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Photo: Steve Ablitt / Cassiar WatchVictoria: Canadá respalda la participación pública y la evaluación ambiental
Gracias a un fallo judicial al que AIDA y sus aliados contribuyeron, las autoridades canadienses deben permitir la participación pública activa en todos los megaproyectos mineros e industriales, y éstos deben incluir evaluaciones de impacto ambiental integrales.
La decisión llegó tras una larga batalla legal iniciada en 2006. Ese año, el proyecto Red Chris, una mina de cobre y oro a cielo abierto que procesaría 30,000 toneladas métricas al día, fue aprobado sin haber sido sometido a una evaluación adecuada de sus impactos ambientales.
La empresa Imperial Metals pretendía construir la mina en el Valle del Río Kapplan, un área remota y prístina que es hogar de grandes mamíferos como la oveja de Dall, el caribú, osos y alces. Además, la zona forma parte de la ruta migratoria del salmón y cerca de ella vive la comunidad indígena Tathlan.
La empresa había fragmentado el proyecto en partes pequeñas para evitar la evaluación de la todalidad de sus impactos, violando así estándares internacionales sobre el tema, así como el derecho a la participación pública.
En 2009, AIDA presentó ante la Corte Suprema de Justicia de Canadá un escrito en el que argumentó, desde el derecho internacional, las faltas cometidas por la empresa con relación al proyecto. Lo hicimos para apoyar la demanda presentada contra el proyecto por MiningWatch y EcoJustice (nuestra organización participante en Canadá).
El fallo es una herramienta poderosa para proteger extensiones enormes de terreno prístino y valioso por su biodiversidad, fuentes de agua y la cultura de comunidades indígenas.
Es un parteaguas para que las empresas cumplan con sus obligaciones al desarrollar proyectos que ponen en riesgo el ambiente y a las personas que dependen de él.
Proyectos relacionados
Se debe evaluar nuevamente el impacto ambiental del proyecto de ampliación del Puerto de Veracruz
Piden organizaciones de la sociedad civil y residentes de Veracruz que se anule la nueva e ilegal autorización emitida por la Semarnat, pues otra vez avaló un proyecto fragmentado, que no recurrió al uso de la mejor ciencia disponible y que no permitió la participación de las personas. Solicitan que se garantice el acceso a la información y la participación de la ciudadanía ya que el cumplimiento de esta sentencia es para el beneficio de todas y todos los veracruzanos. Solicitan la intervención diplomática y técnica de la Convención Ramsar sobre humedales de importancia prioritaria internacional. El pasado 23 de mayo residentes de Veracruz, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C. (CEMDA) y académicos presentaron ante un juez federal un análisis de las actuaciones realizadas por las autoridades para cumplir con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) donde concluyeron que la nueva Autorización de Impacto Ambiental otorgada por la autoridad federal ambiental al proyecto de ampliación del Puerto de Veracruz debe ser declarada nula y se debe ordenar que se someta nuevamente al Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA), conforme ordenó la Corte. En conferencia de prensa realizada en el barco "Artic Sunrise" de Greenpeace, el cual se encuentra atracado en el Puerto de Veracruz, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), Greenpeace México, el CEMDA y el Dr. Leonardo Ortiz, académico de la Universidad Veracruzana (UV), hicieron un llamado para que: La Administración del Sistema Portuario de Veracruz, S.A. de C.V. (Asipona Veracruz) –promovente del proyecto de ampliación– elabore una nueva Manifestación de Impacto Ambiental donde se incorporen todos y cada uno de los elementos del proyecto, y se valore realmente el riesgo ambiental utilizando una metodología adecuada, pertinente y que sirva para los fines que la sentencia busca cumplir; por ejemplo, la metodología "antes/después-control/impacto" (BACI por sus siglas en inglés). La Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA), dependiente de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), garantice los derechos de acceso a la información y participación de las personas en la toma de decisiones ambientales y que exija a la Asipona considerar los descubrimientos científicos asociados al Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México[1] de por lo menos los últimos 10 años, allegándose de toda y la más actualizada información científica generada. La Convención Ramsar sobre humedales de importancia prioritaria internacional acompañe y participe activamente en la evaluación de impacto ambiental del proyecto