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Victoria: Corte Constitucional defiende el derecho a la consulta previa
El 23 de enero de 2008, la Corte Constitucional colombiana declaró inconstitucional la Ley Forestal, aprobada en 2006, por no haberse realizado la consulta previa que ordena el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), el cual fue adoptado por la normatividad nacional y en consecuencia obliga al Estado colombiano a su aplicación y cumplimiento.
Esta decisión es muy importante por varias razones: reitera la obligación del Estado de consultar con las comunidades indígenas, afrocolombianas y tribales las decisiones administrativas y legislativas que puedan afectarlas; brinda herramientas de análisis e interpretación del derecho fundamental a la consulta previa; y crea un precedente que puede ser usado en casos similares a nivel internacional.
Es ya evidente que muchos megaproyectos y decisiones administrativas y normativas (como la Ley Forestal), que son estratégicas para el desarrollo económico del país, son vistas por las comunidades afrodescendientes e indígenas y por los pueblos tribales como una amenaza a su arraigo territorial, a su identidad cultural y a la protección ambiental.
Según la Corte Constitucional, la consulta previa debió realizarse porque la ley en cuestión regula el tema forestal en su conjunto, y contiene normas “susceptibles de afectar las áreas en las que de manera general se encuentran asentadas las comunidades, lo cual a su vez puede repercutir en sus formas de vida y sobre la relación tan estrecha que mantienen con el bosque”.
Asimismo, la Corte reiteró que “No basta con adelantar procesos participativos en la elaboración de los proyectos de Ley sino que se debe realizar procesos de consulta que implican poner en conocimiento de las comunidades el proyecto de ley; ilustrarlas sobre su alcance y sobre la manera como podría afectarlas y darles oportunidades efectivas para que se pronunciaran sobre el mismo”.
A raíz de este pronunciamiento y del llamado por el respeto al derecho fundamental a la consulta previa, el Gobierno colombiano impulsó en 2009 un proyecto de Ley Estatutaria, que aún no se ha convertido en Ley de la República, para regular y garantizar este derecho. Paralelamente, el Ministerio de Agricultura inició la formulación de un nuevo proyecto de Ley Forestal que cumpla con el procedimiento de consulta previa.
Ambas acciones legales fueron presentadas por un grupo de estudiantes y profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, Bogotá, con el apoyo de AIDA y luego de un trabajo conjunto realizado entre 2006 y 2007. El grupo contó también con el apoyo de organizaciones sociales como el Proceso de Comunidades Negras, la Organización Nacional Indígena (ONIC) y CENSAT Agua Viva.
Este grupo presentó otra acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Forestal, por violar artículos de la Constitución que protegen el medio ambiente. Sin embargo, la Corte no se pronunció al respecto debido a que ya había determinado la declaración total de inconstitucionalidad (anulación) de la ley demandada por la falta de consulta a las comunidades indígenas y afro-colombianas.
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Poner los derechos fundamentales de las personas en el centro de las soluciones a la emergencia climática
Anunciando la Primera Cumbre Global en la Historia sobre Derechos Humanos y Cambio Climático La Cumbre de los Pueblos sobre el Clima, los Derechos y la Supervivencia Humana, primera en su tipo en la historia, será organizada por grupos líderes de la sociedad civil y la oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos del 18 a 19 de septiembre en Nueva York. La Cumbre de los Pueblos tiene como objetivo motivar a la comunidad de derechos humanos a incrementar la ambición de sus esfuerzos en materia de justicia climática, con el propósito de crear el movimiento más diverso jamás reunido para atender la crisis climática. La Cumbre de los Pueblos fue anunciada en una carta abierta que se comparte a continuación y que fue publicada en inglés por la Thomson Reuters Foundation. La comunidad de derechos humanos y la comunidad ambientalista deben actuar conjuntamente en la búsqueda de soluciones. Es hora de avanzar unidas para enfrentarnos a la crisis climática. Nuestras organizaciones aspiran a un mundo en el que las personas prosperen en un ambiente seguro y sano, y donde los derechos humanos se antepongan a los beneficios de las empresas. Para conseguirlo, tenemos que enfrentarnos a la crisis climática unidas en el movimiento más potente y diverso jamás formado. Sólo juntas podremos hacer que los líderes y las lideresas mundiales se tomen en serio esta emergencia. Las personas y sus derechos fundamentales deben ocupar un lugar fundamental en las soluciones reales al deterioro climático. Ésta es una invitación para que todas las personas que valoran la dignidad y el bienestar humanos apoyen con todas sus fuerzas el llamamiento en favor de una justicia climática global. Y para que quienes trabajan para proteger nuestro planeta centren sus esfuerzos en las comunidades, en especial en aquéllas donde habitan las personas más afectadas por la crisis climática y menos responsables de ella. La comunidad de derechos humanos puede aportar energía, conocimientos y bases de apoyo