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Foto: Thomas Jundt / CC BY-NCVictoria: Cancelan concesión para mina Crucitas por daños al ambiente
En Costa Rica, un tribunal de alto nivel canceló por primera vez la concesión para un proyecto de minería a gran escala porque violaba leyes nacionales y conllevaba riesgos para el ambiente. AIDA contribuyó a establecer dicho precedente.
La empresa Industrias Infinito, con apoyo del gobierno anterior, planeaba construir Las Crucitas, una mina de oro a cielo abierto cuyos impactos traspasaban las fronteras del país.
La construcción y la operación de la mina amenazaban la supervivencia y el modo de vida de 32 comunidades que dependen del turismo y la pesca deportiva en una zona de gran belleza y pureza. Además, el proyecto ponía en riesgo al río San Juan, que fluye a lo largo de la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, rodeado de una rica biodiversidad.
La lucha inició en 2008, cuando AIDA advirtió al Gobierno costarricense sobre las potenciales violaciones al derecho internacional e impactos ambientales que se debían considerar antes de permitir la implementación del proyecto. Recomendamos suspender las obras hasta que se garantizara el cumplimiento de las normas y se protegiera el ambiente y la salud humana
En noviembre de 2010, el Tribunal Contencioso Administrativo de Costa Rica canceló la concesión para el proyecto, decisión que estuvo en línea con los argumentos presentados por AIDA y que reiteró la importancia de cumplir con las normas.
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El gobierno propone subir más de 12 veces el límite de contaminación por dióxido de azufre y duplicar el de material particulado, sustancias que causan enfermedades graves. Organizaciones consideran que la propuesta ignora evidencia científica y la obligación del gobierno de crear condiciones aptas para la vida y la salud de las personas. Lima, Perú. El Ministerio de Ambiente propone nuevos Estándares Nacionales de Calidad Ambiental (ECA) para aire, que afectarían a toda la población pues no previenen los riesgos de contaminantes para la salud humana y ambiental. La norma propuesta aumenta más de 12 veces el límite para las concentraciones en el aire de dióxido de azufre (SO2) y duplica el de material particulado fino. Los ECA propuestos ignoran la evidencia científica según la cual dichas sustancias pueden provocar afecciones pulmonares y otras, particularmente a población más vulnerable como personas con asma, niños, niñas y adultos mayores. “Existen pruebas científicas contundentes que concluyen que la contaminación por dióxido de azufre representa un riesgo grave para la salud, particularmente durante periodos cortos de tiempo cuando la contaminación alcanza picos elevados, algo que la propuesta no toma en cuenta”, explicó Anna Cederstav, codirectora de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). AIDA y la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) presentaron comentarios sobre la propuesta. En ellos señalaron también que, a diferencia de lo que plantea el gobierno, reducir los niveles de SO2 en el aire derivaría en una menor esperanza de vida. Ello se debe a que, entre otras razones, esa sustancia también promueve la formación de PM2.5, pequeñas partículas contaminantes causantes de problemas respiratorios agudos como bronquitis y neumonía, así como mortalidad prematura. Aún más preocupante, el gobierno propone aumentar al doble el estándar de contaminación por esas partículas. Las organizaciones resaltaron además las fallas en el proceso de consulta de la propuesta. De un lado, el gobierno publicó el proyecto de norma el sábado 8 de abril, justo antes de Semana Santa, dando solo 10 días hábiles de plazo para el envío de comentarios. Y, del otro, no hizo pública la argumentación científica y técnica de la propuesta, lo cual impide entender a fondo sus argumentos. De ese modo, el gobierno vulnera los derechos a la información y a la participación ciudadana. Asimismo, en los comentarios se resalta que la propuesta gubernamental vulnera la Convención Americana sobre Derechos Humanos y otros tratados internacionales de los que Perú es parte, al no garantizar derechos humanos como la vida y la salud. Los cambios propuestos impactarían en toda la población del país. Los residentes de ciudades con contaminación más alta, como La Oroya, podrían sufrir impactos más severos. Esa ciudad es un caso emblemático por el Complejo Metalúrgico que allí opera y que está en proceso de venta. Dicho complejo ha sido un macroemisor de contaminantes por décadas, afectando la salud de las personas y el ambiente. El debilitamiento de los estándares para promover su venta, argumento que el gobierno ha mencionado públicamente, podría implicar mayores impactos en la población, que ha visto mejoras significativas en el último tiempo. Personas afectadas en La Oroya demandaron al Estado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para proteger sus derechos y cuentan desde hace diez años con medidas cautelares debido a los riesgos de la contaminación para su salud y su vida. Recientemente, la Comisión amplió las medidas a más personas debido a que el nivel de riesgo se mantiene. “Relajar los estándares de calidad del aire para facilitar la venta del complejo y aumentar la inversión en Perú sería un retroceso para la protección de la salud y el ambiente, lo cual podría resultar en una responsabilidad internacional del Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, dijo Christian Huaylinos, de APRODEH. “Además, dichas acciones estarían violando tratados de libre comercio firmados por Perú con Estados Unidos y con la Unión Europea, por ejemplo”, puntualizó. Consulte los comentarios enviados al Ministerio de Ambiente de Perú y más información sobre el caso de La Oroya. Contactos de prensa: Rodrigo da Costa Sales, AIDA, [email protected], +51 994767961 Christian Huaylinos, APRODEH, [email protected], +51 959 789 232