para garantizar que sea utilizada la mejor ciencia y la mejor metodología de evaluación para proteger efectivamente los ecosistemas y los servicios ambientales que prestan a la población. Xavier Martínez Esponda, director operativo de CEMDA, explicó que el actuar de las autoridades es contrario a lo ordenado en el Acuerdo de Escazú, la Ley General para el Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y la propia sentencia de la Corte. "Es como si no se hubiera aprendido nada de todo este litigio. Lo que tenía que haber ocurrido era que se hiciera una nueva Manifestación de Impacto Ambiental, con todos los elementos de la obra y haciendo uso de la mejor ciencia disponible, se aperturara un nuevo Procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental (PEIA) y se expidiera una nueva resolución. Es paradójico que las autoridades obligadas a cumplir no hayan considerado la jurisprudencia que se expidió a partir de este caso." Como contexto, cabe recordar que, en febrero del 2022, por unanimidad, las y los ministros que integran la Primera Sala de la SCJN resolvieron otorgar el amparo a residentes veracruzanos, quienes presentaron una demanda en contra del proyecto de ampliación del Puerto de Veracruz. Es una victoria histórica que favorecerá a todas las personas que se benefician de los servicios ambientales impactados por el proyecto. En respuesta a la sentencia de la SCJN, en marzo del 2022, la Semarnat dejó insubsistentes las autorizaciones que se habían otorgado. Pero el pasado 30 de diciembre la DGIRA volvió a autorizar de manera condicionada el proyecto, nuevamente de manera fragmentada, sin una adecuada integración de la información, sin uso de la mejor ciencia disponible y sin posibilitar la participación de las personas[2]. Como explica el Doctor Leonardo Ortíz, "en la última década, el conocimiento científico sobre los arrecifes de Veracruz ha aumentado de una manera asombrosa y nada de eso ha sido considerado en la última autorización". También es de resaltar que la autorización se expidió sin la asistencia de autoridades internacionales como la Convención Ramsar. "Las autoridades de la Convención Ramsar decidieron esperar a que México tomara decisiones judiciales y ejecutivas respecto a la ampliación portuaria", señaló Sandra Moguel, Abogada de AIDA. "Es el momento oportuno para pedirle asistencia técnica a ese tratado para que se pronuncie respecto a los impactos al ecosistema, pero también respecto a la propia evaluación de impacto ambiental que realizó la Semarnat". Reiteramos nuestra petición al juez de distrito de no tener por cumplida la sentencia de la Corte. Ver conferencia de prensa: https://fb.watch/kTmpqiD1dp/ Organizaciones firmantes: Greenpeace México Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) Pueblos Unidos de la Cuenca Antigua por los Ríos Libres (PUCARL) Gente Sustentable, A.C. Sendas, A.C. Pronatura Veracruz, A.C. [1] Para mayor información acerca del Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México consultar el libro titulado El Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México: retos y oportunidades para su protección y manejo. Disponible en: https://www.cemda.org.mx/publicaciones-y-estudios-del-cemda/el-corredor-arrecifal-del-suroeste-del-golfo-de-mexico-retos-y-oportunidades-para-su-proteccion-y-manejo/ [2] Véase, https://www.cemda.org.mx/semarnat-comete-desacato-al-incumplir-sentencia-de-la-suprema-corte-para-la-ampliacion-del-puerto-de-veracruz/
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Explotación de hidrocarburos offshore: Resistencia a una amenaza creciente en América Latina
La exploración y explotación de hidrocarburos costa afuera o aguas afuera (offshore) está expandiéndose en América Latina y el Caribe como parte de una estrategia gubernamental y empresarial que implica la continuidad de la industria del petróleo y del gas, combustibles fósiles cuyo uso agrava la crisis climática mundial. El avance de la actividad offshore de hidrocarburos implica también riesgos de daños graves para el océano, el mayor regulador climático del planeta, así como para la vasta biodiversidad que alberga y para los modos de vida de comunidades costeras. A nivel mundial, las reservas de hidrocarburos costa afuera representan el 30% del total y se concentran en aguas superficiales de hasta 125 metros, según investigaciones académicas. Los principales productores son Estados Unidos, México, Noruega, Brasil y Arabia Saudita. Estos países representan el 43% del total mundial. La expansión actual de la actividad en la región se desarrolla hacia extremos con mayor complejidad ambiental, en aguas ultra profundas, con pozos que superan los 1.500mts de