Project
Victoria: Corte Constitucional defiende el derecho a la consulta previa
El 23 de enero de 2008, la Corte Constitucional colombiana declaró inconstitucional la Ley Forestal, aprobada en 2006, por no haberse realizado la consulta previa que ordena el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), el cual fue adoptado por la normatividad nacional y en consecuencia obliga al Estado colombiano a su aplicación y cumplimiento.
Esta decisión es muy importante por varias razones: reitera la obligación del Estado de consultar con las comunidades indígenas, afrocolombianas y tribales las decisiones administrativas y legislativas que puedan afectarlas; brinda herramientas de análisis e interpretación del derecho fundamental a la consulta previa; y crea un precedente que puede ser usado en casos similares a nivel internacional.
Es ya evidente que muchos megaproyectos y decisiones administrativas y normativas (como la Ley Forestal), que son estratégicas para el desarrollo económico del país, son vistas por las comunidades afrodescendientes e indígenas y por los pueblos tribales como una amenaza a su arraigo territorial, a su identidad cultural y a la protección ambiental.
Según la Corte Constitucional, la consulta previa debió realizarse porque la ley en cuestión regula el tema forestal en su conjunto, y contiene normas “susceptibles de afectar las áreas en las que de manera general se encuentran asentadas las comunidades, lo cual a su vez puede repercutir en sus formas de vida y sobre la relación tan estrecha que mantienen con el bosque”.
Asimismo, la Corte reiteró que “No basta con adelantar procesos participativos en la elaboración de los proyectos de Ley sino que se debe realizar procesos de consulta que implican poner en conocimiento de las comunidades el proyecto de ley; ilustrarlas sobre su alcance y sobre la manera como podría afectarlas y darles oportunidades efectivas para que se pronunciaran sobre el mismo”.
A raíz de este pronunciamiento y del llamado por el respeto al derecho fundamental a la consulta previa, el Gobierno colombiano impulsó en 2009 un proyecto de Ley Estatutaria, que aún no se ha convertido en Ley de la República, para regular y garantizar este derecho. Paralelamente, el Ministerio de Agricultura inició la formulación de un nuevo proyecto de Ley Forestal que cumpla con el procedimiento de consulta previa.
Ambas acciones legales fueron presentadas por un grupo de estudiantes y profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Los Andes, Bogotá, con el apoyo de AIDA y luego de un trabajo conjunto realizado entre 2006 y 2007. El grupo contó también con el apoyo de organizaciones sociales como el Proceso de Comunidades Negras, la Organización Nacional Indígena (ONIC) y CENSAT Agua Viva.
Este grupo presentó otra acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley Forestal, por violar artículos de la Constitución que protegen el medio ambiente. Sin embargo, la Corte no se pronunció al respecto debido a que ya había determinado la declaración total de inconstitucionalidad (anulación) de la ley demandada por la falta de consulta a las comunidades indígenas y afro-colombianas.