clave a la lucha por la justicia climática. La fuerza de un movimiento colectivo para resolver la crisis climática debe estar a la altura de la gravedad del problema. Nuestras organizaciones se están agrupando para que sea así, y estamos pidiendo a la comunidad ambientalista y a la de los derechos humanos que se unan a nosotras. Para superar este reto, las personas deberemos tener más conexión y estar más comprometidas que nunca con nuestro planeta. Es una cuestión de supervivencia. El crecimiento sin control de las emisiones de dióxido de carbono ha desencadenado peligrosos cambios desestabilizadores sin precedentes en nuestro clima. La dejadez de empresas y gobiernos ya ha expuesto a millones de personas a catástrofes meteorológicas cada vez más extremas. Debemos dar marcha atrás ya: se está acabando el tiempo para poder hacerlo. No nos engañemos. Los efectos del cambio climático ya menoscaban nuestros derechos a la salud, la alimentación, el agua, la vivienda, el trabajo e incluso a la propia vida. Y son aún más graves para las personas que ya están en situaciones vulnerables en lugares golpeados por la dureza del clima, la pobreza o la opresión. Nuestras sociedades no pueden seguir así. Las personas necesitan tener acceso a la justicia, los gobiernos deben trabajar para ellas y las empresas deben rendir cuentas de sus actos. Es hora de actuar. Por todas partes hay señales de una voluntad común de hacerlo. Las calles se llenan de estudiantes que piden un futuro seguro. Los pueblos indígenas alzan la voz en defensa de la tierra, el agua y los derechos de sus comunidades. Los trabajadores y trabajadoras exigen puestos de trabajo seguros y bien pagados en industrias mejores y más limpias. Quienes luchan en favor de los derechos de las mujeres aportan muchas soluciones feministas. 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Ante crisis ambiental y de salud humana en Peru: Urge conformación de Comisión Multisectorial y aprobación de Plan Nacional
Lima, Peru—Las actividades de petróleo y minería tienen décadas en el Perú y han provocado contaminación ambiental y afectación a la salud de miles de peruanos y peruanas. Sin embargo, aún no se cuenta con políticas sectoriales de prevención y atención integral de salud ambiental y humana, menos intervenciones integrales con presupuesto que atiendan la problemática de las personas expuestas a metales pesados, metaloides, petróleo, entre otras substancias químicas. En noviembre de 2018 el MINSA aprobó el “Lineamientos de Política Sectorial para la Atención Integral de las Personas Expuestas a Metales Pesados, Metaloides y Otras Sustancias Químicas”, este es un avance, pero resultó insuficiente para abarcar la problemática integral que afecta a nuestras poblaciones. Sin embargo, los afectados y afectadas no pueden seguir esperando más tiempo. Por ello, exigimos al Estado acciones inmediatas para atender nuestra problemática, que promocionen salud ambiental y humana; atención primaria que evite mayor exposición a la contaminación; atención secundaria para acceder a servicios de salud preventivos y especializados de autocuidado y dosajes; y atención terciaria acceso a tratamientos y medicinas. Frente ello, es urgente: Que el Estado peruano elabore, de manera participativa, e implemente un Plan Nacional de Salud Ambiental Integral de atención especializada en metales pesados y otras sustancias tóxicas, con participación de las poblaciones afectadas, con enfoque intercultural y con presupuesto exclusivo y descentralizado, que asegure las atenciones articulando funciones e iniciativas de los diversos sectores. Que se constituya inmediatamente la Comisión Multisectorial exclusiva para este objeto, presidido por la Presidencia del Consejo de Ministros, y conformado por Ministerio de Salud, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Ministerio de Agricultura y Riego, Ministerio del Ambiente, Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la Plataforma Nacional de Afectados por Metales Tóxicos, supervisión de la Defensoría del Pueblo y con participación de los gobiernos regionales involucrados. Esta Comisión debe aprobar, coordinar y monitorear el Plan Nacional de Salud Ambiental Integral de atención especializada; elabore un mapa de riesgo de exposición a contaminación que identifique, monitoree y oriente la intervención multisectorial sobre las poblaciones expuestas, sitios contaminados/impactados, pasivos ambientales; y definir medidas inmediatas para la atención de personas con mayores niveles de afectación. Exigimos que el Estado solucione las graves afectaciones ambientales y humanas causadas por la explotación irresponsable de los recursos en nuestros territorios y que asuma su rol de garante de derechos a la vida, territorio, ambiente sano y la dignidad de nuestros pueblos; exigimos también que las empresas cumplan con los estándares internacionales e implementen los mecanismos de reparación y remediación para las zonas de mayor impacto ambiental que generan tanto daño a la salud de niños, niñas, mujeres y hombres del Perú. Ver las organizaciones firmantes
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Tribunal internacional apoya la lucha indígena para proteger la Amazonía