profundidad. La autorización de nuevos proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos costa afuera profundiza la dependencia del uso de combustibles fósiles y promueve su permanencia. Esta expansión representa un retroceso frente a las acciones urgentes que el mundo requiere actualmente para evitar un calentamiento global con consecuencias catastróficas. Constituye además un obstáculo para la transición hacia sistemas energéticos sostenibles, basados en fuentes renovables y respetuosos del ambiente y de las personas. Sin embargo, existen en la región casos que evidencian una resistencia colectiva —también en aumento— al avance ciego de los proyectos de hidrocarburos en el mar. Con ayuda del litigio estratégico y del ejercicio de la participación ciudadana, estos casos representan la oportunidad de sentar precedentes importantes a nivel nacional e internacional para la protección del ambiente, el clima y los derechos humanos frente a los daños de la explotación de hidrocarburos costa afuera. La defensa del Mar Argentino En mayo de 2019, la Secretaría de Energía adjudicó a varias empresas un total de 18 áreas (225.000 km2 de superficie) del Mar Argentino —sector del Océano Atlántico Sudoccidental— para la búsqueda de gas y petróleo. En diciembre de 2021, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible autorizó el proyecto de exploración sísmica en tres de las áreas adjudicadas, ubicadas frente a la costa de la provincia de Buenos Aires, a unos 300 km de las playas de Mar del Plata, las más turísticas del país. El proyecto —a cargo de la empresa estatal noruega Equinor, la argentina YPF y angloholandesa Shell— incluye la realización de un pozo exploratorio. La decisión gubernamental ha sido cuestionada y rechazada por la comunidad científica y por las asambleas de varias ciudades costeras. En enero de 2022 —ante las amenazas para la biodiversidad, el clima y las economías locales de la prospección y posible explotación de hidrocarburos en la costa argentina—, grupos científicos y organizaciones ambientales presentaron ante un Juzgado Federal de Mar del Plata una demanda colectiva contra el Estado argentino, el Ministerio de Ambiente y la Secretaría de Energía en la que solicitan la nulidad de la resolución que autoriza el proyecto de exploración sísmica y el proceso mediante el cual se licitaron las 18 áreas del Mar Argentino. A ello se sumaron protestas en las calles y otras acciones que engrosaron una batalla judicial que no ha terminado. En febrero de 2022, el juzgado suspendió temporalmente la exploración sísmica a través de una medida cautelar. Pero, en diciembre de ese año, la Cámara de Apelaciones levantó la suspensión. Esa decisión fue apelada ante la Corte Suprema de Justicia, que aún no se ha pronunciado al respecto. Moratoria en riesgo en Belice En octubre de 2017, el gobierno de Belice estableció mediante ley una moratoria permanente a la actividad petrolera en su zona marítima. Ello ocurrió luego de que, en 2012, en un referéndum informal organizado por grupos ambientales, el 96% de las personas participantes se declarara en contra de la actividad petrolera; y de la indignación global que en octubre de 2016 generó la decisión del gobierno de permitir pruebas sísmicas de exploración petrolera a tan solo un kilómetro de distancia de la Barrera de Coral de Belice, uno de los ecosistemas más diversos del mundo. Sin embargo, la explotación de hidrocarburos offshore todavía es un riesgo para el país caribeño. En 2022, el Primer Ministro manifestó la voluntad del gobierno de permitir la exploración sísmica sin levantar la moratoria. Frente a ello organizaciones dedicadas a la protección ambiental buscan reforzar la prohibición obligando a realizar un referéndum para decidir si se levanta o no la moratoria. Victoria judicial en Guyana De otro lado, en Guyana, desde principios de la década de 2000 han surgido informes sobre descubrimientos de grandes reservas de petróleo y gas en el mar, en la llamada cuenca Guyana Surinam. Guyana ha sido el país sudamericano con los descubrimientos más grandes de reservas petroleras en la última década y ha decidido expandir sus reservas gasíferas. La producción de gas offshore en Guyana también ha sido objeto de controversia debido a preocupaciones ambientales y de seguridad. Recientemente, una decisión judicial rechazó el intento de la multinacional ExxonMobil y del gobierno de disolver el compromiso escrito que obliga a la empresa a correr con todos los gastos de limpieza, restauración y compensación de daños por cualquier derrame de petróleo en sus operaciones en alta mar. El juez del caso determinó que ExxonMobil está violando el permiso otorgado al