Proyectos relacionados
Resolución dispone medidas para preservar los corales del Caribe colombiano
Sentando un precedente positivo en el país y en una importante región del Gran Caribe, la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (CORALINA) prohibió la pesca y comercialización de varias especies de peces herbívoros y omnívoros, medida orientada a conservar el ecosistema coralino de la zona. San Andrés, Colombia. Con el objetivo de conservar el ecosistema de corales y las playas del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina —una de las zonas con mayor biodiversidad marina y costera de Colombia con más de 2,354 especies marinas registradas al momento— la autoridad ambiental de esa región emitió una resolución que prohíbe la captura y comercialización de varias especies de peces herbívoros y omnívoros. “Este avance hacia la conservación de los corales y las playas ocurre tras un proceso de más de 20 años que incluyó educación ambiental, investigación y monitoreo”, dijo Nacor Bolaños, Coordinador de Áreas Protegidas de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina (CORALINA). “La necesidad de proteger a los peces loro y a otras especies herbívoras y omnívoras fue respaldada por los propios pescadores artesanales y por las comunidades locales, con quienes nos reunimos”. La resolución emitida por la entidad pública descentralizada protege a 14 especies de pez loro, cuatro de pez cirujano, cinco de pez mariposa y seis especies de pez ángel. Prohíbe por completo la pesca comercial, industrial, deportiva o recreativa de estos peces. Asimismo, prohíbe su pesca comercial artesanal usando arpón y/o artes de pesca similares. Y restringe completamente su comercialización, tenencia y almacenamiento, así como su traslado a otras zonas del país. “La resolución es un gran avance porque reconoce los beneficios de los corales para la pesca, el turismo, los recursos farmacéuticos y para la protección frente a los impactos de la crisis climática”, destacó María José Gonzalez-Bernat, asesora científica de AIDA. “Reconoce también el rol vital que cumplen varias especies de peces para mantener saludables a esos ecosistemas”. Al alimentarse de las algas que les quitan luz y espacio a los corales, los peces herbívoros favorecen la sobrevivencia de esos frágiles entornos. Además, numerosos estudios han dado cuenta que los peces loro favorecen el crecimiento de corales y la generación de arena para las playas. Y especies omnívoras como el pez ángel también ayudan a limpiar de algas los corales. AIDA apoyó la iniciativa de CORALINA desde un inicio, proporcionando información técnica, científica y legal. Además, abogó por la inclusión en la resolución de compromisos internacionales y regionales que protegen a estos peces. El Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina concentra el 77% de las áreas coralinas superficiales de Colombia y alberga la tercera barrera coralina más grande del mundo. La zona fue declarada Reserva de la Biosfera en 2000 por la Unesco y limita con ocho países del Gran Caribe: Venezuela, República Dominicana, Haití, Jamaica, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá. Pero su cobertura de corales se ha deteriorado con los años debido a fenómenos naturales y actividades humanas. A ello se suma la disminución de la población de peces herbívoros como el pez loro. “En ese sentido, esta regulación es un ejemplo para otros países que tienen arrecifes de coral en sus costas”, dijo Gonzalez-Bernat. “La resolución se sustenta en información científica y enfatiza el marco legal internacional que recomienda la protección de los corales y de los peces que apoyan su conservación”. Contactos de prensa: Victor Quintanilla (México), AIDA, [email protected], +52 155 70522107 Claudia Marcela Delgado (Colombia), CORALINA, [email protected], +57 313 8517300
Leer más
Lo que debemos hacer para preservar nuestra biodiversidad y patrimonio natural