“La selva más hermosa del mundo”. Así describió Alcides D’orbigny, biólogo francés, el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) tras explorar Bolivia entre 1830 y 1833. Ubicada entre los departamenos de Beni y Cochabamba, el Tipnis es un área natural protegida que abarca unos 12.363 kilómetros cuadrados en la Amazonía boliviana. Es uno de los sitios con mayor biodiversidad del mundo y hogar de diferentes pueblos indígenas, entre ellos los Mojeños Trinitarios, los Tsiman y los Yuracaré. Pese a su condición de Parque Nacional y Territorio Indígena, desde hace décadas que se busca construir en el sitio una carretera, dividiéndolo en dos y causando graves daños ambientales y sociales, algunos de los cuales ya han ocurrido pues dos de los tres tramos de la vía ya fueron construidos. Sin embargo, la lucha de los pueblos indígenas del Tipnis por defender su territorio y modos de vida no ha cesado. Y recientemente obtuvieron una victoria que constituye un precedente legal internacional para la protección del ambiente y los derechos humanos. El mes pasado, el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza (TIDN) dictaminó que el Estado boliviano “violó” los derechos de la naturaleza y de los pueblos indígenas que habitan el Tipnis por alentar la construcción de la carretera. El Tribunal, integrado por personas comprometidas con el ambiente, fue creado en la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, en abril de 2010, cuando se firmó además la Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra. Su función es establecer e investigar cualquier violación de derechos estipulados en la Declaración y en las normas internas de cada país. Determina si hubo o no violación y quién es responsable. Realiza recomendaciones, opiniones consultivas y puede determinar medidas provisionales. la defensa indígena de la Amazonía boliviana La resistencia de pueblos indígenas a la construcción de una carretera en medio del Tipnis lleva años y ha traído mucho sufrimiento. El episodio más doloroso ocurrió en 2011 cuando más de 100 indígenas que marchaban a La Paz, sede del gobierno boliviano, fueron brutalmente reprimidos por policías. Pese a ello, esa movilización logró la promulgación de una ley que otorgó al parque nacional la condición de “zona intangible” o reserva absoluta. Lamentablemente, seis años después, esa ley quedó sin efecto cuando se promulgó una nueva ley mediante un proceso más que expedito. Representantes de los pueblos indígenas del Tipnis denunciaron éste y otros hechos ante el Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza, organismo que aceptó considerar el caso en enero de 2018 y que decidió enviar una comisión internacional de observadores que visitó la zona para entrevistarse con todos los actores involucrados. Los representantes indígenas denunciaron ante el Tribunal que pese a tratarse de un solo tramo, el proyecto fue presentado por separado, con tres fases o tramos, de los cuales solo falta construir el central. Otras irregularidades incluyen la adjudicación del proyecto a una empresa brasileña sin contar con la evaluación de impacto ambiental; y la falta de una consulta adecuada a las comunidades indígenas afectadas. En la sentencia emitida el 15 de mayo, el Tribunal, además de encontrar responsable al Estado boliviano de la violación de derechos, solicitó medidas de cumplimiento inmediato, entre ellas: La paralización definitiva de cualquier avance en la construcción de la carretera; Reconocer las facultades de los pueblos indígenas, como su autonomía territorial y su derecho a la consulta previa, para garantizar su control dentro del Tipnis; Anular la ley que le quito la cualidad de zona intangible al Tipnis; Detener el avance de la colonización hacia la zona central del parque nacional; Anular los planes de expansión petrolera en el sitio; Aplicar efectivamente las normas que garanticen la protección de los derechos de la Madre Tierra; y Garantizar a los pobladores indígenas el cumplimiento de su papel fundamental como defensores de la Madre Tierra. Lo que viene para el Tipnis Aunque la sentencia del Tribunal no es de cumplimiento obligatorio, es un precedente establecido por un tribunal ético y reconocido. Por ello la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca del Amazonas, una organización indígena internacional, anunció que usará el fallo como instrumento de prueba para llevar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La situación es compleja. La construcción del tramo que falta fue suspendida tras perderse el crédito para su ejecución, pero algunos sectores defienden la vía como obra fundamental para conectar el centro y el norte del país, facilitando además el acceso a servicios básicos y a otras oportunidades de desarrollo para las comunidades del Tipnis. Por otro lado está la degradación ambiental de una zona rica en biodiversidad pues la carretera sería solo el origen de otras actividades dentro del área protegida. Creo que nadie tiene respuestas absolutas y no se trata de hacer un juicio de valor, si no de cumplir las leyes, cuya existencia reside en la razón y en lo que es o debería ser justo. Aunque parte de la carretera ya fue construida, queda mucho por lo cual seguir resistiendo. La decisión del Tribunal puede y debe utilizarse como nuevo impuslo. Al final, todo esfuerzo valdrá la pena sabiendo que la destrucción de entornos tan valiosos son un punto sin retorno.
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