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Foto: Thomas Jundt / CC BY-NC

Victoria: Cancelan concesión para mina Crucitas por daños al ambiente

En Costa Rica, un tribunal de alto nivel canceló por primera vez la concesión para un proyecto de minería a gran escala porque violaba leyes nacionales y conllevaba riesgos para el ambiente. AIDA contribuyó a establecer dicho precedente.

La empresa Industrias Infinito, con apoyo del gobierno anterior, planeaba construir Las Crucitas, una mina de oro a cielo abierto cuyos impactos traspasaban las fronteras del país.

La construcción y la operación de la mina amenazaban la supervivencia y el modo de vida de 32 comunidades que dependen del turismo y la pesca deportiva en una zona de gran belleza y pureza. Además, el proyecto ponía en riesgo al río San Juan, que fluye a lo largo de la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, rodeado de una rica biodiversidad.

La lucha inició en 2008, cuando AIDA advirtió al Gobierno costarricense sobre las potenciales violaciones al derecho internacional e impactos ambientales que se debían considerar antes de permitir la implementación del proyecto. Recomendamos suspender las obras hasta que se garantizara el cumplimiento de las normas y se protegiera el ambiente y la salud humana

En noviembre de 2010, el Tribunal Contencioso Administrativo de Costa Rica canceló la concesión para el proyecto, decisión que estuvo en línea con los argumentos presentados por AIDA y que reiteró la importancia de cumplir con las normas.

Felicitamos a las ONG nacionales, especialmente al Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales (CEDARENA), nuestra organización participante, por su incansable esfuerzo en defensa del ambiente y los derechos humanos. Esperamos que el precedente establecido en este caso sea replicado en otros países del continente. Además de beneficios ambientales, ello implicará importantes beneficios sociales y económicos.
 

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Fracking

Última Frontera: Políticas públicas, impactos y resistencias al fracking en América Latina

Promovida fuertemente por Estados Unidos, la explotación de hidrocarburos no convencionales a través del fracking ha buscado expandirse en distintos países del continente, a pesar de que ninguno de ellos posee un conocimiento integral de sus riesgos, de los daños graves e irreversibles que puede ocasionar en la salud de las personas y el ambiente, ni de cómo prevenirlos o mitigarlos. Ante esto, la Alianza Latinoamericana Frente al Fracking (ALFF) quiere contribuir al debate y la sensibilización sobre los impactos de esta técnica por medio de la publicación de este informe. A través de estas páginas abordamos la situación del fracking en seis países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia y México. En cada caso se analiza: el contexto energético del país; las políticas públicas para promover y regular el fracking; los impactos sociales, ambientales y económicos ocasionados por esta técnica en la población, en sus derechos humanos y en los territorios; y las estrategias de incidencia, movilización y resistencia desplegadas en cada país. El informe finaliza con una síntesis de conclusiones y recomendaciones a la luz del análisis y reflexión sobre los diferentes casos estudiados. Como ALFF, queremos contribuir a instalar la discusión sobre un urgente cambio en el modelo energético de nuestra región, hacia uno que sea sostenible y socialmente más justo. Consideramos que en las formas de producción, distribución y consumo de la energía se refleja el sistema de relaciones sociales injusto y profundamente desigual en el continente. Es ese el arreglo social, político y económico que la persistencia del fracking reproduce. Es eso lo que queremos cambiar. Descarga el informe  

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Seminario virtual "La COP22: Cita climática estratégica para la sociedad civil de América Latina"

Del 7 al 18 de noviembre, en Marrakesh, Marruecos, tendrá lugar la vigésimo segunda Conferencia de las Partes (COP22) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En esas dos semanas, delegados de más de 150 países se reunieran para negociar aspectos que permitan implementar adecuadamente los compromisos establecidos en el Acuerdo de París, el cual entrará en vigencia el 4 de noviembre tras ser ratificado por 74 países. Este seminario virtual, organizado por la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) y el Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe (GFLAC), expertos que trabajan en la agenda climática de financiamiento, mitigación, adaptación, y pérdidas y daños, compartieron sus expectativas en torno a la cita global y a las oportunidades que este encuentro brinda para fortalecer los procesos participativos para la implementación del Acuerdo de París y de los compromisos hechos por los países de la región. Lo hicieron con base a los temas estratégicos que serán abordados durante la COP22. Grabación

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Belo Monte: Reavivando Nuestra Lucha por Justicia

Pese a que las turbinas de la represa Belo Monte han comenzado a girar, la lucha por justicia continúa. El funcionamiento de la tercera represa más grande del mundo sobre el río Xingú —plagada de corrupción y negligencia— no puede detenernos. De hecho, cada nueva denuncia de corrupción y abuso solo alimenta nuestro deseo de justicia para quienes han sido afectados por la represa. Nuestra batalla más importante —el caso que llevamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el cual fue abierto a trámite a finales del año pasado— sigue firmemente su curso. En el caso, estamos trabajando para responsabilizar a Brasil por las innumerables violaciones de derechos humanos cometidas en nombre de la represa Belo Monte: la ausencia de consulta y consentimiento libre, previo e informado de las comunidades indígenas; la falta de una adecuada evaluación de los impactos sociales y ambientales; desplazamiento forzado; y otras graves violaciones a los derechos de los pueblos indígenas, comunidades ribereñas y residentes de Altamira. Estamos en proceso de hacer que el caso sea admitido ante la Comisión, y que la misma pueda establecer —como un organismo internacional e independiente— si estas violaciones ocurrieron y si el Estado debe responder por ellas. Como parte del proceso, Brasil tenía que responder a nuestros reclamos ante la Comisión. Recibimos su respuesta el 9 de agosto y recientemente enviamos nuestros argumentos legales para contrarrestar sus afirmaciones. Necesitamos asegurar que la Comisión comprenda la importancia de su rol en la investigación de las violaciones de derechos humanos causadas por Belo Monte. Incluso mientras escribo esto, el Estado y los operadores de la represa continúan ignorando abiertamente los derechos humanos de las personas de la cuenca del río Xingú, quienes viven a la sombra de la hidroeléctrica. El 1º de septiembre, por ejemplo, la licencia de operación de la represa fue suspendida una vez más porque los sistemas de saneamiento de la ciudad de Altamira —una obligación legal que los operadores debían cumplir hace tiempo— nunca fueron instalados. Las calles de Altamira aún son inundadas por aguas residuales, amenazando con convertir el embalse de Belo Monte en un charco de agua estancada. Desafortunadamente, como con muchas decisiones legales que intentaron proteger los derechos de los afectados, la suspensión fue revocada unas semanas más tarde. Está claro que las fuerzas detrás de Belo Monte no tienen respeto por el ambiente en el que están trabajando, y menos por las personas que dependen del río y de la selva para sobrevivir. Muchas de las personas a las que representamos, viven en barrios de Altamira y están expuestas a las aguas sin tratar. Quienes viven fuera de la ciudad han sido desplazados de su fuente primaria de agua, o han visto destruida su forma de vida. Debemos garantizar que el Estado brasileño se haga responsable por el inmenso daño social y ambiental que la represa ha causado. Ten la seguridad que no vamos a detenernos hasta lograr justicia para la gente del Xingú.

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