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Victoria: Corte Constitucional defiende el derecho a la consulta previa
El 23 de enero de 2008, la Corte Constitucional colombiana declaró inconstitucional la Ley Forestal, aprobada en 2006, por no haberse realizado la consulta previa que ordena el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), el cual fue adoptado por la normatividad nacional y en consecuencia obliga al Estado colombiano a su aplicación y cumplimiento.
Esta decisión es muy importante por varias razones: reitera la obligación del Estado de consultar con las comunidades indígenas, afrocolombianas y tribales las decisiones administrativas y legislativas que puedan afectarlas; brinda herramientas de análisis e interpretación del derecho fundamental a la consulta previa; y crea un precedente que puede ser usado en casos similares a nivel internacional.
Es ya evidente que muchos megaproyectos y decisiones administrativas y normativas (como la Ley Forestal), que son estratégicas para el desarrollo económico del país, son vistas por las comunidades afrodescendientes e indígenas y por los pueblos tribales como una amenaza a su arraigo territorial, a su identidad cultural y a la protección ambiental.
Según la Corte Constitucional, la consulta previa debió realizarse porque la ley en cuestión regula el tema forestal en su conjunto, y contiene normas “susceptibles de afectar las áreas en las que de manera general se encuentran asentadas las comunidades, lo cual a su vez puede repercutir en sus formas de vida y sobre la relación tan estrecha que mantienen con el bosque”.
Asimismo, la Corte reiteró que “No basta con adelantar procesos participativos en la elaboración de los proyectos de Ley sino que se debe realizar procesos de consulta que implican poner en conocimiento de las comunidades el proyecto de ley; ilustrarlas sobre su alcance y sobre la manera como podría afectarlas y darles oportunidades efectivas para que se pronunciaran sobre el mismo”.
A raíz de este pronunciamiento y del llamado por el respeto al derecho fundamental a la consulta previa, el Gobierno colombiano impulsó en 2009 un proyecto de Ley Estatutaria, que aún no se ha convertido en Ley de la República, para regular y garantizar este derecho. Paralelamente, el Ministerio de Agricultura inició la formulación de un nuevo proyecto de Ley Forestal que cumpla con el procedimiento de consulta previa.
Ambas acciones legales fueron presentadas por un grupo de estudiantes y profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, Bogotá, con el apoyo de AIDA y luego de un trabajo conjunto realizado entre 2006 y 2007. El grupo contó también con el apoyo de organizaciones sociales como el Proceso de Comunidades Negras, la Organización Nacional Indígena (ONIC) y CENSAT Agua Viva.
Este grupo presentó otra acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Forestal, por violar artículos de la Constitución que protegen el medio ambiente. Sin embargo, la Corte no se pronunció al respecto debido a que ya había determinado la declaración total de inconstitucionalidad (anulación) de la ley demandada por la falta de consulta a las comunidades indígenas y afro-colombianas.
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En Gabon, represas construidas en los ríos Kingélé y Tchimbélé están afectando seriamente a las poblaciones que viven junto a esos caudales. “Durante lluvias fuertes, algunos pueblos resultan inundados por el desborde de los embalses. Los ríos se vuelven lagos, el agua es contaminada y los peces mueren intoxicados. No existen mecanismos para ayudarnos y el gobierno no escucha nuestros reclamos, por eso hacemos nuestro llamado de auxilio en el extranjero”, exclamó Assossa, líder Pigmy. Tres representantes del pueblo Munduruku de la Amazonía brasileña —el jefe Arnaldo Kabá, Alessandra Korap y Candido Waro Munduruku— participaron en la conferencia paralela y en la protesta. Después de la protesta, los Munduruku intentaron entregar personalmente una carta en la sede central de Électricité de France (EDF), controlada mayormente por el gobierno francés. 