Enfrentamos como sociedad el grave riesgo de perder nuestro mundo natural, todo aquello que nos sostiene. Nuestras acciones están provocando la pérdida masiva y acelerada de entornos naturales, animales y plantas. Entre esas acciones están la creciente agricultura y ganadería, la destrucción de hábitats, la introducción de especies extrañas, la sobreexplotación directa de especies, la expansión de las áreas urbanas, la sobrepoblación y la contaminación. Así lo ha revelado el informe de la más reciente y más completa evaluación global sobre biodiversidad realizada hasta ahora. En el informe, elaborado por científicos de la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad y Servicios de los Ecosistemas (IPBES, por sus siglas en inglés), se evidencia que la capacidad de los ecosistemas de brindar beneficios a las personas ha disminuido drásticamente desde los años 70. Ello se debe a que los diferentes entornos se han reducido en 47% en promedio, a qué un 25% de las especies de flora y fauna está en peligro de extinción, a que la cobertura de arrecifes de coral es cada vez menor a causa del aumento de la temperatura en el agua y la acidificación de los océanos, fruto de la crisis climática y, entre otras cosas, a que un 33% de los recursos pesqueros se encuentran sobreexplotados. Pese a lo alarmante de las cifras, todavía podemos sacar al planeta de la situación de grave riesgo en la que lo hemos puesto. Sin embargo, ello requiere cambios radicales en diferentes ámbitos. El diagnóstico para América Latina Históricamente, el mundo ha pasado por cinco extinciones masivas que provocaron la pérdida de más del 70% de las formas de vida. La actual parece ser la sexta. Aunque la extinción de especies ocurre naturalmente, lo hace a un ritmo de una especie en un millón por año, pero el ritmo actual supera con creces el natural, pues se extinguen en un año al menos 100 especies por cada millón, algo que va en aumento. Otra forma de visualizar esta amenaza mundial es mediante el listado con el mayor número de especies en peligro de extinción. Cinco países de América Latina figuran entre los primero diez, siendo México el que lidera la lista con 665 especies amenazadas (71 especies de aves, 96 de mamíferos, 98 de reptiles, 181 de peces y 219 de anfibios). La situación de ese país se debe en gran medida a sus altas tasas de deforestación, práctica orientada a incrementar las áreas de cultivo y a cubrir su creciente demanda de alimentos. De hecho, América Latina y el Sudeste Asiático han perdido millones de hectáreas de ecosistemas terrestres y de agua dulce a causa del incremento de la agricultura (y del uso de fertilizantes en ella) y de la ganadería. Los otros cuatro países de la región con más especies amenazadas son Colombia (540 especies), Ecuador (436), Brasil (413) y Perú (385). La extinción de especies altera e impide que los ecosistemas, formados a partir de la interacción de distintas formas de vida, cumplan con funciones vitales como la producción de alimentos, el abastecimiento de agua, la regulación del clima y otros. Grandes cambios para asegurar nuestro futuro Aunque la vida en el planeta existe hace 4 mil millones de años, la humanidad, presente hace solo 200 mil años, ha logrado romper con el balance natural del mundo. Más allá de las implicaciones negativas, ello prueba la capacidad que tenemos de transformar nuestro entorno. El informe de la IPBES menciona las Metas de Aichi como acciones transformativas para proteger la biodiversidad. Una de ellas es la creación de áreas protegidas, medida que ha reducido los riesgos de extinción de especies de mamíferos y anfibios. Sin embargo, el informe enfatiza la necesidad de cambios drásticos en los valores y objetivos de los gobiernos para que las decisiones a nivel local, nacional e internacional estén alineadas para combatir las causas detrás de la degradación del planeta. En ese sentido y teniendo en cuenta también los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU, necesitamos con urgencia orientar los esfuerzos a: Expandir y coordinar la red de áreas protegidas. Invertir en infraestructura verde. Producir alimentos, materiales y energía de forma sostenible. Consumir agua de manera racional y eficiente para un mayor aprovechamiento. Apoyar a los pueblos indígenas y comunidades tradicionales, quienes resguardan muchos de los últimos reductos naturales que tiene el planeta. Abordar adecuadamente el crecimiento de la población y los niveles de consumo. Crear nuevas normas ambientales y mejorar el cumplimiento de las que ya existen. Frenar la contaminación y la sobreexplotación de recursos naturales. “La gente no debe entrar en pánico, pero debe comenzar a generar un cambio drástico. Hacer las cosas como hasta ahora, con pequeños ajustes, no será suficiente”, dijo Josef Settele, profesor del Centro Helmholtz de Investigación Ambiental de Alemania y copresidente de la IPBES. Nuestro aire, agua y alimentos dependen de la biodiversidad: la variedad de formas de vida del planeta y la interacción entre ellas. Cuidar ese patrimonio es una tarea común y más urgente que nunca.