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En 2015, el Gobierno de Colombia apostó por el ambiente y la salud humana cuando decidió suspender en el país la fumigación aérea de cultivos considerados ilícitos con glifosato y otros químicos. Sin embargo, existe un proceso judicial en curso ante la Corte Constitucional colombiana al cabo del cual podría haber un fallo que abra camino para una posible reanudación de ese tipo de fumigación. Dicha práctica tiene su origen en el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos con Glifosato (PECIG), parte del llamado Plan Colombia, lanzado hace casi dos décadas con el apoyo de Estados Unidos. La Corte deberá decidir ahora si la fumigación respeta o no los derechos humanos. En AIDA creemos firmemente que la respuesta es no. A continuación les contaré porqué Colombia no debe retroceder en sus esfuerzos de evitar los impactos negativos de la fumigación aérea con glifosato en comunidades y ecosistemas. Según la Agencia Internacional para la Investigación en Cáncer de la Organización Mundial de la Salud, el glifosato es una sustancia probablemente cancerígena para las personas. También se ha reconocido, a partir de información científica, que puede causar problemas dermatológicos, abortos, daño a nivel celular o enfermedades neurodegenerativas.[1] Además, de acuerdo con la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la Organización de Estados Americanos (OEA), la mezcla de glifosato y la forma en que se utiliza, amenaza la biodiversidad, especialmente a peces y anfibios. El Principio de Precaución “Principio 15. Cuando haya peligro de daño grave o irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos para impedir la degradación del medio ambiente.” Así está definido el principio de precaución en la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (1992). Su objetivo es evitar riesgos inciertos, graves e irreversibles para las personas y el ambiente. El principio está incorporado en la legislación colombiana desde 1993 y, en el caso de la fumigación aérea con glifosato, es claramente aplicable. De hecho, con base en el mismo, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales decidió, en septiembre de 2015, suspender el Plan de Manejo Ambiental del programa de fumigaciones y detenerlas. Aunque no se cuenta con estudios sobre la dimensión de los impactos de la implementación del programa, existe evidencia científica sobre los impactos graves e irreversibles del glifosato en la salud humana y el ambiente. En consecuencia y en cumplimiento de sus obligaciones nacionales e internacionales, el Estado colombiano debe seguir aplicando el principio de precaución para proteger a la población y al patrimonio natural del país de los daños del glifosato y demás químicos nocivos. Ante la Corte Los argumentos mencionados arriba fueron presentados también ante la Corte Constitucional por AIDA y la Red por la Justicia Ambiental en Colombia, como parte del proceso judicial relacionado con el programa de fumigaciones. Le dijimos a la Corte que aún es necesario que el Estado mantenga la suspensión de las fumigaciones para evitar la consumación de los daños de su implementación durante muchos años. Hasta no contar con estudios científicos objetivos, independientes e integrales que demuestren que el programa de fumigaciones es seguro, dicha actividad no puede ser reactivada. Los estudios deberán tener en cuenta las características específicas del programa y las condiciones ambientales y sociales de los lugares afectados. Asimismo, se deberá considerar los impactos ambientales acumulativos. El proceso judicial responde a una acción legal presentada por el municipio de Nóvita, región del Chocó, contra varias entidades del gobierno por vulnerar derechos fundamentales de comunidades indígenas y afrodescendientes a raíz de la fumigación aérea con glifosato para erradicar cultivos de coca y amapola en la zona. AIDA apoyó esos esfuerzos locales con argumentos de derecho internacional, abogando por la aplicación del principio de precaución para velar por la salud y el ambiente. Quedamos ahora a la espera de la decisión de la Corte sobre un tema de trascendental importancia para el país y el continente. ¡CONSULTA el documento que AIDA y la Red por la Justicia Ambiental en Colombia presentaron ante la Corte Constitucional! [1] http://www.ideaspaz.org/img/website/documents/informe-c-comision-asesora.pdf
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La explotación de hidrocarburos no convencionales a través del fracking ha buscado expandirse en distintos países del continente, aún con las evidencias ya existentes sobre sus graves impactos negativos para las poblaciones, el ambiente y el clima. Ante esta situación, la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking da a conocer Última frontera. Políticas públicas, impactos y resistencias al fracking en América Latina, informe que aborda la situación del fracking en seis países del continente, alerta sobre los impactos e informa sobre las resistencias locales. Desde la Alianza queremos contribuir a instalar la discusión sobre un urgente cambio en el modelo energético de nuestra región, hacia uno que sea sostenible y justo. En este seminario virtual, expertas y expertos de diferentes organizaciones y países de América Latina, presentaron el informe regional sobre el avance del fracking en América Latina, haciendo énfasis en los casos de Colombia y Chile. Grabación Presentaciones
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