proyecto Liza 1 —el cual exige presentar garantías financieras en caso de derrames y accidentes— y que los reguladores ambientales de Guyana no están haciendo cumplir las condiciones de la autorización. Defensa de la biodiversidad y el clima Llevar a cabo proyectos de exploración y/o explotación de hidrocarburos en el mar puede implicar la vulneración de compromisos internacionales, entre ellos los asumidos por los Estados bajo la Convención de Diversidad Biológica, la Convención sobre Derecho del Mar de la ONU y la Convención sobre Especies Migratorias. La exploración sísmica en el mar genera sonidos de niveles muy superiores a los naturales. Muchos de ellos se solapan con los rangos de audición y vocalización de especies marinas (mamíferos, tortugas, peces, aves buceadoras y otras). Ello puede causar lesiones graves, efectos físicos y fisiológicos a largo plazo e incluso la muerte. Así lo explica Pablo García Borbroglu, experto y líder de la organización Global Penguin Society, quien afirma que la actividad puede derivar además en una reducción de la actividad pesquera. Los impactos de la actividad no se limitan al área explotada, sino que afectan a todo el mar y a todas las especies que lo habitan, agravando la situación de un elevado número de especies bajo amenaza o en peligro de extinción. La expansión de esta industria significa además el incumplimiento de los compromisos de países de la región de reducir sus emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero, así como de adoptar medidas orientadas al manejo de ecosistemas clave como el marino, contenidos en la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París. Los casos descritos, que han sumado múltiples y diversas voces, tienen el potencial de establecer precedentes que obliguen a que los Estados se hagan responsables de las posibles consecuencias ambientales y sociales de avalar industrias nocivas como la de hidrocarburos costa afuera. Constituyen oportunidades clave para que los tribunales y otros órganos de toma de decisiones generen precedentes ejemplares para el hemisferio en materia de protección del ambiente y los derechos humanos, especialmente frente a la crisis climática y de biodiversidad que atraviesa el mundo.
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Biodiversidad y lenguas indígenas: Una sola riqueza que proteger
Cuando perdemos palabras, no sabemos nombrar lo que vemos. Y si lo que vemos desaparece, ¿qué hacemos con las palabras que usábamos? “Las palabras que no se usan, se olvidan”, escribe la joven ensayista Laura Sofía Rivero. “Decimos árboles porque no podemos precisar qué se alza ante nosotros entre toda esa extensa categoría”. ¿Por qué perdemos esas palabras? Hay razones políticas, históricas, económicas y educativas complejas que han derivado en lo que la lingüista Yásnaya Aguilar —del pueblo ayuujk en Oaxaca, México— ha calificado como una “muerte masiva” de las lenguas. Hoy las especies y estilos de vida que merecen palabras únicas están desapareciendo y quienes conocen esas palabras también se desvanecen. La pérdida de unas se relaciona con la pérdida de las otras. La velocidad en la que desaparecen las especies y las lenguas se ha acelerado desde inicios del siglo XX. Aunque hay toda una discusión científica para acordar una tasa de pérdida anual de biodiversidad, pues hay muchas variables que quedan fuera, sí hay el gran consenso de que estamos entrando a una sexta extinción masiva. Lo mismo podría decirse de las lenguas. La UNESCO estima que una lengua se extingue cada dos semanas, lo que implica que 3.000 lenguas, en su mayoría indígenas, podrían perderse antes de finalizar este siglo. Y aquí es donde la biodiversidad y la diversidad lingüística se encuentran. En las zonas más biodiversas del planeta se habla el 70% de las lenguas existentes: 4.800 de las 6.900 que se hablan en todo el mundo. En América Latina, el 80% de las áreas naturales abarcan o convergen con territorios habitados por pueblos indígenas. Un dato, tan sorprendente como alarmante, es que 3.202 lenguas —casi la mitad de todas las que existen— se ubican en solo 35 hotspots de biodiversidad, lugares que requieren nuestra atención y acción inmediata. Un hotspot (punto caliente o punto crítico) de biodiversidad es una región que alberga 1.500 especies como mínimo y que ha perdido al menos el 70% de su hábitat. La destrucción del hábitat desata una cadena de impactos que van desde los daños a los ciclos ecológicos hasta cambios drásticos en la vida de quienes habitan esas zonas. Y, para hacer algo, necesitamos comprender la interconexión de todos los elementos que conforman la riqueza biocultural. ¿Qué estamos perdiendo con las lenguas? Las