmediata Contactos: Astrid Puentes (México), (5255) 55212-0141, [email protected] Natalia Landivar (Quito), (593) 2 22 24 962, [email protected] Monti Aguirre (Berkeley, EEUU), (1-510) 848-1155, [email protected]   Organizaciones Internacionales apoyan amparo contra Proyecto Multipropósito Baba ante Tribunal Constitucional de Ecuador para proteger derechos humanos y ambiente   QUITO, MÉXICO, BERKELEY, 19 DE JUNIO DE 2008 -- La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), presentó un amicus curiae (escrito de amigo de la corte) ante el Tribunal Constitucional de Ecuador, suscrito por International Rivers y FoodFirst Information and Action Network (FIAN) International, apoyando la demanda de Amparo Constitucional interpuesta por afectados del Proyecto Multipropósito Baba. Las organizaciones internacionales argumentaron violaciones a los derechos humanos y al ambiente en la aprobación del proyecto, por lo cual se unen a los demandantes para solicitar la suspensión de su ejecución.   “Existen sinnúmero de experiencias donde la implementación inadecuada de mega-represas ha generado daños irreversibles, es necesario aprender de ellas” aseguró Astrid Puentes de AIDA. “La producción de energía no puede implementarse a costa del ambiente y de los derechos humanos, más aún cuando existen alternativas que ni siquiera se han evaluado y que a la larga, podrían evitar mayores costos para los países” puntualizó.   El Proyecto Baba, que incluye la construcción de una represa que inundará más de 1,000 hectáreas, fue aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente en noviembre de 2006 sin los estudios de impacto ambiental y sociales integrales que se exigen en la legislación nacional e internacionalmente. Estos estudios son de vital importancia, pues el proyecto afectará importantes zonas y tierras de cultivo, impactando seriamente la vida de cientos de personas que dependen de la pesca y la agricultura. Además, se dañará seriamente el hábitat de biodiversidad endémica y en peligro de extinción, como el ave rascón, el venado pequeño y el oso hormiguero de chaleco.   “Tenemos la confianza que el Tribunal considerará los estándares internacionales en su decisión” mencionó Monti Aguirre de International Rivers. Dentro de los derechos afectados con este proyecto se incluyen el derecho a la calidad de vida, a la alimentación y a la vivienda, al ambiente sano, al debido proceso y a las garantías judiciales, y a la consulta previa, consagrados en la Constitución Ecuatoriana, en la Convención Americana, el Convenio 169 de la OIT, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Protocolo de San Salvador, entre otros.   “Buscamos aportar argumentos ante el Tribunal Constitucional evidenciando que la aprobación del proyecto ignora normas internacionales ambientales y de derechos humanos, lo cual puede generar responsabilidad internacional del gobierno ecuatoriano” aseguró Natalia Landivar de FIAN ECUADOR. “Confiamos en que se fallará de acuerdo a las normas” agregó.  

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