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Foto: Thomas Jundt / CC BY-NCVictoria: Cancelan concesión para mina Crucitas por daños al ambiente
En Costa Rica, un tribunal de alto nivel canceló por primera vez la concesión para un proyecto de minería a gran escala porque violaba leyes nacionales y conllevaba riesgos para el ambiente. AIDA contribuyó a establecer dicho precedente.
La empresa Industrias Infinito, con apoyo del gobierno anterior, planeaba construir Las Crucitas, una mina de oro a cielo abierto cuyos impactos traspasaban las fronteras del país.
La construcción y la operación de la mina amenazaban la supervivencia y el modo de vida de 32 comunidades que dependen del turismo y la pesca deportiva en una zona de gran belleza y pureza. Además, el proyecto ponía en riesgo al río San Juan, que fluye a lo largo de la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, rodeado de una rica biodiversidad.
La lucha inició en 2008, cuando AIDA advirtió al Gobierno costarricense sobre las potenciales violaciones al derecho internacional e impactos ambientales que se debían considerar antes de permitir la implementación del proyecto. Recomendamos suspender las obras hasta que se garantizara el cumplimiento de las normas y se protegiera el ambiente y la salud humana
En noviembre de 2010, el Tribunal Contencioso Administrativo de Costa Rica canceló la concesión para el proyecto, decisión que estuvo en línea con los argumentos presentados por AIDA y que reiteró la importancia de cumplir con las normas.
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En una carta enviada a legisladores del Congreso de Argentina, organizaciones de la sociedad civil expresan su preocupación por un proyecto de construcción de grandes represas hidroeléctricas en la Patagonia de ese país. La carta contiene insumos sólidos sobre los impactos de las grandes represas en el ambiente, las comunidades y la economía de los países, así como sobre las alternativas limpias disponibles para la generación de energía. Nos dirigimos a Ustedes, profundamente preocupados por la encruijada en la que se encuentra el pueblo argentino: proteger su incomensurable patrimonio ecológico en la Patagonia o poner en riesgo el financiamiento chino para un número importante de proyectos de obras de infraestructura y energía. Entendemos que la disyuntiva no es menor, y hacemos votos porque el Congreso argentino aproveche la Audiencia Pública del 20 de Julio, no sólo para evaluar a profundidad el Complejo Hidroeléctrico Kirchner-Cepernic (CHKC), sino también para abrir una conversación fundamental para Argentina y América Latina: sobre el desarrollo de un modelo de energía verdaderamente limpio, soberano y eficiente. Aprovechamos esta oportunidad para compartir información acerca de los impactos de las grandes represas sobre el ambiente, las comunidades y la economía de las naciones, así como de las alternativas existentes para brindar energía más eficiente y económica. Argentina no debe considerarse obligada a alterar una de las últimas zonas prístinas en el planeta, hogar del último río glacial que corre libre desde la cordillera al océano. Actualmente existen mejores opciones de energía que la hidroeléctrica, y Argentina tiene la oportunidad de ser pionera en su desarrollo e implementación. La tendencia mundial así lo muestra: el año 2015 el mundo agregó 63 GW de energía eólica y 47 GW de energía solar, en comparación con apenas 22 GW de energía proveniente de grandes hidroeléctricas. En algunas partes del mundo se ha optado por el desmantelamiento de grandes represas, en reconocimiento de que sus costos han sobrepasado beneficios; y en otros países ya hay registros de empresas privadas que están descartando proyectos de grandes represas, por ya no ser viables ni rentables. Estados Unidos ya adoptó, como política de Estado, el oponerse a cualquier préstamo, donación, estrategia o política para apoyar la construcción de cualquier gran represa hidroeléctrica. La energía eólica y solar son económicamente competitivas, más rápidas de echar a andar y menos vulnerables a un clima cambiante. Las innovaciones en redes inteligentes y la caída de los precios del almacenamiento en baterías ofrecen formas de resolver el problema de la intermitencia de estas tecnologías, sin la necesidad de construir nuevas grandes represas. Por el contrario, las grandes hidroeléctricas son una tecnología obsoleta; son altamente vulnerables al cambio climático (se paralizan con las sequías y se tornan peligrosas con los eventos climáticos extremos); agravan el cambio climático por la destrucción de sumideros de carbono y las emisiones de sus embalses; afectan la biodiversidad y a las comunidades locales; son extremadamente costosas y tardan demasiado tiempo en iniciar operaciones. Además, la continua promoción de grandes represas por parte de las empresas constructoras, en este caso principalmente atadas al financiamiento chino, retarda la implementación de soluciones disponibles y necesarias para lograr la transición energética que el planeta necesita.