Leer más
Colombia da un paso correcto al suspender proyecto de fracking
Basándose en una reciente orden judicial, la autoridad ambiental del país suspendió el trámite de un proyecto en el Magdalena Medio. La decisión representa un avance en los esfuerzos para frenar la expansión del fracking en América Latina. Bogotá. En un avance para los esfuerzos contra la expansión del fracking en América Latina, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) de Colombia suspendió el trámite de permiso ambiental de un proyecto de fracking en el Magdalena Medio. Con esta decisión, Colombia se une a la creciente lista de comunidades, municipios y regiones de América Latina y el mundo que han logrado detener el avance del fracking en sus territorios, muchos de ellos mediante el establecimiento de prohibiciones o moratorias. “La decisión de la autoridad ambiental es un ejemplo positivo para las naciones de la región y para el mundo”, dijo Astrid Puentes Riaño, Codirectora Ejecutiva de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). “Es el resultado de un movimiento cívico admirable y del uso del principio de precaución como una herramienta para proteger la salud humana y los ecosistemas, y para enfrentar la crisis climática”. La decisión, que puso freno al proyecto “APE Guane A” de la empresa Ecopetrol, tiene como fundamento la suspensión del marco regulatorio del fracking en el país, realizada en noviembre de 2018 por el Consejo de Estado. AIDA apoya la medida adoptada por el Consejo de Estado y considera que al acatar esa orden judicial la ANLA dio un paso en la dirección correcta. “Al no existir normas vigentes para regular el fracking, en Colombia tenemos una moratoria judicial que implica que no se puede implementar ningún proyecto que busque explotar yacimientos no convencionales de gas y petróleo mediante esa técnica”, explicó Juana Hofman, abogada de AIDA. “Por ello, todo trámite orientado al desarrollo de actividades de fracking debe ser suspendido”. En su decisión, la ANLA señala que “la suspensión provisional de las disposiciones antes mencionadas se traduce en que las mismas se encuentran temporalmente fuera del ordenamiento jurídico, lo que de manera consecuente trae consigo que esta Autoridad Ambiental no cuenta con normativa técnica que le permita contrastar las medidas de manejo que deben ser incluidas en el Estudio de Impacto Ambiental EIA para ser analizadas dentro del procedimiento de evaluación ambiental, y por ende, no podría determinar si es viable o no el otorgamiento de la licencia ambiental requerida para los nuevos proyectos de yacimientos no convencionales.” El proyecto suspendido contempla el uso de fracking en un complejo cenagoso localizado entre los municipios de Barrancabermeja y Puerto Wilches, en el norte de Colombia. El fracking o fracturamiento hidráulico es una técnica muy perjudicial para el agua, la calidad del aire, la salud humana y el clima. Genera emisiones de metano, un contaminante fuertemente asociado al calentamiento global. Debido a sus impactos negativos en el ambiente y en las personas, el fracking ha sido prohibido por vía judicial o legislativa en muchas comunidades, regiones y países del mundo, como Esocia, el estado de Nueva York (Estados Unidos) y la provincia de Quebec (Canadá). Los esfuerzos para frenar la expansión del fracking han asido ampliamente liderados por la ciudadanía y por preocupaciones sobre los riesgos que esa técnica implica para el clima, el ambiente y la salud pública. La Alianza Colombia Libre de Fracking se ha mantenido firme en su compromiso por detener el avance del fracking en Colombia y merece ser felicitada por este importante paso hacia adelante. AIDA llama al gobierno colombiano a continuar por el camino de la prevención, cumpliendo con sus obligaciones internacionales en materia ambiental para enfrentar la crisis climática y para proteger el agua, los territorios y a las comunidades. Por ello le instamos a que se abstenga de autorizar operaciones de fracking en el país. “El fracking es un procedimiento que nos aleja de nuestras metas climáticas, y de la ruta energética que todos los países deben seguir”, señaló Puentes Riaño. “Decisiones como la tomada son invitaciones para buscar energías renovables que son opciones deseables para nuestras comunidades y para el planeta, en Colombia y en todo el mundo”. Contactos de prensa: Carlos Lozano Acosta (Colombia), AIDA, [email protected], +57 (300) 564 0282 Juana Hofman (Colombia), AIDA, [email protected], +57 (310) 884 6715
Leer más