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Papacek, GegenStrömung – CounterCurrent / Forum Umwelt und Entwicklung, [email protected] (alemán, portugués, español, inglés), ++49 151 412 145 19 Eugene Simonov, Rivers without Boundaries, [email protected] (ruso, inglés, chino), +79 (0) 165 491 22 Recursos: Más información sobre el evento paralelo del 13 de mayo: http://www.transrivers.org/2019/2634/ El pronunciamiento conjunto, disponible en chino, inglés, portugués, ruso y español, puede ser descargado aquí: https://drive.google.com/open?id=1pgS3YHm4zy5_LFSSjRe0KH-DMK773DQI Enlace a la carta de protesta de los Munduruku a EDF Électricité de France (portugués e inglés):https://drive.google.com/file/d/1TxqIiOuJDxNUI2YKPtUBrE_wucJLFl-E/view?usp=sharing Fotos para prensa disponibles y de uso libre (Crédito: Todd Southgate): https://tinyurl.com/y34b2g7u Video de la protesta en la inauguración del congreso de la IHA y del intento de los Munduruku de entregar su carta en la sede principal de EDF: https://youtu.be/9BrI3AqVnXE Video en alta resolución para descarga: https://wetransfer.com/downloads/fe60045d490c765f5065ed5df79603b520190514195535/83e07e8328e0515a52c9a64eb42a69ff20190514195535/855f89 Hoja informativa de CounterCurrent sobre las represas hidroeléctricas y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU: tinyurl.com/y6mbjqj2
Leer másAs Falsas Promessas da Hidroenergia
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Un llamado a la acción Las organizaciones de la sociedad civil abajo firmantes pedimos a los miembros de la Asociación Internacional Hidroeléctrica, gobiernos e instituciones financieras internacionales que implementen las siguientes acciones urgentes: Alejar las prioridades, inversiones e incentivos financieros de nuevos proyectos hidroeléctricos y, en cambio, dirigirlas hacia opciones de eficiencia energética y de energía renovable verdaderamente sostenibles (solar, eólica y biomasa y, cuando sea apropiado, energía microhidroeléctrica). Se debe prestar especial atención a las oportunidades para la innovación tecnológica, la generación descentralizada y la mejora del acceso a la energía entre comunidades aisladas y no conectadas a redes. Eliminar incentivos financieros para nuevos proyectos hidroeléctricos de los mecanismos de cambio climático, como el Fondo Verde del Clima y las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDCs, por sus siglas en inglés), y de los programas para promover la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (con una posible excepción para los proyectos microhidroeléctricos). Encargar auditorías independientes para proyectos existentes de represas controversiales y cascadas de represas instaladas en toda una cuenca en términos de sus consecuencias ambientales y sociales, identificando los pasos para mitigar los imapactos y asegurando una reparación justa de los daños para las comunidades afectadas, basada en consultas directas. Cuando tales medidas sean prohibitivamente caras o de otra manera inviables, se debe promover el retiro de los proyectos. Alinear los procesos operativos de los proyectos hidroeléctricos existentes con planes territoriales relevantes a nivel de la cuenca, como la gestión integrada de los recursos hídricos y áreas protegidas que preservan procesos ecológicos clave y los derechos de las comunidades locales, según conceptos y herramientas de participación y manejo adaptativo. Asegurar que las políticas y proyectos de energía renovable adopten, en general, directrices sólidas para salvaguardar los derechos humanos y las protecciones ambientales, como el Convenio 169 de la OIT y los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de Naciones Unidas. No deben ser autorizadas las instalaciones energéticas que potencialmente impacten los territorios y medios de vida de los pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales, sin obtener el consentimiento previo, libre e informado de la población y sin asegurar un diseño cooperativo para la coadministración de las estrategias. Entre los beneficios de este cambio de paradigma en las estrategias energéticas y de planeación de desarrollo, se encuentran la protección de los últimos ríos de libre cauce del mundo, vitales para la resiliencia climática, la conservación de la biodiversidad y de un estilo de vida sostenible. Tanto las compañías de energía como los gobiernos deben detener todo esfuerzo para represar los últimos ríos libres del mundo y, en cambio, concentrarse en: i) mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de los proyectos existentes de energía hidroeléctrica y de cascadas; y ii) invertir en eficiencia energética y en fuentes renovables verdaderamente sostenibles. Además, es urgente que los gobiernos promuevan la protección legal permanente de los últimos ríos libres del mundo, incluyendo los cursos de agua transfronterizos, respetando los derechos territoriales de los pueblos indígenas y de otras comunidades tradicionales, quienes juegan un rol fundamental como guardianes de la salud de los ríos. Lee el pronunciamiento completo aquí
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