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En Costa Rica, el futuro del tiburón martillo, especie amenazada, depende de una decisión del gobierno. Si el gobierno deja de exportar productos de ese animal por un año, la población de esa especie podría recuperarse. De lo contrario, su supervivencia estaría en grave peligro. Ésa es la recomendación del concejo científico en el país de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (Cites). La Convención es un tratado internacional para impedir que el comercio amenace la supervivencia de animales y plantas silvestres. De las cerca de 100 especies de tiburones y rayas que Costa Rica alberga, un 15% está en peligro de extinción debido a la sobrepesca y a la destrucción o degradación de los entornos marinos. Y, según el consejo científico de la Convención, la población de tiburón martillo, enlistada como especie en peligro en 2014, ha sufrido reducciones de hasta un 90% de su tamaño histórico. Por ello, en abril de este año, el consejo científico recomendó prohibir la exportación de productos elaborados a base de tiburón martillo por al menos un año, hasta que se demuestre una mejoría en la salud de la población de la especie o una disminución en su pesca. El rol del sector pesquero Poco después de conocida la recomendación de los expertos científicos de la Convención, el Gobierno costarricense emitió un decreto ejecutivo que puso en manos del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) y del Ministerio de Agricultura y Ganadería, el procedimiento técnico y administrativo, respectivamente, para autorizar la exportación de las especies de tiburones amenazadas o en peligro de extinción. Sin embargo, para Mario Espinoza Mendieta, investigador de la Universidad de Costa Rica, el problema radica en que tanto el Incopesca como el Ministerio de Agricultura y Ganadería han tendido a favorecer los intereses del sector productivo por encima de la conservación de especies amenazadas. La Junta Directiva del Incopesca, menciona Espinoza, está representada por diferentes sectores de pesca del país, cuyos intereses no siempre se alinean con la protección y explotación sostenible de los recursos marinos. “Eso hace que la balanza se vaya más hacia el sector productivo”, explica Espinoza, también miembro del consejo científico de la Convención. En el pasado, el Incopesca fue incluso cuestionado por no imponer sanciones a barcos camaroneros a los que se encontró pescando dentro de áreas protegidas. El comercio de tiburón La exportación de productos de tiburón es legal en Costa Rica, mientras respete las regulaciones establecidas por la Convención. Pero el aleteo, práctica que consiste en cortar las aletas del tiburón y lanzar el cuerpo al mar, no está permitida y ha sido controlada de mejor manera en el país. En febrero pasado, un tribunal emitió la primera sanción penal por aleteo contra una empresaria taiwanesa que llevó a puerto aletas de tiburón desprendidas del cuerpo del animal y unidas con alambre. AIDA y Conservación Internacional ayudaron en la resolución del caso, asesorando con argumentos de derecho internacional el trabajo de la Fiscalía. Las aletas de tiburón son muy codiciada en países asiáticos, que las considera un manjar. Se estima que el valor del producto sea de 100 dólares el kilo o que incluso supere esa cifra. Una decisión responsable En la región, los gobiernos de Colombia y Ecuador han desarrollado campañas para proteger al tiburón martillo. En Costa Rica, el Incopesca es responsable ahora del futuro de esa especie. Ojalá su labor incluya el criterio científico. El estado actual de la población de ese animal es frágil y una mala decisión podría dañarle seriamente. También peligra la conservación de otras especies amenazadas de tiburón, como el tiburón gris, una de las principales en el sector pesquero de Costa Rica. El criterio de sostenibilidad debe primar por encima del económico si el país quiere preservar su riqueza natural para el futuro y ser ejemplo de conservación en el continente.
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En el seminario virtual, expertas y expertos en el tema explicaron en detalle la importancia de un nuevo tratado sobre alta mar, el proceso de su negociación en el marco de Naciones Unidas y los principales beneficios que implica. Los océanos nos protegen de los impactos del cambio climático, absorbiendo el 90% del exceso de calor causado por el cambio climático. Son fuente de alimento y de recursos genéticos con los que se producen medicamentos. Además, millones de familias dependen para subsistir del turismo y de otras actividades relacionadas con el mar. Pese a ello, el 64% de los océanos está desprotegida. Se trata de las aguas internacionales o alta mar. La necesidad de conservar esta parte de los océanos, y la vida que albergan, es urgente. Ante ello, los gobiernos del mundo tienen, con el nuevo tratado, la oportunidad histórica para contribuir al logro de esa meta. Grabación Presentaciones
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