palabras nacen porque hay frutos, plantas, partes de ellas y animales que necesitan ser nombradas. Hay riqueza de sonidos y reglas, donde la abundancia de vida es la norma y hay diferentes estilos de vida y de organización social. Yásnaya Aguilar** tiene un ejemplo para ello: en matlatzinca –hablada en el centro de México–existen cuatro “nosotros”, en mixe (ayuujk) son dos y en español, uno. La biodiversidad y riqueza de las palabras es fácil entender cuando hablamos de comida, como pasa con el maíz, el grano esencial y básico en la alimentación mesoamericana. Para empezar, es reveladora la historia de la palabra mahis, cuyo origen es taíno, una lengua ya extinta que se hablaba en lo que ahora es Haití y República Dominicana. Cada etapa del cultivo del maíz y las formas de procesarlo han merecido su propio nombre en las culturas del continente. Por ejemplo, en la variante xhon del zapoteco* –lengua hablada en las montañas de Oaxaca, al sur de México— a la planta se le refiere como xhu’a, al elote se le llama za (cuando está cortado y fresco) y, cuando ya es mazorca, yez. En náhuatl, la lengua originaria más hablada en México, hay una designación semejante. La comida es un indicador de la pérdida de la biodiversidad. Siendo que hay más de 30.000 especies de plantas que se pueden comer, solo cultivamos alrededor de 150 y casi todas las calorías que se consumen en el mundo provienen de 30 especies. Muchas lenguas tienen palabras únicas para alimentos (especies) únicos que ni siquiera hemos visto. Imaginemos qué delicias puede haber ocultas en las 420 lenguas distintas que hablan los 522 pueblos indígenas que habitan en América Latina. Estamos perdiendo un entendimiento de los sistemas que sustentan la vida en el planeta. El reconocimiento de los pueblos indígenas como guardianes de la biodiversidad y generadores de conocimiento empírico es muy reciente en la ciencia y la cultura occidental, que no quiere decir que antes no haya sido válido. En varias secciones del informe más reciente del IPCC se incluye la importancia de este conocimiento como elemento clave para la preservación y adaptación en medio de las crisis ambientales que enfrentamos. El conocimiento existe, pero por siglos se rechazó dialogar con él. Entender para proteger Hace ya unos años, investigadores proponen estudiar en conjunto tanto la diversidad biológica como lingüística y cultural debido a la estrecha relación que tienen. De ahí que la UNESCO introdujo el término “diversidad biocultural”. Pero, para protegerla, hay que entender su complejidad. Lo que beneficia a la biodiversidad en los territorios indígenas es absolutamente necesario para enfrentar las crisis ambientales. Datos de la FAO demuestran que: Los territorios de los pueblos indígenas en América Latina almacenan más carbono que todos los bosques de Indonesia o del Congo, los países con más bosques tropicales después de Brasil. En los territorios indígenas Tacana y Leco Apolo de Bolivia se hallan dos tercios de todas sus especies de vertebrados y 60% de sus especies vegetales. Cerca del 35% de los bosques de América Latina se encuentran en zonas habitadas por pueblos indígenas. Más del 80% de la superficie habitada por pueblos indígenas está cubierta de bosques. En general, los territorios indígenas reportan tasas considerablemente menores de deforestación. Lamentablemente, para Brasil, este dato no es igual. La cuenca amazónica lleva años amenazada por diferentes actividades extractivistas, que fueron respaldadas por el gobierno anterior. Particularmente, donde la minería ilegal se ha instalado, la deforestación aumentó 129% desde 2013. Esta situación no se detiene ahí, se refleja en la gravísima crisis humanitaria que recién se declaró para el pueblo Yanomami o la situación de inseguridad que se reveló con el asesinato en medio del Amazonas del activista por los derechos de los pueblos Bruno Pereira y el periodista Dom Phillips. Entonces, hablar de proteger la biodiversidad y la diversidad lingüística se convierte en hablar de la defensa del territorio y de personas defensoras del ambiente; del acceso a la justicia, a la capacitación y de la creación de políticas que realmente integren y contemplen la complejidad de sistemas de vida diversos. * Un agradecimiento especial por el ejemplo en zapoteco xhon a Ezequiel Miguel, del podcast Proyecto Jaguar que explora los elementos identitarios de las comunidades indígenas. ** Para comprender más acerca de la preservación de la lengua como una acción por la defensa del territorio, recomiendo leer Ää: manifiestos sobre la diversidad lingüística, de Yásnaya Aguilar, en Editorial Almadía.
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